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El Gobierno deroga de facto la ley de Memoria al dejarla sin fondos
Exhumación de los restos del represaliado José Valls en Castellón. / ÁNGEL SÁNCHEZ
“Yo eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”, dijo Rajoy, en febrero de 2008, en una entrevista en 20 minutos. Ha resultado ser una de sus pocas promesas cumplidas. La ley de Memoria Histórica está, de facto, derogada, porque el próximo será el segundo ejercicio consecutivo sin fondos para aplicarla. Por eso una de las peticiones de los enviados de la ONU tras su visita a España ha sido que el Gobierno asuma como una “política de Estado” la localización de los desaparecidos del franquismo y que “proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente”.
En los presupuestos de 2012, el Gobierno pegó el primer hachazo: de 6,2 millones de euros del último Ejecutivo socialista a 2,5 (un 60% menos), exclusivamente para la apertura de fosas. Las asociaciones aguardaron a la convocatoria en el BOE del concurso de subvenciones. Nunca llegó.
Al año siguiente, la partida fue de 0 euros y en 2014, ídem. En 2012, el Gobierno cerró, además, la oficina de atención a las víctimas, creada en 2008. Cuando Gaspar Llamazares preguntó qué organismo iba a encargarse de desarrollar la ley de Memoria, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, respondió: “El desarrollo está prácticamente concluido”. El ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en septiembre: “El Gobierno cumple y desarrolla lo dispuesto en la ley. Gestiona el mapa de fosas. Este año se han incorporado 27 nuevas localizaciones hasta elevarse a 2.382, ofreciendo una herramienta que permite reconocer el deber de recordar. Es cierto que las medidas de contención del gasto público han obligado a declarar no disponibilidad de créditos para las asociaciones, pero desde 2006 estas asociaciones han recibido 25 millones de euros. También es cierto que las actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse a cabo hasta 2011”. Tras la reclamación de la ONU, preguntado por EL PAÍS, un portavoz de Justicia explica: “Es innegable que la crisis ha supuesto un descenso de todo tipo de subvenciones, pero en este caso, la mayoría de las solicitudes de ayuda para la exhumación de fosas se produjeron nada más propugnarse la ley”.
Las asociaciones niegan la mayor. De esas 2.382 fosas localizadas, se han abierto menos de 400. La asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) tiene 41 en lista de espera, mientras busca los recursos para la exhumación, y alerta de que el laboratorio de estudio de restos de Ponferrada (León) puede cerrar por falta de financiación. Una familia acaba de recurrir al crowdfunding(colecta por internet) para reunir el dinero para exhumar a sus parientes de una fosa común en Borriol (Castellón).
“No es cierto que las exhumaciones ya se hayan hecho. Nos siguen llegando peticiones, todos los días”, afirma Emilio Silva, fundador de la ARMH. “Que no se rían de nosotros. Que no digan que ya no hay demanda. Como no salía la convocatoria de ayudas lo intentamos por otras vías: una convocatoria para víctimas del terrorismo y otra de la oficina de derechos humanos de Asuntos Exteriores. Ambas denegadas”.
De esos 25 millones de euros que citaba Gallardón, 20 corresponden al periodo 2006-2011, de Gobierno del PSOE. El Ejecutivo de Rajoy sí reclamó en cambio 4.000 euros de intereses a una asociación por no haber concluido en plazo la exhumación para la que pidió la subvención.
Otro de los puntos sin cumplir es el que prometía convertir el Valle de los Caídos en un lugar que honrara la memoria de las víctimas del franquismo. En noviembre de 2011, con el Gobierno socialista ya en capilla, el todavía ministro de la presidencia Ramón Jáuregui presentó el plan de la comisión de expertos para construir allí un museo de la memoria y retirar los restos de Franco. Pero como temía, el Gobierno de Rajoy metió el proyecto en un cajón. Y la única partida que ha previsto este Ejecutivo para el Valle de los Caídos son los 214. 847 euros para restaurar la basílica, adjudicados un 18 de julio. “No solo ha derogado la ley, la ha vulnerado”, asegura Jáuregui, “porque no aplica lo que prevé para el Valle de los Caídos, que sigue siendo un espacio de parte. Es penoso”.
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