- "El Gobierno ejerce sus funciones constitucionales con pleno respeto a la Constitución y a las Leyes", es la respuesta del Ejecutivo a una pregunta registrada por Compromís hace tres meses
- Hace dos semanas, la Fiscalía rechazaba una petición de una asociación de memoria histórica y avalaba, de esta forma, la petición de la hija mayor de Carmen Polo de adoptar el título
La continuidad del Ducado de Franco continúa generando polémica. Hace dos semanas, la solicitud de hacerlo desaparecer llegaba a la Fiscalía, que despachó el caso en un párrafo y decidió archivar, así, la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Este lunes, era el Gobierno el que se pronunciaba sobre la necesidad de abrir el debate sobre su permanencia y, al igual que el Ministerio Público, lo rechazó con un argumento muy breve. "El Gobierno ejerce sus funciones constitucionales con pleno respeto a la Constitución y a las Leyes". Esa fue la respuesta que dio el Ejecutivo a la pregunta por escrito que registró el senador de Compromís Carles Mulet hace tres meses.
La continuidad de este tipo de títulos, definidos por Compromís como "anomalías democráticas", siempre generó polémica, pero fue el pasado 26 de marzo cuando adquirió mayor actualidad. Ese día, la hija mayor de la duquesa de Franco, María del Carmen Martínez-Bordiú, solicitó la sucesión en el título tras la muerte de su madre, Carmen Franco Polo. En aquel momento comenzó el proceso de renovación del título, proceso que la Fiscalía ve que se produce en cumplimiento de la normativa vigente y argumento por el cual rechazó la petición de la ARMH.
Para Compromís, la continuidad y sucesión del Ducado de Franco, sin embargo, viola la Constitución Española aprobada en 1978. Concretamente en su artículo 14 que, recuerdan, establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". "Sin embargo, el artículo 62 otorga a un monarca, no elegido democráticamente, el privilegio de [...] conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. En base a este privilegio, se conceden títulos nobiliarios hereditarios que obviamente discriminan a los ciudadanos y ciudadanas por razón de nacimiento", argumentó Mulet en su pregunta. Y entre estos títulos se encuentra el Ducado de Franco, otorgado a los descendientes del "genocida dictador".
En el mismo sentido se pronunció la ARMH, que consideró la solicitud de la hija de Carmen Franco un premio a quienes protagonizaron un golpe contra la democracia y, además, un agravio a las víctimas del franquismo. "Naturalmente pedimos que no se renueve ese título porque supone apología del franquismo", explicó Bonifacio Sánchez, representante de la asociación. "El título tiene una relación directa con el dictador en reconocimiento de unos méritos y entendemos que los méritos de la familia Franco son el haber llevado a cabo un golpe contra la democracia", criticó.
Por ello, el pasado lunes, la asociación instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a que soliciten al Consejo de Estado un informe acerca del título de Ducado de Franco concedido por el rey Juan Carlos en 1975, así como los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco. Lo hicieron porque entienden que para eliminar este título debe pronunciarse el Consejo de Estado a través de un dictamen acerca de qué significa en democracia que todos los Gobiernos desde que se recuperó la democracia hayan renovado distinciones que enaltecen la dictadura y sus métodos violentos.
Esta demanda se sumaba a la ya realizada tres días antes por el PSOE, que reclamó al rey que anulara el título y que impidiera que Carmen Martínez-Bordiú lo heredase. Lo hizo el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, que registró en el Ministerio de Justicia un escrito de alegación en el que pide al Gobierno "instar al jefe del Estado a que ordene la anulación del Ducado de Franco" y, como consecuencia, la retirada del título y la prohibición de que pueda procederse a la sucesión en los derechos del título. El apellido Franco, argumentó entonces, "va ligado a una rebelión militar con resultado de guerra civil, a una represión posterior a la guerra y una dictadura que se prolongó durante casi cuatro décadas". Tras recordar que quedan "más de 100.000 represaliados enterrados en cunetas y fosas comunes fruto de ese régimen", Perelló señala que la Ley de Memoria Histórica de 2007 obliga a las Administraciones a retirar los símbolos franquistas.
En la misma línea, aludiendo al respeto a esta ley, Izquierda Unida también manifestó su rechazo a la continuidad del título e inició una ofensiva para conseguir su supresión, y lo hizo manifestando su voluntad de dirigirse al rey Felipe VI y al Ministerio de Justicia –que es quien lleva los trámites de sucesión del título– alegando que el Ducado contraviene la normativa aprobada en 2007.
El Gobierno niega que sea una loa llamar a Franco "general de gran prestigio"
Esta no fue la única respuesta por escrito que dio el Gobierno a cuestiones relacionadas con el franquismo. Este mismo lunes, el Ejecutivo negó que denominar "general de gran prestigio" a Franco sea una "loa" hacia el dictador. Lo hizo respondiendo a otra pregunta, registrada esta vez en el Congreso de los Diputados por el diputado de En Marea Miguel Anxo Fernández Bello, que cuestionó el busto que se exhibe en el Museo Militar de A Coruña, en el que se describe al dictador como "militar de gran prestigio".
"La misión de todos los museos históricos es mostrar los hechos históricos, no interpretarlos, siendo esa tarea de los investigadores e historiadores, quienes necesitan de estos museos para comprender la época estudiada en cada caso. En el caso referido, no existen loas a la figura del General Franco", argumentó el Gobierno de Mariano Rajoy, que explicó también que esa descripción lleva expuesta "más de 20 años".
