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Constitución de la plataforma andaluza de apoyo a la querella argentina. // LAURA LEÓN
La jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo, que se reunirá con víctimas de la represión en sus propios domicilios, también tiene previsto escuchar la voz del Parlamento andaluz. El presidente de la Cámara autonómica, Manuel Gracia, mantendrá un encuentro con la magistrada en el que detallará las actuaciones realizadas hasta el momento en relación con la memoria histórica.
El andaluz fue el segundo Parlamento, tras el vasco -con cuya presidenta también se ha reunido la jueza-, en aprobar una moción de apoyo a la querella argentina. La propuesta, presentada por el PSOE, salió adelante con los votos de los diputados socialistas y de Izquierda Unida. El PP votó en contra y acusó a la jueza María Servini de ser amiga de Garzón, el juez que fracasó en su intento por que fuera España quien investigara los crímenes del franquismo. “Se imagina si aquí dijéramos que otra jueza es amiguita, perdón, amiga, de…”, contestó entonces la diputada socialista Clara Aguilera al diputado del PP Juan Ramón Ferreira, en alusión a la jueza Alaya. El parlamentario conservador, no obstante, condenó el franquismo, a pesar de las reticencias que siempre ha manifestado la derecha más conservadora.
Como era previsible, el PP también votó en contra de una segunda proposición no de ley, presentada esta vez por IU, en la que se pedía que el Parlamento andaluz instara a la Junta a personarse en la querella argentina a través de su gabinete jurídico. El PSOE tampoco respaldó la propuesta porque, según alegó, se estaba ultimando la futura ley de memoria democrática de Andalucía, con la que se intentará corregir las lagunas de la norma estatal. Esa norma de 20017 declara ilegítimos todos los tribunales franquistas y, por tanto, las sentencias dictadas, pero no las anula. “Será en el amplio debate de la norma andaluza donde podamos llegar a conclusiones de cómo actuar en determinadas cuestiones”, defendió la diputada socialista Micaela Navarro.
El anteproyecto de ley, ya aprobado por los dos socios del Gobierno andaluz (PSOE-IU), insta al Gobierno central a que adopte las medidas necesarias para declarar nulos todos los juicios y sentencias franquistas, pero no recoge ninguna medida que haga referencia a la posibilidad de personación de la Junta, que sería una forma de reparar en la práctica a Blas Infante, considerado Padre de la Patria Andaluza. El propio vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), lo descartó durante la presentación del anteproyecto. Lo que acaba de hacer recientemente IU es impulsar una moción en el Senado para solicitar la apertura de un expediente que anule la multa a la familia de Blas Infante y la adopción de medidas oportunas para anular los juicios de los tribunales franquistas.
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