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Manifestaciones de los 'niños robados'. Archivo
Recurso ante el TC
Las asociaciones de 'niños robados' han reclamado la intervención del Ministerio de Justicia para que las fiscalías provinciales dejen de "bloquear" los casos abiertos en los juzgados y para que se reconozca su condición de víctimas en un marco legislativo, según informaron sus representantes. Cifuentes se compromete a ayudar a esclarecer los casos de bebés robados
Las distintas asociaciones han expuesto esta reivindicación a la nueva fiscal Paz Ramírez, que hará de enlace del Ministerio de Justicia con las asociaciones en sustitución a Ana Murrillo, quien que ha pasado a ser jefa de gabinete del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
En una reunión, que comenzó a las 17.00 horas y se prolongó hasta bien entrada la noche en el Ministerio de Justicia, los diferentes colectivos reclamaron asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, comisiones de investigación o un mayor auxilio de la Administración en la búsqueda de sus orígenes.
Eso sí, discreparon sobre el grado de efectividad de la Oficina de Atención a las Víctimas, inaugurada hace un año y a la que de momento solo han recurrido 476 personas. Diferentes asociaciones como Anadir o SOS Bebés Robados denunciaron su "ineficacia" y trasladaron la desconfianza que suscita para muchas personas el manejo de su información.
Por contra, la presidenta de la 'Plataforma de Afectados Clínicas de Toda España. Causa de niños robados', Mar Soriano, mostró su satisfacción por la respuesta de Justicia, defendió la labor del servicio de atención instalado en la calle de la Bolsa de Madrid y solicitó la apertura de oficinas provinciales.
Más apoyo en el extranjero que en España
Más críticos se mostraron otras asociaciones que, como el Colectivo Sin Identidad, dio plantón a esta reunión para escenificar su protesta por la inactividad del Gobierno y de los juzgados en la resolución de sus casos. Esta actitud choca con el apoyo que encuentran en instituciones internacionales, como la ONU, el Parlamento Europeo o la Justicia argentina.
Por su parte, la presidenta de SOS Bebés Robados de la Región de Murcia, Inés Madrigal, puso de relieve los temores de los afectados y requirió un sistema que blinde sus datos de carácter íntimo con mayores garantías de transparencia y fiabilidad. Eso sí, recordó que es el Ministerio, con sus asesores y sus recursos, el encargado de diseñar y responder a esta cuestión.
Desde esta asociación, el letrado Alberto Martín Maldonado exigió el "compromiso" de que se remitirá de nuevo a los fiscales territoriales la circular de la Fiscalía General del Estado, en la que evitaba cerrar inicialmente sus casos por prescripción o falta de pruebas.
El presidente de ANADIR, Antonio Barroso, planteó también la "absoluta ineficacia" de la Oficina de Atención a las víctimas y exigió la creación de una Comisión de Investigación, formada por expertos, agentes de la Policía Judicial y asociaciones de víctimas para esclarecer sus casos y facilitar el acceso a los archivos de hospitales, registros civiles, cementerios y congregaciones religiosas citadas en las denuncias.
Anadir ha denunciado el archivo del 80% de las denuncias presentadas en toda España sin que se haya realizado antes una investigación profunda y ha expuesto que las 2.500 pruebas de ADN financiadas por las víctimas han arrojado 19 encuentros. Por ello, ha pedido al Gobierno que aumente las ayudas públicas, después de que el PP lo rechazara en el Senado.
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