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21/02/2014 | elperiodic.com
El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia y diputado nacional, José Luis Ábalos, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso exigiendo “una acción del Gobierno que asegure los derechos de la familia Alcorisa y evidencie que España sigue las recomendaciones de la ONU, reconduciendo el ‘Caso Alcorisa’ por la senda de la normalidad democrática y la reconciliación”.
De hecho, ante la negativa del Ayuntamiento de Valencia a la exhumación de Teófilo Alcorisa y de otro represaliado y enterrado junto a él, Joaquín Alcorisa, Ábalos ha apelado al Presidente del Gobierno a que “reconduzca la situación creada y obligue a la Alcaldesa a cumplir con la Ley de Memoria Histórica y las recomendaciones de la ONU al respecto, ya que ninguna ordenanza municipal puede oponerse a ello”.
Asimismo, Ábalos y el secretario de Memoria Histórica de la provincia de Valencia, Matías Alonso, han insistido en que desde el Gobierno Central se debe asegurar la materialización del proyecto elaborado por la Agrupación de Familiares de las Víctimas y que consistía en la exhumación de estos dos represaliados, así como de un Memorial donde constasen los nombres de las víctimas del franquismo enterradas en la misma Sección del antiguo Cementerio Civil. Además, tal y como ha confirmado, la subvención otorgada por el Ministerio de la Presidencia en 2009 para llevarlo a cabo tiene que ser devuelta a causa del retraso del Ayuntamiento para resolver el conflicto. “Lo mínimo que debe hacer ahora el Ayuntamiento y el Gobierno es sufragar dichos costes, ya que no se han llevado a cabo a causa de los retrasos de la administración valenciana”, ha asegurado Ábalos.
“La Resolución de rechazo del Ayuntamiento al Proyecto se limita a aducir toda serie de impedimentos sin validez legal, muestra una clara actitud negativa y esgrime unas dificultades técnicas que quedan resueltas permitiendo actuar al Grupo Paleolab, tal como admite y establece el Protocolo de Actuación que acompaña a la Ley de la Memoria, pero que el Ayuntamiento de Valencia define como ‘una afrenta’, ha indicado el diputado por Valencia, José Luis Ábalos.
Además, esta negativa, en opinión de Ábalos, “pone en entredicho al Gobierno de España al constituir la primera respuesta de una Institución a las recomendaciones basadas en la Justicia Internacional para las víctimas españolas, compatibles con lo establecido por Ley” y “evidencia la falta de respuesta a dichas recomendaciones y de sintonía entre Administraciones regidas por el mismo partido político”.
En cualquier caso, y ante las circunstancias sobrevenidas a raíz de la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, el secretario general provincial ha pedido la tramitación de la PNL con carácter de urgencia “teniendo en cuenta la avanzada edad de los hijos que reclaman sus restos y el próximo inicio de un proceso judicial de consecuencias imprevisibles que dejarían en evidencia no solo al Ayuntamiento de Valencia sino al Estado español”.
De hecho, el pasado miércoles el Grupo para la Memoria Histórica, junto al letrado Baltasar Garzón, registraron la petición para que un juez autorice la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa que están en el cementerio municipal de Valencia. La última victima del franquismo que falta por exhumar.
Recomendaciones de la ONU
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU transmitió el caso de D. Teófilo Alcorisa Monleón al Gobierno de España el 13 de diciembre de 2013 como consecuencia de una denuncia aportada desde Valencia a dicho Grupo a raíz de las investigaciones desarrolladas por la ONU en España sobre los miles de desaparecidos en la Guerra Civil y la Dictadura.
Dicho Grupo consideraba que “El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa”.
El Grupo de Trabajo reconoce la relevancia de los aspectos forenses para la verdad y la justicia y recuerda en su Observación General sobre el Derecho a la Verdad en relación con la desaparición forzada que “los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles”.
Coincidiendo con lo señalado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observaciones Preliminares emitidas el 3 de febrero de 2014 cuando afirma que “si se tiene en cuenta la avanzada edad de las víctimas, todo esto es suficiente para urgir a las instituciones del Estado a mostrar un compromiso decidido, determinado, y con carácter prioritario, por darle vigencia plena a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.”
Las consideraciones tanto del Grupo de Trabajo como del Relator de la ONU se emiten después de centenares de entrevistas con todos los estamentos relacionados con este tema, así como con víctimas vivas que siguen sin atención por parte del Estado español. Sus recomendaciones están contenidas en una Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la llamada “Ley de la Memoria Histórica”.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia ha denegado en repetidas ocasiones la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa sin tener en cuenta la Ley de la Memoria, por lo que desde el PSPV-PSOE se ha instado al Gobierno de España a actuar con urgencia para reconducir la situación creada por el Ayuntamiento de Valencia.
