EXPOLIOS, HOGUERAS, INFIERNOS. LA REPRESIÓN DEL LIBRO (1936-1951). ANA MARTÍNEZ RUS.

http://www.represura.es/represura_8_febrero_2013_articulo2.html

ANA MARTÍNEZ RUS

Universidad Complutense de Madrid

El bibliocausto: saqueos y hogueras

        El franquismo fue un régimen represivo de exclusión ideológica y social. La represión afectó a todos los aspectos de la sociedad española durante casi cuarenta años. Aunque es más conocida la represión política por los últimos estudios sobre consejos de guerra, campos de concentración, y el sistema penitenciario, también fue destacada la represión cultural basada en la quema de publicaciones, la censura y en el control de la información[1]. La dictadura militar persiguió todo aquello que representara la Anti-España: eliminó y encarceló personas, ilegalizó organizaciones y asociaciones, destruyó publicaciones, depuró bibliotecas, y prohibió obras en un intento de borrar las ideas de los enemigos de la sociedad española. La represión cultural formó parte de la represión generalizada de los militares sublevados y fue un capítulo más de la violencia ejercida por la dictadura franquista. Había que limpiar, purificar el país de las ideas subversivas que habían adulterado las esencias españolas. Se trataba de suprimir el pensamiento de los vencidos e imponer el de los vencedores[2]

«Auto de fe en la U. Central. Los enemigos de España fueron condenados al fuego».

“El Sindicato Español Universitario celebró el domingo la Fiesta del Libro con un simbólico y ejemplar auto de fe. En el viejo huerto de la Universidad Central –huerto desolado y yermo por la incuria y la barbarie de tres años de oprobio y suciedad –se alzó una humilde tribuna, custodiada por dos grandes banderas victoriosas. Frente a ella, sobre la tierra reseca y áspera, un montón de libros torpes y envenenados (…) Y en torno a aquella podredumbre, cara a las banderas y a la palabra sabia de las Jerarquías, formaron las milicias universitarias, entre grupos de muchachas cuyos rostros y mantillas prendían en el conjunto viril y austero una suave flor de belleza y simpatía”.

[El catedrático de Derecho, Antonio Luna, en su disertación afirmó]: “Para edificar a España una, grande y libre, condenados al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos. E incluimos en nuestro índice a Sabino Arana, Juan Jacobo Rousseau, Carlos Marx, Voltaire, Lamartine, Máximo Gorki, Remarque, Freud y al Heraldo de Madrid”. Prendido el fuego al sucio montón de papeles, mientras las llamas subían al cielo con alegre y purificador chisporroteo, la juventud universitaria, brazo en alto, cantó con ardimiento y valentía el himno “Cara al sol” [la cursiva es mía][3].

        El texto es meridiano ya que ilustra perfectamente las actuaciones realizadas respecto al libro durante la guerra civil y señala la política del Nuevo Estado en relación con la letra impresa. Entre falangistas viriles y señoritas con mantilla se quemaron en la Universidad ejemplares del periódico El Heraldo de Madrid, obras de Rousseau y Marx españolizados, de Freud, Gorki o Lamartine, entre otras. La combinación era selecta y diversa, aunque atendiendo a la descripción y a la clasificación de los libros, que realizó el catedrático de Derecho Antonio Luna en su discurso, prácticamente todos debían acabar en la hoguera. A continuación leyó el célebre pasaje del Quijote, donde el cura y el barbero prendieron fuego a las novelas de caballería del ingenioso hidalgo, para justificar la quema de libros. Curiosa manera de celebrar el Día de Libro, imitando las quemas públicas de libros de los nazis. Era toda una declaración de las intenciones de la dictadura sobre la cultura y la libertad de expresión y creación. Estas prácticas inquisitoriales, más propias del Santo Oficio que de un sistema político del siglo XX, fueron muy comunes durante la guerra civil y en la inmediata posguerra. De hecho nos encontramos con numerosos testimonios de personas y declaraciones de jerarcas del régimen que atestiguan estas “piras purificadoras”. En los pueblos y ciudades del país se generalizaron las hogueras de libros al final de un acto civil o religioso como muestra de adhesión al Movimiento Nacional, eran toda una representación cargada de significación simbólica. Aunque en los autos de fe, contrariamente a lo que recoge el periódico por la influencia errónea de la historiografía liberal, no se quemaban libros, en la edad Moderna existieron otros actos públicos donde ardieron innumerables textos impíos y herejes. En este sentido existen paralelismos con la quema de libros árabes en la España cristiana como la que organizó el cardenal Cisneros en 1500 con libros traídos de Granada[4]. A lo largo de la historia son muchos los ejemplos y antecedentes que podemos encontrar sobre la quema de libros. La destrucción de libros no es un fenómeno nuevo como forma de eliminar una cultura o una civilización derrotada por las armas. Pero lo sorprendente del caso franquista es el ensañamiento contra lo impreso y la intensidad de la destrucción.

        Desde los primeros días del golpe militar se convirtió en una necesidad imperiosa la eliminación de los textos perniciosos que habían inoculado el mal en las mentes de los españoles. Acusaban a estos libros de todos los problemas del país por sus ideas extranjerizantes, inmorales y subversivas. Así en los primeros meses de la contienda las operaciones se centraron en incautaciones y destrucciones, junto con la depuración de bibliotecas públicas y privadas. Al mismo tiempo muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados[5]. El director de la casa Nós, Ángel Gasol, y el librero, Rogelio Luque, entre otros corrieron la misma suerte que las publicaciones que producían y vendían. Rogelio Luque, que ejercía el comercio de librería desde 1917 en la calle Gondomar de Córdoba, fue fusilado el 16 de agosto de 1936[6]. Juana Capdevielle, bibliotecaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, fue asesinada el 18 de agosto de 1936 en Rábade (Lugo) estando embarazada de su primer hijo a los treinta años de edad. Días antes su marido, Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de La Coruña, también había sido asesinado por los militares sublevados[7].

         El periódico Arriba España en su primer número de 1 de agosto de 1936, incitaba a la destrucción de libros: “¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. ¡Camarada! ¡Por Dios y por la patria!”. Su director fue el clérigo falangista, Fermín Yzurdiaga, que acabó siendo Jefe Nacional de Prensa y Propaganda. Fue tal el entusiasmo y celo en la destrucción de libros en los domicilios particulares que el mismo periódico en noviembre de 1936 pidió mesura y que se no se actuara las bibliotecas privadas. La quema de libros se convirtió en un ritual habitual. Estas prácticas recuerdan a la Alemania de Hitler, a la quema sistemática de publicaciones en diversas ciudades organizadas por el Ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. El gran impacto que causó la destrucción nazi en 1933 llevó a la revista estadounidense Time a hablar de bibliocausto y la revista neoyorkina, Newsweek, la calificó como holocausto de libros[8]. En la España de Franco también puede hablarse de un fenómeno similar, de bibliocausto o al menos de una bibliofobia desatada en palabras de José Andrés de Blas[9]. Para analizar la destrucción del patrimonio bibliográfico de la dictadura es fundamental el estudio de la documentación y de la prensa afín durante la guerra civil y la inmediata posguerra, así como los libros de memorias, ya que este fenómeno es mucho menos conocido que el nazi y apenas existe bibliografía al respecto. El régimen franquista se encargó posteriormente de borrar este capítulo negro de su historia[10].

       El cenetista Manuel Pérez recuerda que el primer día del levantamiento militar en la isla de Mallorca: “[…] se inició el asalto a las organizaciones obreras y a los locales donde tenían su residencia las agrupaciones políticas de izquierdas. Nada escapó a la furia vandálica de las hordas fascistas. Después de destrozarlo todo […], recordando los autos de fe de la “santa Inquisición” hicieron hogueras con los libros que encontraron en las bibliotecas, [la cursiva es mía]”[11]. Las quemas públicas de libros en La Coruña también fueron habituales, frente al edificio del Real Club Náutico, en el muelle, según recogió el periódico, El Ideal Gallego, en agosto de 1936: “A orillas del mar, para que el mar se lleve los restos de tanta podredumbre y de tanta miseria, la Falange está quemando montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola y de repugnante literatura pornográfica”, [la cursiva es mía][12]. Se convirtió en una auténtica obsesión la destrucción de las publicaciones, la quema pública de libros como otra forma más de violencia ejercida contra los enemigos de España[13].

“Significa que el libro y la prensa mal inspirados –verdaderamente estupefacientes del alma- habían intoxicado ya la conciencia colectiva, aletargándola. Significa, en fin, que el Enemigo estaba a punto de conseguir su objeto, de corromper la médula de un gran pueblo. Guerra, por tanto, al libro malo. Imitemos el ejemplo que nos brinda Cervantes en el capítulo sexto de su Obra inmortal. Y que un día próximo se alcen en las plazas públicas de todos los pueblos de la nueva España las llamas justicieras de fogatas, que al destruir definitivamente los tóxicos del espíritu almacenados en librerías y bibliotecas, purifiquen el ambiente, librándolo de sus mismas contaminadores. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! ¡Viva España! [La cursiva es mía][14].

        Cabe destacar el constante recurso a la obra cervantina, al famoso capítulo donde se quemaban los libros de caballería de Don Quijote, por parte de los intelectuales del franquismo para justificar las innumerables hogueras de publicaciones durante la guerra civil y la inmediata posguerra. Era un alegato perfecto, remontarse a las páginas de la más insigne obra en castellano, para demostrar que era una acción justa y necesaria. De hecho se comparaba la condición de soldado de Cervantes, que luchó contra los enemigos de España en la cruzada de Lepanto, con el ejército del invicto Franco que derrotó al bolchevismo asiático. Sorprende que se califique de marxistas y bolcheviques a todos los que defendieron la República, se trataba de estigmatizar al contrario, a la Anti-España[15].

