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DENUNCIARÁN EL 29 DE NOVIEMBRE ANTE EL CONSULADO EN MADRID
VALENCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 32 familias valencianas se unirán a la conocida como querella argentina que juzga la causa abierta por el Juzgado número 1 de Buenos Aires sobre los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Este grupo tiene previsto personarse el próximo 29 de noviembre en el consulado argentino en Madrid para presentar denuncias de diversa índole relacionadas con desapariciones, crímenes y torturas.
Así lo ha indicado el coordinador del Grupo Para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH), Matías Alonso, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a varios de los familiares que presentarán las denuncias el próximo 29 de noviembre en Madrid.
Entre este grupo de personas que se ha adherido a la Querella Argentina ha familiares de personas que fueron ejecutadas durante la Guerra Civil española, otras siguen buscando los restos de sus familiares que desaparecieron durante la postguerra y incluso una parte de los denunciantes son represaliados del franquismo que vivieron las torturas en sus propias carnes durante los primeros años de 1970.
Matías Alonso ha comentado que este grupo de denunciantes se ha formado durante las últimas semanas después de que "ahora las personas puedan ejercer sus derechos y presentar denuncias ante cualquier consulado". El mecanismo para denunciar es "muy sencillo". "Se rellena una formulario y se aportan todas los documentos y pruebas que se tengan", ha agregado.
Sin embargo, Alonso ha lamentado que la situación procesal, que arrancó en 2010, está "paralizada porque desde el Gobierno se ha dejado en reposo y no se ha remitido el listado de presuntos torturadores" al juzgado argentino que lleva la causa. Alonso ha adelantado que "lamentablemente" la situación continuara así "hasta que el Gobierno no autorice la comparecencia de estos policías ante la jueza".
Precisamente ha recordado que en el juzgado argentino ya hay 172 querellas que representan a 230 personas "porque algunas son colectivas", ha explicado. Con esta iniciativa "se pretende ayudar a las familias de Valencia y de toda la Comunitat a que presenten la denuncia porque estos es un proceso abierto", ha aclarado.
El objetivo es que la justicia "en este caso internacional obligue al Estado español a ejercer la responsabilidad que tiene de todo lo que ocurrió" durante esa etapa de la historia de España y que "fue una atrocidad y que la sociedad ha asumido como normal". Alonso considera que si la justicia internacional "afea esa conducta al Estado español se entenderá, por fin, que no es ético quedarse con los brazos cruzados ante tal atrocidad", ha indicado. "Las personas afectadas lo que quieren es cerrar sus duelos", ha agregado.
EL CASO DE TEÓFILO ALCORISA
Durante la rueda de prensa ha intervenido una familiar de Teófilo Alcorisa, más conocido como el padre del Guerrillero, que fue detenido el 16 de 1947 y que "durante 60 años los familiares han estado buscado su cuerpo", ha apostillado Alonso. Finalmente se logró descubrir que los restos de Alcorisa están en el cementerio de Valencia "como así lo confirma el certificado de defunción el 19 de abril y el registro del cementerio de Valencia cinco días después".
Sin embargo, a pesar de que los restos están localizados "el Ayuntamiento de Valencia ha impedido la exhumación desde hace seis años porque no se fían de su propio registro". Además, según Alonso el consistorio dice que "está enterrado en un jardín que no es más que una pradera verde y que ninguna empresa que no sea la contrata municipal puede entrar a realizar excavaciones".
Alonso ha recordado que los familiares de Teófilo Alcorisa recibieron una subvención para llevar a cabo el proyecto arqueológico, y poder exhumar los restos "y hasta el momento no se ha podido llevar a cabo", ha lamentado. Un familiar presente en la rueda de prensa ha afirmado que "el único objetivo es exhumarlo para darle un entierro digno junto a su esposa".
MEMORIAL DEMOCRÁTICO 23 DE ABRIL
Uno de los representantes del colectivo Memorial Democrático 23 de Abril, Luis de Felipe, ha indicado que él fue detenido junto a otros estudiantes en mayo de 1971 y "durante 15 días estuvimos en dependencias policiales donde fuimos bastante maltratados".
Posteriormente los detenidos pasaron entre "tres y cuatro meses en la cárcel de Mislata". "Una vez salí de allí, conseguí que un médico me hiciera un parte de lesiones por las torturas a las que fui sometido", ha recordado. Debido a ello se logró abrir un proceso judicial contra los policías denuncias pero "salieron absueltos", ha lamentado.
EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE FRANCISCO FRANCO
El coordinador del GPRMH ha indicado que le parece "perfecta" la propuesta realizada por el PSOE que este martes ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que pide exhumar los restos mortales de Franco para sacarlos del Valle de los Caídos y enterrarlos en otro lugar donde decida la familia, cumpliendo así las recomendaciones del grupo de expertos que asesoró al Gobierno socialista.
Alonso considera que "debería haber sido exhumado hace tiempo". "Su familia sí que tiene la suerte de saber donde está y poder exhumar sus restos, no como las de muchas personas que están presentes en esta sala", ha indicado. Además ha indicado que "por respeto al resto de personas que están allí enterradas las dejaría donde están, pero quitaría todos los elementos anticonstitucionales".
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