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Los crímenes del franquismo vuelven al Tribunal Constitucional
Los abogados de la nieta de Negrín presentan ante el Constitucional un recurso de amparo en el que solicitan la investigación de los crímenes del franquismo
El recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, menciona la tesis presentada por un fiscal del Constitucional, que apoyó una solicitud de exhumación
Además argumenta que la Ley de Amnistía no impide investigar delitos de lesa humanidad o genocidio, como son los crímenes del franquismo
La pelota está en el Tribunal Constitucional. Un recurso de amparo presentado esta semana por el abogado de Carmen Negrín, nieta del último presidente de la República, defiende la investigación de los crímenes contra el franquismo y argumenta que no existe sentencia alguna del Constitucional que impida investigar estos delitos.
El recurso de amparo, al que ha tenido acceso eldiario.es, expone a lo largo de 53 páginas todas las razones jurídicas por las que se podrían investigar los crímenes del franquismo. Se presenta después de que la Audiencia Nacional desestimara los recursos de reforma y apelación presentados por Carmen Negrín.
El mismo señala que la entrada en vigor de los artículos 10.2, 24 y 96.1 de la Constitución supuso la derogación parcial de la Ley de Amnistía de 1977 “en cuanto entre en contradicción o se oponga a lo establecido en tratados internacionales vigentes en España”. Y por ello solicita que se compruebe si determinados artículos de la Constitución son compatibles con la Ley de Amnistía, una ley preconstitucional.
Por si este argumento no convenciera, el recurso también recuerda que el Convenio contra el Genocidio y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos priman sobre el articulado de la Ley de Amnistía, que no es aplicable para los delitos de naturaleza genocida ni para los crímenes contra la humanidad.
Indica que, ante delitos como estos, que no prescriben, prevalece la aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la de la Corte Internacional de Justicia sobre el Convenio contra el Genocidio, la normativa del Convenio contra la tortura, la del Tratado de Roma de 17 de julio de 1998 y la del Convenio contra la desaparición forazada de personas, todos ellos vigentes en España.
La ONU y el recurso de un fiscal del TC
El recurso hace mención al escrito de súplica presentado en diciembre por el fiscal del Constitucional Manuel Miranda, quien, en un gesto que supuso que por primera vez la Fiscalía se posicionara en contra del criterio del Alto Tribunal, argumentó que existe “una persistente negativa de los órganos judiciales a escuchar” a los familiares de las víctimas del franquismo.
El fiscal Miranda pidió que se admitiera el recurso de amparo presentado en esa ocasión por María Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de enterrados en el Valle de los Caídos, quien solicitaba la exhumación de los restos de sus familiares. Es decir, por primera vez un fiscal del Constitucional pedía a dicho tribunal que revisara la Ley de Amnistía y que atendiera las recomendaciones del Comité de la ONU, que recientemente había instado a España a cumplir su obligación de buscar a los más de cien mil desaparecidos provocados por el franquismo (una cifra récord solo superada en el mundo por Camboya).
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, exigió entonces la retirada del recurso presentado por Manuel Miranda y este optó por desistir y retirar el recurso, aunque podría haberse acogido al artículo 27 de su estatuto, es decir, podría haber remitido un informe con sus alegaciones sobre el que habría decidido el propio Fiscal General, pero después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.
Además, Torres-Dulce acusó de desleales a una parte de los fiscales del Tribunal Constitucional (TC), y ordenó que todos los casos que entren en el TC y que tengan que ver con el franquismo sean supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal Anselmo Sánchez Tembleque. Ante ello, varios fiscales reprocharon al Fiscal General su injerencia, al atribuirse el reparto de trabajo, una tarea que no le corresponde a él, sino a la Junta de Fiscales.
Es en medio de estas tensiones cuando ahora llega al Constitucional este recurso presentado por el letrado Hernán Garcés, abogado de Carmen Negrín, y que defiende la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo. Será el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, el que deba pronunciarse.
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