           A los seis días del golpe de estado contra el gobierno republicano se formó la Junta de Defensa Nacional, formada exclusivamente por militares, para gestionar el territorio que quedó bajo su control, y en enero de 1937 se creó la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda[16]. La primera disposición de la Junta de Defensa sobre la depuración de bibliotecas y el control de la lecturas fue la Orden del 4 de septiembre, donde se acusaba al Ministerio de Instrucción republicano de haber difundido obras marxistas entre la infancia. Por ello era necesario hacer desaparecer esas publicaciones de escuelas y bibliotecas, y obligaba a la incautación y destrucción de las mismas, autorizando sólo “aquellas cuyo contenido responda a los sanos principios de la Religión y de la Moral, y que exalten con su ejemplo el patriotismo de la niñez”. El Decreto de 13 de septiembre, que declaraba fuera de la ley a las personas, partidos y agrupaciones políticas que formaron el Frente Popular, también incluía la incautación de sus bienes y bibliotecas. Aunque una Orden posterior, del 10 de junio de 1938, disponía que estas colecciones debieran quedar bajo el control de los funcionarios del cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, en la realidad fueron la Guardia Civil, los Ayuntamientos, y Falange quienes se ocuparon de estos fondos.

       El 1 de octubre de 1936 se constituyó por Ley la Junta Técnica del Estado, y una de las comisiones dependientes de ella fue la de Cultura y Enseñanza, presidida por José Mª Pemán y con Enrique Suñer Ordoñez como vicepresidente. Esta misma comisión se encargó de la depuración del magisterio del profesorado universitario. Una de las últimas circulares de la Junta de Defensa Nacional, que hacía referencia a la depuración del magisterio se advertía que “la purificación nacional tiene que ser totalitaria”[17]. De hecho el propio José Mª Pemán en su primera circular calificó a estos profesionales de “envenenadores del alma popular, primero y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo”. Asimismo Enrique Suñer fue el autor del libelo publicado en 1937, Los intelectuales y la Tragedia Española, donde culpaba a la Institución Libre de Enseñanza de todos los males del país. Además este catedrático de Pediatría, entre febrero de 1939 y diciembre de 1940, fue presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que pasó factura a todos los que no habían colaborado con los militares rebeldes. La depuración de profesores y bibliotecas formaba parte del mismo programa represivo. No en vano uno de los militares sublevados, Millán Astray, primer jefe de la Legión, en la fiesta del 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca pronunció las ya famosa frase en el incidente con el rector Miguel de Unamuno: “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!”. Estas palabras reflejaban claramente las intenciones de los militares sublevados hacia la cultura y sus artífices.

        El 23 de diciembre de 1936 la Junta Técnica del Estado promulgó un Decreto que declaraba ilícitas todo tipo de publicaciones socialistas, comunistas, libertarias, pornográficas y disolventes. El preámbulo de este Decreto era toda una declaración programática de del nuevo Estado respecto a la letra impresa ya que justificaba la necesidad de aplicar todo tipo de medidas represivas. Además consideraban que las ideas subversivas habían calado en un público no preparado y eran las responsables directas y últimas del conflicto civil. Según su criterio la mayoría de la población se había dejado embaucar por estas ideas y, por tanto, había que perseguirlas y suprimirlas de los establecimientos públicos y privados.

“Una de las armas de más eficacia puesta en juego por los enemigos de la Patria ha sido la difusión de la literatura pornográfica y disolvente. La inteligencia dócil de la juventud y la ignorancia de las masas fueron el medio propicio donde se desarrolló el cultivo de las ideas revolucionarias y la triste experiencia de este momento histórico demuestra el éxito del procedimiento elegido los enemigos de la Religión, de la civilización, de la familia y de todos los conceptos en que la sociedad descansa.La enorme gravedad del daño impone remedio pronto y radical. Se ha vertido mucha sangre y es ya inaplazable la adopción de aquellas medidas represivas y de prevención que aseguren la estabilidad de un nuevo orden jurídico y social y que impida además la repetición de la tragedia”, [la cursiva es mía][18].

        Por último esta disposición legal contemplaba medidas expeditivas contra aquellos que incumplieran su aplicación. Las infracciones implicaban una multa de 5.000 pesetas y si se reincidía la multa aumentaría un quíntuplo y además llevaba aparejada la pérdida de empleo público, o bien la inhabilitación del sancionado para el ejercicio de la industria editorial o de librería, así como el cierre del respectivo establecimiento. Cabe destacar las similitudes entre este Decreto y un Bando anterior de Queipo de Llano, Jefe del Ejército de Operaciones del Sur, sobre recogida y expurgo de libros. La persecución de los sublevados a los libros explica que uno de los primeros Bandos de Queipo, el número 25, abordase la ilicitud de impresos pornográficos y disolventes, así como la entrega de los mismos a las autoridades militares y el castigo a los infractores[19]. El Bando, de 4 de septiembre de 1936, constaba de cinco artículos. En el preámbulo se acusaba directamente a la masonería, el judaísmo y el marxismo de la propagación de estas obras, en vez de a los enemigos de la religión, de la civilización y de la familia como en el Decreto de diciembre. En el primer artículo del Bando se declaraban ilícitos la producción, comercio, circulación y tenencia de libros, periódicos y todo tipo de impresos pornográficos, socialistas, comunistas, libertarios y disolventes en general. El segundo obligaba a todos los establecimientos editoriales, a las librerías y a los kioscos radicados en la Segunda División Orgánica a entregar todas las publicaciones prohibidas a las autoridades militares en un plazo improrrogable de 48 horas. Sorprende que en el artículo tercero se hiciera extensiva esta obligación a todos los particulares, a entidades públicas y a corporaciones privadas. De este modo la posesión de este tipo de literatura constituía un delito en la Andalucía rebelde. Aunque en el artículo cuarto se contemplaba que las bibliotecas oficiales y los particulares que necesitasen estos textos por motivos profesionales quedaban exentas de esta prohibición, se señalaba la necesaria autorización de la autoridad militar para la posesión de dichos títulos, y siempre que” su acendrando patriotismo y amor al orden, no ofrezcan sospechas de que puedan hacer uso ilícito” de los mismos. Pero, señalaba la necesaria autorización de la autoridad militar para la posesión de dichos títulos. En el último artículo se fijaban las multas económicas y sanciones a todos los que no cumpliesen con este bando, mayores que las recogidas en el decreto posterior, ya que alcanzaban hasta las 10.000 pesetas[20]. Otra diferencia entre el Bando de Queipo y el Decreto de 23 de diciembre era que en este último se indicaban que en vez de entregar las publicaciones a los militares debían darse a la autoridad civil, aunque ésta a su vez debía comunicárselo a la militar. Y también se establecía que los agentes depositarían los libros en las respectivas bibliotecas universitarias, o en las provinciales, o bien en el archivo de Hacienda, según los casos pero, no en instalaciones militares.

       Atendiendo a este bando los falangistas en Sevilla, según el testimonio del Delegado de Propaganda, Antonio Bahamonde, recorrieron las editoriales y librerías. Las obras de autores que, según su criterio, eran de tendencia marxista, eran requisadas y destruidas allí mismo. Al comerciante le decían por toda explicación: “La nueva España no admite esta literatura que ha envenenado tantos espíritus”[21]. Igualmente el teniente de la Guardia Civil, Bruno Ibáñez Gálvez, y jefe de Orden Público en Córdoba desde el 22 de septiembre de 1936 en su primera actuación había requisado y destruido 5.544 libros. Por ello, trece días después de haber asumido el cargo, el de 5 de octubre, afirmaba en El Defensor de Córdoba: “(…) Me encuentro satisfecho de haber llevado a cabo esta labor de limpieza moral, anunciando que la continuaré y que, en el caso de que agentes de mi autoridad encuentren en sus investigaciones algunas publicaciones de esta índole en librerías y kioscos, los dueños de los mismos serán sometidos a las más severas sanciones, aparte de cerrarles sus establecimientos. ¡Viva España!”[22]. De hecho en el periódico ABC de Sevilla se incluía una nota el 26 de septiembre de 1936 de Ibáñez Gálvez donde daba cuenta de la feroz campaña desatada en la capital cordobesa contra los libros pornográficos y revolucionarios:

“Una de las cosas que más daño ha producido en la sociedad española, sobre todo en la juventud y en las masas obreras, ha sido la lectura de libros pornográficos y de propaganda revolucionaria, en especial la de autores rusos.

A tal descaro y profusión se había llegado en esto, que con dichas lecturas se había envenenado las almas puras de la juventud y la sencillez y nobleza de los obreros. Los puestos de honor en las librerías los ocupaban dichas publicaciones, que sólo tenía por fin inculcar la rebeldía y el odio, así como relajar la moralidad y buenas costumbres de los españoles: los resultados los estamos viendo, desgraciadamente, en los pueblos donde las hordas e indeseables marxistas actúan o han actuado.En nuestra querida capital, al día siguiente de iniciarse el movimiento del Ejército salvador de España, por bravos muchachos de Falange Española fueron recogidos de kioscos y librerías centenares de ejemplares de esa escoria de la literatura, que fueron quemados, como merecían. Asimismo, muy recientemente, los valientes y abnegados Requetés realizaron análoga labor, recogiendo también otro gran número de ejemplares de esas malditas e insanas lecturas que deben desaparecer para siempre del pueblo español”, [la cursiva es mía][23].

        En su objetivo de limpiar Córdoba y su provincia de todo libro pernicioso y antipatriótico advertía que a aquellas personas que no entregasen este tipo de publicaciones serían juzgadas con arreglo al bando militar. Además se instaba a los propietarios de librerías y kioscos que hubieran entregado libros y revistas de este tipo, que remitiesen una lista con el título de todas ellas y el número a dicha Jefatura de Orden Público. Esta operación tan implacable de destrucción bibliográfica explica que el alcalde del pueblo cordobés, El Carpio, al finalizar la guerra comunicase a los responsables bibliotecarios que no era necesario el expurgo de títulos de la biblioteca municipal porque “la Autoridad Militar que se hizo cargo de todos los servicios de esta villa, cuando fue liberada por nuestro glorioso Ejército, ordenó la destrucción de la mayor parte de los volúmenes que existían, por ser todos los destruidos contrarios al ideal Nacional-Sindicalista, y otros de moral muy baja”[24].

