Patético Gallardón, miserable impunidad

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El suegro de Gallardón tiene derecho a un juicio justo, el que les negó a las víctimas de la dictadura el gobierno del que formaba parte. Al proclamarse orgulloso de la figura tanto privada como pública de ese sujeto, por muy pariente político que lo sea suyo, Gallardón reconoce que es parte interesada por no decir cómplice. Niega la justicia a quienes la piden, apelando a «pactos» y «acuerdos» al margen de la Ley penal internacional y dando por legítimo y legal el régimen salido del golpe de estado y la guerra. ¡Valiente ministro de Justicia, capaz de mirar a otro lado ante la impunidad de una dictadura culpable de miserables crímenes contra la humanidad!

9 de octubre de 2013 | Fuente: | por Benjamín Balboa |

Una vez más ha tenido lugar un debate sobre la necesidad de poner fin a la impunidad. Esta vez ha sido en el Senado y, al parecer, el senador de IU Iglesias ha hablado con cierta claridad y señalado la conveniencia de tomar en consideración las recomendaciones de la ONU sobre cómo proceder para hacer justicia a las víctimas y acabar con la impunidad. Esto es un notable avance respecto de la posición que IU defendió en su Asamblea de diciembre pasado, en la que defendieron la conveniencia de no tocar la ley de Amnistía, una posición sencillamente insostenible hoy en día, después de haberse podido comprobar cómo fiscales y tribunales no dudan en acudir a ella para impedir las extradiciones a Argentina de los verdugos franquistas. La cuestión es sencilla, discútase lo que se quiera sobre la conveniencia o no de tocar esa ley, pero el hecho es que se usa como escudo para impedir la acción de la justicia; si así se usa, la respuesta es clara, debemos impedir que la puedan seguir usando.

La respuesta del Ministro Gallardón a las demandas de Iglesias ha sido una grandilocuente y afectada exposición sobre lo que llamó «el gran pacto de la Transición», sin dudar en acudir a citar a «comunistas», esta vez no ha tenido reparos en emplear esta palabra de forma positiva, como Alberti o Carrillo que tuvieron «altura de miras» según él, para intentar acallar la petición de justicia que se le hacía. Su respuesta ha sido calcada de la que hace unos días le dió a Cayo Lara en las Cortes. Lo cierto es que ni Lara, ni Iglesias acertaron a saber responderle. No es que el rígido formato parlamentario que se sigue ayude mucho, ciertamente, pero lo que desde luego no mejora las cosas es que no tengan el valor para soltarle lo que debe decirse.

Debe decirse que si la impunidad envilece la sociedad en la que se impone, el ministro Gallardón es el perfecto ejemplo de los efectos nocivos de la impunidad. Su mejor resumen. El ponente de un nuevo código penal que contempla penas desproporcionadas —por no decir crueles—, que busca la represión de las expresiones de rechazo social a políticas vistas como injustas por la población, ese mismo ponente que se llena la boca de pretendida justicia defendiendo la prisión perpetua para crimenes «especiales», es el mismo que se emociona recordando la figura de uno de los procesados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura franquista; un procesado que no es otro que su propio suegro. ¿Cómo puede ser posible tamaña desvergüenza? Sólo hay una respuesta: Gallardón se siente plenamente identificado con la figura del exministro de Franco cuya mesa familiar comparte, no ve motivo de vergüenza alguna en su actuación, no tiene sensación ninguna de culpa, ni de que haber formado parte de gobiernos de la dictadura —y por tanto cómplice necesario de sus crímenes— sea algo reprobable. La impunidad envilece, decíamos. Está claro. Miradle.

La apelación a los «comunistas» que defendieron la amnistía, sólo vale para quienes se sientan identificados con ellos y con esa acción, Y es que esto no es una cuestión de perdón personal o de cálculo político de algunos. Quienes hicieran eso en aquellos días tendrían sus razones, unas razones que muchos entonces y hoy no compartimos. Los cientos de miles de asesinados por la dictadura, los innumerables encarcelados, torturados, exilados, enterrados en vida, perseguidos y depurados en los largos años de vergüenza y opresión tienen derecho a la justicia, a que sus verdugos vean públicamente expuestos sus nombres y situados ante los tribunales. El suegro de Gallardón tiene derecho a un juicio justo, el que les negó a las víctimas de la dictadura el gobierno del que formaba parte. Al proclamarse orgulloso de la figura tanto privada como pública de ese sujeto, por muy pariente político que lo sea suyo, Gallardón reconoce que es parte interesada por no decir cómplice. Niega la justicia a quienes la piden, apelando a «pactos» y «acuerdos» al margen de la Ley penal internacional y dando por legítimo y legal el régimen salido del golpe de estado y la guerra. ¡Valiente ministro de Justicia, capaz de mirar a otro lado ante la impunidad de una dictadura culpable de miserables crímenes contra la humanidad!

Gallardón no está en condiciones morales de presentar código penal alguno, de representar la obligación de hacer cumplir la ley, ni siquiera de alzar la voz en público. Si lo hace se debe más a las contradicciones ajenas y a la falta de convicciones de quienes le dan replica, que a su retórica hipócrita y pretenciosa. No son sus argumentos los que ponen punto final a la discusión, sino una dolorosa realidad: el régimen franquista sigue siendo considerado legal y legales sus decisiones, tribunales y sentencias. La justicia al revés, como cínicamente definiera Serrano Suñer el proceder vengativo y asesino del régimen franquista, se mantiene, y nuestro actual ministro de Justicia no lo cuestiona. Es triste ver como enloda los nombres de los que en la transición tragaron con aquello, pero no por ello logrará acallar las voces que hoy siguen pidiendo verdad, justicia y reparación. Más pronto o más tarde, el muro de la impunidad caerá. Y con ella este régimen, basado en la mentira, en la ocultación del pasado, en la perpetuación de los privilegios de los que se enriquecieron con el saqueo de las víctimas del golpe, la guerra y la dictadura y que hoy solamente nos ofrece un futuro de miseria y precariedad. Gallardón está ciego, cree que con su código penal logrará contener la sed de justicia. Alguien debe decir en las Cortes, en las calles y en las tribunas públicas que la próxima vez no habrá amnistía que valga. La República hará justicia. O no será República.