El pasado 14 de noviembre de 2017 nos felicitábamos públicamente, y felicitábamos al Juzgado Nº 4 de Bergara, por la valiente resolución que tomó de admitir a trámite la Querella presentada por el Ayuntamiento de Elgeta contra los crímenes cometidos por el franquismo en la localidad desde el golpe militar de 1936.
Por primera vez la demanda de Justicia era respondida con una resolución favorable para investigar los hechos denunciados en la querella, atendiendo así a las reiteradas solicitudes de víctimas y familiares que durante tantos años, primero durante la dictadura franquista y después durante la actual pseudodemocracia, han sido ninguneadas, olvidadas e incluso silenciadas.
La admisión a trámite tuvo un gran impacto social favorable en Euskal Herria y en el Estado. Pero solo ha durado 38 días: el pasado 22 de diciembre un nuevo juez dicta el sobreseimiento de la querella esgrimiendo las dos excusas de siempre: los delitos han prescrito, y además ahí está la Ley de Amnistía de 1977 para perdonar cualquier cosa.
Los abogados de la Querella ya han presentado el Recurso correspondiente. Más allá de las razones procedimentales que se hayan podido dar con los jueces en ese Juzgado Nº 4, aparece clara la mano política que ha provocado el cambio inmediato de juez para echar por tierra la iniciativa.
Esta intervención es una demostración palpable, una más, de las grandes carencias de una judicatura española atravesada por intereses políticos absolutamente regresivos y antidemocráticos, que no tienen nada que ver con la Justicia de un Estado y unos gobiernos verdaderamente democráticos.
No es el primer ayuntamiento que ha visto, al final, frustrada su demanda de Justicia. Ni será el último. Pero son muchos los ayuntamientos que han decidido seguir dando pasos en la denuncia de lo acontecido en sus municipios con las agresiones franquistas, y estamos convencidos de que ello provocará una gran ola contra la impunidad de un franquismo protegido aún por vericuetos legales que vienen siendo denunciados por diversas instancias nacionales e internacionales. En este sentido es importante resaltar la iniciativa legislativa presentada el pasado octubre por los partidos de la oposición parlamentaria para que sea aprobada en Madrid una Proposición de Ley consendas modificaciones en la Ley de Amnistía de 1977 y en el Principio de Legalidad vigente en el actual Código Penal.
La actuación política ocurrida en el Juzgado de Bergara es fruto del miedo a la Justicia que impera en los poderes del Estado. Pero también nos demuestra que existen jueces con suficien te dignidad y ganas de aplicar esa Justicia por encima de legalidades más que dudosas. Entre todos abriremos cada vez más esa brecha por la Verdad, la Justicia y la Reparación que a tantos cientos de miles de víctimas del franquismo se les debe. Porque, al fin, es algo que una sociedad verdaderamente democrática se debe a sí misma.
Euskal Herria, 2018.01.07
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada