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jueves, 10 de octubre de 2013
Artículo aparecido en el último número del periódicoCNT con motivo de los 50 años de la ejecución de Francisco Granado y Joaquín Delgado.
El 18 de agosto de 1963 eran ejecutado a garrote vil dos integrantes de la Juventudes Libertarias. Francisco Granado y Joaquín Delgado. Se les acusó de perpetrar un atentado contra la sede de los sindicatos verticales franquistas y la DGS. Un Consejo de Guerra les condenó a muerte y en apenas 10 días fueron ejecutados en la cárcel de Carabanchel de Madrid. En pleno agosto, para poder ahorrarse el régimen franquista protestas de carácter internacional como había sucedido unos meses antes con el caso del comunista Julián Grimau o el asesinato por parte del régimen del guerrillero Ramón Vila Capdevila “Caraquemada”.
Tras haber pasado varios años desde la finalización de la Guerra Civil la maquinaria de represión del franquismo no había parado. Los intentos de acabar con la dictadura por parte de la oposición al franquismo se habían tornado en fracaso. Mientras alguno de los derrotados en la guerra cambiaron sus estrategias e intentaron minar el régimen desde otras posiciones, los libertarios no cejaron en el empeño de una oposición frontal a la dictadura. Numerosos militantes libertarios trataron de acabar con el régimen a partir de la lucha guerrillera, que se extendió hasta bien entrada la década de 1960. Otros intentaron acabar con la vida de Franco. Desde que el anarquista Antonio Vidal lo intentase en Tenerife en 1936, se unieron a él los intentos de Pedro Androver Font con la colocación de unos arte"Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez han dado su vida por algo pero, como siempre, los verdugos los han ejecutado por nada"factos explosivos en la catedral de Barcelona, el de Laureano Cerrada en 1948 con la colaboración de otros anarquistas como Pedro Mateu o Antonio Ortiz, sobrevolando San Sebastián, o el del grupo Los Maños, que en conexión con algunos militares desafectos al régimen querían atentar contra el dictador en el interior del propio palacio de El Pardo. Todos se tornaron en fracaso.
El movimiento libertario llevó entonces a cabo un debate interno de sí las fuerzas perdidas en derrocar al franquismo con una oposición frontal había sido beneficioso para el propio movimiento. Aunque una amplia mayoría del movimiento libertario valoró esos años como de pérdida de fuerzas y viendo que la represión había hecho mella en las estructuras libertarias tanto del interior como del exterior, otros no cejaron en su empeño de poder acabar con la dictadura y con la figura del dictador.
A mediados de la década de 1950 se creo un organismo que iba a servir para coordinar las acciones de oposición al franquismo en el interior del país. Este organismo comenzó a tomar cuerpo e importancia con el Congreso de Limoges de 1961, cuando todas las fuerzas del movimiento libertario se volvieron a unificar. Había nacido Defensa Interior (DI) siendo Octavio Alberola uno de sus dinamizadores.
El affaire Granado y Delgado
Francisco Granado y Joaquín Delgado eran dos de esos miles y miles de españoles que tuvieron que salir del país por razones políticas y económicas. Los origenes de cada uno de ellos era completamente distinto y convergieron en Francia. Francisco Granados había salido del país por cuestiones económicas buscando una vida mejor fuera de la España franquista. En Francia tomó contacto con los grupos libertarios y se afilió a los mismos, pasando a tener una actividad política en oposición al franquismo. Joaquín Delgado era hijo de anarquistas que tras la Guerra Civil se exiliaron. Él desde muy temprano se vinculó a las Juventudes Libertarias.
El compromiso que Granado y Delgado adquieren con las organizaciones libertarias lo querían materializar de alguna manera. Aunque el objetivo que les llevó a cruzar la frontera francesa y recalar en Madrid era la idea de asesinar a Franco, la dificultad de la empresa hizo que al final no hiceran absolutamente nada en su estancia en Madrid.
Sin embargo el 29 de julio de 1963 hacían explosión dos artefactos. Uno de la Dirección General de Seguridad y otro en la Delegación Nacional de Sindicatos. En ninguno se produjeron víctimas mortales contabilizándose una veintena de heridos.
Dos días después, el 31 de julio de 1963 eran detenidos Francisco Granado y Joaquín Delgado acusado de la colocación de los artefactos explosivos. Detención y torturas en la Dirección General de Seguridad hasta que confesaran algo que no habían cometido.
Con una velocidad de vértigo fueron pasados a disposición judicial y juzgados por un Consejo de Guerra sumarísimos sin ninguna garantía judicial. Ese Consejo de Guerra les condenó a pena de muerte por garrote que fue ejecutado pocos días después, el 18 de agosto de 1963. A pesar de que no había ninguna prueba que incriminase a los jóvenes libertarios en lo sucedido, el franquismo se cobró su tributo de sangre. La ejecución fue rápida, en tiempo que no podía haber capacidad de reacción. Y eso a pesar que incluso el Consejo Ibérico de Liberación (organismo al que pertenecía Granado y Delgado) declaró el 11 de agosto de 1963 que no tenían nada que ver el asunto.
Esta evidencia se demostró por la existencia en ese momento en Madrid de otro grupo de jóvenes libertarios que fueron quienes colocaron esos artefactos explosivos sin víctimas. Bombas que según sus propios autores se colocaron para “hacer ruido”. Pero nunca para ejecutar una acción de amplio alcance. Era inviable que se pudiera hacer una acción de ese tipo.
El crimen legal se había consumado. Dos víctimas más a la larga lista que el franquismo ya atesoraba. Y no iban a ser las últimas. Todavía quedaba una larga década de crímenes franquistas. Algunos de los que participaron dentro del aparato franquista que ejecutaron a Francisco Granado y Joaquín Delgado aun están vivos. La Ley de Amnistía de 1977 les exime de ninguna culpa. Los intentos de los familiares de Granado y Delgado para restablecer su inocencia y su figura se han tornado de momento en fracaso.
Los juicios del franquismo, carentes de cualquier garantía jurídica, siguen siendo 50 años después completamente legales. Pero por encima de las cuestiones jurídicas se muestra las cuestiones morales y éticas. La lucha contra la dictadura franquista era un compromiso ético, una necesidad histórica para acabar con el fascismo en España. Sin embargo ese fascismo no fue derrotado y se asimiló en las estructuras políticas tras la muerte de Franco. Ahí radica que el asesinato de Granado y Delgado hoy siga siendo legal.
Lo dijo el Robert Escarpit en Le Monde el 22 de agosto de 1963:"Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez han dado su vida por algo pero, como siempre, los verdugos los han ejecutado por nada". Los años de silencio ante el crimen legal no tiene que impedimento de nada. La lucha por la memoria y por la recuperación de la historia esta vigente. En nuestras manos está conseguir acabar con tanta impunidad de la que hoy goza el fascismo.
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