http://www.eldiario.es/zonacritica/reparacion-victimas-franquismo_6_181341883.html
Han pasado casi cuarenta años y hoy una parte de las víctimas de la dictadura creen que ha transcurrido el tiempo suficiente como para que los victimarios rindan algún tipo de cuenta ante la Justicia.
El 27 de septiembre de 1975 morían fusilados por orden de Franco tres miembros del FRAP y dos de ETA. Franco, que inauguró su régimen fusilando, lo terminaba fusilando. Dos meses después de las cinco ejecuciones, el dictador fallecía tras una agonía prolongada y esperpéntica, a base de heces fecales en forma de melena, según rezaba el parte diario del denominado equipo médico habitual.
Nada más producirse los fusilamientos, hace ahora 38 años, en una de la habituales convocatorias en la plaza de Oriente, de Madrid, en las que siempre, con exacta precisión, cabían un millón de españoles, Franco se dirigió a las masas con la tele en blanco y negro:
"Todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista, de la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece".
Franco salía así al paso, en su último Primero de Octubre, de la reacción internacional provocada por los cinco fusilamientos y reiteraba, por última vez en su vida, lo que había sido su marco de referencia argumental para atacar a los países que condenaban la dictadura y a los que, dentro de España, se oponían al dictador.
Para rematar su enardecida y terminal arenga, Franco se gustó en su nacionalismo sanguinario:
"Evidentemente, el ser español ha vuelto a ser hoy algo en el mundo: ¡Arriba España!".
Bien, han pasado 38 años de aquel estertor asesino del dictador y como si de una pesadilla se tratara volvemos a leer en los periódicos el apodo de Billy el Niño, vemos fotos de archivo de Juan Antonio González Pacheco, aquel torturador de la BPS (Brigada Político Social), que disfrutaba como un sádico maltratando a jóvenes antifranquistas, que tenían solo unos años menos que él.
Una jueza argentina se ha interesado por la situación actual de aquellos franquistas, denunciados por víctimas de la dictadura, y ya solo este enunciado resulta sorprendente. ¿Por qué no una jueza española?
El pacto de la Transición
A la salida de la dictadura hubo consenso entre quienes venían de ella y quienes la habían combatido –pongamos Suárez y Carrillo–, para impedir que se pudiera producir un ajuste de cuentas con el aparato policial franquista, con los jueces franquistas y con todos aquellos que habían apoyado al dictador. Se trataba de llegar a las libertades y consolidarlas sin juzgar ni encarcelar a aquellos que hasta la muerte del dictador, y después del 20-N de 1975, habían hecho todo lo posible para impedir que en España hubiera una democracia como la que existía en los países que condenaban los fusilamientos del dictador.
Hoy se critica aceradamente aquella forma de hacer la Transición, aquella vía para pasar de la dictadura a la democracia sin que rindieran cuentas los que formaron parte del aparato represor franquista y que también incluyó la amnistía de todos los encarcelados por él. La critica a la Transición llega al punto de responsabilizarla de todos nuestros males actuales, algo exagerado e injusto, en mi opinión.
La forma en que se pasó en España de la dictadura a la democracia estuvo condicionada por la obsesión de los dirigentes políticos del momento por no volver a un clima que desembocara en un enfrentamiento civil, por impedir a toda costa que se dieran los ingredientes que pudieran provocar una vuelta al pasado.
Es verdad que en la otrora prestigiada Transición hubo fuerzas en España que incluso mataron para impedir que triunfaran las libertades. Hubo más 200 personas asesinadas por policías o bandas parapoliciales, fusilamientos como los de los abogados laboralistas de Atocha, asesinatos a sangre fría como el de la joven Yolanda González, entre otros muchos.