De hecho, ante la negativa del Ayuntamiento de Valencia a la exhumación de Teófilo Alcorisa y de otro represaliado y enterrado junto a él, Joaquín Alcorisa, Ábalos ha apelado al Presidente del Gobierno a que “reconduzca la situación creada y obligue a la Alcaldesa a cumplir con la Ley de Memoria Histórica y las recomendaciones de la ONU al respecto, ya que ninguna ordenanza municipal puede oponerse a ello”.
Asimismo, Ábalos y el secretario de Memoria Histórica de la provincia de Valencia, Matías Alonso, han insistido en que desde el Gobierno Central se debe asegurar la materialización del proyecto elaborado por la Agrupación de Familiares de las Víctimas y que consistía en la exhumación de estos dos represaliados, así como de un Memorial donde constasen los nombres de las víctimas del franquismo enterradas en la misma Sección del antiguo Cementerio Civil. Además, tal y como ha confirmado, la subvención otorgada por el Ministerio de la Presidencia en 2009 para llevarlo a cabo tiene que ser devuelta a causa del retraso del Ayuntamiento para resolver el conflicto. “Lo mínimo que debe hacer ahora el Ayuntamiento y el Gobierno es sufragar dichos costes, ya que no se han llevado a cabo a causa de los retrasos de la administración valenciana”, ha asegurado Ábalos.
“La Resolución de rechazo del Ayuntamiento al Proyecto se limita a aducir toda serie de impedimentos sin validez legal, muestra una clara actitud negativa y esgrime unas dificultades técnicas que quedan resueltas permitiendo actuar al Grupo Paleolab, tal como admite y establece el Protocolo de Actuación que acompaña a la Ley de la Memoria, pero que el Ayuntamiento de Valencia define como ‘una afrenta’, ha indicado el diputado por Valencia, José Luis Ábalos.
Además, esta negativa, en opinión de Ábalos, “pone en entredicho al Gobierno de España al constituir la primera respuesta de una Institución a las recomendaciones basadas en la Justicia Internacional para las víctimas españolas, compatibles con lo establecido por Ley” y “evidencia la falta de respuesta a dichas recomendaciones y de sintonía entre Administraciones regidas por el mismo partido político”.
En cualquier caso, y ante las circunstancias sobrevenidas a raíz de la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, el secretario general provincial ha pedido la tramitación de la PNL con carácter de urgencia “teniendo en cuenta la avanzada edad de los hijos que reclaman sus restos y el próximo inicio de un proceso judicial de consecuencias imprevisibles que dejarían en evidencia no solo al Ayuntamiento de Valencia sino al Estado español”.
De hecho, el pasado miércoles el Grupo para la Memoria Histórica, junto al letrado Baltasar Garzón, registraron la petición para que un juez autorice la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa que están en el cementerio municipal de Valencia. La última victima del franquismo que falta por exhumar.
Recomendaciones de la ONU
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU transmitió el caso de D. Teófilo Alcorisa Monleón al Gobierno de España el 13 de diciembre de 2013 como consecuencia de una denuncia aportada desde Valencia a dicho Grupo a raíz de las investigaciones desarrolladas por la ONU en España sobre los miles de desaparecidos en la Guerra Civil y la Dictadura.
Dicho Grupo consideraba que “El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa”.
El Grupo de Trabajo reconoce la relevancia de los aspectos forenses para la verdad y la justicia y recuerda en su Observación General sobre el Derecho a la Verdad en relación con la desaparición forzada que “los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles”.
Coincidiendo con lo señalado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observaciones Preliminares emitidas el 3 de febrero de 2014 cuando afirma que “si se tiene en cuenta la avanzada edad de las víctimas, todo esto es suficiente para urgir a las instituciones del Estado a mostrar un compromiso decidido, determinado, y con carácter prioritario, por darle vigencia plena a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.”
Las consideraciones tanto del Grupo de Trabajo como del Relator de la ONU se emiten después de centenares de entrevistas con todos los estamentos relacionados con este tema, así como con víctimas vivas que siguen sin atención por parte del Estado español. Sus recomendaciones están contenidas en una Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la llamada “Ley de la Memoria Histórica”.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia ha denegado en repetidas ocasiones la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa sin tener en cuenta la Ley de la Memoria, por lo que desde el PSPV-PSOE se ha instado al Gobierno de España a actuar con urgencia para reconducir la situación creada por el Ayuntamiento de Valencia.
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