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En opinión de la plataforma de la Comisión por la verdad, el Gobierno de Rajoy no ha hecho los deberes ni ha implementado ninguna de las medidas que se le pidió desde la Comundad Internacional
El Juez Baltasar Garzón junto con miembros de la plataforma de la Comisión por la Verdad en el Ateneo de Madrid.DIEGO G.REPRESA
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Las más de 150.000 víctimas del franquismo siguen sin estar dentro de la agenda del Gobierno. Ésta es la conclusión con la que esta mañana se ha presentado en el Ateneo de Madrid la plataforma “Comisión de la Verdad” con motivo de la llegada del Relator especial de Naciones Unidas a nuestro país la próxima semana.
El Relator de la ONU, Pablo Greiff, tiene previsto visitar las ciudades de Madrid, Sevilla y Barcelona para evaluar el cumplimiento que del Gobierno y las instituciones del estado están haciendo en materia de derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del franquismo. Un examen que, en opinión de los miembros de la plataforma, el Gobierno esta avocado a suspender porque “no ha hecho los deberes”. Los más de 100 grupos y asociaciones que componen la plataforma han concluido que el Relator demostrará que no se está llevando a cabo porque “el Gobierno no ha sido capaz de implementar ninguna de las medidas que se le ha pedido desde la Comunidad Internacional”.
El ex juez Baltasar Garzón, ha intervenido para recalcar que con ésta, será la tercera vez en dos años que un organismo de Naciones Unidas tiene que intervenir para evaluar los progresos de España en materia de derechos básicos de víctimas. Una petición que decenas de asociaciones de memoria histórica están haciendo para que se cree una Comisión de la Verdad. “España no se va a romper porque exista una comisión y eso es lo mínimo que se puede pedir”, ha afirmado. Sin embargo, el ex magistrado no se ha mostrado optimista cuando hay “un Tribunal Supremo que niega justicia, un Ejecutivo que está ausente y un Parlamento que dice que ‘no es el momento’ para una comisión de la verdad. ¡Aunque hayan pasado 76 años!”.
"Un Tribunal Supremo que niega justicia, un Ejecutivo que está ausente y un Parlamento que dice que no es el momento"En el acto también ha intervenido la ex diputada Cristina Almeida para señalara que la intención de la plataforma será denunciar ante el Relator que en España no se cumplen ninguno de los principios ni directrices de este organismo de la ONU.
“Los 150,000 represaliadas desperdigados en fosas comunes por la geografía española y las decenas de miles de niños robados durante la dictadura, son delitos que no pueden prescribir. España sigue siendo una excepción en la Europa democrática, hoy 76 años después del golpe militar y 36 desde la transición. Es más, se ha retrocedido de manera injustificada, dejando sin efecto y sin presupuesto la Ley de la Memoria histórica que por primera vez abordaba este problema”, ha afrimado Almeida.
Esta situación ha sido puesta de manifestó por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en su informe preliminar sobre España después de la visita a nuestro país y las entrevistas mantenidas con responsables del Gobierno y de la sociedad civil. Estos informes advierten de la obligación del Estado español de cumplir con la legislación internacional sobre Derechos Humanos. Para Almeida, la presencia de enviados de Naciones Unidas servirá para empujar al gobierno a cumplir con sus responsabilidades dado que, hace un mes, la plataforma “Comisión de la Verdad” envió a Rajoy una carta para que les concediera audiencia y que nunca tuvo respuesta. En la misiva, se le pedía al presidente del Gobierno una serie de medidas que concluyeran en la creación de una Comisión de la Verdad. Exactamente el mismo camino por el que ya han pasado 40 países que, como España, han sufrido una dictadura, violaciones de los Derechos Humanos y crímenes contra la humanidad, para así poder cerrar uno de los episodios más tristes de su historia.
Para Almeida, lo que es incomprensible es que el Gobierno dé la espalda a esta tragedia y no establezca los mecanismos necesarios para que se cumplan las recomendaciones de la ONU. Sin embargo, espera que al menos “estas recomendaciones sirvan como punto de partida para establecer un acuerdo político y social. Un verdadero pacto de Estado que aborde una solución definitiva que la democracia no ha sabido resolver hasta ahora”.
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