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La plataforma por la Comisión de la Verdad, que también informará a la ONU sobre los casos de 'niños robados' que los historiadores cifran en unas 130.000 personas, ha denunciado que, una vez que se ha demostrado que los tribunales españoles no están abiertos a investigar los crímenes del franquismo, Naciones Unidas debería reconvenir al Ejecutivo.
| 19 Septiembre 2013 - 17:47 h.
Miembros de la Plataforma por la Comisión de la Verdad en la concentración celebrada este jueves ante el Congreso de los Diputados. Foto: Fernando Olmeda
La Plataforma por la Comisión de la Verdad, que reúne a gran parte de las asociaciones de víctimas del franquismo que hay en España, van entregar el próximo martes al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas un dossier sobre todos 130.000 casos que tienen documentados de la Guerra Civil y la dictadura y confían en que este organismo inste al Gobierno español a "tomarse en serio" la investigación de todos ellos y la apertura de las 2.800 fosas comunes que sigue pendiente.
"El Gobierno tiene la obligación de abrir las fosas y de impulsar una política pública de recuperación de la memoria de las personas que lucharon en favor de la libertad y de la democracia", ha asegurado Ruiz
Así lo ha explicado este jueves frente al Congreso de los Diputados, Javier Ruiz, uno de los miembros de la Plataforma que va a reunirse con el grupo de trabajo de la ONU que visita España para evaluar la aplicación en nuestro país de la Convención de Desapariciones Forzosas. Tras entrevistarse también con otras asociaciones e instituciones, incluido el Gobierno, el grupo tendrá que hacer un informe de recomendaciones.
La plataforma por la Comisión de la Verdad, que también informará a la ONU sobre los casos de 'niños robados' que los historiadores cifran en unas 130.000 personas, ha denunciado que, una vez que se ha demostrado que los tribunales españoles no están abiertos a investigar los crímenes del franquismo, Naciones Unidas debería reconvenir al Ejecutivo.
Además, no descartan intentar que el tema pueda plantearse en el Tribunal Penal Internacional porque, según Ruiz, los crímenes del franquismo son "la mayor lacra de la democracia" y mientras "queden impunes", será imposible asentar la democracia española.
El próximo día 26, dos días después de su encuentro con los representantes de la ONU, la plataforma celebrará un acto público en la Puerta del Sol de Madrid, para denunciar el desamparo judicial de las víctimas del franquismo. Este jueves han estado acompañados por diputados de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y el Bloque Nacionalista Galego.
"HAY DINERO PARA LO QUE QUIEREN"
Al acto que ha tenido lugar frente al Congreso han acudido varias personas que buscan a sus familiares y representantes de asociaciones de niños robados que han coincidido en denunciar la pasividad del Gobierno ante sus demandas.
Este es el caso, por ejemplo, de Anselma Guillermina Gómez, de 85 años, que ha cargado contra el Gobierno por no dedicar fondos públicos a la búsqueda de los desaparecidos. "Hay dinero para lo que quieren, pero no para lo que hace falta. Yo no me quiero morir sin ver los huesos de mi padre y lo único que tengo es una carta del ministro de Justicia diciéndome que no hizo nada malo y que lo mataron por sus ideas políticas", ha dicho con rabia.
"El Gobierno nos niega el derecho a saber dónde están nuestros familiares", ha protestado otro de los asistentes, que también busca a su padre, fusilado en 1936 por falangistas.
También ha habido referencias a la decisión de una jueza argentina de solicitar la extradición de cuatro miembros de la fuerzas de seguridad dentro de la investigación que tiene abierta sobre los crímenes del franquismo.
"Esto contenta porque son criminales de lesa humanidad, pero es una vergüenza que esto lo investigue la Justicia argentina y no la española que es a la que le corresponde. El único juez que lo intentó, lo quitaron de juez", ha dicho Teresa, que quiere recuperar los restos de su tío, en referencia a Baltasar Garzón.
Por su parte, otra de las asistentes ha denunciado que la jueza de Pedro Bernardo (Ávila) le niega la "entrada a la fosa" en la que tiene certeza de que está enterrado un familiar suyo. También Gregorio se ha quejado del distinto tratamiento que reciben las víctimas del franquismo y las del terrorismo.
GALLARDÓN SÓLO ACTÚA "PARA SU ADORNO PERSONAL"
"Por supuesto los afectados por ETA son víctimas, y yo lo siento mucho, pero mi padre, que lo fusilaron, y mi madre que la dejaron viuda y le raparon el pelo ¿no lo son?", se ha preguntado, exigiendo "justicia y reparación" para que "no se vuelvan a cometer los mismos errores".
En representación de los niños robados, Francisco González, ha insistido en que los delitos de alteración de la identidad que tienen documentados "no han prescrito" y deben ser investigados y ha arremetido contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al que ha acusado de tratar este asunto sólo "para su adorno personal".
"Son sólo apariencias, este Gobierno y el anterior han pecado de inacción", ha añadido, denunciando que sigue sin garantizarse el acceso de los afectados a la "documentación básica" para preparar su defensa judicial, en especial por parte de la Iglesia, que se niega a abrir sus archivos.
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