CONMEMORACIÓN DEL 3 DE MARZO DE 1976
Gorka Urtaran denuncia hoy en un acto en Madrid la postura de los jueces que dan los hechos por “prescritos”
AXIER BURDAIN ALEX LARRETXI/DNA - Sábado, 4 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:17h
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VITORIA - Los delitos pueden haber prescrito, pero la memoria de los ciudadanos no. Álava aún llora cada 3 de marzo la matanza ejecutada por parte de la Policía postfranquista en 1976 en Zaramaga, que dejó un centenar de heridos y la muerte, a balazos, de cinco obreros. A lo largo de los últimos 41 años, los hechos acaecidos aquella negra jornada han saltado de juzgados a tribunales en numerosas ocasiones en busca de justicia y reparación, pero nunca la han encontrado. A principios del reciente febrero, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria archivaba, a instancias del fiscal, la querella presentada conjuntamente por la Diputación y las Juntas Generales de Álava para que se esclarecieran los asesinatos. La magistrada justificó el abrupto final de esta vía, en la que se habían depositado grandes esperanzas por parte de las víctimas, considerando que los delitos habían prescrito.
Sin embargo, el camino legal aún no se ha cerrado del todo. Las instituciones alavesas han anunciado que recurrirán la decisión y aún queda por desvelarse el futuro de la acción iniciada por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria, que ahonda en el mismo sentido que la foral. Las administraciones no han bajado los brazos. Al tiempo que las Juntas Generales y la Diputación alavesa han anunciado la presentación de un recurso, el Ayuntamiento de Vitoria, representado por su alcalde, Gorka Urtaran, participa hoy en un acto en Madrid, junto con las Ciudades por la Justicia y la Memoria, en el que denunciará la actitud de la judicatura que se ha enrocado en su postura de no considerar los crímenes franquistas como delitos contra los derechos humanos. De momento, la demanda municipal está aún pendiente de resolución, aunque las esperanzas de los colectivos, como la Asociación 3 de Marzo o el Movimiento Memorialista Goldatu, no son excesivas visto el recorrido de la propuesta foral.
El recorrido legal iniciado por las plataformas ciudadanas -y recientemente por las instituciones- nunca fue fácil, aunque en 2010 llegaba un rayo de esperanza desde Argentina. La jueza María Servini presentaba una amplia querella para investigar los crímenes del franquismo. Al amparo de aquella iniciativa se constituyó la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo, Ceaqua, que ha luchado durante los últimos años por la ejecución de esta vía legal. Una labor que se ha topado, desde el principio, con múltiples trabas. Sin ir más lejos, en julio de 2015 se denunció que el Gobierno de España se negaba a detener y extraditar, para la toma de declaración indagatoria, a los presuntos responsables políticos de aquellos crímenes: Martín Villa, Alfonso Osorio y Jesús Quintana, sobre quienes pesa una orden internacional de detención vinculada a la querella de la magistrada Servini.
En opinión de la Asociación de Víctimas 3 de Marzo, el Gobierno español, con su actitud, vulnera la Carta Europea de Derechos Fundamentales; las decisiones marco 2008/913/JAI y 2007/126/JAI; el acervo comunitario en materia de atención a las víctimas de delitos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; las recomendaciones internacionales sobre memoria histórica, incluidas las bases del programa Europa para los ciudadanos 2014-2020, y las recomendaciones sobre memoria histórica realizadas por el relator de las Naciones Unidas Pablo de Greiff, sobre la situación de la memoria histórica en España.
No son éstas, sin embargo, las únicas puertas que se han cerrado ante las agrupaciones que reclaman justicia para las víctimas. En 2015, cuando se preparaban los actos conmemorativos del 40 aniversario de la masacre, las autoridades eclesiásticas se negaron inicialmente a dar su permiso para que la iglesia de San Francisco, lugar en el que se originaron los sucesos, formara parte del programa de actos pese a que llevaba ya más de un año cerrada al culto. Finalmente, la presión hizo que el Obispado cediera el inmueble durante un día. El pasado octubre, las Juntas Generales y la Diputación, y el Ayuntamiento de Vitoria, se sumaban a la acción judicial presentando, de forma paralela, dos querellas por delitos de lesa humanidad. La respuesta del juzgado, que cayó como un mazazo sobre las agrupaciones que reclaman justicia, argumentó, en el caso de la demanda foral, que los hechos no pueden ser tipificados como delitos de genocidio y lesa humanidad ya que ocurrieron en 1976 y la tipificación fue introducida en el derecho penal en 2003.
Denuncia. El Ayuntamiento de Vitoria denuncia hoy en Madrid la actitud de la judicatura que no considera que los crímenes del franquismo sean delitos contra los derechos humanos.
Colaboración. El acto cuenta con la participación de las Ciudades por la Justicia y La Memoria.
Resolución. Tras el archivo de la querella foral, los juzgados de Vitoria deben aún posicionarse sobre la demanda municipal.
Trabas. La querella argentina continúa, por su parte, sorteando las trabas impuestas por Madrid.
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