Un banco del ADN de los fusilados y sus familias

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La ley de Memoria Democrática pasa la revisión de los expertos

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REDACCION 07/10/2013

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El Gobierno central ha vuelto a destinar cero euros al desarrollo de la Memoria Histórica, una ley que aprobó Zapatero en el 2007, y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dejado en dique seco. Andalucía, en cambio, mantiene fondos para estas políticas, aunque no muchos. En el Presupuesto en vigor se destinó un gasto de casi 600.000 euros (306.000 euros de la orden de subvenciones), y el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, espera "al menos mantener esa partida en el 2014". PSOE e IU están ahora negociando los Presupuestos autonómicos del año que viene, marcados por duros recortes del Gobierno central, que se traducirán en ajustes en el gasto público andaluz.

En este contexto, IU quiere hacer un hueco a la ley de Memoria Democrática, la cual, en teoría, debe contar con una memoria económica y tener a disposición recursos públicos de varias consejerías: Educación, Salud, Justicia, Hacienda y Medio Ambiente. Lo más costoso de la ley siguen siendo los procesos de exhumaciones (en Andalucía hay 20.000 desaparecidos). Esta norma pretende romper la cultura de los compartimentos estancos del Gobierno, para aportar más colaboración entre las consejerías en torno a proyectos comunes. Por ejemplo, que el banco de ADN que gestiona Salud tenga una sección para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, para fusilados y sus familiares, que permita confirmar relaciones de parentesco.

El borrador de la ley de Memoria Democrática estaba casi terminado en diciembre del año pasado, e IU preveía llevarlo a Consejo de Gobierno en febrero de este año. Pero el gabinete jurídico de la Junta prefirió someter el texto a un juicio muy exhaustivo, en previsión de que el Gobierno central pueda recurrir la norma en los tribunales, como ha hecho con otras leyes andaluzas. También se ha consultado con expertos nacionales e internacionales del derecho. Y la Junta estudia personarse en la causa sobre el franquismo abierta por la justicia argentina.