http://www.elplural.com/2013/10/06/cerco-al-gobierno-para-que-investigue-los-crimenes-franquistas/
España tendrá que rendir cuenta en noviembre ante la ONU sobre la investigación de desapariciones forzosas
C.GUZMÁN/AURORA MOYA | 06/10/2013
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Vista general de la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior con un grupo de trabajo de la ONU para tratar las Desapariciones Forzadas o Involuntarias durante el Franquismo, hoy en el Congreso de los Diputados. EFE
En noviembre próximo, España tendrá que pasar el examen de Naciones Unidas, en Ginebra, como miembro de la Convención de Desapariciones Forzadas, y tendrá que dar respuesta a las exigencias de varias organizaciones humanitarias que piden investigar los crímenes del franquismo. Algo que también le ha pedido la ONU a través del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones forzosas, que ha enviado a dos representantes a Madrid, como ya adelantó ELPLURAL.COM. El cerco al Gobierno se estrecha con la presión que, además, ejerce la jueza argentina María Servini de Cubría.
El Gobierno mintió a la jueza argentina
Hasta ahora, el Ejecutivo de Rajoy ha puesto solo palos en las ruedas a la única causa abierta en Argentina y ha llegado a mentir a la jueza María Servini de Cubría para obstaculizar su empeño, al afirmar en un escrito que en España hay “numerosos procedimientos judiciales abiertos”, como recordó este domingo El País.
Hasta ahora, el Ejecutivo de Rajoy ha puesto solo palos en las ruedas a la única causa abierta en Argentina y ha llegado a mentir a la jueza María Servini de Cubría para obstaculizar su empeño, al afirmar en un escrito que en España hay “numerosos procedimientos judiciales abiertos”, como recordó este domingo El País.
Los enviados de la ONU a Madrid
Dos enviados de la ONU a España reclamaron al Gobierno que permita que se juzgue la desaparición de más de 114.000 españoles y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura.
Dos enviados de la ONU a España reclamaron al Gobierno que permita que se juzgue la desaparición de más de 114.000 españoles y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura.
El Gobierno vetó la declaración de imputados
El Grupo de la ONU pidió a España, además, que ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. No es la primera petición de Naciones Unidas, pero en anteriores ocasiones fueron rechazadas en el Congreso. El Ministerio de Justicia ha zanjado esta vez el asunto prometiendo que lo “estudiará con detenimiento”.
El Grupo de la ONU pidió a España, además, que ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. No es la primera petición de Naciones Unidas, pero en anteriores ocasiones fueron rechazadas en el Congreso. El Ministerio de Justicia ha zanjado esta vez el asunto prometiendo que lo “estudiará con detenimiento”.
Pero el Gobierno, además de mentir a la jueza, ha vetado la toma de declaración de las víctimas. Su última decisión ha sido no colaborar con la jueza, que ha imputado a cuatro torturadores de la dictadura.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz trasmitió a través de Interpol que espera que Argentina envíe a España la documentación de extradición complimentada para citar a los dos imputados que aún viven, el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño.
La ley de Amnistía no se aplica a las desapariciones forzadas
Uno de los enviados de la ONU a España, Ariel Dulitzky, ha dicho que la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que España ratificó, “impide expresamente la aplicación de la ley de Amnistía para estos delitos”.
Uno de los enviados de la ONU a España, Ariel Dulitzky, ha dicho que la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que España ratificó, “impide expresamente la aplicación de la ley de Amnistía para estos delitos”.
España está obligada a investigar
El representante de la ONU ha añadido que “España está obligada internacionalmente a no aplicar los efectos de la ley que impiden una investigación judicial. El poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la prescripción no empieza a contar hasta que los familiares de la víctima saben su paradero”. Por tanto, Dulitzky opina que “la demanda de justicia de las víctimas no va a cesar”, porque han pasado 70 años y las familias siguen ahí, pidiendo justicia, verdad y reparación”, así que España tendrá que asumirlo.
El representante de la ONU ha añadido que “España está obligada internacionalmente a no aplicar los efectos de la ley que impiden una investigación judicial. El poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la prescripción no empieza a contar hasta que los familiares de la víctima saben su paradero”. Por tanto, Dulitzky opina que “la demanda de justicia de las víctimas no va a cesar”, porque han pasado 70 años y las familias siguen ahí, pidiendo justicia, verdad y reparación”, así que España tendrá que asumirlo.
La cita en Ginebra, el 5 de noviembre
El 5 y 6 de octubre noviembre, España tendrá que dar cuenta en Ginebra como parte del grupo de países que firmaron la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, en 2010. Varias ONG expondrán sus reclamaciones, entre ellas que se cree una comisión de la verdad sobre los crímenes franquistas, un censo de víctimas de la represión, así como modificar la Constitución, el Código Penal y la Ley de Amnistía.
El 5 y 6 de octubre noviembre, España tendrá que dar cuenta en Ginebra como parte del grupo de países que firmaron la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, en 2010. Varias ONG expondrán sus reclamaciones, entre ellas que se cree una comisión de la verdad sobre los crímenes franquistas, un censo de víctimas de la represión, así como modificar la Constitución, el Código Penal y la Ley de Amnistía.
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