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El 14 de abril de 2010, Darío Rivas e Inés García Holgado, familiares de víctimas españolas del franquismo, acudieron a la Justicia argentina para interponer una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. «Se trataba de abrir una puerta. Sabíamos lo que había hecho España en relación a los casos de Argentina, Chile o Guatemala. La pregunta era: ¿Por qué con la barbarie que sucedió aquí no se hace nada?», explica Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, uno de los principales colectivos que impulsaron el proceso.
Tres años han pasado desde entonces, pero ha sido esta semana cuando el caso ha dado un vuelco «histórico»: cuatro exmiembros de seguridad durante el franquismo– dos de ellos fallecidos ya– han sido imputados por torturas, al tiempo que el país sudamericano ha anunciado que habilitará sus consulados en todo el mundo para que puedan recibir denuncias de posibles víctimas.
ARMH / 01-10-2013
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