El bufete de abogados de Baltasar Garzón defenderá a la familia del valenciano Teófilo Alcorisa
El grupo de desapariciones forzosas de la ONU lo está investigando desde el mes de diciembre
Los familiares han llevado el expediente al Síndic de Greuges para agotar las vías no judiciales
Pilar Alcorisa y su marido Luis Romero (centro) junto a otros miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. / TANIA CASTRO
El guerrillero republicano Pedro Alcorisa (93 años) tenía 26 años cuando la policía franquista fue a buscarle a su casa en Higueruelas (Valencia). Al no encontrarle, los agentes mandaron llamar a su padre, Teófilo Alcorisa. "Le dijeron que se pusiera una chaqueta porque tenía que ir con ellos a responder unas preguntas. Y nunca volvió", explicaba ayer su hija, Pilar Alcorisa (73 años), que lleva desde 2009 tratando de recuperar sus restos, enterrados en una fosa común del Cementerio Civil de Valencia. La demora del Ayuntamiento en responder ha obligado a la familia a devolver la subvención estatal que consiguió para la exhumación porque ahora, cuatro años más tarde y habiendo conseguido el permiso favorable de la consejería de Sanidad, elAyuntamiento de Valencia ha denegado por escrito el permiso para exhumarle.
Pilar Alcorisa tenía seis años cuando ocurrió todo. "Casi no me enteré. Al principio los niños se burlaban de mí: "¡A tu padre se lo han llevado!", me decían... y yo no lo entendía. Cuando crecí un poco me lo explicaron en casa", contaba ayer emocionada abrazando el expediente sobre la desaparición de su padre. Su hermano Pedro (93 años), a quien la policía buscaba, continúa con vida y aunque apoya la búsqueda de su padre, su delicada salud ya no le permite continuar en primera línea. "Están esperando que nos muramos para que no reclamemos más", sentenciaba Pilar.
El 19 de abril de 1947, Teófilo Alcorisa fue detenido por la policía del régimen sin que se conozca de qué se le acusaba. Según las indagaciones del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Alcorisa fue llevado al centro de detención de Arrancapins, en Valencia, donde, al parecer, se ahorcó con los cordones de sus zapatos. En la hoja de registro del cementerio consta que fue enterrado con 51 años y falleció por "asfixia por suspensión". El grupo de arqueólogos que ha participado en el estudio, Paleolab, ha determinado el punto exacto en que se encuentra el cuerpo y la posición en la que se encuentra, debajo de tres cuerpos más.
Matías Alonso, miembro del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica explicó ayer en qué punto se encuentra el caso: "Si al mes de haber pedido el permiso para exhumar no se recibe respuesta, el silencio se considera positivo. Pero sin la resolución que nos autorice a entrar y no podemos hacer los trabajos, así que la familia está en una especie de limbo en el que no pueden avanzar". Aunque el Ayuntamiento de Valencia argumenta las dificultades técnicas para negar el permiso, Alonso explicó que son argumentos habituales y están resueltos en el documento técnico que han presentado en el que se dan todos los detalles del proyecto.
En un intento por agotar las vías no judiciales, la familia entregó ayer al Síndic de Greuges el expediente. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas de Naciones Unidas se ha interesado por el caso y lleva desde diciembre investigando. El bufete de abogados del juez Baltasar Garzón, Ilocad, se ha ofrecido a defender a la familia de manera gratuita para esclarecer el caso, unido a la causa Argentina.
"Hemos recuperado los restos de cerca de 30 personas en la Comunidad Valenciana. Este es el único caso en Valencia que nos queda por resolver", explicó Alonso. Sin poder evitar el llanto, Pilar solo pide una cosa a la alcaldesa, Rita Barberá: "Que tenga dignidad y que nos deje enterrar a mi padre dignamente. Que sea humana".
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