        En abril de 1938 se aprobó otra Orden para aplicar el contenido del Decreto de diciembre de 1936 sobre la declaración de ilicitud de la producción, comercio y circulación de material impreso pornográfico y disolvente a las obras procedentes del extranjero. Se estrechaba el círculo, el libro era siempre sospechoso y la mayoría de las veces culpable.

Requisas de colecciones

        En la recogida e incautación de publicaciones fue también decisiva la creación de la Oficina de Investigación y Propaganda Anti-comunista (OIPA) dependiente de la Secretaría del Jefe del Estado por Orden del 20 de abril de 1937. El objetivo de esta Oficina era “recoger, analizar y catalogar todo el material de propaganda de todas clases que el comunismo y sus organizaciones adláteres [sic.], hayan utilizado para sus campañas en nuestra Patria” para organizar la contrapropaganda correspondiente en España y en el extranjero. En este sentido debía confiscar en las zonas ocupadas y las que se fueran ocupando toda la documentación, con la ayuda y cooperación de las autoridades civiles y militares, de las “sociedades masónicas, Liga de Derechos del Hombre, Amigos de Rusia, Socorro Rojo Internacional, Cine Clubs (material cinematográfico), Ligas Anti-Fascistas, Ateneros Libertarios, Instituciones Naturistas, Ligas contra la Guerra y el Imperialismo, Asociaciones Pacifistas, Federación de los Trabajadores de la Enseñanza”. Aparte de los fines propagandísticos, la masa documental incautada a todas estas organizaciones sirvió para la posterior represión de todos sus miembros. De hecho en mayo del mismo año se organizó la Delegación Nacional de Asuntos Especiales para recoger en un archivo todos los documentos relacionados con las sectas secretas que permitiera “conocer, desenmascarar y sancionar los enemigos de la Patria” y que resultará crucial en los consejos de guerra y en las causas del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creados en 1939 y 1940 respectivamente. La sede de la OIPA y de la Delegación de Asuntos especiales se estableció en Salamanca, cuartel general del Caudillo. Tras el caos en la toma de Asturias y Santander, y a partir de la caída de Bilbao en junio de 1937, se organizó la recuperación de documentos en todos los territorios ocupados por el Ejército rebelde, constituyéndose así un mes después el Servicio de Recuperación de Documentos. Este Servicio se convirtió en la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos por Decreto del 26 de abril de 1938, siendo Serrano Suñer ministro del Interior, en el primer gobierno de Franco. Su finalidad era la requisa de la documentación relacionada con personas e instituciones contrarias a la sublevación, con el fin de “suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Es el germen del archivo de Salamanca de la Guerra Civil pero, en su origen tuvo como misión el control y la represión de los ciudadanos por parte del régimen franquista ya que sus pruebas fueron determinantes en la actuación de la justicia militar.

          Junto con todos los expedientes fueron arrasados libros y publicaciones periódicas de las bibliotecas de estos centros que sirvieron igualmente como pruebas inculpatorias[25]. En las instrucciones y normas sobre la organización de equipos de campaña y registros se aconsejaba entrar en las localidades junto con las tropas para que la labor fuese efectiva. El registro a locales y domicilios debía realizarse en los primeros días de la ocupación, antes de que se manipulasen o destruyesen papeles. Para ello era imprescindible antes de efectuar las requisas precintar los edificios y colocar a una persona de guardia en el interior. Asimismo era necesario contar con la ayuda de las personas de derechas ya que “casi siempre suelen trabajar con verdadero interés, y por conocimiento del terreno y de los individuos, facilitan enormemente la labor de los registros”. Aparte de las sedes de las autoridades y de las organizaciones políticas y sindicales, otro de los puntos neurálgicos fueron las librerías, editoriales y redacciones de periódicos y revistas. De hecho en mayo de 1939 en unas notas informativas sobre la transformación de la Delegación para la Recuperación de Documentos se reconocía la importante biblioteca que se había formado con la gran cantidad de volúmenes y folletos incautados. Inicialmente estos “Archivos Documentales de la Cruzada de España” se iban a trasladar al Monasterio de San Lorenzo del Escorial, aunque su principal misión desde el principio fue expedir certificados de antecedentes políticos y sociales de todos los españoles que se encontraban registrados en esos fondos documentales[26].

         Resulta de sumo interés un Informe de la Delegación de Barcelona del Servicio de Recuperación de Documentos enviado el 22 de febrero de 1939 al Ministro de la Gobernación[27]. La recogida de libros y publicaciones impresas implicaba una responsabilidad “moral y patriótica” porque por un lado retiraba de la circulación “todas las publicaciones pornográficas, malsanas y separatistas, que tanto daño han producido y que lo continuarían produciendo si se tolerara su divulgación”, y por otro recuperaba “para España” las innumerables obras técnicas y profesionales necesarias en la reconstrucción de las Bibliotecas del Estado. Además señalaba la importante cuestión económica de recuperar papel y cartonaje, valorado en millones de pesetas, para convertirlo en papel para pasta. A pesar de la importancia de la ciudad condal en la industria del libro, el delegado del Servicio de Recuperación advertía que durante “la dominación roja” la actividad editorial se había reducido “casi exclusivamente bien sea a las publicaciones de índole anarquista, marxista, etc., de propaganda de guerra, bien a las de tono galante, pseudo-científicas en relación con el instinto sexual o francamente pornográficas”. A continuación se indicaba que la mayoría de los editores catalanes perdieron el control de sus negocios, tras el 18 de julio de 1936, o en el mejor de los casos consiguieron formar parte de los Comités de Intervención con influencia y con voto más o menos restringido, según los casos. Algunos de ellos incluso, como Joaquín Sopena o Gustavo Gili, sufrieron prisión. El editor Manuel Marín consiguió huir y se instaló en San Sebastián y un hijo estuvo en el frente en “las filas nacionales”. También se marcharon los propietarios de la empresa Labor, de origen alemán. Según este informe la mayoría de los editores serios, es decir, de cierto prestigio y solvencia moral, que pudieron mantener el control de sus casas fue por la fidelidad de su personal, y se mantuvieron expectantes empleando el papel que disponían en reimpresiones.

        Pero, entre los que prestaron ayuda directa a la “causa roja” distinguía claramente entre los editores cuyo nombre y maquinaria fueron usurpados y utilizados en contra de su voluntad, y aquellos otros que conscientemente, por ideología o por negocio, habían servido la causa de “los enemigos de España”. En el primer caso se encontraban la Sociedad General de Publicaciones, “incautada por el “Partido Comunista”, aunque en realidad se refería al Partido Socialista Unificado de Catalunya, y convertida en “centro productor del veneno rojo“, Sopena, ocupada por la Secretaría de Propaganda, así como Seix Barral y Labor. Por el contrario arremetió contra Publicaciones Mundial porque ya antes de la guerra editaba “mucho libro rojo”; contra Federico Urales, editor de libros y publicaciones anarquistas como “La Revista Blanca” y “La Novela Ideal” utilizando los Talleres Costa; o contra Tomás Herreros, el editor huido de la firma “Tierra y Libertad”, especializada igualmente en textos anarquistas. Otros profesionales y firmas denostados fueron Bartolomé Bauza por publicar obras de masonería, espiritismo y “literatura roja”, Ediciones Proa por dedicarse a publicaciones catalanistas o la Librería Catalonia por distribuir libros del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.

        Especial atención requiere el editor Rafael Giménez Siles, el editor de Cenit e impulsor de las ferias del libro de Madrid. Según el Delegado también se encontraba huido y “con sus alardes extremistas (llegaba a amenazar con el “Paseo” a los editores a quien suponía tibieza republicana) se hizo virtualmente el árbitro del asunto editorial y librero de la España roja, apoyado por Wenceslao Roces, Subsecretario de Instrucción Pública, y por una red de amistades ”frente-populistas””. Estas imputaciones estaban relacionadas con su labor durante la guerra al frente de la Distribuidora de Publicaciones, que agrupaba a más de veinte editoriales y estaba vinculada al Partido Comunista[28]. Además esta Distribuidora contaba con dos sellos satélites: la Editorial Nuestro Pueblo, S. A., y Estrella, Editorial para la Juventud.

        Además merece la pena destacar la opinión que le merecía al Delegado la labor de la casa Maucci ya que con anterioridad “se había distinguido en la publicación de literatura perniciosa de distintos órdenes”, pero “fue durante la guerra feudo de un “Comité” de su antiguo personal, que además de inundar el mercado con lo peor de todo lo que ya tenía, había llevado al extremo una labor anti-nacional e indigna”. No ahorra calificativos despectivos al respecto. Tampoco tiene desperdicio lo que afirmaba sobre los productores de literatura erótica: “De los elementos más soeces y bajos, a tono con ese triste período, cabe citar por cuanto a lo inmoral y pornográfico”, a J. Sanxo Ferreróns, al distribuidor Pedraza, a la Sociedad Naturista Pentalfa, a la Sociedad General Española de Librería, y a la Librería Catalonia, entre otras, de inundar la ciudad con todas estas publicaciones, incluidas los restos de ediciones de otras firmas y de tener varios depósitos repartidos por Barcelona, muchos de ellos clandestinos, con ese “género de inmundicias”. También apuntaba a otros muchos pequeños vendedores de los barrios más extremos, especialmente en las inmediaciones del Paralelo, que se han dedicado a la venta de este tipo de libros.

