http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/justicia-argentina-ordena-detenciones-represion-franquista/20130919170231096559.html
Por Javier M. González | Buenos Aires | La jueza Servini de Cubría pide la busca y captura de cuatro represores del franquismo. Según la sentencia, estos casos son extensibles a “decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección. Fotos: Fernando Olmeda.
| 19 Septiembre 2013 - 17:28 h.
Miembros de la Plataforma por la Comisión de la Verdad frente al Congreso. Fotos: Fernando Olmeda
@jgonzalezok | La jueza argentinaMaría Romilda Servini de Cubría ha dictado orden de detención contra cuatro represores del franquismo para ser interrogados por crímenes considerados como genocidio, cometidos durante la dictadura. La orden, considerada por el abogado querellante, Máximo Castex, como “una decisión sin precedentes”, ha sido comunicada a INTERPOL y se ha enviado un exhorto al gobierno español para que colabore en su localización.
Los buscados son el excapitán de la guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, expulsado del cuerpo por su participación en el golpe del 23 de febrero de 1981; Celso Galván Abascal, miembro de la temible brigada político-social y escolta de Franco, que fue involucrado en el asesinato del estudiante Enrique Ruano, en 1969;José Ignacio Giralte González, también miembro de la brigada político-social y especialmente activo en la represión del movimiento estudiantil; y el excomisario José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el más conocido de todos y con un largo historial en la policía política franquista.
La denuncia había sido presentada en el juzgado el 14 de abril de 2010, firmada por dos residentes españoles en Argentina, Darío Rivas e Inés García Holgado, con elapoyo de organismos argentinos y españoles, incluyendo la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo y la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina. La denuncia pide que se investigue la posible comisión de hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad, como torturas, asesinatos, desaparición forzada de personas y sustracción de menores. Hechos que se habrían cometido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones libres después de la dictadura.
Los casos presentados son los de Severino Rivas Barja, que habría sido asesinado por falangistas en Portomarín (Lugo), el 29 de octubre de 1936; Elías García Holgado, que habría sido fusilado en Salamanca el 5 de julio de 1937 luego de un proceso sumarísimo; Luis García Holgado, fusilado en septiembre de 1936 en la carretera de Baños de Montemayor (Cáceres); Vicente García Holgado, que se encuentra desaparecido; Silvia Carretero Moreno y José Luis Sánchez Bravo Toalla.
Según la sentencia firmada por la jueza Servini de Cubría, estos casos son extensibles a “decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección, en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.
La magistrada apela al artículo 118 de la Constitución argentina, que reconoce el principio universal en materia penal. Y recuerda que el mismo tiene carácter subsidiario, o sea, “que cualquier país está habilitado a juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad”.
También recuerda que la amnistía del 14 de octubre de 1977 no contempló los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad ni los delitos continuados de secuestro, dentro y fuera de España, de niños de familias republicanas y su entrega a familias franquistas ni las detenciones-desapariciones forzosas.
A la hora de argumentar su decisión, la jueza argentina cita informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo y el testimonio del exjuez Baltasar Garzón que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y terminó sentado en el banquillo
El caso estuvo en un punto muerto después de que el gobierno español obstaculizara la investigación al reclamar la aplicación del tratado bilateral de extradición y asistencia penal. Ahora, está previsto que viaje a Buenos Aires, para entrevistarse con la jueza, una delegación de ciudadanos españoles que integran la demanda.
En los últimos años, el principio de justicia universal permitió la detención en Londres del dictador chileno, Augusto Pinochet, en 1998. Y la apertura de causas contra numerosos genocidas argentinos en Italia y Francia, antes de que se anulasen en el país las leyes de obediencia debida y punto final.
Tras la separación del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, Argentina le ofreció un cargo como asesor en el Congreso. Y la presidente, Cristina Fernández, le concedió residencia y documento nacional de identidad argentino. Vive a tiempo parcial en la capital argentina, donde tiene cierta notoriedad pública.
ESCRACHE A BALTASAR GARZÓN
Pero acaba de ser escrachado por activistas vascos de Euskal Herriaren Lagunak (EHL) cuando participaba en un acto sobre Derechos humanos y procesos de emancipación en América Latina en la UBA (Universidad de Buenos Aires). Con ikurriñas y carteles a favor de la libertad de los presos vascos, presionaron hasta que Garzón decidió abandonar el acto, que compartía con el politólogo e ideólogo kirchnerista Ernesto Laclau, y con Remo Carlotto, diputado e hijo de la presidente de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Un activista sin identificar, nacido en España y que dijo ser hijo de un exiliado argentino en España, llegó a afirmar que en la Audiencia Nacional de Madrid se torturaba “bajo las instrucciones del juez Baltasar Garzón” (sic), comparando estas acciones con las que se llevaron a cabo en la Esma, la Escuela de Mecánica de la Armada, el más terrible de los centros clandestinos de detención durante la dictadura. argentina.
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