El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, con los concejales Fernando Rivarés (ZeC), Lola Campos (PSOE) y Leticia Crespo (Cha) y con los memorialistas Chato Galante (Ceaqua) y Mercedes Sánchez (Armha). EDUARDO BAYONA
El Ayuntamiento de Zaragoza recabará el testimonio de las víctimas del franquismo para llevar al juzgado a los represores: el consistorio ha abierto una Oficina de Denuncias para recoger la memoria de los miles de represaliados por los sublevados y por la dictadura en la ciudad.
La iniciativa es un paso previo a la interposición de una querella por delitos de lesa humanidad contra el franquismo en los juzgados de Zaragoza, aprobada por el pleno en diciembre de 2015 gracias a los votos de ZeC y de Cha, con la abstención de PSOE y C’s y el voto en contra del PP, y servirá también como apoyo a la causa que instruye en Argentina la jueza María Servini, según anunció este lunes el alcalde, Pedro Sanisteve.
La oficina, situada en el edificio del Seminario, permanecerá abierta todas las tardes de lunes a jueves hasta el 23 de diciembre y estará atendida por voluntarios de las asociaciones memorialistas como Armha, Arico, el Foro de la Memoria, la Fundación Bernardo Aladrés o la Asociación de Bebés Robados. Posteriormente, los letrados de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza (ALAZ) revisarán los testimonios para incorporar a la querella aquellos que tengan valor probatorio.
No obstante, el judicial no es el único objetivo de esta iniciativa, que se financiará mediante un convenio de 20.000 euros con la sociedad municipal Zaragoza Cultural.
"Los relatos que se recojan y los que van recabando las asociaciones memorialistas se publicarán en un libro", explicó el concejal de Cultura, Fernando Rivarés, que añadió que también se difundirán a través de internet en formato sonoro y videográfico. "Todos los testimonios será públicos", dijo.
Más de 3.500 represaliados en la ciudad
La represión franquista fue especialmente dura en Zaragoza, una de las ciudades españolas con mayor implantación del anarcosindicalismo, tanto durante la Guerra Civil como en los años posteriores. El historiador Julián Casanova cifra en 3.544 los asesinatos cometidos en la capital aragonesa durante la guerra y los primeros años de la dictadura. Suponen casi la mitad de las 8.523 víctimas mortales contabilizadas en la comunidad, que incluye 2.456 en el resto de la provincia de Zaragoza, 1.472 en Huesca (506 en la capital) y 1.101 en Teruel (307).
No obstante, otros investigadores como Antonio Peiró estiman que esas cifras deben ser revisadas al alza con aumentos de hasta un 44%, lo que situaría el volumen de asesinatos por encima de los 12.000. Su trabajo Eva en los infiernos documento la existencia de 184 víctimas consortes o por sustitución, es decir, represaliadas por la militancia o la actividad de sus familiares.
"El trabajo de Casanova y su equipo es modélico, lo que ocurre es que cuando vas trabajando más fuentes las cifras aumentan", señala.
"Esto atañe al presente"
"Se trata de facilitar que las víctimas de los crímenes de la dictadura tengan acceso a la justicia, poniendo a su alcance herramientas y vías que permitan poner fin a la impunidad vivida durante tantos años", señaló Santisteve.
Zaragoza, integrante de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, se sumará con la querella a las iniciativas de Vitoria, Pamplona y los municipios guipuzcoanos de Elgeta y Mondragón, que han llevado al juzgado los asesinatos en sus términos, y a las de Barcelona y Durango (Vizcaya), que han denunciado los bombardeos que sufrieron sus ciudades. Otros 40 ayuntamientos han aprobado mociones en el mismo sentido.
"Vamos sembrando una semilla que nos reconciliará con nuestra historia democrática", anotó Santisteve, quien señaló que la oficina permitirá "contribuir al necesario relato por la verdad, la reparación y la memoria" en una guerra civil y una dictadura que "menoscabó la vida de una serie de personas que por su dedicación o por su ideología fueron represaliadas en lo que fue un genocidio".
Las asociaciones memorialistas, por su parte, reclamaron que la oficina siga operando más allá del 23 de diciembre. "Es poco tiempo, hay muchos testimonios y mucho trabajo por hacer", indicó Mercedes Sánchez, de Armha.
Chato Galante, de Ceaqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), mostró su "inmenso agradecimiento a la red de ciudades" por las acciones judiciales y memorialistas que están desarrollando. "Esto atañe al presente –añadió-, porque sigue habiendo decenas de miles de personas en las fosas y en las cunetas" mientras "algunos torturadores siguen paseándose por la calle y estando condecorados".
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