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España/Argentina.- Otro fallo de la justicia argentina reabre la esperanza para las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Basándose en el principio de jurisdicción universal, entre otros argumentos, el 11 de junio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina (la Cámara) dictó dos fallos de relevancia en la lucha contra la impunidad. Los mismos establecen, una vez más, la competencia de la justicia argentina para investigar estos crímenes.
Se trata de dos fallos: uno de ejecución extrajudicial y desaparición forzada en 1936 en Tetuán (Marruecos) y otro de un presunto asesinato a manos de un inspector de policía durante una manifestación en Barcelona en septiembre de 1977. Estos casos se habían excluido de la 'querella argentina', una de las dos investigaciones abiertas en el mundo para investigar crímenes del franquismo, por haberse producido fuera de territorio español o con posterioridad al marco temporal de la investigación (del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977).
"Valoramos positivamente la argumentación realizada por la Cámara en torno a la aplicación del principio de jurisdicción universal. Ningún Estado tiene jurisdicción preferente –es decir, no tiene prioridad- respecto a otros Estados para investigar graves violaciones de derechos humanos, y no pueden existir restricciones basadas en el territorio, la nacionalidad o los intereses nacionales. Como ha explicado Amnistía Internacional en reiteradas ocasiones, la jurisdicción universal es concurrente, no subsidiaria, lo que no excluye que diferentes países puedan investigar las mismas causas. Por ello, todos los Estados están llamados a actuar contra la impunidad de dichos crímenes", manifestó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
"Amnistía Internacional da la bienvenida a estos dos fallos de la Cámara y exige al nuevo Gobierno español que coopere plenamente en cualquier procedimiento penal con los tribunales extranjeros que, en virtud del principio de jurisdicción universal, investiguen los crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo, con independencia de que estos crímenes sean investigados por las autoridades españolas", señaló Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional lleva años documentando la falta de investigación por parte de las autoridades españolas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, especialmente desde el fallo del Tribunal Supremo de febrero de 2012. Además, el Estado español se ha negado en repetidas ocasiones a colaborar con la justicia argentina en la investigación de estos crímenes, incumpliendo sus obligaciones internacionales, tal y como le han recordado el Comité de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
Información de contexto
El primer caso abierto en aplicación del principio de jurisdicción universal, fue en abril de 2010, cuando víctimas del franquismo y sus familiares interpusieron una querella en Argentina. Ésta se convirtió en una vía para buscar una justicia negada sistemáticamente por el Estado español.
Desde entonces, las autoridades españolas negaron información a la justicia argentina, rechazaron en dos ocasiones las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo, e impidieron en más de una ocasión a la jueza argentina que instruye el caso, interrogar tanto a los acusados como a las víctimas.
Además, en octubre de 2016, la Fiscalía General del Estado instruyó expresamente a los fiscales territoriales para que no colaborasen con la justicia argentina.
Amnistía Internacional tiene en marcha una acción en la que ya más de 300.000 personas han pedido justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
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