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Una de las solicitantes declaró en el juicio celebrado el pasado febrero contra Garzón en el TS por investigar las desapariciones
Fernando de León González y María Martín López, familiares de represaliados al inicio de la Guerra Civil Española, han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) solicitando ser resarcidos por Estado por denegarles ayuda en la búsqueda de sus familiares asesinados y desaparecidos.
Denuncian el silencio de las instancias judiciales españolas, en este caso el Juzgado de Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro (Ávila) y la correspondiente Audiencia Provincial, que inadmitieron a trámite las acciones emprendidas por ambas familias para que fueran investigadas las desapariciones, ocurridas al inicio de la Guerra Civil en la localidad abulense de Pedro Bernardo.
Una de las recurrentes, María Martín, fue una de las testigos que compareció en febrero de 2012 ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo durante el juicio al que se sometió al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber investigado las desapariciones durante el franquismo careciendo de competencias para ello. El magistrado fue absuelto.
En dicha ocasión María Martín, una mujer enlutada y con el pelo cano que tardó varios minutos en acceder a la Sala debido a que tenía que caminar ayudada de un andador, narró ante los magistrados que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima".
Según Martín, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna Administración había hecho "nada" por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas. El mismo día que mataron a su progenitor también se llevaron de su pueblo a 27 hombres y tres mujeres. "Sólo un hombre se escapó, y no lo encontraron.
Ahora, María y su vecino Fernando de León demandan al Estado por violar hasta 11 preceptos Convenio Europeo de Derechos Humanos y un artículo de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.
SE IMPIDIÓ INVESTIGACIÓN
Consideran que la Administración ha formalizado la denegacion de justicia en cuanto a la investigación, enjuiciamiento y sanción de lesa humanidad denunciados, consistentes en desapariciones "en un contexto de sistemática privación de libertad, de asesinatos, castigos físicos, violaciones, trabajos forzados, expolio de bienes, paropiaciones indebidas, alteración de identidad y demás actos delictivos" adoptados con el ámimo de destruir en tiempos de guerra y de paz (desde 1936 a 1977) "el grupo nacional de creencias laicas ypartidario de la forma republicano-representativa de gobierno en España".
Añade la demanda que el Estado sigue vulnerando sus derechos al impedir hoy una investigación judicial efectiva de lo ocurrido y al denegar su acceso a los tribunales.
Concretamente, solicitan que se declare que el Reino de España ha vulnerado el Convenio Europieo y que tiene el deber de reparar el perjuicio causado y resarcir a los recurrentes.
En su escrito de demanda, recuerdan que los hechos cuya investigación ellos reclaman quedaron impunes y que hasta la fecha han sido identificadas másd e 300.000 personas que fueron ejecutadas y otras 115.000 detenidas y desaparecidas.
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