        Asimismo para “completar el cuadro de los enemigos de la Patria” en un aspecto crucial como la difusión de la cultura impresa destaca la valoración que hacía de la Sociedad General Española de Librería (SGEL), filial de la “gran empresa judía Hachette”. Esta empresa se había constituido en un “organismo auxiliar del Estado rojo” por la adquisición de libros y periódicos de la “España Nacional” a través de su agencia de Irún y la distribución a todos los “Ministerios, periódicos y organismos rojos”, así como por “tomar partido de manera franca y decidida al financiar y distribuir ediciones en las que se insultaba vilmente a S. E. el Generalísimo y al Ejército Nacional”. Además de tener numerosas publicaciones marxistas y pornográficas en el almacén de su sede en la calle Barberá, alerta de la existencia de este tipo de títulos en su librería, la Librairie Française de la Rambla del Centro, aparte de las que hayan escondido en otros lugares. Cabe recordar que la Sociedad General Española de Librería, Diarios, Revistas y Publicaciones, S. A. (SGEL) se estableció en 1914 como filial de la casa francesa Agence Générale de Librairie et de Publications, empresa distribuidora de la editorial Hachette. Esta empresa organizó una amplia red de distribución y venta de prensa y libros nacionales y extranjeros por todo el país. En este sentido consiguió la concesión de las librerías de las estaciones de ferrocarriles, que en muchos casos llegaron a ser los mejores establecimientos de muchas poblaciones, cuando no los únicos, por la cantidad y diversidad de las obras. En 1931 obtuvo el monopolio para estas librerías a través de la firma Librerías de Ferrocarriles, S. A. La Sociedad de Librería, que tenía casas correspondientes en Buenos Aires, Londres, París, Roma, México o Nueva York entre otras, en 1923 contaba ya con 185 bibliotecas de ferrocarriles, aparte de librerías y quioscos en Irún, Barcelona, Madrid, Granada, Burgos, Zafra, Sanlucar de Barrameda, y Astorga. Asimismo disponía de quioscos y corresponsales en diecisiete localidades del país como Alcázar de San Juan, Puertollano, Medina del Campo o Gandía. Se instaló primero en Barcelona con la compra en 1913 de la Librairie Française, que desde 1845 había pertenecido a la familia Piaget. En 1933 esta librería contaba con trece metros de fachada, entre quince y veinte metros de profundidad y con un número imponente de estantes de los que 180 estaban llenos de libros ingleses. Asimismo SGEL se hizo con la distribución de todos los quioscos menos uno de la ciudad de Barcelona, y estableció una gran librería en la Gran Vía madrileña[29].

         Por último el Delegado señaló que todos los distribuidores y libreros de Barcelona tenían material que debía ser retirados. La labor de la Policía y de los Servicios de Información e Investigación del Nuevo Estado debía centrarse en la “desaparición del veneno escrito” o al menos conseguir que dejase de circular. Aunque consideraba que era prácticamente imposible la recogida de todas las publicaciones subversivas e inmorales debido a la extensión de la ciudad y porque los editores y libreros de publicaciones reprobables de esta ciudad tenían una dilatada experiencia en burlar las órdenes y pesquisas de las autoridades. En la mayoría de los casos se indicaba el domicilio de los almacenes y de las distribuidoras de cada editorial, aparte de su sede social pero, en el informe insistía de manera recurrente, casi obsesiva, en la existencia de depósitos clandestinos por toda la ciudad.

         En otro Informe más amplio de la Delegación de Recuperación de Documentos de Barcelona del 21 de marzo de 1939, enviado al Jefe del Servicio Nacional de Propaganda de la capital catalana, se señalaba que era de “vital interés para nuestra Causa la eliminación total de cuantos libros, folletos y periódicos circularon por el enemigo en apología y defensa de sus ideales o de crítica y censura para los que inspiran el Glorioso Movimiento Nacional”[30]. Asimismo subrayaba la importancia de coordinar los esfuerzos de ambos organismos, el de Recuperación y el de Propaganda, en la centralización de las “publicaciones rojas o disolventes” de los dos archivos. En relación con la recogida y creación de depósitos de papel para pasta por parte del Servicio Nacional de Beneficencia, se advertía, siguiendo las instrucciones del Ministerio de la Gobernación, que tenían que retirarse un mínimo de 10 ejemplares de cada una de las publicaciones de toda índole con destino a las bibliotecas de esta Delegación para consulta de las autoridades y para la Oficina de Lucha Anticomunista. Se insistía en que la Sociedad General Española de Librería no era y no había sido nunca española porque era una filial de la firma judía Hachette, a pesar de la denominación del nombre comercial, ya que todas sus acciones y alto personal eran franceses. Por este motivo, siguiendo la tendencia política de la casa matriz en París, había servido a las autoridades republicanas y no por cuestiones comerciales. Pero lo más destacado de este informe son los datos de las requisas de editoriales, librerías, imprentas y talleres de encuadernación de Barcelona, sobre todo los títulos de las obras perniciosas, las tiradas y las existencias de las mismas en las respectivas instalaciones. Así en la Imprenta Clarasó se imprimieron los 10.000 ejemplares de Patria Socialista de la editorial Europa-América. Un mes antes de la “liberación” de la ciudad se tiraron los 5.000 volúmenes del libro,Cartas a una mujer sobre la anarquía de Luigi Fabbri, encargado por Tierra y Libertad. De sus prensas también salieron los 3.000 ejemplares del título,Lenin-Stalin 1917: escritos y discursos seleccionados. En los almacenes quedaron sin entregar los 3.000 ejemplares del folleto, Barcelona, capital de España. Cuando entraron las tropas “nacionales” en los Talleres Costa encontraron 200 volúmenes de Pan y vino y numerosos ejemplares de Cartas a una mujer sobre la anarquía, pendientes de encuadernar. Estos impresores trabajaron para la editorial Tierra y Libertad y realizaron algunas tiradas de la Revista Blanca.

        En el establecimiento de encuadernación de Gonzalo Maso Golferiches se encontraron los siguientes libros: 2.500 ejemplares de Proceso histórico de la revolución española, 1.500 de El secreto de un loco de Benigno Bejarano, 6.000 de Dios no existe, 6.000 de Patria Socialista, 3.000 de Qué es el socialismo-anarquismo, así como entre 15.000 y 20.000 carnets del Socorro Rojo Internacional. En los Talleres de Encuadernación de Julio Pérez Sánchez tenían en su poder 2.000 ejemplares de Lenin-Stalin 1917, 5.000 de Poesía de Guerra, 2.000 de El alucinado de Munich, 2.000 de Bakunin de Polonski y traducido por Andrés Nin, 2.500 de Manuela, 28.870 de Aspirantes a cabo y 23.619 del Libro del aspirante a cabo de Joaquín Guisado Durán. En la sede de la Revista Blanca se encontraron infinidad de libros imposibles de calcular pero, debido a las malas condiciones de seguridad del local fue precintado por el Comandante Jefe del 8ª Sector. En el domicilio de la editorial Tierra y Libertad existían 30 metros cúbicos de libros propiedad de la FAI que fueron calificados de “marxistas” y gran cantidad de papel en blanco valorado en más de 1.000.000 de pesetas. En sus almacenes de la calle Unión, que fueron ocupados por la Central Nacional Sindicalista, se hallaron una cantidad “exageradísima” de libros en completo desorden y expuestos a desapariciones. En la editorial Pentalfa se precintaron cuatro habitaciones de la finca de la calle Alcoy llenas de publicaciones de “desnudismo” [sic.]. En la Librería de Juan Molins se desconocían las existencias exactas de libros contrarios a los principios de la “Santa Cruzada” aunque estaban siendo recogidos por los equipos de Recuperación, tras la visita de la policía. En la Librería de Francisco Sintes se retiraron 1.997 ejemplares de Devocionario espiritista de A. Kardec, 475 delLibro negro: Tratado de ciencias ocultas de H. Hacks, 1.620 de El poder de los espíritus de Bonafante, 1.232 de Embrujamiento de Papus, 1.992 de Magia sexual de Kremer, 69 de El Capital de Marx, o 255 de Vida natural de Jesús de Andurell, entre otros. De la editorial Bauzá se retiraron todos los libros marxistas, galantes, de ocultismo, separatismo y magia que poblaban los escaparates de las librerías de Barcelona.

        Igualmente destaca un pequeño informe sobre las editoriales de Madrid, realizado por un profesional del gremio sin identificar, gracias a sus conocimientos del ramo[31]. Este editor señalaba que el propietario de la firma Reus, Julián Martínez Reus había sido asesinado, y que Javier Morata, conocido como el “editor de la República” por la publicación de títulos antimonárquicos se hallaba refugiado en una Embajada sudamericana y era “fundamentalmente anti-rojo”. Además subrayaba que Ediciones Fax había sido “saqueada y deshecha por los rojos” por publicar la revista Razón y Fe así como otros libros católicos Por otro lado, consideraba que Cenit era una empresa especializada en “literatura revolucionaria de altos vuelos, siendo los editores españoles de Trotzky [sic.]” al igual que la casa Zeus o España[32], que todo lo que publicaba era de “matiz revolucionario”. En este mismo sentido advertía que la Sociedad General Española de Librería, filial de la “firma judío-francesa Hachette” controlaba toda la venta callejera de Madrid y Barcelona, así como las librerías de ferrocarriles. Sobre la firma Cruz y Raya destacaba “su labor subversiva” y que su director José Bergamín “ha actuado y actúa intensamente en París a favor de los rojos”. Además este informe incluía un directorio con todas las editoriales e imprentas establecidas en la capital y su domicilio social. Al lado de muchas firmas existen calificativos manuscritos a lápiz. Así denominaba “socialistas” a Ediciones Leviatán y a la Editorial Javier Morata, “judía” a Publicaciones Índice, “callejera y mala” a la Editorial Castro, “malas” a la Editorial Cenit, Zeus y a la Librería Felipe del Toro, sucursal de la editorial Maucci, y “comunista-pornográfica” a Ediciones Bergúa. Por el contrario distinguía como “serias” a la Editorial Rivadeneyra, Editorial Revista de Derecho Privado, Editores Hijos de Reus, Espasa-Calpe, Librería de Victoriano Suárez y a la Librería Española y Extranjera Francisco Beltrán. Asimismo señalaba que la Librería Enrique Prieto y la Editorial Fénix editaban “de todo”, al igual que la Editorial Aguilar publicaba textos “toda ideología”. Este editor advertía que para futuros informes contaría con la colaboración de antiguos empleados, así como con la de Fabián García, gerente de la Librería Fernando Fe, situada en la puerta del Sol. Este librero conocía perfectamente este sector ya que llevaba más de 20 años en el cargo y no había abandonado ni un sólo día la ciudad “bajo el dominio rojo”, aparte de tener una “honorabilidad intachable y marcadísima significación anti-roja”. Recordemos que la delación y la denuncia fueron muy habituales en la España de Franco, resultó un mecanismo muy eficaz para ajustar cuentas con los disidentes, al mismo tiempo que los colaboradores mejoraron su posición en el régimen, o bien expiaron sus culpas por ser familiares de enemigos políticos.

