Las asociaciones demandan la creación de un banco de ADN público
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, recibe a los familiares de bebés robados, en Sevilla. /RAÚL CARO (EFE)
Dicen que están esperanzados porque no tienen nada. Las asociaciones de familiares de bebés robados de Andalucía han pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, acceder a la justicia gratuita para resolver sus casos, que según consideran deben ser tratados como una causa por delitos de lesa humanidad. "Nos pedimos nada superfluo, es fundamentalmente ayuda institucional para que nos faciliten vías y herramientas que nos permitan ayudar a recuperar a nuestros hijos, hermanos y madres", apunta María Bueno, la portavoz de una de las ocho asociaciones que se han reunido este miércoles en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, con la presidenta de la Junta. "Hemos visto muy buena voluntad por parte de ella, esperamos que no quede solo en eso", ha apuntado Bueno. El PSOE nacional ya pidió la justicia gratuita para los casos de bebés robados este agosto.
Las asociaciones han demandado también la creación de un banco público de ADN como herramienta para cotejar las investigaciones que hasta el momento se efectúan de forma independiente. "No podemos depender de laboratorios privados y tampoco podemos contrastar la información por la ley de protección de datos. Por eso esto es una medida importante, pero que debería de tutelarla el Estado, porque hay niños andaluces en otras comunidades y en el extranjero", apunta Bueno. El Ministerio de Justicia ya creó una base de datos de ADN el pasado 2013 en la que se vuelca tanto la información de los laboratorios privados como los resultados de las pruebas ordenadas judicialmente. Hasta el momento hay 374 perfiles registrados, según aseguran fuentes del ministerio. El exjuez Baltasar Garzón, en uno de sus autos, situó en 30.000 el número de bebés robados durante el franquismo.
"Pero lo que nosotros pedimos es un banco gratuito y público de datos, que no haya que acudir a los laboratorios privados a hacer estas pruebas y que no las tenga que pedir un juez, porque en la mayoría de los casos no las solicitan y además hay familias que no denuncian porque no tienen dinero", señala Bueno, que recuerda como ejemplo el banco de ADN público que Argentina instauró para encontrar hijos desaparecidos.
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Las víctimas quieren también alzar la voz para recordar a los fiscales que sus casos no siempre han prescrito, como sucede en la mayoría de procesos que se han abierto en los últimos años. El Fiscal General del Estado envió el pasado 2012 una circular a remitida a todos los fiscales para unificar criterios e indicar que se debe agotar la investigación en estos casos. Una información que según los familiares no se está considerando. "En Andalucía hay más de 1.000 casos archivados" asegura Bueno, que ha solicitado calificar también a los familiares de bebés robados como víctimas similares a las de terrorismo. "No sería ningún agravio para las arcas públicas, sería igual que las víctimas de ETA y el 11-M", ha sugerido Bueno.
La reunión de las asociaciones con la presidenta, en la que también ha participado el consejero de Justicia, Emilio Llera, se ha producido un día antes de que se debata en el pleno del Parlamento andaluz una Proposición No de Ley del PSOE en relación cambios legislativos y medidas de apoyo para las víctimas de bebés robados en Andalucía. Solo en España podría haber más de 300.000 familias afectadas.
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