Desde AGE hemos venido haciéndonos eco durante años,
de las estrategias de impunidad practicadas en España desde 1975, en relación
con los crímenes franquistas; desde la ley de amnistía de 1977, a la ley de la
Memoria Histórica de 2007. Se trata de 30 años de ingeniería jurídica, que ha
tenido por objeto que NI UN SOLO responsable de los decenas de miles de
franquistas, implicados en ejecuciones, torturas y encarcelamiento o exilio de
sus víctimas, haya sido nunca procesado, como sí lo han sido los responsables
del mismo tipo de delitos en Latinoamérica, Francia, Alemania o Italia, en
relación con los crímenes cometidos durante el pasado siglo XX por las
dictaduras implantadas en aquellos países.
El caso que nos ocupa, y del que os envío esta amplia
información, es la culminación de este alambicado proceso, puesto en marcha
desde los sótanos jurídicos de los gobiernos del PSOE y del PP, para impedir
por todos los medios que pudieran progresar acciones judiciales, bien desde
dentro de España, o bien desde el extranjero, como es el caso de la denominada
"Querella Argentina", viéndose cerrada así cualquier posibilidad de
hacer una luz de justicia, en favor de las víctimas y de sus descendientes
acreedores a la misma.
Durante años, se nos ha llegado a llamar con apelativos
nada amables, a los que -basándonos en la doctrina Nizkor- hemos estado
denunciando estas maniobras, a veces aplaudidas desde sectores
"oficiales" de la izquierda parlamentaria y social, e incluso por
algunas asociaciones memorialistas que, suponemos de buena fé, han creído
posible encontrar "atajos", para el reconocimiento jurídico de la
condición de las víctimas del franquismo, a través de una Justicia Universal
bloqueada, en parte, a causa de acciones judiciales anteriores, defectuosamente
presentadas a sabiendas, que han terminado por general jurisprudencia de
archivo, cerrando así el camino a poder progresar en el ámbito de la justicia
española demandas posteriores.
El "caso Mauthausen" que hace unos días ha
cerrado el PP (con la antesala jurídica preparada durante el mandato del
gobierno socialista de Zapatero), se ha archivado. El único caso abierto
ante la justicia española, por la que podría haberse condenado a responsables
del asesinato de republicanos españoles en los campos de exterminio
nacional-socialistas, ha sido sobreseído y archivado. Lo ha hecho el magistrado
Ismael Moreno -que ha estado demorando el señalamiento de la vista oral todo lo
que ha querido-, con el auxilio entusiasta del Fiscal General del Estado, a las
órdenes de Rajoy, Eduardo Torres Dulce.
Para acabar con la impunidad, así lo decía el Equipo
Nizkor hace casi una década, únicamente hay una vía: la institucional,
es decir, una ley emanada del Parlamento español, que condene jurídicamente
ilegales el régimen franquista, sus leyes represivas y sus tribunales, y que
declare nulas de pleno derecho sus sentencias.
Evidentemente, una ley con este alcance, solo podrá
promulgarse en el marco del advenimiento de la III República.
"Eso una utopía" afirman algunos.
La única "utopía" realmente existente, radica en
esperar la Verdad, la Justicia y la Reparación, dentro dentro del actual
sistema de poder existente en España, encabezado por un Rey que no ha jurado la
Constitución Española de 1978, para no incurrir en perjurio, ya que juró ante
los evangelios su lealtad incondicional a la dictadura del general Franco, el
22 de julio de 1969.
Si compartes estos puntos de vista, te agradecería lo
difundieses.
Saludos cordiales,
Floren
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