         En Madrid las tropas franquistas entraron el 28 de marzo pero, las librerías no pudieron abrir hasta el 8 abril, después de que los censores militares inspeccionaron todos sus fondos. Todas las obras publicadas después del 18 de julio necesitaban autorización de la Sección de Censura del Servicio Nacional de Propaganda del Ministerio de Gobernación para poder circular. El periódico Ya se hizo eco de este proceso de depuración de las librerías porque era necesario eliminar títulos que atacaban a “la familia por medio de la difusión del neomaltusianismo y el escarnio de todas las jerarquías”, “contra la sociedad” y “contra la autoridad” por parte de “escritores a sueldo de la red masónica, [la cursiva es mía]”[33]. Además días antes del desfile de la Victoria, que tuvo lugar el 19 de mayo, desde el mismo periódico se hizo un llamamiento a los particulares que advirtieran la presencia de libros o folletos pornográficos, subversivos o “contrarios a los ideales del Estado nuevo, atentatorios a las instituciones fundamentales del régimen o a las tradiciones españolas” para que lo comunicaran a la Oficina de la Sección de Censura[34]. Con esta invitación a la denuncia de títulos reconocían la posibilidad de encontrar todavía en los escaparates publicaciones prohibidas debido a las complejidades del comercio de librería y a que la revisión de fondos no había finalizado todavía por completo en sus fondos, ni en los de las bibliotecas públicas y privadas.

         En Valencia uno de los primeros objetivos de los militares franquistas fue la sede de Tipografía Moderna para seleccionar los libros que se enviaban a la guillotina. Recordemos que este establecimiento, que pasó a llamarse Gráficas Soler y sería el origen de la editorial Castalia, durante la guerra se había encargado de imprimir folletos y publicaciones gubernamentales, aparte de las míticas revistas Nueva Cultura, Madrid: Cuadernos de la Casa de la Cultura, y Hora de España[35]. En abril de 1939, acababa de imprimirse El hombre que acecha de Miguel Hernández, y aún sin encuadernar, una comisión depuradora franquista presidida por el filólogo, Joaquín de Entrambasaguas, ordenó la destrucción de los 50000 ejemplares tirados, aunque dos ejemplares salvados permitieron reeditar el libro en 1981. La editora Amparo Soler recuerda que la guerra terminó “como había empezado, guillotinando libros: en julio de 1936 el libro del insigne valenciano don Leopoldo Trénor y en 1939 un tomo de Canciones de lucha, recopiladas por Carlos Palacios”[36].

         El 7 de septiembre de 1939 la Cámara Oficial del Libro de Barcelona envió una circular a sus asociados aconsejando sobre la depuración de las librerías. Los libros prohibidos se dividían en dos grandes grupos. Los prohibidos de modo definitivo y permanente, y los que lo eran temporalmente. Al primero pertenecían las obras contrarias al Movimiento Nacional, las anticatólicas, teosóficas, ocultistas, masónicas; las que atacaban a los países amigos; las escritas por autores decididamente enemigos del nuevo Régimen; las pornográficas y pseudos-científico-pornográficas y las de divulgación de temas sexuales; las antibelicistas, antifascistas, marxistas, anarquistas, separatistas, etc.[37]. En el segundo grupo se incluían las publicaciones de tipo no político escritos por autores contrarios al Movimiento o cuya situación no estaba bien definida. Los libros del primer grupo debían destruirse, aunque en caso de duda recomendaban consultar con la Cámara. Los del segundo grupo debían retirarse del comercio en espera de la determinación de la administración. Ante la falta de una lista oficial de obras prohibidas y la incertidumbre de los profesionales la Cámara envió otra circular el 16 de noviembre del mismo año a los libreros con una lista de autores extranjeros y de títulos prohibidos que, aunque no era definitiva ni completa, respondía a las informaciones que habían llegado de forma confidencial y reservada a la corporación librera. Asimismo recomendaban retirar escrupulosamente todos los libros indicados de la venta para evitar sanciones en las futuras inspecciones, así como la entrega en paquetes debidamente identificados de los mismos a la Cámara para su custodia a la espera de que fuesen autorizados, o bien para la entrega al Departamento de Censura en caso de que tuvieran que ser destruidos. El 6 de diciembre de 1939 enviaron una nueva circular ampliando la lista anterior con autores extranjeros y añadiendo escritores españoles[38].

        Con motivo de la Semana del Libro de 1939 la Cámara del Libro de Barcelona recibió una circular de la Jefatura Provincial de Propaganda de Barcelona, donde se recomendaba los libros que debían exponerse en los escaparates:

“En dichos puestos deberán dar preferencia de colocación a las publicaciones sobre temas del Glorioso Movimiento y singularmente a las de este carácter editadas por el Estado Español en sus distintas denominaciones: Delegación del Estado de Prensa y Propaganda, Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS, Ediciones Jerarquía, Ediciones FE, Ediciones Libertad, Ediciones Arriba, Ediciones Destino y Ediciones del Servicio Nacional de Propaganda (…) y será especial cuidado de los libreros, el mantener en sus escaparates estrictamente obras de tipo político, militar, social, etc. Referentes a nuestra Cruzada”[39].

         Asimismo en otra circular la Jefatura Provincial de Propaganda advertía a los libreros del necesario cumplimiento de las normativas sobre el control, selección y colocación de los libros en sus establecimientos porque de lo contrario se les impondrían sanciones de hasta 500 pesetas. La Fiesta del Libro en 1940 y en 1941 se celebraba en cada capital de provincia con una “misa en sufragio” por Cervantes y por los “gloriosos escritores nacionales caídos en la Cruzada”. También se organizaba una postulación de libros y de dinero en metálico “a beneficio de lectores para Hospitales, Cuarteles, Redención de Penas y Organizaciones Juveniles” organizados por Falange y las respectivas bibliotecas públicas[40]. En un artículo en el periódico ABC con motivo del aniversario de Cervantes de 1940, el escritor Felipe Sassone aludía al expurgo del mercado de libros porque se trataban de libros satánicos que merecían quemarse. Recordemos que la Fiesta del Libro se estableció oficialmente por Real Decreto de 1926 el 7 de octubre, fecha del nacimiento de Miguel de Cervantes, pero en 1930 se trasladó al 23 de abril, fecha de la muerte del escritor del Quijote, para alejarla de las compras de textos escolares de septiembre y colocarla en primavera con un tiempo más favorable.

Destrucciones y expurgos de bibliotecas 

         El 16 de septiembre de 1937 se promulgó otra normativa sobre la formación de comisiones depuradoras de las bibliotecas públicas y centros de lectura en cada distrito universitario. Para ello, en primer lugar, se les exigía a los gobernadores civiles en el plazo de quince días una relación con todas las bibliotecas públicas, populares, escolares, así como las salas de lectura de casinos, sociedades recreativas, academias y de todo tipo de centros en cada provincia. En todos los distritos universitarios debían formarse comisiones depuradoras, presididas por el rector o un delegado suyo, y formada por un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, un representante de la autoridad eclesiástica de la capital, un funcionario del Cuerpo de Facultativos de Archiveros y Bibliotecarios, un representante de la autoridad militar, otro de la Delegación de Cultura de FET de la JONS, y otro de la Asociación Católica de Padres de Familia. Las comisiones debían retirar aquellos “libros, revistas, publicaciones, grabados e impresos que contengan en su texto láminas o estampados con exposición de ideas disolventes, conceptos inmorales, propaganda de doctrinas marxistas y todo cuanto signifique falta de respeto a la dignidad de nuestro glorioso Ejército, atentados a la unidad de la Patria, menosprecio de la Religión Católica y de cuanto se oponga al significado y fines de nuestra Cruzada Nacional”. Además de estas indicaciones se siguieron las recomendaciones de libros como el del padre Ladrón de Guevara, Novelistas malos y buenos, publicado en 1910 por el Mensajero del Corazón de Jesús.

         Estas comisiones, una vez analizados los fondos, debían enviar a la Comisión de Cultura y Enseñanza las listas con los títulos de las publicaciones que considerasen un peligro para los lectores. En la Comisión de El Ferrol participó el escritor Gonzalo Torrente Ballester. Después la Comisión de Cultura examinarían los listados haciendo la siguiente clasificación: por un lado las obras pornográficas de carácter vulgar sin ningún mérito literario. Por otro las publicaciones destinadas a propaganda revolucionaria o a la difusión de ideas subversivas sin contenido ideológico de valor esencial. Y por último aquellos libros y folletos con mérito literario o científico, que por su contenido ideológico pudieran ser nocivos para los lectores “ingenuos o no suficientemente preparados para la lectura”. Los dos primeros grupos serían destruidos, mientras que el último permanecería guardado en los respectivos establecimientos en espacios restringidos[41]. Estas obras sólo podrían ser consultadas con un permiso especial. La sala con libros prohibidos empezaron a proliferar a partir de entonces, los famosos “infiernos”. El infierno de la Biblioteca Pública de Oviedo no fue abierto al público hasta 1975. Se establecía un plazo improrrogable de dos meses para realizar este expurgo, pero la imposibilidad de cumplirlo hizo que una Orden de 8 de junio de 1938 ampliara el plazo de actuación de las comisiones treinta días más. La Comisión Depuradora de San Sebastián en su informe sobre el expurgo de libros señalaba que las producciones de Pío Baroja “constituyen uno de los más mortíferos venenos intelectuales”, de Pérez Galdós afirmaba que “con su espíritu liberal y con su mal reprimido odio a la Iglesia, mayores estragos ha causado en la sociedad española del pasado siglo y todavía sigue causando”, y del valenciano Blasco Ibáñez decía “que con facultades extraordinarias de escribir ha realizado una labor demoledora e inmoral con todas las producciones”[42].

