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Cientos de plazas y vías con nombres franquistas permanecen en la toponimia de nuestras ciudades
28/08/15 · 8:00
Las elecciones del 25 de mayo han recorrido el Estado como un terremoto, y el seísmo parece dispuesto, al menos, a hacer temblar las calles y símbolos franquistas que se reparten por la geografía española.
La polémica sobre la existencia en el callejero de numerosos pueblos y urbes de nombres como Arriba España, lema de la Falange; General Yagüe, conocido como el ‘carnicero de Badajoz’, o Generalísimo, volvía a la esfera mediática el pasado 6 de julio. El rotativo 20minutos informaba de la intención del Ayuntamiento de Madrid de acabar con las calles con nomenclatura franquista y de sustituir sus nombres por los de mujeres o vecinos ilustres. Aunque se aludía al interés de la institución por cumplir la Ley de Memoria Histórica, los debates acerca de su conveniencia no fueron pocos. Los que se mostraban en contra alegaban, entre otros motivos, el excesivo coste económico, la necesidad de no olvidar la historia o posibles perjuicios para los vecinos y comercios de las zonas en cuestión. Otros muchos celebraban el cambio y apremiaban a que se ejecutara cuanto antes. Ya en 2013, el periodista de The Guardian, David Maddison, afirmaba: “Lo que ocurre en Madrid no es sólo un ejercicio asimétrico de memoria histórica. Es una manera intolerante, peligrosa y disfuncional de tratar el pasado”.
En A Coruña la idea es cumplir la Ley de Memoria, contando con toda la ciudad en un proceso “lúdico”
Sin embargo, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, desmentía que se tratara de un proyecto en marcha. Sí reconocía la intención de hacer cumplir la ley y de ir remodelando el callejero en un proceso participado por las vecinas y vecinos. Desde la web del Consistorio Versión Original insistieron al día siguiente en que la modificación no era una prioridad, que no había sido abordada por la Concejalía de Cultura y que no se manejaba ningún listado de calles.
La alcaldesa, Manuela Carmena, negó que el plan se encontrara entre el catálogo de medidas urgentes e invitó a distinguir entre el obligado cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y aquello que no tenía que ver con eso. La regidora rechazó que fueran a reemplazar el nombre de la plaza Margaret Thatcher, o de calles como Santiago Bernabéu. “A mí me parece muy bien que en Madrid haya recuerdos de personas que, en un momento determinado, unos u otros madrileños hayan decidido hacerles un homenaje. Otra cosa muy distinta es el drama inmenso de la Guerra Civil y el periodo del cual los que somos profundamente demócratas nos tenemos que sentir lejos, distantes y críticos”, declaraba.
“Garantizar la Ley”
Lo cierto es que el programa de Ahora Madrid recoge el compromiso de “garantizar la aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, en especial en lo referente a la simbología y al callejero”. Esta disposición se incluye en un párrafo de medidas contra la corrupción, la arbitrariedad y la discriminación de género. En su artículo 15, Símbolos y monumentos públicos, la Ley insta a las administraciones públicas a la “retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. En el punto 2 del mismo matiza que lo anterior no se debe aplicar si las menciones son “de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.
Edificio en Belchite (Zaragoza). / Álvaro Minguito
Es precisamente en torno a esta matización donde se produce el desacuerdo claveentre dos de los principales trabajos que documentan la permanencia del franquismo en Madrid: el secundado por el Foro por la Memoria, con 167 calles; y el realizado por el historiador Antonio Ortiz, avalado por Izquierda Unida y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que menciona, entre sus casi 300 nombres, a personajes culturales como el periodista Julio Camba, el pintor Salvador Dalí, el torero Manolete y el escritor Miguel Mihura. No obstante, en el recopilatorio toponímico del Foro por la Memoria también aparecen, entre otros, uno de los autores del Cara al sol, Agustín de Foxá, y escritores como Jose María Pemán o Ramiro de Maeztu. La decisión será, seguro, polémica.
En todo caso, hay una serie de topónimos cuya presencia es difícil que supere el filtro democrático. Es el caso de la plaza Arriba España; la plaza Veintiocho de Mayo, que conmemora la entrada e las tropas franquistas en Madrid; las calles con nombres de golpistas como Dávila, Fanjul, Millán-Astray o Mola; el paseo Doctor Valléjo-Nájera, que como jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares realizó un estudio sobre la inferioridad mental de los marxistas, o el paseo Muñoz Grandes, jefe de la División Azul, reclamado por el Tribunal de Nuremberg como criminal de guerra.
Votación popular
Pero los procesos abiertos en torno al callejero no son, ni mucho menos, exclusivos de Madrid. En San Vicente de la Barquera (Cantabria) los vecinos están de votación. Tienen hasta el 28 de agosto para decidir qué nombre sustituirá a la avenida del Generalísimo y a la plaza de José Antonio. En Sada (A Coruña), la coalición de BNG, PSOE y Sadamaioría quiere que el Pazo de Meirás pase a ser de nuevo público y no un regalo que aprovecha la familia Franco, como es desde 1938.
