La ONU y las víctimas del franquismo

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«Los expertos del Comité de la ONU siguen preocupados por el incumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en vigor desde finales de 2010, por lo que sigue insistiendo en la importancia de que los presuntos autores de tales crímenes sean enjuiciados y sancionados en caso de ser declarados culpables»

14.10.2014 | 04:00

Diego Jiménez

DIEGO JIMÉNEZ Próximo a cumplirse el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (en adelante, Ley de Memoria Histórica), hace unos días acaba de expirar el plazo de un año dado a España por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para que nuestro país procediera a localizar a las personas desaparecidas durante la dictadura franquista. Como es notorio, el Estado español ha ignorado ese requerimiento.

En sus recomendaciones, la ONU pedía al Gobierno español que asignara recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas, así como la puesta en marcha de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, particularmente las desapariciones forzosas. Pero la inactividad y falta de voluntad política mostradas en este tema por casi todos los Gobiernos desde el inicio de la Transición es más que evidente. A mayor abundamiento, las insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica son también notorias. Recordemos que ese texto legal, que en su día no fue votado por el PP „lo cual explica la paralización de facto de su aplicación efectiva„, no recogía la ilegalidad de los procesos sumarísimos y extrajudiciales que condenaron a miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo. La ley sólo habla de ilegitimidad de esos procesos, por lo que aquellas sentencias están plenamente vigentes, sin que los esfuerzos de las distintas asociaciones memorialistas hayan conducido a su anulación. Otra carencia: ese texto legal dejaba en manos de las familias afectadas y sus asociaciones de apoyo la responsabilidad de la búsqueda y exhumación de los cuerpos, cuando ello debiera ser la responsabilidad del Estado. Además, no se ha producido aún la reparación del buen nombre y el honor de aquellas víctimas inocentes. Un testimonio, esclarecedor, puede situarnos en el contexto en que estamos: «Para mí, el mejor monumento que se le puede hacer a mi abuelo, que fue asesinado por un grupo de pistoleros de Falange, es un libro de texto que cuente una historia como la que tuvo que padecer él sólo por crear una escuela pública y laica en su pueblo». Así se expresaba, hace unos meses, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con ocasión de la visita a España, el pasado mes de febrero, de Pablo de Greiff, relator de la ONU encargado de advertir al Gobierno de la pasividad que mostraba para hacer efectivo el mandato de esa institución.

Pablo de Greiff puso en evidencia, pues, la enorme distancia existente en este tema entre las autoridades españolas y las víctimas del franquismo. Se sorprendía de que no se hubiera hecho nada, asegurando que esas actuaciones no son asuntos de política partidista, sino que se trata de principios y derechos generales que conciernen a todos. Además de recordar la indignación de las víctimas ante las placas conmemorativas e insignias de altos cargos de la dictadura franquista que aún permanecen en las calles españolas, con relación al Valle de los Caídos criticó que no hubiera algún tipo de información acerca de la forma en que fue construido. Además, entre sus recomendaciones al Gobierno insistió en cuestionar ciertos aspectos de Ley de Amnistía de 1977, abogó por facilitar el acceso a la Justicia a todas las víctimas e hizo notar la incompatibilidad entre los efectos de esa ley y los compromisos internacionales adquiridos por España.

Empero, al día de hoy, el Gobierno del PP sigue negándose sistemáticamente a considerar las citadas recomendaciones de la ONU, amparándose precisamente en esa Ley de Amnistía de 1977. Pero el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU asegura que se trata de una legislación pacificadora que treinta años después no puede constituir un obstáculo para la justicia. Advirtió que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Así mismo, los expertos de dicho Comité siguen preocupados por el incumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en vigor desde finales de 2010, por lo que sigue insistiendo en la importancia de que los presuntos autores de tales crímenes sean enjuiciados y sancionados en caso de ser declarados culpables.

Al día de hoy, en la Audiencia Nacional hay abiertos 143.353 expedientes sobre desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, y  2.000 fosas comunes continúan sin abrir. España es el segundo país del mundo en número de desapariciones forzadas, solo por detrás de Camboya. Arduo trabajo nos queda por hacer a las distintas asociaciones memorialistas repartidas por todo el Estado. La de Murcia, cuyos Estatutos están ya en el registro, se dispone a trabajar, en la medida de sus fuerzas, para llegar al esclarecimiento de esos ominosos crímenes y lograr arrojar luz sobre tantas sombras.