En su pregunta al Gobierno, en cambio, el diputado de En Marea denunciaba que algunos de los paneles del museo son unejemplo de "adoctrinamiento" de tipo "filo franquista, rancio y caduco", y que resultan además "un insulto a la inteligencia". "¿De verdad considera que fue un militar de gran prestigio? ¿No cree que fue un dictador que asesinó a miles de personas, muchas de ellas todavía en las cunetas y sin que se haya hecho justicia a su memoria?", criticó.
La continuidad de este tipo de títulos, definidos por Compromís como "anomalías democráticas", siempre generó polémica, pero fue el pasado 26 de marzo cuando adquirió mayor actualidad. Ese día, la hija mayor de la duquesa de Franco, María del Carmen Martínez-Bordiú, solicitó la sucesión en el título tras la muerte de su madre, Carmen Franco Polo. En aquel momento comenzó el proceso de renovación del título, proceso que la Fiscalía ve que se produce en cumplimiento de la normativa vigente y argumento por el cual rechazó la petición de la ARMH.
Para Compromís, la continuidad y sucesión del Ducado de Franco, sin embargo, viola la Constitución Española aprobada en 1978. Concretamente en su artículo 14 que, recuerdan, establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". "Sin embargo, el artículo 62 otorga a un monarca, no elegido democráticamente, el privilegio de [...] conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. En base a este privilegio, se conceden títulos nobiliarios hereditarios que obviamente discriminan a los ciudadanos y ciudadanas por razón de nacimiento", argumentó Mulet en su pregunta. Y entre estos títulos se encuentra el Ducado de Franco, otorgado a los descendientes del "genocida dictador".
En el mismo sentido se pronunció la ARMH, que consideró la solicitud de la hija de Carmen Franco un premio a quienes protagonizaron un golpe contra la democracia y, además, un agravio a las víctimas del franquismo. "Naturalmente pedimos que no se renueve ese título porque supone apología del franquismo", explicó Bonifacio Sánchez, representante de la asociación. "El título tiene una relación directa con el dictador en reconocimiento de unos méritos y entendemos que los méritos de la familia Franco son el haber llevado a cabo un golpe contra la democracia", criticó.
Por ello, el pasado lunes, la asociación instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a que soliciten al Consejo de Estado un informe acerca del título de Ducado de Franco concedido por el rey Juan Carlos en 1975, así como los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco. Lo hicieron porque entienden que para eliminar este título debe pronunciarse el Consejo de Estado a través de un dictamen acerca de qué significa en democracia que todos los Gobiernos desde que se recuperó la democracia hayan renovado distinciones que enaltecen la dictadura y sus métodos violentos.
Esta demanda se sumaba a la ya realizada tres días antes por el PSOE, que reclamó al rey que anulara el título y que impidiera que Carmen Martínez-Bordiú lo heredase. Lo hizo el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, que registró en el Ministerio de Justicia un escrito de alegación en el que pide al Gobierno "instar al jefe del Estado a que ordene la anulación del Ducado de Franco" y, como consecuencia, la retirada del título y la prohibición de que pueda procederse a la sucesión en los derechos del título. El apellido Franco, argumentó entonces, "va ligado a una rebelión militar con resultado de guerra civil, a una represión posterior a la guerra y una dictadura que se prolongó durante casi cuatro décadas". Tras recordar que quedan "más de 100.000 represaliados enterrados en cunetas y fosas comunes fruto de ese régimen", Perelló señala que la Ley de Memoria Histórica de 2007 obliga a las Administraciones a retirar los símbolos franquistas.
En la misma línea, aludiendo al respeto a esta ley, Izquierda Unida también manifestó su rechazo a la continuidad del título e inició una ofensiva para conseguir su supresión, y lo hizo manifestando su voluntad de dirigirse al rey Felipe VI y al Ministerio de Justicia –que es quien lleva los trámites de sucesión del título– alegando que el Ducado contraviene la normativa aprobada en 2007.
El Gobierno niega que sea una loa llamar a Franco "general de gran prestigio"
Esta no fue la única respuesta por escrito que dio el Gobierno a cuestiones relacionadas con el franquismo. Este mismo lunes, el Ejecutivo negó que denominar "general de gran prestigio" a Franco sea una "loa" hacia el dictador. Lo hizo respondiendo a otra pregunta, registrada esta vez en el Congreso de los Diputados por el diputado de En Marea Miguel Anxo Fernández Bello, que cuestionó el busto que se exhibe en el Museo Militar de A Coruña, en el que se describe al dictador como "militar de gran prestigio".
"La misión de todos los museos históricos es mostrar los hechos históricos, no interpretarlos, siendo esa tarea de los investigadores e historiadores, quienes necesitan de estos museos para comprender la época estudiada en cada caso. En el caso referido, no existen loas a la figura del General Franco", argumentó el Gobierno de Mariano Rajoy, que explicó también que esa descripción lleva expuesta "más de 20 años".
En su pregunta al Gobierno, en cambio, el diputado de En Marea denunciaba que algunos de los paneles del museo son unejemplo de "adoctrinamiento" de tipo "filo franquista, rancio y caduco", y que resultan además "un insulto a la inteligencia". "¿De verdad considera que fue un militar de gran prestigio? ¿No cree que fue un dictador que asesinó a miles de personas, muchas de ellas todavía en las cunetas y sin que se haya hecho justicia a su memoria?", criticó.
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