También en Galicia, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y el concejal de Cultura, José Manuel Sande, se reunieron con la Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica a finales de junio. La idea es impulsar el cumplimiento de la normativa, contando con toda la ciudad en un proceso “lúdico, festivo y cultural”. Por su parte, Jorge Suárez, alcalde por Ferrol en Común, anunciaba la creación de un Museo de la Memoria Histórica de la ciudad, en el cual se incluirán a figuras que lucharon contra la dictadura.
Sin embargo, el PSG de Vigo se posiciona al otro lado. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica va a llevar al Constitucional la no retirada de la cruz de O Castro. Un juzgado vigués la avalaba, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tumbado la orden. El Ayuntamiento, que renovó en mayo al socialista Abel Caballero, considera al monolito representativo de los caídos por los dos bandos.
Barcelona ha sido noticia por la retirada de un busto del rey Juan Carlos del salón de plenarios del Consistorio y por la prohibición de la misa por los sublevados de 1936. Las decisiones del Ayuntamiento de Ada Colau están relacionadas con la recién creada comisión de Estudios Estratégicos y Programas de Memoria, en manos del historiador Xavier Doménech. Éste se ha expresado a favor de un plan memorial que vaya más allá de los referentes cívicos de la Transición y apueste por representar y llenar el vacío de las minorías no representadas, así como seguir avanzando en temas de género. La misma Colau constata que la Ciudad Condal tiene una “sobrerrepresentación borbónica, monárquica, y una falta de representación republicana”.
Otro caso es el de Cádiz. Allí, el Ayuntamiento ha creado la Concejalía por la Memoria Democrática, que gestionará Martín Vila. Aunque lo más comentado ha sido el posible cambio de nombre del estadio de la ciudad, actualmente Ramón de Carranza –militar que fue alcalde con Primo de Rivera y Franco–, la prioridad, tal y como ha confirmado José María González, Kichi, será la exhumación de las víctimas enterradas en el cementerio de San José.
En Pamplona, las expectativas son altas. En el acuerdo programático de Geroa Bai, Bildu, Podemos e IE se contempla el reconocimiento y reparación moral de las víctimas del golpe del 36. La presidenta de la asociación AFFNA36 lamenta que a día de hoy se sigan buscando los cuerpos y pide al Gobierno que actúe.
Sí ha sido retirado un medallón con la cara de Franco este junio en Oviedo. El alcalde, Wenceslao López, asistió a la entrega del premio concedido por la Asociación Trece Rosas a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Parece que el nuevo consistorio tiene la intención de limpiar la ciudad de los rastros del régimen.
También a comienzos de junio iba a ser derribado, en Valladolid, el monumento al falangista Onésimo Redondo, pero aún sigue en pie. El 19 de julio Yesca escribió proclamas sobre el mismo para que, según indicó el colectivo, “ese vestigio infame del fascismo se retire para siempre de la vista pública”.
En Valencia fueron los tribunales los que, en 2012, retiraron el título de alcalde honorario a Franco, que sigue conservando otra medalla de oro. Para el PP, contrario a la retirada de las menciones honoríficas al régimen, su posición es “coherente con el espíritu de la Transición, que resuelve las diferencias y entierra las heridas”. El TSJV está recabando información sobre la condición de aforada de la exalcaldesa y ahora senadora Rita Barberá, para ver si puede abrir una causa contra ella. Fue denunciada por el PSPV, el Grupo de Memoria Histórica y el abogado Eduardo Arranz. La acusan de un posible delito de desobediencia al haber mantenido dichas distinciones franquistas. El actual área de Cultura, que gestiona Glòria Tello, de Compromis, considera una prioridad que la situación se revierta.
Críticas de la extrema derecha
No todo el mundo está contento con esta oleada. Las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo desde la derecha más monolítica. La Falange hacía público un comunicado en mayo, a raíz del derribo del monumento a Onésimo Rendondo en Valladolid, afirmando: “Esa basura de Ley hoy saldrá vencedora, pero su sectarismo, su odio y su rencor revanchista guerracivilista, más tarde o más temprano, les pasará factura”.
Para la Fundación Nacional Francisco Franco, la memoria histórica “es una herramienta jurídica para acallar y amedrentar a quienes se oponen al discurso dominante de la izquierda”. Rita Barberá es, según la misma, “culpable de haber derrotado en cinco elecciones a los socialistas por mayoría absoluta”. Asimismo, el organismo ha declarado su “intención de reprobar y demandar a los alcaldes y concejales que aprueben la retirada de monumentos, vidrieras, escudos y estelas por daños al patrimonio histórico artístico del pueblo español”.
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