La CCMHSXX manifiesta su enérgico rechazo a la privatización del Registro Civil, cuya gestión se sustraerá a los juzgados y funcionarios judiciales para pasar a manos de los registradores de la propiedad mercantil. Lo anterior, según el Decreto 8/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 5.7.2014).
El Ministro de Justicia del Reino de España, Alberto Ruiz Gallardón, siguiendo las pautas de su partido, mantiene así su pertinaz política de privatizaciones, aún a riesgo de poner en peligro la normalidad y la viabilidad de los servicios públicos más básicos. Desde la alcaldía de Madrid ya lo hizo con la gestión del Padrón y del Registro Municipal, entre otras muchas actuaciones en la misma dirección, con tal “eficiencia” privatiza dora que dejó casi todos los asuntos locales en manos de empresas amigas.
Ahora plantea reformas de calado en los registros: inventariar y describir los libros antiguos, para lo que se ha contratado al Corte Inglés, y crear un gran fichero informatizado, único para toda España, donde se harán los apuntes en lo sucesivo. Se espera que los registradores –futuros encargados de su gestión– contribuyan a financiar el programa informático ad hoc. Pero, al no poder cobrar sus servicios al público, se entenderá que manifiesten su “absoluta disconformidad” con los planes ministeriales. Tampoco están de acuerdo los sindicatos ni los trabajadores afectados, en especial los contratados temporalmente. En la actualidad, son más de 5.000 trabajadores trabajando en 440 juzgados, que serán sustituidos por unos cien registradores en solo sesenta oficinas. El Ministerio de Justicia asegura que la informatización del sistema compensará de sobra tan tremendo desequilibrio.
Más allá de los problemas técnicos y laborales que pueda generar el mencionado proyecto, este suscita múltiples preocupaciones por la masiva trasferencia de datos personales desde público al mercantil. La búsqueda de rentabilidad económica del “derecho a la información” será su consecuencia más directa. La gravedad de tal medida es clara: la venta de la información más básica de la vida personal y familiar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esta decisión política, junto con la aprobación de la conocida como cuestionada “Ley de Transparencia” (Ley 19/2013) y vaciamiento total de la “Ley de Memoria Histórica” (Ley 52/2007) en la presente legislatura, evidencian la ausencia de cualquier tipo de sensibilidad democrática por parte del actual Ejecutivo.
Nos preocupa también un aspecto relevante como investigadores: la posibilidad de un todavía mayor retroceso en el acceso a los registros de defunciones, en tanto constituye un medio básico para conocer la represión durante la Guerra civil y la dictadura franquista (a sabiendas de que faltan muchas, quizá la mayoría de las defunciones, por registrar). Hace años que el movimiento social por la memoria democrática reivindica que el Estado, a través de una Comisión de la Verdad o una iniciativa similar, ponga los medios necesarios para que, al menos, consten como difuntos toda esa legión de víctimas de la vesania franquista que no aparecen en los libros de defunciones o lo hacen como “cadáveres desconocidos”. Es evidente que este tipo de minucias propias de historiadores, víctimas o familiares de víctimas estarán muy alejadas de las preocupaciones de los registradores, pues ni siquiera ha merecido la atención de las autoridades competentes hasta ahora. Y si el acceso a los lib ros de defunciones ya contaba con suficientes trabas (ver la instrucción de la D.G. De Registros y Notariado de 4/11/2008), no parece que la gestión privada de los registros vaya a mejorar las cosas, ni mucho menos.
El Ministro de Justicia del Reino de España, Alberto Ruiz Gallardón, siguiendo las pautas de su partido, mantiene así su pertinaz política de privatizaciones, aún a riesgo de poner en peligro la normalidad y la viabilidad de los servicios públicos más básicos. Desde la alcaldía de Madrid ya lo hizo con la gestión del Padrón y del Registro Municipal, entre otras muchas actuaciones en la misma dirección, con tal “eficiencia” privatiza dora que dejó casi todos los asuntos locales en manos de empresas amigas.
Ahora plantea reformas de calado en los registros: inventariar y describir los libros antiguos, para lo que se ha contratado al Corte Inglés, y crear un gran fichero informatizado, único para toda España, donde se harán los apuntes en lo sucesivo. Se espera que los registradores –futuros encargados de su gestión– contribuyan a financiar el programa informático ad hoc. Pero, al no poder cobrar sus servicios al público, se entenderá que manifiesten su “absoluta disconformidad” con los planes ministeriales. Tampoco están de acuerdo los sindicatos ni los trabajadores afectados, en especial los contratados temporalmente. En la actualidad, son más de 5.000 trabajadores trabajando en 440 juzgados, que serán sustituidos por unos cien registradores en solo sesenta oficinas. El Ministerio de Justicia asegura que la informatización del sistema compensará de sobra tan tremendo desequilibrio.
Más allá de los problemas técnicos y laborales que pueda generar el mencionado proyecto, este suscita múltiples preocupaciones por la masiva trasferencia de datos personales desde público al mercantil. La búsqueda de rentabilidad económica del “derecho a la información” será su consecuencia más directa. La gravedad de tal medida es clara: la venta de la información más básica de la vida personal y familiar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esta decisión política, junto con la aprobación de la conocida como cuestionada “Ley de Transparencia” (Ley 19/2013) y vaciamiento total de la “Ley de Memoria Histórica” (Ley 52/2007) en la presente legislatura, evidencian la ausencia de cualquier tipo de sensibilidad democrática por parte del actual Ejecutivo.
Nos preocupa también un aspecto relevante como investigadores: la posibilidad de un todavía mayor retroceso en el acceso a los registros de defunciones, en tanto constituye un medio básico para conocer la represión durante la Guerra civil y la dictadura franquista (a sabiendas de que faltan muchas, quizá la mayoría de las defunciones, por registrar). Hace años que el movimiento social por la memoria democrática reivindica que el Estado, a través de una Comisión de la Verdad o una iniciativa similar, ponga los medios necesarios para que, al menos, consten como difuntos toda esa legión de víctimas de la vesania franquista que no aparecen en los libros de defunciones o lo hacen como “cadáveres desconocidos”. Es evidente que este tipo de minucias propias de historiadores, víctimas o familiares de víctimas estarán muy alejadas de las preocupaciones de los registradores, pues ni siquiera ha merecido la atención de las autoridades competentes hasta ahora. Y si el acceso a los lib ros de defunciones ya contaba con suficientes trabas (ver la instrucción de la D.G. De Registros y Notariado de 4/11/2008), no parece que la gestión privada de los registros vaya a mejorar las cosas, ni mucho menos.
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