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La juez Servini pide la detención de nueve personas, pero en cinco casos las supedita a que se presenten pruebas
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 20 SEP 2013 - 00:05 CET
Familiares de víctimas franquistas, con un periódico argentino que titula con la orden de extradición de la juez Servini. / ENRIQUE GARCÍA MEDINA
Máximo Castex, uno de los abogados querellantes en Argentina, ha destacado este jueves la "excelente noticia" de la orden de la juez argentina María Servini de Cubría para extraditar a cuatro acusados de torturas en el franquismo (José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar), pero ha aclarado que los denunciantes "pretendían mucho más".
La querella había pedido la detención de nueve personas, incluidos Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en 1976; José Utrera Molina, a cargo de Vivienda y ex secretario general del Movimiento; el de Trabajo, Fernando Suárez González, y los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro. La petición de extradición de los otros cincos ha quedado supeditada "a la presentación de medidas probatorias" por parte de la querella, según lo ha dispuesto la juez. Castex ha destacado que la de este miércoles es solo "la primera resolución de los primeros imputados".
"Hay dos posibilidades ahora", planteó el abogado Castex. "España puede colaborar y poner a disposición a los imputados. O si la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy es no colaborar, España quedará como un Estado que asila a este tipo de personajes".
Carlos Slepoy, abogado argentino residente en España involucrado en el caso y que en los 90 planteó las querellas de víctimas de la última dictadura militar de Argentina ante el exjuez Baltasar Garzón, explicó que existe un tratado bilateral de extradición entre ambos países. Según este, la respuesta del Gobierno de Rajoy debe ser entregar a los extraditados a la juez de Buenos Aires o juzgarlos en su país. Slepoy espera que suceda lo mismo que en los juicios contra responsables argentinos del terrorismo de Estado, que comenzaron en España en los 90 y después se reactivaron en Argentina. "Cuando Garzón pidió la extradición en su momento, los Gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa se negaron, pero el proceso judicial siguió creciendo en España, como esperamos que suceda ahora en Argentina".
La respuesta del Gobierno de Rajoy debe ser entregar a los extraditados a la juez de Buenos Aires o juzgarlos en su país
Cuando Garzón ordenó el 25 de marzo de 1997 la detención de Videla (dictador argentino entre 1976 y 1981), se vio en ese momento como una esperanza y entonces cientos de argentinos viajaron a España para presentar sus denuncias. Próximamente, parlamentarios y alcaldes españoles vendrán a ver a la juez, se van a presentar nuevos querellantes", contó Slepoy. En el caso argentino, en 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner, que promovió la inconstitucionalidad de las amnistías vigentes, tesis que fue ratificada por la Corte Suprema de su país en 2006.
Otro de los abogados querellantes contra el franquismo, Ricardo Muñiz, ha mostrado su confianza en que la población en España y Argentina apoye esta iniciativa judicial para que el Gobierno de Rajoy "no pueda negarse a la extradición". Carlos Zamorano, del mismo equipo jurídico, ha reclamado que la fiscalía en Argentina abandone su pasividad en la causa y comience a investigar.
Una de las primeras denunciantes en Argentina, Adriana Fernández, cuyo abuelo fue fusilado en la Guerra Civil, explicó que habían elegido este país para iniciar las demandas en 2010 por el progreso que habían tenido los juicios contra los crímenes de lesa humanidad de Argentina, en los que desde 2006 han sido condenados más de 300 responsables y han sido procesados más de 1.000 acusados. "Puede haber casos que se presenten en otros países", admitió Fernández, que pertenece a la primera generación de argentinos de su familia paterna.
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