        A las pocas semanas del final de la guerra en Barcelona, el Ateneu Enciclopèdic Popular fue arrasado junto con los 6.000 volúmenes de su biblioteca. En la ciudad condal se destruyeron 72 toneladas de libros procedentes de editoriales, librerías, y de bibliotecas públicas y privadas. La biblioteca de Pompeu Fabra fue quemada en medio de la calle en Badalona. En Galicia fueron incautadas las bibliotecas de Castelao, Fernández-Ossorio Tafall y de Casares Quiroga. En Navarra la quema de libros también fue un ritual frecuente tras el asalto a domicilios privados y a centros públicos. Al abogado Enrique Astiz Aranguren de Izquierda Republicana antes de asesinarle le quemaron toda la colección de la “peligrosa” Enciclopedia Espasa[43]. Había que acabar con “todos los libros, periódicos y folletos antipatrióticos, sectarios, inmorales, heréticos y pornográficos que han determinado un estado de corrupción y miseria en la conciencia moral de las masas”, según constaba en la circular del 7 de noviembre de 1936 del Gobierno Civil de Pamplona[44]. Más conocido es el pillaje sobre la biblioteca de Juan Ramón Jiménez en su casa madrileña de la calle Padilla por tres escritores falangistas, Félix Ros, Carlos Sentís y Carlos Martínez-Barbeito.

        En otros casos eran los propios propietarios los que se encargaron de quemar los libros para evitar represalias mayores, después de conocer lo que ocurría en los territorios conquistados por los militares. Así el periodista Haro Teglen recordaba que la biblioteca de su padre desapareció en el fogón de su cocina ante la mirada implacable de su madre. No en vano su padre, Eduardo Haro Delage, marino retirado y periodista, fue condenado a muerte después de la guerra, pero fue conmutada por 30 años de cárcel:

“Aquella biblioteca mía, aquella biblioteca de mi padre acabó como tantas otras, cuando llegaron los bárbaros y hubo que quemar libros antes de que quemasen también al lector. En mi casa había aquello que se llamaba “cocina económica”, un gran fogón de hierro colado con varias bocas y un termosifón: cupieron grandes cantidades de libros malditos. Creo que algo lloré, y traté de salvar algunos de la mirada inflexible de mi madre, que tenía miedo. Si, alguno quedó. Pero en los sucesivos registros de mi casa, nadie se fijó en los libros. Buscaban no sé qué otras cosas”[45].

         Las incautaciones y depuraciones de bibliotecas de ateneros, centros y sociedades obreras acabó con el pujante movimiento bibliotecario popular de carácter particular en el país, que surgió a fines del siglo XIX ante la deficiente iniciativa estatal[46]. En este sentido el falangista y catedrático de Historia, Carmelo Viñas y Mey, fue el responsable de purificar de izquierdismo y marxismo la biblioteca del Ateneo de Madrid, intervenido por Falange después de la guerra civil. “Libre del virus izquierdista y rojo” se volvieron a abrir los fondos bibliográficos de este centro[47].

         El protocolo seguido en todas las bibliotecas, según hemos visto, era muy similar. Primero se procedía a la incautación de los fondos, después venía el expurgo de los títulos, seguían las hogueras con las obras más peligrosas, y por último se creaban las secciones especiales con los libros menos peligrosos pero, prohibidos a los lectores. Aunque en los primeros meses en muchas bibliotecas, editoriales y librerías los libros incautados eran automáticamente destruidos sin previa selección, como ya hemos visto anteriormente. Una vez concluido el proceso de purga y destrucción con las publicaciones existentes se trataba de restringir la futura oferta con el establecimiento de la censura previa en la producción bibliográfica nacional y en la importación de títulos extranjeros. Las primeras medidas del bando sublevado marcaron la política oficial del libro del franquismo.

         Libros perniciosos, disolventes, social-revolucionarios, antipatrióticos, inmorales, satánicos, pornográficos…etc. Los calificativos despectivos serían innumerables ya que se trataba de demonizar al enemigo y sus publicaciones para justificar su persecución y eliminación. Asimismo las autoridades militares denominaban publicaciones marxistas o masónicas pero, esa etiqueta agrupaba a demasiadas obras que no tenían nada que ver con las tesis marxistas ni con la masonería, ni siquiera con la política. El escritor José Mª Salaverría justificaba en un artículo en el periódico ABC en 1939 la destrucción de tantos libros porque a un cambio de régimen le correspondía un cambio de ideas y de modos espirituales y porque había que acabar con “la literatura rusa, judaico vienesa, judaico alemana y judaico americana” que provocaron la revolución republicana-socialista en el país[48].

         En la nueva España era obligatorio eliminar los malos libros que habían envenenado las mentes y las almas de los españoles. En aquellos tiempos todo lo que no fuera adhesión y defensa del Movimiento Nacional era considerado subversivo. Esta situación explica que no sólo se acabara con libros contemporáneos de doctrina política, sino con obras de literatura de siglos pasados que nada tenían que ver con el comunismo internacional, una de las obsesiones del régimen. Además de la depuración política e ideológica se impuso la moral restrictiva y pacata de la Iglesia[49]. Muchos de los libros destruidos se convirtieron en pasta de papel, debido a la escasez de esta materia prima durante la guerra y sobre todo, durante la posguerra.

        Con todas estas medidas se trataba de destruir la política bibliotecaria republicana junto con las otras reformas sociales y culturales emprendidas por el régimen democrático[50]. La República supuso un punto de inflexión en la política bibliotecaria y en la consideración de la lectura. Junto con la democratización de la sociedad se democratizó la cultura y la lectura debido a la mayor difusión de lo impreso. El proyecto educativo y cultural formó parte del programa modernizador republicano junto con la reforma laboral y agraria en un intento de modificar las estructuras socioeconómicas del país. De este modo los valores culturales se identificaron con la nueva democracia, que trató de republicanizar la sociedad y de difundir el libro y la lectura. La extensión de la educación y la democratización de la cultura eran a la vez un deber del régimen y un derecho de los ciudadanos. La República fue un proyecto cultural con señas de identidad propias que incorporó la cultura en claves sociales y de derechos políticos. Se generalizó el objetivo colectivo de la conquista de la cultura y del saber para todos y por todos y no como un privilegio para unos pocos. El Estado educador y de cultura se ocupó de la promoción de la lectura con la creación y expansión de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional a través del Patronato de Misiones Pedagógicas y de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros. Las bibliotecas del Patronato formaron parte de la acción de extensión cultural desarrollada por Misiones en el campo. La Junta de Intercambio era un organismo específico en materia bibliotecaria, encargado de modernizar el patrimonio bibliográfico nacional así como de la dotación y expansión de las bibliotecas del Estado. Tanto las bibliotecas escolares y rurales de Misiones como los establecimientos municipales de la Junta contribuyeron a la difusión del libro en la sociedad española. Pero el régimen no trataba únicamente de mejorar las instalaciones y los fondos de las bibliotecas, sino de fomentar la lectura pública. De hecho el aporte más innovador de la política republicana fue la generalización de la biblioteca pública abierta a todos los ciudadanos como obra de justicia e igualdad social.

       Precisamente los militares golpistas consideraban que la política educativa y cultural republicana era la responsable de la guerra civil porque había inculcado ideas perniciosas a la población. Para erradicarlas de la sociedad había que purgar los fondos de las bibliotecas, editoriales y librerías, en primer lugar, y luego prohibir la publicación, distribución y lectura de esos títulos. De hecho, debemos recordar que la instalación de las bibliotecas públicas en los pueblos de España no fueron bien acogidas por las alcaldías de derechas porque distraían a los campesinos de sus tareas agrícolas para las que no necesitaban formarse y además los libros les inculcaban ideas subversivas sobre derechos y libertades[51]. Se opusieron a la instalación de bibliotecas como a otras reformas sociales y laborales. Muchos propietarios y políticos conservadores declararon públicamente que era mucho mejor que el pueblo no leyese, ni se instruyera. La concepción de la biblioteca era totalmente diferente entre ambos sistemas políticos. El régimen republicano apostó por una biblioteca pública, laica y gratuita. Se convirtió en un servicio público más propio de un sistema democrático. Era obligación de la democracia republicana garantizar el acceso a la cultura y a la educación continua de sus ciudadanos, atendiendo al artículo 48 de la Constitución de 1931. Mientras que la dictadura militar consideraba a la mayoría de los lectores menores de edad a los que había que tutelar y controlar sus lecturas tanto en los centros públicos como en la esfera privada con las depuraciones de libros y el establecimiento de la censura. Las autoridades franquistas y la Iglesia velaron por la integridad moral e ideológica de la sociedad seleccionando la oferta de publicaciones en el país. Se eliminaron los títulos inmorales o de dudosa inmoralidad, disolventes o revolucionarios. Era evidente el carácter paternalista de los máximos responsables en materia bibliotecaria ya que consideraban que el contenido de muchas obras podía ser muy perjudicial para gentes poco preparadas y cualificadas. En definitiva, en el país estaba prohibida la libertad de pensamiento y de expresión.

