Intervención en Charla-debate “La memoria histórica. ¿Un pacto de Estado?”.

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viernes, 11 de diciembre de 2015

Madrid, 9 de Diciembre de 2015

https://www.youtube.com/watch?v=NowFH1zfpl4

Es para mí un privilegio y un placer tener la oportunidad de dirigirme hoy a ustedes, en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Esperamos que este sea el inicio de una relación de colaboración fluida y fructífera entre la Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Centro UNESCO de la Comunidad de Madrid. Especialmente quiero dar las gracias por la invitación a Eduardo Montagut.

Somos la generación de los nietos. En 1976 dijeron a nuestros padres que no se podía hacer justicia a las víctimas del franquismo y que había que esperar. Hoy, 40 años después de la muerte física del dictador, nos dicen que ocurrió hace demasiado tiempo, que ya pasó la hora de recordar y de hacer justicia. Nos piden que perdonemos cuando nadie nos ha pedido perdón. Nos exigen que renunciemos a la Justicia.

El título de esta Charla-Debate es “La Memoria histórica, ¿un Pacto de Estado?” Como Federación de asociaciones memorialistas que llevamos trabajando más de una década, creemos que un Pacto de Estado no es estrictamente necesario, que “sencillamente” el Estado español tendría que cumplir con las obligaciones que ha ido adquiriendo en materia de derechos humanos, garantizando que se incorpore la normativa internacional de Derechos humanos a la legislación española (lo cual es un mandato constitucional que no siempre se respeta), y que debería actuar sin subterfugios, por ejemplo, ratificando ya, la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.

No debería hacer falta un pacto de estado para que un gobierno democrático respete el derecho internacional, ni para que cumpla la Hoja de Ruta que Naciones Unidas ha establecido para el tratamiento de los crímenes del franquismo. Tampoco debería hacer falta ningún pacto para que una oposición democrática respaldase una política de Estado en ese sentido. Para todo ello no hace falta en principio ningún pacto de Estado sino voluntad democrática y compromiso con los derechos humanos. Es decir, lo que no ha habido hasta ahora.

Nos produce cierto recelo hablar de un Pacto de Estado, porque éste podría ser utilizado por las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo a la baja, un subterfugio mediante el cual el Estado español pueda seguir incumpliendo sus obligaciones.

Durante los últimos meses, en un intento por influir en la elaboración de programas electorales, y de impedir que el tema de la memoria histórica y de las víctimas del franquismo quedase fuera de la campaña electoral, nos hemos reunido con las diferentes organizaciones políticas, tanto nosotros/as como Federación, como formando parte de la Coordinadora de más de 70 colectivos que constituimos el pasado mes de octubre. De las conclusiones de estas reuniones deducimos que el tema de las fosas comunes ha llegado a ser percibido por las fuerzas políticas como un problema de Estado, al que debería darse una solución definitiva en un plazo no demasiado largo, y que podría contar con un amplio consenso. Todo ello se ha conseguido gracias a la permanente denuncia del movimiento memorialista, y a las impactantes imágenes de las exhumaciones que han sido conocidas por la opinión pública.

Otra cosa es, que se pretenda dar al “problema” de las fosas comunes una solución como la que se ha venido proporcionando hasta ahora. Es decir, utilizando mecanismos ajenos a la justicia, mediante el sistema de privatización y servicios funerarios externalizados que estableció la Ley de Memoria de 2007, con la diferencia de que ahora se le dotaría económicamente, frente a lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en los últimos cuatro años.

Para nosotros, sería una salida inaceptable. Las fosas comunes del franquismo no son sólo un asunto familiar, sino pruebas materiales de crímenes de lesa humanidad (el tipo penal aplicable sería ejecución extrajudicial y fundamentalmente desaparición forzada, por tanto, delito permanente e imprescriptible) y como tal deben ser tratadas, es decir, todas las exhumaciones deben ser judicializadas. Todo lo que no se haga en ese sentido es apuntalar la impunidad, favorecer el silencio y la injusticia, y a la postre, certificar el triunfo final del franquismo sobre sus víctimas y sobre la sociedad. Es la versión española de la política nazi de Noche y Niebla.

