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El historiador José Luis Gutiérrez ha adelantado estos datos a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante la inminente clausura. La Dirección General de Memoria Democrática se compromete a la realización de catas científicas para poder proceder, en su caso, a las exhumaciones
Certificado de defunción de Carmen Mora.
Oficio: su casa. Filiación: Juventudes Socialistas Unificadas. Fecha del consejo de guerra: 3 de abril de 1937. Fecha de su asesinato: 19 de abril de 1937. Fecha de su enterramiento: 20 de abril de 1937. Sepultura: 58, fila 1 patio 5, línea San Lucas. Tenía sólo 22 años. Era hija del alcalde socialista de Tarifa (Cádiz) Amador Mora Rojas, muerto durante la guerra en zona republicana. Su madre y un hermano también fueron asesinados. Se llamaba Carmen Mora. Fue condenada a muerte como autora de un delito de rebelión militar tras asistir uniformada como miembro de las milicias de Juventudes Socialistas Unificadas al mitin que se celebró en Cádiz con la presencia de Largo Caballero por la UGT y Vicente Ballester por la CNT, un acto de demostración de fuerza de la unidad obrera. Su proceso duró 24 días. O lo que es lo mismo: en 24 días se llevaron su vida por delante.
Ella y 42 hombres más están en el cementerio municipal de San José, en Cádiz, según reza en los certificados de enterramiento localizados por el historiador José Luis Gutiérrez. ”Certifico que el cadáver (…) está enterrado en un féretro de madera de pino forrado de paño habiendo ocurrido la defunción a consecuencia de la enfermedad pasado por las armas“, se puede leer en la mayoría de los casos. Son nuevos nombres de desaparecidos de la guerra civil que dejan patente una vez más la importancia de las investigaciones locales para evitar que la historia muera enterrada o destruida por excavadoras en un cementerio. Gutiérrez ha adelantado estos datos de su estudio, que prevé finalizar antes de que acabe el año, a todos los grupos del Ayuntamiento de Cádiz ante el inminente cierre del cementerio municipal. De momento, sólo ha recibido un acuse de recibo de IU.
Según fuentes del consistorio gaditano, que ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, pondrán todos los medios disponibles para que se puedan realizar las exhumaciones. “Ahora mismo estamos en la fase previa, en la delimitación de fosas y en la realización de catas científicas para verificar la existencia de restos de fusilados. A partir de ahí, pasaríamos a las exhumaciones”, explica el director de Memoria Democrática, Luis Naranjo.
La investigación de José Luis Gutiérrez, encargada por el Grupo de Trabajo Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Andalucía de la CGT y financiada por la Junta, investiga la puesta en marcha de la justicia militar franquista a partir de marzo de 1937: el procedimiento sumarísimo de urgencia, una especie de simulacro de justicia que sustituía a las aplicaciones de los bandos de guerra y que disfrazaba de una supuesta legalidad los fusilamientos. “Llega la denuncia, no se admite ningún recurso, se abre una indagatoria en la que se le pregunta al acusado por sus antecedentes, qué hacía el 18 de julio, qué cargos ocupaba… Luego se piden los informes a la Guardia Civil, Falange, ayuntamientos, juzgado municipal… Se toma declaración a los testigos de cargo y el acusado puede dar tres nombres de testigos de descargo. El juez ordena al ayuntamiento que advierta en un edicto a los vecinos de que tienen la obligación de comparecer ante el instructor y decir lo que sepan. El juez realiza un auto y el último que decide es el general jefe, en este caso Queipo de Llano”, resume Gutiérrez.
Y todo este paripé sostenido por personas con formación jurídica, jueces que incluso luego ocuparon puestos de relevancia en la demoracia. Felipe Rodríguez Franco, por ejemplo, es el ponente de la sentencia de uno de los 43 fusilados en Cádiz, en concreto de Juan Antonio García Rodríguez, albañil de la CNT. “Rodríguez Franco, con solo veintitantos años, ya era teniente fiscal de la Audiencia de Cádiz en 1936. Y en 1978 se convirtió en el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Que un juez que firma sentencias de muerte, miembro de los consejos de guerra franquistas, siguiera en la Audiencia Nacional es un ejemplo de cómo fue la transición”, reflexiona el historiador.
En la provincia de Cádiz existían dos consejos de guerra. Desde que comenzaron sus actuaciones se celebraron, según la investigación de Gutiérrez, un mínimo de 456 vistas en las que comparecieron 1.303 detenidos. “De la instrucción de los expedientes, de la fiscalía, la defensa y la redacción, como ponentes, de las sentencias se encargaron al menos 22 abogados, jueces de instrucción, fiscales y magistrados de la Audiencia Provincial habilitados como miembros “honorarios” de la milicia golpista. El tribunal lo compusieron militares encabezados por quienes ocuparon la presidencia del Consejo de Guerra Permanente”, añade.
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