           La mayoría de los títulos del mercado y de los fondos de las distintas bibliotecas públicas fueron purgados durante y después de la guerra civil.Muchas bibliotecas municipales fueron destruidas parcial o totalmente durante la contienda, pero otras continuaron su actividad posteriormente, previa depuración de los fondos y cambios de los miembros de cada junta bibliotecaria[52]. En este sentido algunas bibliotecas que no sufrieron daños materiales acabaron abandonadas por la falta de público, que dejó de acudir a un centro de creación republicana, pero adulterado por los vencedores. Además algunos miembros de las antiguas juntas rectoras habían muerto en la contienda, o bien habían sido sustituidos por los nuevos alcaldes fieles al régimen, por los cargos de Falange, y por las demás fuerzas vivas de los pueblos, sin participación de elementos obreros ni organizaciones sindicales, prohibidas por el nuevo Estado. De hecho en la documentación aparecen noticias contradictorias sobre el estado de los establecimientos. Algunas bibliotecas, que figuraban en buen estado en las listas elaboradas al poco tiempo de acabar la contienda, en informes posteriores aparecen como destruidas por la guerra, probablemente para justificar su cierre o abandono. El ataque a las bibliotecas públicas municipales provocó la desaparición de muchas bibliotecas o la apropiación por grupos particulares como la de Bienservida (Albacete), que tuvo una intensa actividad durante la República y que en 1946 se había convertido en la biblioteca de Falange. Así lo denunció el inspector en su visita al establecimiento en septiembre del mismo año:

"En la plaza del pueblo está situado el edificio del Ayuntamiento y en uno de sus balcones centrales existe un gran rótulo que dice "Biblioteca Pública Municipal"; esto desorienta al visitante, porque la tal Biblioteca no existe en el edificio. Según manifestó el Sr. Alcalde, al poco tiempo de verificarse la liberación, la Biblioteca, que hasta 1936 había funcionado perfectamente, fue trasladada de local, al que ocupa Falange en una de las calles adyacentes. La Biblioteca, por lo tanto, ha dejado de ser pública para convertirse en Biblioteca de Falange y hasta me atrevía a decir que ha dejado de ser Biblioteca como tal, porque los libros están desordenados, muchos se han perdido y los que quedan están situados en un local inadecuado para su utilización eficaz", [la cursiva. es mía][53].

        Por otra parte muchos libros del catálogo de las bibliotecas habían desaparecido, tras el expurgo al que fueron sometidos todos los establecimientos. Fueron retirados títulos como El asno de oro de Apuleyo, El Libro del buen amor del Arcipreste de Hita, La Celestina de Fernando de Rojas, Diablo mundo de Espronceda, La educación sentimental de Flaubert, Werther de Goethe, Artículos de costumbres de Larra, La rebelión de las masas de Ortega y Gasset,Papa Goriot de Balzac, Sonata de otoño de Valle-Inclán, Poesías completas de Antonio Machado, Nuestro padre San Daniel de Gabriel Miró, La hermana San Sulpicio de Palacio Valdés, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Los miserables o Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, Los pazos de Ulloade Emilia Pardo Bazán, El fuego de Barbusse, Sin novedad en el frente de Remarque, Los siete ahorcados de Andreiev, Las almas muertas de Gogol,Crimen y castigo de Dostoiewski, Cómo enseña Gertrudis a sus hijos de Pestalozzi, Guerra y paz de Tolstói, o Historia de la civilización española de Rafael Altamira[54]. Todos los de Blasco Ibáñez, varios títulos de Azorín y numerosos de Pérez Galdós y Pío Baroja, a pesar del libelo que escribió este último escritor sobre comunistas y judíos. En esta misma línea destaca la memoria de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza correspondiente al año 1938, fechada el 20 de enero de 1939:

"La revolución para infiltrar sus venenosas doctrinas en la sociedad, se sirvió del libro antipatriótico y antirreligioso en la escuela laica de la República y en otros Centros durante estos últimos años. Para destruir esta demoledora política y contribuir a la recta formación hispana, moral, religiosa y patria, el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, ordenó la depuración de las Bibliotecas escolares, de Misiones Pedagógicas, Circulantes, de Recreo, etc. retirando de ellos los libros inmorales, propaganda de doctrinas marxistas y todo cuanto signifique atentados a la unidad patria, menosprecio a la Religión católica y oposición al glorioso Movimiento Nacional" [55] .

       Igualmente la Memoria de la Biblioteca Universitaria de Tarragona de 1939 insistía la depuración de los fondos bibliográficos: "El expurgo de las Bibliotecas se imponía como una necesidad biológica si queremos que la victoria lograda por las armas no se vea amenazada por las ideas subversivas disparadas por esas publicaciones contrarias al espíritu que anima el glorioso Movimiento nacional”[56].

         A pesar de la depuración y de la censura de libros, el régimen franquista utilizó la infraestructura republicana pero con otros fines[57]. El gran logro de la política de la II República fue consolidar en la sociedad española el concepto y el servicio de biblioteca pública. De hecho, el Estado dictatorial mantuvo el Decreto de 13 de junio de 1932 sobre creación de bibliotecas municipales hasta veinte años después. Por otra parte, tras la guerra civil, reapareció la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros y Revistas para bibliotecas públicas, encargada de organizar bibliotecas de carácter popular en los Municipios españoles, hasta la fundación del Servicio Nacional de Lectura en 1947[58]. La presidencia de la Junta recayó en Melchor Fernández Almagro, después de renunciar el duque de Maura por motivos de residencia. Lasso de la Vega, Manuel Machado, y Laín Entralgo ocuparon cargos de vocales en esta Junta de perfil reaccionario, donde apareció la función de censor, que recayó en Luis Morales Oliver, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla. En elCatálogo de la Biblioteca Central Circulante de 1946 este organismo reconocía la labor de la anterior Junta de Intercambio en la creación de bibliotecas municipales, pero insistía en el carácter popular de los establecimientos y no en el público. Además sus objetivos y presupuestos eran más modestos y más restringidos socialmente. Se negaban a continuar con la labor de la Junta republicana de crear bibliotecas municipales:

"(...) dotar a los Municipios españoles de Bibliotecas con fondos numerosos, equivaldría, en muchos casos, a situar, en un determinado lugar, una serie de libros que ni por el nivel intelectual de la localidad, ni por la consulta que de los mismos pudiera hacerse, merecería sacrificar por hoy, los esfuerzos del Estado. El plan de creación de una Red de Bibliotecas en España, que dotase a los lugares más apartados de nuestro territorio de una expansión cultural, representa un esfuerzo económico que pocos Estados pueden mantener; en España, encomendada esta misión a la Junta de Intercambio, los resultados han de ser pequeños dada la escasa consignación disponible, para estas atenciones", [la cursiva es mía][59].

           Frente a la política de depuración y destrucción de publicaciones en el bando franquista, en la España leal a la República se continuó con la política de creación y ampliación de fondos en los establecimientos públicos. La Oficina de Adquisición y Distribución de Libros, creada en abril de 1937, asumió las funciones de la Junta de Intercambio y del Patronato de Misiones Pedagógicas en cuestiones bibliotecarias. El 28 de mayo dispuso que todas las bibliotecas populares creadas en el ámbito rural por el Patronato, así como la red de bibliotecas rurales de Valencia y la biblioteca-escuela que funcionaba allí como central de la red, pasasen a depender de la Sección de Bibliotecas del Consejo Central. Este nuevo organismo se encargó de la coordinación y suministro de las bibliotecas, así de la instalación de nuevos establecimientos. La primera labor de la Oficina fue la adquisición de los libros necesarios para nutrir las nuevas bibliotecas y modernizar las antiguas, así como recoger obras imprescindibles para las bibliotecas de centros docentes antes de que se agotasen en el mercado. Fruto de esta ingente labor y de la experiencia bibliotecaria apareció en 1938 el Plan de Bibliotecas Públicas diseñado por María Moliner. Esta bibliotecaria había organizado anteriormente la red de bibliotecas rurales de Valencia y después había pasado al Consejo Central de Archivos, coordinando la Oficina de Adquisición y Distribución de Libros. Este Proyecto de bases de un Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado se convirtió en el primer plan nacional de bibliotecas públicas moderno y racional del país[60]. El objetivo primordial de este sistema bibliotecario interrelacionado y organizado territorialmente era facilitar la lectura pública, facilitar los libros a los usuarios, independientemente de su lugar de residencia. Lamentablemente este plan nunca se puso en marcha, la retrógrada política franquista ignoró este proyecto.

           Con las incautaciones, expurgos y depuraciones de bibliotecas, editoriales, librerías y kioscos las autoridades franquistas querían acabar con toda la oferta bibliográfica existente en el mercado y en los establecimientos públicos y privados, a la vez que se establecía la censura previa para evitar reediciones y nuevas publicaciones subversivas o inmorales.

Prohibiciones y control

           La censura de libros quedó bajo control militar en las primeras semanas de la guerra. De hecho muchos títulos incautados, que no fueron quemados, también fueron custodiados por las autoridades militares. Asimismo muchas bibliotecas, después de la purga, fueron clausuradas hasta nueva orden o hasta la llegada de libros adecuados, según disposiciones castrenses. El bando del 28 de julio de 1936, que declaraba el estado de guerra, impuso la censura previa de todo impreso o documento destinado a la publicidad o difusión. Posteriormente la censura se estableció por orden del 29 de mayo de 1937, pero fue regulada por la Ley de Prensa de 23 de abril de 1938, impulsada por Serrano Suñer. Esta ley estaba vinculada al código militar e inspirada en los modelos fascistas de censura[61]. Seis días más tarde se reglamentaba que la censura de libros quedaba bajo el Servicio Nacional de Propaganda del Ministerio de Gobernación. La censura y la propaganda estaban íntimamente ligadas en la dictadura, formaban parte del mismo objetivo: prohibir las obras peligrosas y adoctrinar a la población con las publicaciones autorizadas en la nueva España[62].

          Con anterioridad la censura fue ejercida por la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, creada el 14 de enero de 1937, en Salamanca y con Millán Astray al frente. El preámbulo del Decreto era toda una declaración de intenciones de los militares sublevados.

“(…) el envenenamiento moral a la que había llegado nuestra nación, causado por las perniciosas campañas difusoras de doctrinas disolventes, llevadas a cabo en los últimos años, y la más grave y dañosa que realizan en el extranjero agentes rusos al servicio de la revolución comunista,aconsejan reglamentar los medios de propaganda y difusión a fin de que se restablezca el imperio de la verdad, divulgando, al mismo tiempo, la gran obra de reconstrucción Nacional que el nuevo Estado ha emprendido”[63].

