El Gobierno regional ha constituido una Comisión de Seguimiento Documentalpara contribuir a la eliminación de trabas burocráticas en la búsqueda de los expedientes administrativos relativos a estos casos. Además, ha elaborado «un procedimiento de búsqueda de orígenes biológicos» para ayudar a los niños que entre 1940 y 1990 fueron entregados a padres que no eran los que los concibieron que «suprime varios trámites» (hasta ahora la solicitud de información se canalizaba a través del Ministerio de Justicia).
«Esto es un paso muy importante para que nos faciliten archivos en hospitales que hasta ahora se han negado sistemáticamente a hacerlo con la excusa de que se habían perdido», explica la presidenta de SOS Bebés Robados. «Sin embargo, aunque esto termine bien, nunca terminará bien: mi hijo tiene ahora 37 años y en realidad ya no es mi hijo, sino un hombre al que he parido», añade aferrándose aun así a la esperanza de volver a ver a aquella persona a la que le dio la vida.
La creación de la comisión para ayudar a estas familias fue aprobada a través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE en la Asamblea de Madrid y aprobada por unanimidad de todos los grupos en octubre de 2016. Este organismo autonómico, compuesto por representantes de las consejerías de Sanidad, Políticas Sociales y Justicia, fue constituido el pasado mes de julio, aunque su primera reunión operativa se produjo el 4 de diciembre.
Su misión será ayudar a «las personas adoptadas víctimas de esta situación de sustracción a conseguir la documentación referente a su adopción, incluida en el Registro Civil». Además, se encargará de solicitar a hospitales y maternidades tanto públicas como privadas, «en nombre del Gobierno Regional de Madrid, los nombres de las madres biológicas de los adoptados, sin necesidad de que éstos tengan que acudir a los tribunales, en virtud del artículo 39 de la Constitución Española de apoyo a la familia y a la investigación de la paternidad y la filiación».
Banco de ADN
Aunque las PNL no son de cumplimiento obligatorio, con el voto a favor del PP a ésta relativa a los bebés robados el equipo de Cristina Cifuentes se ha comprometido a instar al Ejecutivo central a que impulse la puesta en marcha efectiva del Banco de ADN de la oficina de atención a los afectados, creada por el Ministerio de Justicia en 2012, para poder cruzar los datos de las víctimas. Además de pedir que se dote de «medios, mecanismos operativos y funciones reales» a este organismo, se solicitará la gratuidad de las pruebas genéticas a través del Instituto Nacional de Toxicología ya que se consideran «determinantes para el esclarecimiento de la verdad».
Paralelamente, la Dirección de la Familia y el Menor dará apoyo psicológico, jurídico y de mediación a las víctimas de este proceso, tanto hijos como padres. En la Comunidad de Madrid no han detallado la dotación económica que se destinará a este procedimiento.
La Comisión de Seguimiento Documental ha mantenido ya reuniones con las tres principales asociaciones de afectados en Madrid, SOS Bebés Robados, Adelante Bebés Robados y Todos los Niños Robados son Mis Niños para «informarles sobre los procedimientos de búsqueda» que se han puesto en marcha. También ha hecho lo propio con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que fue el juez que en 2008 consideró la sustracción de menores durante el franquismo como crímenes contra la Humanidad que no habían prescrito, ya que muchas víctimas, hijos y algunos padres podían aún estar vivos
«Habrá que esperar a que este organismo se ponga en marcha de manera efectiva para evaluar su eficacia, pero de momento no hemos tenido queja de ninguno de nuestros socios», explica Rodrigo. «El problema desde que empezamos con nuestra lucha hace siete años es que todos los políticos nos reciben, pero luego no se hace nada», apostilla.
Historiales médicos
La PNL sobre los bebés robados aprobada por PP, PSOE, Podemos y Cs en la Cámara de Vallecas constata la necesidad de que la Comunidad de Madrid «investigue el paradero de los historiales médicos y de los libros de registro» de los centros bajo sospecha. En concreto, se refiere a los hospitales Doce de Octubre, La Paz, Cruz Roja y Gregorio Marañón, que custodiaba los expedientes de la maternidad de O'donnell y las clínicas Nuestra Señora del Rosario, San Ramón y San José.
Asimismo, subraya que el Gobierno regional podrá requerir a las empresas privadas concesionarias de contratos públicos en la región que custodian documentación sanitaria, algunas en naves industriales, que se la entreguen a los órganos jurisdiccionales cada vez que éstos la requieran. Según el texto de la iniciativa, «no consta que lo estén haciendo».
La Comisión de Seguimiento Documental también «debiera» investigar el paradero de los libros de registro y expedientes personales de las personas recluidas en los establecimientos del Patronato de Protección a la Mujer entre la década de los 40 y la de los 90. En la misma línea, tendrá que determinar el paradero de los libros de adopciones y expedientes de la Junta Provincial de Menores de Madrid.
«Tras más de un año de espera, ya iba siendo hora de que se pusiera en marcha este proceso», sostiene la diputada del PSOE Carla Antonelli, que fue quien defendió su aprobación en el Pleno de octubre de 2016. La parlamentaria del grupo mayoritario de la oposición reclama el cumplimiento de «forma inmediata» de todos los puntos de la PNL porque «de engaños y anuncios falsos los afectados ya van servidos».
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