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LOS QUERELLANTES EN LA CAUSA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES FRANQUISTAS DECLARAN ANTE LA JUEZA SERVINI
Martes, 18 de Febrero de 2014 - Actualizado a las 09:17h
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La jueza argentina Servini comenzó ayer a tomar declaración. Fotos: Efe (EFE)
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MADRID - Jesús Rodríguez Barrio relató ayer a la jueza argentina María Servini, mediante videoconferencia celebrada en el Consulado argentino en Madrid, los "malos tratos, torturas y amenazas de muerte" que supuestamente sufrió en 1975 de manos del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Rodríguez Barrio es uno de los tres testigos que declararon ayer desde Madrid ante la jueza que investiga en Argentina una querella por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores -aludiría a la trama de los bebés robados- durante la época franquista. Billy el Niño, uno de los querellados, está pendiente de que la Audiencia Nacional celebre una vista de extradición a Argentina para juzgarle en ese país, a la que se opone la Fiscalía española, en base a la denuncia por un delito de torturas cometido supuestamente sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975.
Según explicó Rodríguez Barrio, ahora profesor de Economía en la UNED, el 16 de abril de 1975, cuando tenía 18 años, fue detenido en Madrid por la brigada que comandaba Billy el Niño y "sometido a malos tratos, torturas y amenazas de muerte" las 72 horas en las que permaneció arrestado. "Fui detenido a tiros", aseguró, "por ser de izquierdas". Tras ser procesado por asociación ilegal, finalmente, pasó dos meses en la cárcel de Carabanchel. El testigo transmitió que durante la dictadura franquista se detenía y "etiquetaba como delincuentes" a personas como él "por el ejercicio de derechos fundamentales", e indicó que su impresión tras el testimonio es "muy positiva" y "de haber cumplido con una obligación moral" de denunciar estos hechos.
BEBÉS ROBADOS También relató a Servini su vivencia María Mercedes Bueno Morales, una de las miles de mujeres que ha denunciado el robo de niños durante la dictadura y la transición española. "He salido del Consulado argentino sintiéndome por primera vez amparada por un estado de derecho que no es el mío propio, y eso me duele, pero solo puedo dar las gracias a la jueza por su valentía", explicó. Bueno Morales narró su experiencia en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz), donde en 1981, embarazada de nueve meses, la sometieron a una operación para extraer a su bebé y le dijeron luego que estaba muerto. Según le dijo a Servini, la dictadura "no terminó en 1975" y todos los funcionarios implicados en la trama de los bebés robados siguieron haciendo lo mismo durante años. "Solo quiero saber la verdad y si mi hija está muerta, que me den los huesos, nuestra desesperación parte de que no se está investigando", aseguró, y añadió que su "gran sorpresa" es que con la querella argentina se ha abierto "un halo de esperanza, ya que desde fuera se da peso y credibilidad" a sus denuncias.
El tercer testigo que declaró fue Cecilio Gordillo Giraldo, uno de los promotores de un proyecto que identifica a desaparecidos del franquismo que fueron enterrados en fosas comunes. Durante su declaración se refirió especialmente al "trabajo esclavo" de presos durante ese periodo dictatorial. Los testimonios de estas tres personas forman parte de una ronda de declaraciones previstas esta semana en el Consulado argentino en Madrid y que proseguirán hoy con las de José Alfonso Rodríguez, cuyo padre fue asesinado en 1936; Flor Díaz, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Euskadi; y Jon Etxabe Garitazelaia, sacerdote condenado a 50 años de cárcel por militar en ETA.
"Es un día histórico. Hemos dado un paso de gigante", celebraron desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que agrupa a un centenar de asociaciones de víctimas del franquismo y por la recuperación de la memoria histórica. Los querellantes confían en que a partir de ahora se "agilicen las investigaciones y las imputaciones" por los crímenes de la dictadura española. Entre otras, han solicitado la de José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. - Efe
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