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Trial International y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina buscan que el Consejo de Derechos Humanos reclame a España que asuma el deber de investigar y juzgar la dictadura franquista
"Está incumpliendo gravemente las obligaciones internacionales" al ignorar los crímenes contra la humanidad cometidos desde el golpe de Estado, dicen los denunciantes
Las víctimas del franquismo llegan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos en España. La iniciativa de Trial International en colaboración con la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) busca que Naciones Unidas reclame el cumplimiento de sus propias recomendaciones: que la Ley de Amnistía deje de ser un muro y la justicia española asuma el deber de investigar y juzgar la represión de la dictadura de Franco.
La denuncia en Ginebra (Suiza) pretende nuevos pronunciamientos en un momento crucial en el que el Gobierno de Pedro Sánchez encara las más importantes claves de Memoria Histórica que tiene a mano desbloquear. Porque, hasta ahora, "ni una sola" de las víctimas del franquismo "ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal", argumenta el documento que se entregará este jueves 28 de junio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al que ha tenido acceso eldiario.es.
Como "ha constatado y denunciado en numerosas ocasiones" la ONU, España "está incumpliendo gravemente las obligaciones internacionales" y mantiene una "inaudita y bochornosa situación que no puede ni debe continuar", en opinión de la ONG Trial International y CeAQUA. Este escenario mantiene ntacta la impunidad del franquismo y los reiterados incumplimientos desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, afirman.
La denegación del derecho básico a la justicia "no afecta en exclusiva a las víctimas [de Franco] y sus familiares, es decir a millones de personas", continúa la denuncia. Por el contrario, la anomalía jurídica "concierte a la sociedad en su conjunto y, más específicamente, a las instituciones representativas", señalan. Pero España vuelve el rostro, hasta ahora, a la obligación de "investigar y enjuiciar dichas violaciones punibles de derechos humanos".
España "incumple" sus obligaciones
Una de las claves de la denuncia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es la denominada Querella Argentina abierta en un juzgado de Buenos Aires en virtud del principio de Justicia Universal. Pese a las reiteradas recomendaciones de Naciones Unidas "los poderes públicos españoles han ignorado e incumplen sistemáticamente su obligación de colaborar con este proceso judicial en el que se investigan crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista", expresan las organizaciones.
Este bloqueo ha llevado a negar la ejecución de las órdenes internacionales de detención y las extradiciones de imputados en la única causa abierta en el mundo contra el franquismo. Igualmente, España también desestimó "el auxilio judicial" solicitado por la jueza María Servini para "la toma de declaración indagatoria" a los investigados.
Además de colaborar "con los procedimientos judiciales en el exterior", la demanda de Trial International y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina reclama que el Gobierno imparta "las correspondientes instrucciones a los Servicios Jurídicos del Estado" para promover "todas las acciones oportunas" ante los tribunales para que investiguen y juzguen los crímenes del franquismo.
El documento entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también pide "que se priven de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos" cometidas durante la guerra civil y la dictadura de Franco. Y una cuarta recomendación, que España asuma la aplicación "de forma efectiva, clara y sin ambigüedades" el principio de legalidad internacional y la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.
Muletas "para mantener la impunidad"
Para lograr estos objetivos es imprescindible tumbar la traba de los "argumentos jurídicos esgrimidos recurrentemente" por España, aseguran. Caso de la propia Ley de Amnistía, el principio de legalidad, la prescripción de los crímenes y el principio de seguridad jurídica, enumera el texto. Todos quedan convertidos en muletas "para mantener una política de impunidad" que es "contraria a los estándares internacionales".
El documento de denuncia expone cómo diferentes ayuntamientos como Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Mondragón y Elgeta han presentado querellas criminales ante juzgados españoles (en 2016 y 2017) para investigar los crímenes franquistas cometidos en estos municipios. Todas han sido inadmitidas a trámite y archivadas. Y desde junio de 2017 los tribunales españoles han recibido otras diez querellas por delitos de tortura en concurso con crímenes contra la humanidad. Siete han sufrido ya el carpetazo judicial.
En la guerra civil española y los cuarenta años de dictadura "se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial franquista", resumen Trial International y CeAQUA. La vulneración de los más elementales derechos humanos afectó a "centenares de miles de personas". Caso de los desaparecidos, fusilados, niños robados, víctimas de trabajo esclavo, presos políticos, torturados, exiliados y perseguidos… "y un inacabable etcétera", enumeran.
Al hilo de la iniciativa se celebra en colaboración con el Comité Suizo contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo la jornada ‘La impunidad de los crímenes contra la humanidad en España’. El encuentro tiene lugar en el Palais des Nations de Ginebra y cuenta con la participación del profesor de Historia de la Universidad de Barcelona Javier Tebar, la abogada de la acusación particular de los crímenes del franquismo Begoña Lalana, el abogado de CeAQUA Jacinto Lara y la representante de este colectivo, Soledad Luque, además de Helena Rodríguez-Bronchú Carceller de Trial International.
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