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El Estado y el derecho posteriores a 1978 no contienen referencias a la dictadura o a la lucha antifranquista. Determinados sectores políticos promovieron la desmemoria con el argumento de la reconciliación primero y de que el Estado no debe inmiscuirse en la memoria individual después.
Esos mismos sectores son los que han impulsado una revisión franquista de la historia que toma forma en documentales y libros de poco rigor científico pero enorme impacto social. Esa historia en migajas ha abierto el camino al relato neofranquista que poco a poco va desarrollando el Estado con decretos y leyes.
"El Valle de los Caídos está ubicado en un espléndido entorno paisajístico desde el que se contemplan unas magnificas vistas de la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama. Su construcción comenzó en 1940 y la acabó Diego Méndez en 1958".
"La Transición supuso una auténtica reconciliación nacional, en un clima de consenso que cristalizó en la Constitución de 1978, aprobada por amplísima mayoría".
Estas frases podrían formar parte, hace unos años, de un ensayo de historia revisionista o de un panfleto franquista. Hoy son parte de la actualización oficial de la historia que lleva a cabo el Estado. Las frases anteriores están sacadas de la página oficial del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y de la web del Alto Comisionado para la Marca España, que resume la larga dictadura en una noticia que explica cómo la aparición del SEAT 600 en 1957 se convirtió en un fenómeno social y en el inicio de la motorización en España.
Seguramente ya es tarde para denunciar la historia neofranquista que surgió para hacer frente a la generación de los nietos de la guerra civil que pedían -y piden- justicia, verdad y reparación. Ahora esa versión revisionista del franquismo no se despliega solamente en lo que François Dosse llamaba “historia en migajas”, la de los documentales, las tertulias de radio y los libros superventas. Hoy en día es el mismo Estado quien la asume y la difunde, intentando imponer una memoria colectiva en ocasiones con la ayuda de esos mismos pseudohistoriadores de gran éxito comercial.
Algunos llevamos años advirtiendo de los riesgos de esta “historia franquista en migajas”. Esa actualización del pasado, lejos de ser inocua, lleva consigo una cultura y unos valores poco democráticos que poco a poco van calando en buena parte de la sociedad. Esta pseudohistoria no es neutra: está apoyada por las grandes empresas y entidades bancarias que financian determinados medios de comunicación y determinadas editoriales, y que no están interesadas en la revisión crítica de una dictadura que consolidó su poder económico. Solo hace falta comparar el número de libros críticos con la transición y el franquismo con el número de ediciones de los libros que sitúan en 1934 el inicio de la guerra civil, que presentan a esta como episodio español sin relación con el contexto europeo o que hablan de Franco como del salvador de España frente al comunismo.
Pero esa historia neofranquista ha dado sus frutos: el Estado poco a poco va escribiendo una nueva historia oficial del pasado reciente que recupera la visión de los vencedores de la guerra civil, y lo hace en el momento en que más se cuestionan la transición y el régimen setentayochista. Ahora bien: eso no habría sido posible sin la desmemoria de la transición y de la Constitución de 1978.
Efectivamente, los padres de la Constitución no incluyeron en su redactado ni referencias a la memoria antifascista ni un reconocimiento a las víctimas de la dictadura. En cambio, sí incorporan esa memoria otras constituciones como la Ley fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, donde el poder constituyente se declara "consciente de su responsabilidad ante dios y los hombres", o la francesa de 1946, que habla de "la lucha de los pueblos libres contra los regímenes que intentaron degradar y esclavizar la humanidad", principio que también pertenece al orden constitucional francés actual por decisión del Consejo constitucional de 1971.
En España, ni en la Constitución ni en la legislación posterior encontramos referencias a la dictadura, ni a la oposición, ni a la República. Como escribía en 2008 Antonio Baylos, “los constituyentes no optaron por definir el régimen dictatorial franquista como un estado de excepción permanente que debía ser removido política y jurídicamente”. Tampoco el Tribunal Constitucional se decantó por la excepcionalidad franquista: en 1982 declaró que el derecho derivado de la Constitución de 1978 era -es- continuación del derecho franquista, y que el derecho republicano se puede alegar como hecho pero no como derecho. Esta opinión del alto tribunal es la que sistemáticamente utiliza el Tribunal Supremo para negar la revisión de consejos de guerra. De ahí que, jurídicamente, todavía se considere como delincuentes a miles de defensores de la República que fueron juzgados y sentenciados a muerte. La ley de memoria histórica de 2007 no solamente no anula esas sentencias, sino que, en el preámbulo, habla más del espíritu de la transición que de la lucha antifranquista.
De esos polvos estos lodos. De la historia en migajas de cadenas de televisión y radio financiadas por la banca y las grandes empresas, a una nueva historia oficial neofranquista que desvergonzadamente enseña ya sus principios en páginas web. El último paso de este proceso puede darse con la aplicación de la LOMCE, donde se habla de franquismo sin mencionar la represión, donde se habla de la “difícil etapa inicial” de la dictadura franquista como si hubiese habido una etapa fácil y donde se incluye el genocidio judío, pero no la deportación de 10.000 españoles a los campos nazis.
Curiosamente, los mismos que criticaron las políticas públicas de memoria con el argumento de que la memoria histórica no existe o que no es competencia del Estado promoverla, son los que han alimentado la historia neofranquista y los que intentan esconder la memoria antifranquista con una reconstrucción del pasado de España que ignora la lucha antifascista, sacraliza la transición y “normaliza” el periodo franquista.
Todos los sistemas jurídicos y todos los Estados necesitan hacer referencias al pasado. Los mitos fundacionales generan consenso democrático en Francia y en Alemania. En España, en cambio, estamos transitando de un Estado desmemoriado a un Estado forjado con la memoria de los vencedores de la guerra y de la transición. Y eso no es inocuo: esta cultura neofranquista es la que permitirá reinterpretar no solamente el pasado, sino también el presente, incluido el derecho y los derechos humanos. Sin memoria antifranquista la ofensiva contra los derechos y contra la democracia tiene el camino más fácil. Los que cultivan o financian la historia en migajas lo saben perfectamente.
Se hace cada vez más evidente que los que en su día criticaron las tímidas políticas de memoria del gobierno de Rodríguez Zapatero no lo hacían porque no creyeran en la existencia de una memoria colectiva o por considerar que el Estado no debía intervenir en el ámbito de los sentimientos individuales. Lo hacían porque esas políticas iban dirigidas a superar el discurso de esa "guerra entre hermanos" que no tuvo nada que ver con los fascismos europeos y con la Segunda Guerra Mundial, así como el relato de “la dictadura con sus cosas buenas y malas” y del “espíritu de concordia de la transición”.
La superación de ese discurso es una amenaza para algunos: para las elites que se enriquecieron durante el franquismo, conservaron su poder durante la transición y que, tras cuarenta años, lo siguen ejerciendo. El discurso que normaliza la dictadura y defiende la continuidad del régimen del 78 respecto al anterior es el que proporciona legitimidad a estas elites. De ahí su interés en reforzar ese relato, ayer financiando libros y documentales, y hoy aprobando leyes y decretos.
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