divendres, 23 d’octubre del 2015

Dignificar a las víctimas de la represión franquista

http://periodicodeibiza.es/opinion/editorial/2015/10/22/164814/dignificar-victimas-represion-franquista.html


EDITORIAL|


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Datos de mapas ©2015 Google, Inst. Geogr. Nacional
Mapa
Satélite
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Los cinco grupos de la izquierda y nacionalistas del Parlament presentaron ayer la proposición de Ley de Fosas, un marco legal para la exhumación de los restos de alrededor de dos mil personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Los historiadores calculan que hay en Balears alrededor de sesenta fosas, de las que solo diez están documentadas y localizadas. La norma incluye la posibilidad de interponer ante la Fiscalía denuncias ante la existencia de indicios de crímenes contra la Humanidad, los cuales son imprescriptibles. Las organizaciones comprometidas en la búsqueda de los cuerpos de los muertos y represaliados por motivos políticos han recibido con emoción la iniciativa.

Una cuestión de dignidad.  Ningún país democrático y avanzado puede retrasar más la recuperación de las víctimas asesinadas durante la Guerra Civil, abandonadas en muchas ocasiones en el mismo lugar donde fueron ejecutadas. Promover la localización y exhumación de los cuerpos es una exigencia de respeto y dignidad para con todas aquellas personas que pagaron con su vida la lealtad a sus ideas, a la legalidad democrática que dinamitó el llamado Alzamiento Nacional de 1936. Sorprende que todavía haya grupos como el Partido Popular que cuestione la prioridad de esta iniciativa, pendiente desde la muerte del general Franco.

Medios y realismo.  Las asociaciones vinculadas a la memoria histórica exigen que la futura Ley de Fosas no quede en una mera declaración de intenciones, la tarea será compleja y costosa; por eso precisa un amplio compromiso político para que quede garantizada su continuidad en el futuro. La votación final puede ser un claro indicio del consenso que se logre en la tramitación parlamentaria. Cuestión distinta es la ramificación judicial que se pretende plantear –las denuncias por crímenes contra la humanidad–, un tema que más parece destinado al consumo ideológico de las fuerzas progresistas que a la fortaleza argumental para su defensa ante los tribunales.