Es cierto que durante toda la Transición la política del PCE –el que más había luchado contra la dictadura, el que tenía más presos en las cárceles franquistas– fue la de alcanzar las libertades sin enfrentamientos civiles, sin plantear ninguna revancha y evitando la vuelta al pasado. El emocionante, sobrecogedor, silencio con el que se enterró en enero de 1977 a los cinco abogados laboralistas de CC OO, asesinados por fascistas que no querían la libertad, era toda una declaración de intenciones políticas: frente a los asesinatos de los ultras franquistas, la izquierda, aún clandestina, respondía con una movilización masiva pacifica, vibrante, que renunciaba al ojo por ojo (el general Gutiérrez Mellado, ante las alharacas de militares golpistas tras un crimen de ETA afirmó: aprendamos de la clase obrera cómo entierra a sus muertos).
Es cierto que aquella modulación de la izquierda antifranquista, y de cierta derecha que venía del franquismo que definió la Transición, permitió llegar a un sistema democrático a pesar de la violencia de los ultras, que querían un franquismo sin Franco y aborrecían las libertades, y a pesar de los crímenes de los etarras, totalitarios que asesinaron más en democracia que con Franco.
Rebrote franquista
Han pasado casi cuarenta años y hoy una parte de las víctimas de la dictadura creen que ha transcurrido el tiempo suficiente como para que los victimarios rindan algún tipo de cuenta ante la justicia, como para que aquellos victimarios que aún viven paguen acaso una mínima pena por lo que hicieron.
Esta reclamación de justicia, que no ha tenido acogida por ahora en España, que ha tenido que viajar a Argentina –país que ha sufrido dictaduras militares–, que nos ha devuelto la cara de Billy el Niño, es justa, necesaria y digna. Primero, porque debe haber una reparación de las víctimas, porque en ese ejercicio de justicia no hay riesgo de volver al pasado franquista y porque estamos asistiendo, ya desde hace años, a una operación para prestigiar la dictadura, para decir que Franco actuó bien al dar el golpe de Estado –que no se califica así, claro–, por demonizar la República, su sistema de libertades y el progreso que representó para los derechos de los ciudadanos españoles.
Hemos visto estos días también cómo se difundían fotos de miembros de las juventudes del Partido Popular saludando como lo hacían Franco, Hitler y Mussolini. Cómo se celebraban fiestas, corridas de toros y variados actos con halagos a Hitler, con banderas franquistas, con símbolos anticonstitucionales… Hasta ahora ninguno de los que aparecían en esas fotos ha sido expulsado de la organización juvenil del PP excepto uno, al que han largado por tener varios carnés de distintos partidos y no por hacer el saludo fascista. Acabamos de ver cómo en Quijorna (Madrid) una alcaldesa del PP toleraba en un colegio público una exhibición de símbolos fascistas y nazis, de elogios a Franco, y decía que no había reparado en ellos al verlos. Hemos visto a una alcaldesa de Gijón, del PP, bendecir un homenaje a los caídos por Dios y por España.
Vemos un Valle de los Caídos que será restaurado por el Gobierno de Rajoy, pero con un relato franquista del golpe de Estado, de la represión, de los fusilamientos, con Franco enterrado junto a los republicanos asesinados por él y los suyos.
Los propagandistas del PP no condenan con la radicalidad que deberían estos actos fascistas y, por el contrario, aprovechan para condenar a la República o se toman como chiquilladas irrelevantes esos actos fascistas.
Creo que la Transición se hizo razonablemente bien –a pesar de todas sus imperfecciones– viniendo del país que veníamos, con una mayoría de la población macerada por 40 años de dictadura, por 40 años de régimen grasiento, siniestro y asesino. Creo que la proclamada Reconciliación entre españoles, promovida por el PCE ya en 1956, era la forma de pasar sin demasiados riesgos de la dictadura a la democracia; pero 40 años después de muerto el dictador es justo, legítimo y necesario que las víctimas exijan que paguen algunos de los victimarios: para que las víctimas sean reparadas, para acabar con este auge franquista.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada