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Familiares de víctimas del franquismo firman un poder notarial para querellarse en Argentina. // LAURA LEÓN
Seis y media de la tarde. Hace mucho frío. Quince personas entran en una notaría del centro de Sevilla. Son familiares de víctimas del franquismo. Uno de ellos, Ramón Sánchez, 65 años, es víctima directa. Fue torturado durante la dictadura. Su hermano Antonio, fallecido con 40 años, también fue represaliado. Lo cuenta la hermana de ambos, Ana Sánchez. Sobre la sala, una lámpara enorme ilumina sus firmas sobre un poder notarial. Elia Borrego está en ese lugar por sus tíos, Manuel y Francisco, al que sacaron de la cárcel para asesinarlo con 15 años. No sabe dónde está ninguno de los dos. Coge el bolígrafo de tinta azul con fuerza. Piensa -dice después- en su padre, José, que nunca imaginó que su hija emprendería el camino hacia la justicia. No aquí, en España. Buscan la justicia en Argentina, donde de momento les dejan. Son nuevas personas que han presentado querellas esta misma semana en la causa abierta contra el franquismo. “Es muy importante todo lo que hacemos, los libros, las investigaciones, las charlas, esta querella, pero si no los sacamos de donde están es como si no hubiéramos hecho nada. Esto es una reivindicación inagotable”, concluye sincero Santiago Fernández, de 64 años. Él ha logrado enterrar dignamente a uno de sus tíos desaparecidos. Pero no sabe dónde está el otro.
Sus palabras resumen la lucha de un colectivo que casi 80 años después de aquel 18 de julio de 1936 tiene a más de 130.000 familiares tirados en las cunetas. Antonio Martínez, un hombre de 78 años, ha acudido a firmar el poder notarial con su mujer, Rosario Ortega. Fusilaron a su padre cuando él tenía seis meses. Puede que esté en las fosas comunes del cementerio de Sevilla. A Felisa, cuando no tenía ni tres años, le mataron también a su padre, Felipe. Puede que esté, como el padre de Antonio, en las fosas comunes del cementerio de Sevilla. “Antes no se ha podido, mis hermanas ya han muerto”, dice. Puede que estén. Pero no lo saben.
Beatriz Alonso tampoco sabe dónde está su abuelo. Ni Cristóbal Espinosa sus familiares. Ni Ana Sánchez sus dos tíos muertos -”asesinados”, le recuerda Santiago Fernández, “que las palabras son muy importantes”-. En las mismas fosas comunes del cementerio de Sevilla puede que esté también un tío abuelo de Antonio Ortiz, al que asesinaron tras sacarlo del cine Cervantes. Se llamaba Joaquín Naranjo. Tenía 21 años. De su hermano Andrés Naranjo, secretario general del Sindicato Unitario de la Construcción, nunca tuvieron noticia. “Él firmó el mejor convenio de la construcción que ha habido nunca, jornadas de seis horas”, cuenta Antonio. Y por eso lo mataron, lo asesinaron. “Esto había que haberlo hecho en la Transición. Llevamos 30 años perdidos”, concluye después de firmar ante notario.
“Sacaron a todos los de derecha que había en la fosa, resto a resto. Y cuando terminaron, a los otros, que los tenían fuera, de izquierda, los volvieron a echar”
En Andalucía, donde la represión destruyó una comunidad entera, las investigaciones de asociaciones e historiadores han contabilizado hasta el momento más de 600 fosas, la mayoría sin abrir. La Junta de Andalucía prepara una nueva ley basada fundamentalmente en una premisa: la memoria debe ser una política pública, una política de Estado. Los familiares, defraudados por la insuficiente ley de Zapatero y las respuestas en los tribunales, llevan años peleando por recuperar y reparar a sus víctimas. Muchas han perdido el miedo no hace mucho. Y otras muchas han sido permanentemente olvidadas por las instituciones públicas. Es ahora, con homenajes, reconocimientos, con la retirada de símbolos franquistas, cuando las administraciones han comenzado a intentar curar esa herida que todavía duele -y mucho- a Andalucía.
VÍCTIMAS Y VÍCTIMAS
“¿Y las víctimas de derecha?”, preguntó un señor durante una charla del historiador José María García Márquez hace unos días. “La mayoría de las víctimas de derecha se exhumaron en el mismo momento de la ocupación, en los días siguientes; y las que no se hicieron fue porque las familias no quisieron”, explicó el historiador, que aseguró que incluso se conservan diligencias de algunos de esos casos que se llevaron a cabo contra el criterio de los médicos.
El auditorio se quedó con la boca abierta cuando contó la siguiente historia: en La Granja de Torrehermosa, una mujer pidió que sacaran el cadáver de su marido. Estaba en una fosa con diez o doce personas más de derecha. Encima, había restos de víctimas de izquierda. Los médicos se opusieron, pero al final se hizo. Sacaron a todos los de derecha que había, resto a resto. “Y cuando terminaron, a los otros, que los tenían fuera, los volvieron a echar en la fosa”. “Se indemnizaron a todas las familias, les dieron a todas las prerrogativas de empleo, se les dieron concesiones de los estancos, de las administraciones de lotería, Correos, Telefónica, etc. Fue una política de reparación de admirar la que hizo Franco, muy completa, más que en otros países”, sostiene García Márquez. El problema fue que sólo lo hizo con unas víctimas y abandonó en las cunetas a las demás. “En Triana todavía recuerdan a mi abuelo llorando, sentado en los poyetes, incapaz de volver a su casa y decir que a su hijo lo habían matado”, recuerda Elia a la salida de la notaría. Esmeralda Guerra, otra mujer que se ha adherido a la querella, ni siquiera pudo hablar: “Otro día”. Hay muchas tumbas aún sin nombre, sin memoria.
28-FORMAS DE CONSTRUIR ANDALUCÍA
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