La impunidad del franquismo y la injusta situación de sus víctimas es un problema político, que solamente puede solucionarse a partir de decisiones políticas, y finalmente plasmarse en leyes. Sólo desde la política puede conseguirse el respeto en el Estado español al Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos. En consecuencia, el conjunto del movimiento memorialista y de víctimas del franquismo venimos exigiendo al Estado Español que asuma y cumpla las recomendaciones del  “Informe sobre España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, y del “Informe sobre España del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff”, (ambos presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas).

Habría que empezar por la eliminación de las trabas jurídicas que impiden la plasmación de los derechos de las  víctimas. Por un lado la ley de Amnistía de 1977, que si bien en su momento pudo tener un sentido y haber sido incluso una exigencia de las fuerzas democráticas y rupturistas, posteriormente se ha revelado como el eje central del sistema de impunidad, tal y como reconocen los organismos internacionales de DDHH, asimilándola a otras leyes de punto final, felizmente suprimidas, fundamentalmente, del Cono Sur americano. Y por otro lado habrá que eliminar los elementos contrarios al derecho internacional de la Ley de Memoria de 2007, que explícitamente niega el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y su derecho a la justicia, y que además, desde la sentencia absolutoria del exjuez Garzón (Sentencia del  T.Supremo 27/02/2012), se usa para ejercer coacción sobre los jueces, y reconduce obligatoriamente las reclamaciones de las víctimas a la vía administrativa exclusivamente.

También es  nuestra opinión que una mera reforma de la Ley de Memoria Histórica sería insuficiente, incluso acompañando dicha reforma con la dotación económica que se le ha negado durante los últimos años.

Por otro lado, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), algunos juristas interpretan que se abre una puerta para solucionar el otro gran problema relacionado con la memoria histórica, que es la vigencia de las sentencias represivas del franquismo. Según estos juristas, se han establecido mecanismos para que el órgano judicial competente, la Sala de lo Militar del Supremo, pueda revisar las sentencias de manera individualizada. Esto nos parecería un camino erróneo hacia la solución del problema, por cuanto implicaría el reconocimiento de la legalidad del conjunto de la legislación represiva franquista y sus sentencias, y por otro lado porque centenares de miles de ellas quedarían sin revisar, puesto que los represaliados carecen de familias o estas pueden no tener interés alguno en iniciar el procedimiento. Para nuestra Federación, el único camino justo es la anulación por el parlamento de todas las sentencias franquistas. Como dice un poema de Bertold Brecht, “O todos o ninguno”

La Federación Estatal de Foros por la Memoria, desde que se constituyó hace 11 años, ha venido elaborando una serie de reflexiones sobre la memoria democrática y la lucha contra la impunidad del franquismo. Ante la evidencia  de un cambio político próximo, hemos creído necesario desarrollar  una propuesta sistematizada en la que llevamos trabajando algún tiempo, y que se plasmaría en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. El documento se ha remitido a las fuerzas políticas que se presentan a las próximas elecciones del día 22.

Coincidimos con la reflexión del fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013:

"...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debería ser corregir tan enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación injusta, 40 años después de la muerte física del dictador, como la existencia de miles de fosas comunes clandestinas, pone en cuestión la vigencia real del Estado de derecho en España, y de paso, la realidad de lo que hay detrás de eso que se ha dado en llamar “Marca España”.

Buena parte del trabajo que hemos elaborado, tanto en su preámbulo como en las propuestas concretas, se fundamenta en otros documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español antes señalados, presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Nuestra Propuesta comienza con un Preámbulo a modo de Declaración de Motivos para justificar la necesidad de que, 40 años después de la muerte física del dictador, sea necesaria e inaplazable una Ley de Víctimas del franquismo. Establece la necesidad del reconocimiento jurídico de las víctimas, hasta hoy inexistente, y continúa con una serie de propuestas concretas, agrupadas en los tres grandes bloques de Derechos establecidos por Naciones Unidas para las víctimas de agresiones de derechos humanos: el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación.

