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Mientras la impunidad del régimen franquista continúa intacta, la justicia argentina suma 515 condenados por crímenes cometidos durante su última dictadura militar tras superar las leyes de punto final.
Argentina arranca nuevos procesos judiciales, que incluyen la Operación Cóndor, y aplica la justicia universal para enjuiciar el franquismo.
España no atiende los requerimientos argentinos ni las recomendaciones de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado.
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Argentina: 30.000 desaparecidos, rescatados los restos óseos de 1.200. 500 bebés robados, 110 recuperaron su identidad. 515 sentencias por delitos de lesa humanidad.
España: Entre 115.000 y 150.000 desapariciones forzadas, unas 6.000 personas exhumadas. 30.000 bebés robados. Cero juicios, cero condenas.
Argentina continúa juzgando, aún hoy, los crímenes de su última dictadura cívico-militar (1976-1983). España no. El régimen franquista (1936-1975), permanece impune. Nadie juzgó las violaciones de derechos humanos cometidas por los golpistas en suelo español. Argentina lo intenta aplicando el principio de justicia universal. Al tiempo, suma nuevos procesos en su país. España se resiste.
Verdad, justicia y reparación en caminos antagónicos
En 2014 arranca el juicio por la denominada Operación Cóndor, la coordinación represiva entre las distintas dictaduras del Cono Sur de América. Hay una decena de causas más programadas, en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, La Rioja y Santa Fe. Según el Ministerio de Justicia argentino, 2013 fue el año con más represores sentenciados desde la reactivación de las causas una década antes: 130 condenas, 30 de ellas a mujeres acusadas la mayoría de robo de niños. En total, Argentina suma 515 condenados por crímenes durante la dictadura.
El retorno de la democracia permitió a la sociedad argentina aprender a conocerse tras el horror de la dictadura, sostiene en una entrevista con Efe Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín. En 1985, "cuando todavía la barbarie tenía poder de reacción", los jerarcas del régimen acabaron en el banquillo de acusados en el histórico juicio a las Juntas Militares. Luego tocó superar "asonadas militares" y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue, recuerda Alfonsín, "un mérito de toda la sociedad argentina", una transición "única" que logró el objetivo de mantener la memoria de las víctimas. "El olvido habría deslegitimado la democracia", sentencia.
¿Y España? La Ley de Amnistía de 1977 blindó a los responsables de la dictadura franquista ante posibles procesos judiciales. La Querella Argentina intenta romper el muro de la impunidad institucional para el terrorismo de Estado. Gobierno y juzgados españoles, hasta hoy, desatienden los requerimientos emanados del Juzgado Federal 1 de Buenos Aires. Víctimas del franquismoreclaman acceso a la justicia, que España atienda las recomendaciones de la ONU. Sin éxito, por ahora. La sociedad española cojea en la superación de su propia ley de punto final. El contexto de "inacción en los casos de desapariciones forzosas, niños robados y las exhumaciones de las2.500 fosas comunes que todavía hay en España, entre otros delitos imprescriptibles y crímenes contra la humanidad", según Naciones Unidas.
Causas contra jueces de la dictadura y por la Operación Cóndor
Odette Magnet y Laura Elgueta, hermanas de dos secuestrados por militares argentinos, declaran en la capital argentina en el marco procesal de la Operación Cóndor. María Cecilia Magnet y Luis Elgueta integran una lista de 23 chilenos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet desaparecidos en Argentina, de un total de 106 de diferentes nacionalidades.
En Mendoza comenzó el primer proceso en suelo argentino contra jueces de la dictadura militar. Un total de 40 imputados, entre ellos exmagistrados federales, acusados de participar del entramado de terrorismo de Estado. Enjuiciados por ser cómplices de torturas y desapariciones. Otros 36 militares, policías y agentes penitenciaros serán juzgados en el mismo proceso. El tribunal abordará, entre otros casos, más de 200 desapariciones forzadas y "brutales violaciones" cometidas a mujeres en el 'Centro de Operaciones D2'. Están citados un total de 660 testigos.
"La llegada de este juicio costó muchísimo trabajo de los organismos de derechos humanos y sus abogados", cuenta a eldiario.es/andalucia la profesora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en Mendoza, Sara Gutiérrez. Los testimonios relatan cómo los imputados visitaban "las celdas clandestinas, sabían que allí había personas torturadas, incluso una menor que había sido violada". Pero "nunca hicieron nada". Gutiérrez, que perdió a un hermano asesinado por la dictadura, destaca que el proceso ha causado "gran impacto a nivel nacional por la envergadura que implica sentar a los jueces cómplices, algo impensable años atrás".
Sendos tribunales celebran juicios por crímenes cometidos en centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires: 'Mansión Seré', en la localidad de Castelar, y 'El Vesubio', en La Tablada. Ocho y cinco acusados, respectivamente, por privación de libertad agravada, torturas y homicidios. Argentina continúa talando la impunidad de su última dictadura. España se resiste.
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