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Los argentinos más escépticos creen que no pasará nada e identifican al gobierno de Rajoy como heredero del régimen franquista
Lectores corresponsales | 16/10/2013 - 17:49h
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Aún resonaban en Buenos Aires los ecos de la 125ª sesión del Comité Olímpico Internacional cuando la juez María Servini de Cubría libró la orden de captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad de España. Estarían involucrados en casos de tortura y represión durante el franquismo. La resolución se enmarca en la megacausa que aglutina a más de 150 víctimas de la Guerra Civil española.
La querella fue presentada en Argentina el 14 de abril de 2010 por familiares de dos fusilados por Franco. La acompañaron entre otros el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y las Abuelas de Plaza de Mayo. El pedido se basa en dos principios: el de jurisdicción universal, que habilita a todos los países a investigar las violaciones a los derechos humanos, independientemente de dónde se hubieran cometido o de la nacionalidad de los victimarios, y el de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Premonitoriamente, durante la inauguración de las sesiones del Comité Olímpico Internacional se realizó una marcha que, bajo el lema "Madrid, capital olímpica de la impunidad", fue impulsada por la Asociación de víctimas del franquismo y apoyada por la Asociación Argentina de Actores. La actriz Cecilia Rosetto, exiliada en España durante la dictadura tras la desaparición de su esposo, atribuyó la solidaridad de los actores argentinos al agradecimiento a España por el rol jugado en la extradición de criminales de la llamada guerra sucia.
Pero, ¿qué repercusiones tuvo en Argentina esta medida? Nuestro país recibió una masiva inmigración de exiliados del franquismo, entre ellos el músico Manuel de Falla, el poeta Rafael Alberti, los jóvenes físicos Balanzat y Santaló y el editor Gonzalo Losada, quienes realizaron actividades de difusión contra el régimen. Como decía Alberti "no estábamos de vacaciones. Estábamos trabajando para echar a Francisco Franco".
El diputado nacional de Unidad Popular y dirigente sindical de ATE, Víctor De Gennaro, procura el apoyo de la Cámara de Diputados a la causa. Cuenta con el apoyo de su presidente, Julián Domínguez, y de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo. Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional en Argentina, opinó que España debe cumplir con el pedido.
El diario argentino Página 12 publicó en portada la noticia. Tituló de histórica la decisión de la justicia argentina y afirmó que ponía fin al aura de impunidad que rodea a Francisco Franco. Días después, el diario entrevistó a Baltasar Garzón, quien señaló -entre otras cosas- que "la huella del franquismo está todavía muy metida en la sociedad española" y que "el principio de jurisdicción universal es un reducto contra la impunidad". Cree que los 40 años de dictadura han pesado mucho y que la transición se basó en el olvido y la impunidad.
De paso por Buenos Aires, la escritora Almudena Grandes expresó un pensamiento similar: la transición española fue fallida ya que no se revisaron los acontecimientos de la dictadura franquista. Piensa que la crisis española no es sólo económica sino también institucional, política y moral. A su juicio, esta crisis pone en evidencia la fragilidad de la democracia española y la falta de credibilidad en las instituciones.
El diario La Nación en su editorial del 10/X/2013 titulada Improcedente pretensión de jurisdicción universal plantea que la investigación de las víctimas del franquismo promovida por el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero es sesgada ya que no contempla "todos los casos de víctimas del gobierno republicano sacerdotes y monjas incluidos-, en manos de socialistas, comunistas y anarquistas". Afirma que la pretensión argentina de revisar estos hechos en España está vinculada con los intentos de impedir la pacificación local "en nombre de un presunto humanitarismo que, en los hechos, solo buscó la venganza y no la memoria completa". Concluye criticando al gobierno argentino al afirmar que "Argentina pierde credibilidad ante el mundo por las reiteradas violaciones de elementales principios republicanos y los abusos del poder ejecutivo".
Los comentarios de lectores muestran diversas posturas. Algunos objetan que la justicia argentina se ocupe de problemas ajenos en lugar de los propios (como la inseguridad o la corrupción). Otros se alegran por la revisión de los crímenes del franquismo. Los escépticos creen que no pasará nada e identifican al gobierno de Rajoy como heredero del régimen franquista. También hay ataques a la jueza por su supuesta obsecuencia al gobierno. No faltan quienes ridiculizan el tema, pidiendo juicio a Poncio Pilatos y Nerón. Un comentario rezaba: "Los pobres viejos, si viven, hace mucho están condenados a geriátrico perpetuo" (SIC).
El abogado de la causa, Carlos Slepoy, prevé que en noviembre se agregarán más imputados a la orden de detención. Agrega que, si no se accede a la petición de la jueza argentina, el único refugio que tendrán en el mundo estos represores será el lugar donde cometieron esos crímenes generando una gran presión internacional.
En España, la fiscalía de la Audiencia Nacional adelantó su posición contraria a la extradición argumentando que los presuntos delitos por los que se reclama a los represores han prescrito. Y añade que los españoles reclamados están amparados por la Ley de Amnistía de 1977. El juez debe estudiar el dictamen de la justicia argentina y el informe de la Fiscalía para adoptar una decisión, aunque la última palabra en los casos de extradición la tiene el Consejo de Ministros español.
Hasta el momento, el gobierno argentino no se ha pronunciado. Las relaciones quedaron tensas luego del conflicto con Repsol. Quizás no se deseen adicionar más frentes de disputa, ni interferir con la acción de la justicia.
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