También explicamos que nuestra propuesta no consiste en una ley general de víctimas de la guerra civil, tanto por el espacio temporal que entendemos debería abarcar, como por los colectivos que se verían afectados por  las políticas de reparación material y simbólica que proponemos. Asimismo, porque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática. Pero sobre todo, porque el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español, ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

En el Bloque que titulamos “El Derecho a la verdad de las víctimas del franquismo. El Derecho y el Deber de verdad de la sociedad española” hablamos, entre otros temas,

• De la retirada de la simbología franquista
• De declaraciones de naturaleza política y actos públicos de reconocimiento;
• Del Mapa de fosas de personas desaparecidas;
• Del tratamiento de los lugares de memoria;
• Presentamos una propuesta avanzada sobre Legislación de Archivos y derecho de acceso a la información (a partir de Trabajos y manifiestos por ejemplo, de asociaciones profesionales de la Archiveros, Bibliotecarios, y Documentalistas, o de la Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX” ), etc...

En el bloque del “Derecho a la Justicia” tratamos, entre otras cuestiones

• De la Anulación de las sentencias franquistas, con una propuesta concreta por la que recomendamos seguir el procedimiento utilizado en la República Federal Alemana para la anulación de las sentencias represivas del nazismo (1998 y 2002), tal y como se desarrolla en un documento del Equipo Nizkor de derechos humanos, enviado a los diputados españoles en 2010.
• También hablamos de la exhumación judicializada de las fosas comunes del franquismo, a partir de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas,  y un  desarrollo legislativo sobre exhumaciones e identificación de víctimas. Defendemos que la Ley de Víctimas del franquismo  debe manifestarse expresamente contra la privatización y la  gestión administrativa de las exhumaciones de fosas comunes.
• Consideramos que hay que dar una respuesta estatal al tema de los niños y niñas robados, a partir de la consideración de estas desapariciones forzadas como crímenes contra la humanidad, delitos permanentes e imprescriptibles. No vale, como hasta ahora, que la Justicia gestione el problema como una serie de casos particulares: el Estado debe reconocer que existió una trama organizada nacida en la posguerra como una forma más de represión, que extendió sus actividades hasta entrados los años 80.

En el último bloque del “Derecho a la Reparación”, propugnamos la reparación material y/o simbólica de los diversos colectivos de víctimas, así como la creación de un Consejo participativo, en el cual las víctimas directamente, o representadas por el movimiento asociativo, puedan manifestar las reivindicaciones específicas de cada colectivo: presos políticos; presos sociales; víctimas de torturas; represaliados económicos (sanciones, depuraciones de funcionarios, incautaciones de  patrimonio...); víctimas del trabajo esclavo; reconocimiento de colectivos como la guerrilla antifranquista; militares leales a la República; militantes clandestinos antifranquistas; exiliados, los llamados niños de la guerra, etc…

En resumen, propondremos a partir del mismo día 21 de diciembre, a  las fuerzas políticas la promulgación en la próxima legislatura de un bloque legal, centrado en una Ley de Víctimas del franquismo, pero que por motivos técnicos tendría que ir más allá, con una indispensable Ley de Archivos avanzada; dando una solución definitiva al tema de El Valle de Los Caídos, o la Anulación de la Ley de Amnistía de 1977, que actúa como Ley de punto final y es la clave de bóveda del sistema de impunidad.

Para concluir, desde el convencimiento de que sin justicia no hay democracia, y de que sin memoria no hay cambio, esperamos que la legislatura que ahora se abre suponga el fin definitivo del sistema español de impunidad, y de la deuda que la sociedad, y todas y cada uno de nosotras y nosotros, tenemos con las víctimas del franquismo, y con aquellos que lucharon por una democracia real y un mundo mejor.

En esa labor nos encontraremos, desde la más o menos limitada capacidad de cada uno para influir, pero como dijo Mahatma Gandhi :"Lo que ustedes hagan puede ser absolutamente insignificante ...pero es absolutamente indispensable que lo hagan"

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