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La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ha presentado una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso de los niños robados durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia.
La organización denuncia que el Estado ha incumplido varios artículos de la Convención de Derechos Humanos.
Particularmente, destacan "irregularidades en las investigaciones y archivo masivo de denuncias por parte de la Justicia española", tal y como señalan en un comunicado.
Los últimos datos estiman que unos 30.000 bebés podrían haber sido robados durante el franquismo en varios hospitales de todo el país a través de una trama organizada por médicos, monjas y curas, entre otros.
Los responsables decían a las madres, normalmente jóvenes, que sus hijos habían fallecido durante el parto para después vendérselos a familias adineradas.
Esta trama actuó desde los años 50 hasta bien entrada la democracia, en los años 90, según las denuncias de los familiares.
Los denunciantes llevan años luchando por hacer justicia.
La asociación acudió previamente a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, y, ante los indicios de irregularidades y vulneración de derechos humanos en España, animó a los afectados a denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Hasta el momento hay más de 2.000 familias afectadas por los robos.
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