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Las víctimas del franquismo prosiguen su lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas en el marco de la comunidad internacional amparadas por Naciones Unidas. Este martes llegaba a España el relator especial de la ONU Pablo Greiff para reunirse con representantes de la memoria histórica. Además, en cuestión de semanas se conocerá el informe que ha elaborado el grupo de trabajo para desapariciones forzadas de la ONU que estuvo en España en septiembre pasado.
| 21 Enero 2014 - 18:40 h.
Fotos: Plataforma por la Comisión de la verdad.
"El derecho internacional está al lado de las víctimas del franquismo”, afirma Emilio Silva
Las víctimas del franquismo continúan su batalla para acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura. Durante los próximos días, distintas organizaciones se reunirán con Pablo Greiff, Relator especial de Naciones Unidas para la 'promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición'. Se trata del tercer examen que hacen responsables de la ONU a España para evaluar la situación de las víctimas y los incumplimientos del Estado respecto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La última fue en septiembre pasado, cuando el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas evaluó sus demandas. Se espera que el informe definitivo se presente en cuestión de semanas.
No es la primera vez que Pablo Greiff visita España. En esta ocasión también tiene previsto reunirse con representantes del Gobierno español además de con familiares de las víctimas. Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), su visita supondrá un “nuevo tirón de orejas” al Ejecutivo de Rajoy que sigue sin adoptar las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU. “Va a quedar en evidencia el cinismo del Gobierno español”, afirma en declaraciones a nuevatribuna.es.
Este jueves, miembros de la ARMH plantearán al relator de la ONU varias quejas. Por un lado, presentarán un informe con todas las denuncias que se han hecho y que no han tenido respuesta judicial. También informarán detalladamente al relator sobre la lista de nombres de calles y monumentos que aún permanecen en distintas ciudades, en particular Madrid, donde sigue habiendo una plaza con el nombre del Caudillo o el monumento del Arco de la Victoria en Moncloa.
La ARMH también tiene previsto informar a Greiff sobre su denuncia al diputado nacional del PP Rafael Hernando, por unas declaraciones en las que afirmó que “algunas víctimas del franquismo sólo se acordaban de sus padres cuando había subvenciones”. La asociación denunció al dirigente popular en un juzgado de primera instancia de Madrid, pero la denuncia fue archivada por el juez alegando que se trataba de una persona aforada y correspondía al Tribunal Supremo la posibilidad de juzgar ese caso.
Hernando será denunciado de nuevo ante el Supremo por injurias y humillación a las víctimas y la asociación de Silva enviará una copia de la denuncia, así como del vídeo en el que realizó las citadas declaraciones, a la dirección nacional del PP con el fin de solicitarles una condena pública de la dictadura franquista. La ARMH recuerda a la formación política que en sus estatutos se declara solidaria con las víctimas de la violencia de cualquier signo. En la carta que se remitirá a los dirigentes populares se preguntará "qué altura moral tiene esa formación política para exigir a otros la condena de la violencia cuando ampara a diputados como Hernando, al que nada se le ha reprochado públicamente, o alcalde como el de la localidad lucense de Baralla, que justificó que las personas que fueron asesinadas por la dictadura franquista lo merecían".
La asociación hará entrega al relator de la ONU de un informe sobre las exhumaciones llevadas a cabo, "el desamparo político y judicial de las víctimas del franquismo o la humillación que sufren por parte del Estado cuando son obligadas a pagar con sus impuestos la tumba del dictador, Francisco Franco". Asimismo, anuncia que llevará a cabo más actuaciones judiciales contra instituciones y representantes políticos que enaltezcan y justifiquen la dictadura franquista o hagan actos o declaraciones que puedan ser humillantes para las víctimas de la dictadura que siguen siendo tratadas por el Estado democrático como “víctimas de segunda clase”.
Sobre esta cuestión también se pronuncia Jordi Gordon, portavoz de laPlataforma por la Comisión de la Verdad: “No puede haber víctimas de primera y segunda clase”, afirma en declaraciones a este periódico. Esta organización que agrupa a más de 100 asociaciones organizó el pasado fin de semana un acto en Madrid al que intervino Baltasar Garzón para volver a denunciar los incumplimientos del Gobierno con las resoluciones y los principios de la ONU y la "situación de indefensión y el desamparo institucional, jurídico y político que todavía sufren decenas de miles de víctimas del franquismo y sus familiares".
La Plataforma, que hace un mes escribió una carta a Rajoy pidiéndole una reunión y de la que aún no han recibido respuesta, informará al relator de la ONU de unos 300 expedientes abiertos, entre niños robados, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Como la ARMH, también presentará una lista de los juzgados que han archivado las denuncias y documentación sobre calles que mantienen nombres del franquismo.
Jordi Gordon denuncia la “desprotección política” de las víctimas después de que el Gobierno haya dejado sin presupuesto la partida de ayudas y haya desaparecido la Oficina para las víctimas del franquismo. “Estamos en una vía muerta”, afirma y subraya que “es obligación del Estado abrir las fosas y encontrar a los desaparecidos”, una labor que ahora queda en manos de los familiares. El objetivo de la Plataforma es conseguir una resolución política y generar un estado de opinión a nivel internacional, por ello tiene previsto acudir a finales de mes al Parlamento Europeo. “El derecho internacional está al lado de las víctimas del franquismo”, subraya en la misma línea Emilio Silva.
A día de hoy, se cifran en más de 150.000 las personas víctimas de desapariciones forzadas, crimen de lesa humanidad que no prescribe. 2.000 fosas comunesdesperdigadas por la geografía española no han sido exhumadas y existen decenas de miles de casos de niños robados durante la dictadura.
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