Los miembros de las asociaciones de memoria histórica cuentan la situación de los desaparecidos y fusilados de la Guerra Civil a las Naciones Unidas
ÁNGELES LUCAS Sevilla 28 SEP 2013 - 19:15 CET
Paco Marín, hijo de un fusilado en 1936, espera al grupo de trabajo de la ONU en Sevilla. /PACO PUENTES
No suelta de sus manos la fotocopia diluida de un retrato en el que aparece de bebé con su padre. Han pasado 90 años desde que se tomó esa imagen, pero Paco Marín no ha dejado de recordar ni un día ni una noche al tallista Manuel Marín Rodríguez, fusilado por comunista en la tapia del cementerio de San Fernando de Sevilla el 16 de septiembre de 1936. Su padre.
“Cada vez que hablo de él, le doy dignidad” repite una y otra vez Paco Marín, uno de los miembros más veteranos de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (Amhyja). Hace unos días se cumplió 77 años de la noche del aquel fusilamiento y Paco fue junto a su hermano Pepe al cementerio de Sevilla a dejar un recordatorio en una tapia. No buscan nichos, no buscan tumbas, no buscan mausoleos, solo una pared, un espacio en el suelo rodeado de otras sepulturas con el privilegio de tener grabado en mármol nombres y apellidos. “Sé que es imposible recuperar los restos de mi padre, eso no lo veré, pero hay que seguir trabajando por la memoria y la dignidad, de él y de todas las víctimas”, asevera.
Está rodeado de otros familiares de fusilados, desaparecidos o represaliados de la Guerra Civil que esperan visiblemente nerviosos y esperanzados la llegada del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas que ha estado en Sevilla para escuchar sus testimonios, recabar datos, conocer sus historias, trabajos, investigaciones e iniciativas y acercarse a su dolor. Más de 10 entidades memorialistas y un grupo de juristas transmitieron a los miembros de las Naciones Unidas, en dos horas, el sufrimiento, la búsqueda y las esperanzas que los allegados de los más de 14.000 desaparecidos en Andalucía viven desde hace cerca de ocho décadas.
Ansían un objetivo claro que dicta el Derecho Internacional: que la justicia, la verdad y la reparación sean una política de Estado. “Queremos que las Naciones Unidas le diga al Gobierno español que no podemos seguir buscando a nuestros familiares con subvenciones gestionadas mediante asociaciones. Que es obligatorio que se haga una intervención estatal. Somos el país con el número de desaparecidos denunciados en sede judicial más alto del mundo y no tenemos respuesta”, ilustra Paqui Maqueda, vicepresidenta de la Amhyja.
Disposición internacional
El grupo de trabajo de la ONU se va de España cargado de una cantidad ingente de material, libros, estudios... Durante las reuniones celebradas esta semana, la comisión ha recomendado que no se cierre ninguna vía de reclamación y ha entregado un formulario para presentar ante la ONU una comunicación oficial de desaparición. Ha instado además a la investigadora Pura Sánchez, que se centró en explicarles la represión específica contra las mujeres, que escribiera un informe al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.
“Yo espero mucho de este encuentro. A los que dicen que esto pasó yo les digo que eso será para ellos. Para mí no”, cuenta lúcido Paco Marín, que al ritmo de su bastón alcanzó a sentarse en la primera fila y en el centro de la sala donde se celebró esta reunión traducida al inglés.
La escucha paciente de los miembros de las Naciones Unidas, que también se ha celebrado en Madrid, culmina este lunes con la redacción de un documento de recomendaciones al Gobierno español para el tratamiento de estos casos. “Esperamos que eso ejerza presión al Ejecutivo, que se reconozca el problema, que se resuelva política y moralmente y que se sepa que existen víctimas y se les dignifique”, resume Jordi Gordon, portavoz de la plataforma por la Comisión de la Verdad creada el pasado mayo con el objetivo de promover una auténtica entidad para que se investiguen los crímenes del franquismo y se repare el dolor de las víctimas de la dictadura.
Y de este encuentro también tendrá que dilucidarse si Naciones Unidas tiene competencias para tratar y considerar temas anteriores a 1945, año en el que se fundó la organización. “Que la ONU estime que estas desapariciones son una cuestión internacional de derechos humanos supondría que estos crímenes no prescriben y que podrían ser considerados de lesa humanidad. Ese criterio es fundamental para asumir las causas y reconocer el estatus de víctima a los afectados. Sin duda, sería un espaldarazo en el ámbito internacional y un tirón de orejas al Gobierno español”, valora la investigadora Pura Sánchez, que acompañó este sábado a los miembros del grupo de trabajo de la ONU a visitar las murallas de la Macarena —lugar de fusilamientos— y el Cementerio de San Fernando de Sevilla, a ver las fosas comunes y la ausencia de datos en los documentos de registros de enterramientos.
“A ver qué decisión toman, pero es que no hay muchos más países en el mundo con tantísimos desaparecidos, hasta 130.000, desde hace tanto tiempo. Lo que ocurre aquí es único”, sentencia Gordon. Tanto él como Sánchez, Maqueda o Marín, aun llevando años trabajando en el movimiento memorialista, coinciden en sorprenderse con la ausencia de mecanismos que ha dispuesto España históricamente para haber resuelto estos casos. “Antes decían que había pasado poco tiempo para recordar y ahora, que ya ha pasado demasiado. Nunca ha sido ni es buen momento para tratar esta cuestión, pero siempre ha sido, es y será un problema del presente”, reflexiona Gordon.
Paco Marín, a sus 90 años, es un espejo de ello. Mira al cielo cuando habla de su padre, se emociona, traga saliva para empezar a contar la historia que vivió con 13 años. No suelta la foto de sus manos.
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