          Primero se nombró Delegado de Prensa al catedrático de la Universidad de Valladolid, Vicente Gay Forner pero, en abril fue sustituido por el comandante de Ingenieros, Manuel Arias Paz. Aunque el que se encargaba de las tareas censoras fue el catedrático de Derecho, Manuel Torres López. En junio de 1937 una nueva Orden centralizó en una oficina única, dentro de esta Delegación de Prensa y Propaganda, la censura de libros, folletos, y demás impresos que excediesen en su confección de veinte páginas en cualquier tamaño y formato. Durante la dictadura de Primo de Rivera también se estableció la censura previa para publicaciones periódicas y para libros siempre que no superasen las doscientas páginas. Las mentes bienpensantes del régimen pensaban que sólo serían peligrosas aquellas obras que por formato y precio fuesen asequibles a las clases populares. Pero, este requisito fue fácilmente burlado añadiendo prólogos, notas, apéndices o simplemente utilizando un tipo de letra mayor. De hecho esta argucia explica el movimiento editorial de avanzada que en parte posibilitó el cambio político y social que trajo la República[64]. Debido a estos antecedentes la censura franquista trató de ser más estricta y eficaz.

          En el primer gobierno de Franco, creado por Ley el 31 de enero de 1938, el Servicio Nacional de Propaganda quedó encuadrado dentro del organigrama del Ministerio de Interior, y en marzo por Decreto se eligió Jefe de dicho servicio al falangista Dionisio Ridruejo. Según Juan Beneyto, primer jefe de censura de este Servicio, y atendiendo a los oficios internos fueron diecinueve las normas que regían el control de las publicaciones. En primer lugar se debía vigilar especialmente toda obra que emitiera juicios sobre el “Alzamiento, suprimiéndose toda valoración desorbitada en la intervención de distintos elementos en forma que pueda lugar a desvirtuar su sentido unitario en lo militar y lo político”. No se podía herir las sensibilidades de las distintas familias del Régimen, por ello no se debía elogiar a una facción en detrimento de las otras que formaron el bando rebelde. Debía examinarse cualquier comentario que pudiera resultar molesto a las instituciones militares, civiles, eclesiásticas políticas de la dictadura. No podían tolerarse todo lo que fuera contrario al franquismo, incluyendo los poderes anteriores al nombramiento del Caudillo. Tampoco se pasaría ningún juicio que atacase la “unidad del pueblo, de clases y de tierras”. No se aceptaría ningún comentario que contradijese la política económica, ni la política internacional de la dictadura. Igualmente debía prohibirse cualquier ofensa al dogma y a la moral católica, y cualquier cuestionamiento de la ideología de la FET de las JONS, y de la Doctrina de los 26 puntos, establecida por Franco después de la Unificación. También estaban prohibidas las obras en idiomas “regionales”, así como las de aquellos autores que chocaban con los principios y orientaciones del Movimiento[65].

          Asimismo se prohibieron autores perseguidos por el nazismo como Frank Werfel, Jacob Wasermann, Emil Ludwing y Stefan Zweig, textos polacos, y todo libro que ofendiese al III Reich. Por el contrario en la España de Franco las librerías mostraban ostensiblemente el libro Mi lucha de Hitler y Los protocolos de los sabios de Sión o El judío Internacional del magnate automovilístico, Henry Ford. La famosa obra antisemita de los protocolos, publicada en 1903 en la Rusia zarista para justificar los progroms de judíos y basada en planteamientos falsos, resultaban del agrado de los militares sublevados y se sus aliados nazis. Los planes de una conspiración mundial judía, controlada por la masonería y los movimientos socialistas, coincidían con las obsesiones de las autoridades franquistas. De hecho se repartieron numerosos ejemplares gratuitamente en diversas ciudades con motivo de la Fiesta del Libro en 1938. Existía una edición de 1936 publicada por la casa Fax de Madrid pero, en 1938 fue publicada una nueva versión española en Roma por la Sociedad Editora Novissima. Aunque la que tuvo más difusión fue la publicada en los talleres de Afrodisio Aguado en Palencia y Valladolid en una versión reducida de 86 páginas. Este impresor tras la guerra se trasladó Madrid y estableció una gran librería.

         En diciembre de 1938, una nueva ley suprimía el Ministerio del Interior y creaba el de Gobernación, al que pasaba a depender la Subsecretaría de Prensa y Propaganda. El 5 de marzo de 1939 este Servicio de Propaganda publicó una “Nota sobre censura de libros” donde se obligaba a todos los editores a presentar en un plazo de 48 horas una lista de todos los libros publicados desde el comienzo de la guerra civil. En 1942 la Secretaría de Propaganda pasó a Manuel Torres López y la jefatura de Censura recayó en Patricio González de Canales.

        A pesar de la censura previa también se retiraron títulos autorizados del mercado debido a la denuncia de un individuo o al escándalo que provocó su aparición en un colectivo o institución como La fiel infantería de Rafael García Serrano, tras la condena del cardenal Pla y Daniel, o Golovín de Jackob Waermann, después de la protesta del agregado cultural alemán, Gustav Petersen. Otra forma de censura fue la publicación de libros únicamente en ediciones de lujo, en obras completas, en el idioma original o en tiradas muy cortas destinadas al lector culto, al público erudito, por su elevado coste económico y su necesaria cualificación, pero prohibidas al resto de la población. Esta situación estaba relacionada con la concepción clasista y dual que tenía el Régimen de la cultura. La minoría preparada podía tener acceso restringido a títulos vetados para el resto del público porque eran lectores incautos a los que se debía vigilar sus lecturas. Por este motivo en 1941 se prohibieron las novelas de aventuras con crímenes y robos que tuvieran un precio inferior a cinco pesetas ya que podía influir negativamente en las mentes de los lectores populares. En esta misma línea el ministro de Educación, Sáinz Rodríguez, realizó unas declaraciones muy elitistas y paternalistas que nada tenían nada que ver con el concepto de biblioteca pública, abierta y gratuita del régimen republicano, aparte de negar la destrucción sistemática de publicaciones en el bando franquista:

“Es falso cuanto se diga en la España roja de que en nuestra España se queman libros y se destruyen libros. Ciertos libros no pueden estar en manos de gentes sin formación ni de débiles mentales. Pero en el seno de la investigación superior, aún esos libros pueden documentar, y el Estado Español no los destruye sino que con el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Español y la organización de recuperación en los frentes de vanguardia se ocupa de impedir la rapiña de bibliotecas y la destrucción que los azares de la guerra producen muchas veces”, [la cursiva es mía][66].

        Cuando menos resulta sorprendente que Sáinz Rodríguez calificase de débiles mentales a los posibles usuarios de las bibliotecas, a los lectores potenciales de esos textos. Alguien de tanta erudición demostró un gran desprecio por las clases populares, por los ciudadanos que pudieran leer esos libros tan perniciosos. Reflejaba claramente una concepción elitista de la cultura, de los libros y de las bibliotecas.

         Posteriormente la censura dependió de distintos organismos. Entre 1939 y 1941 se ocupó el Ministerio del Interior, entre 1941 y 1945, la Vicesecretaría de Educación Popular de Falange. La Vicesecretaría de Educación Popular se creó el 20 de mayo de 1941 dentro del organigrama de la Secretaría General del Movimiento[67]. Entre 1945 y 1951 la censura recayó en el Ministerio de Educación, y desde 1951 pasó al Ministerio de Información y Turismo. Sobre el carácter de la censura merece la pena señalar dos afirmaciones del máximo responsable de su aplicación durante 16 años, Gabriel Arias Salgado, primero como vicesecretario de Educación Popular (1941-1945) y luego como ministro de Información y Turismo (1951-1962). Este hombre tremendamente fervoroso respondió a las quejas del editor Josep Janés, por la imposibilidad de publicar la obra completa de Marcel Proust, que era “preferible la ruina de un editor a que yo exponga la salvación de mi alma”. Y a Dionisio Ridruejo, en relación con la gestiones que realizó para lograr la publicación de la obra de Juan Goytisolo, Juegos de manos, le comentó que “la novela era un género que sólo merecía la publicación si marido y mujer, en un matrimonio legítimamente constituido, podían leérsela el uno al otro sin ruborizarse mutuamente y, sobre todo, sin excitarse”[68].

           Pero, lo más significativo es que no sólo se prohibieron libros políticos, literatura pornográfica y disolvente, sino que también se persiguieron títulos inocuos, aparentemente inofensivos, como las obras infantiles y juveniles, destacando la serie de El Corsario Negro de Emilio Salgari, Los tres mosqueterosde Alejandro Dumas, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, Los cuentos de Andersen, o Los viajes de Gulliver de J. Swift. El cuento de Perrault, Caperucita roja se convirtió en Caperucita azul y más tarde, Caperucita encarnada[69]. Se desató una fobia contra La República del filósofo griego, Platón. Asimismo se incineró el título de Espasa-Calpe, Enciclopedia de la carne, aunque se trataba de un libro de gastronomía[70]. Por otra parte, en algunos casos la arbitrariedad y la ignorancia hacían que se salvasen libros más peligrosos. Así el bibliotecario del Círculo de Artesanos de La Coruña recordaba que se incineraron más de mil libros de la biblioteca, siendo pasto de las llamas Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Marañón y Unamuno, aunque nunca supo porque escaparon al fuego las obras de Voltaire, Rousseau y otros enciclopedistas franceses[71].

         En la política franquista del libro influyeron de manera decisiva los discursos de la Iglesia sobre la lectura debido a la coincidencia de intereses y a la defensa del nacionalcatolicismo por parte de la dictadura. La presencia de criterios y miembros eclesiásticos en la censura fueron constantes. De hecho estaba vigente la prohibición de los títulos que incluía el Index librorum prohibiturum et Expurgatorum o Índice Romano, creado por la Iglesia en el siglo XVI para evitar la propagación del protestantismo, y que se consideraban perniciosos para la fe. En 1948 se publicó la última edición de este índice, que era la trigésima versión y contenía más de 4.000 títulos censurados. Así el falangista y Jefe de Propaganda durante tres años, Dionisio Ridruejo, siempre reconoció que la presión eclesiástica se imponía en las decisiones sobre la publicación de libros[72]. Pero no siempre los principios de la Iglesia fueron idénticos a los de la censura ya que de lo contrario no se entenderían los ataques que se lanzaron desde la revista Ecclesia, órgano oficial de Acción Católica Española, hacia publicaciones autorizadas por el régimen[73]. Igualmente el Boletín del Secretariado de Información de Publicidad y Espectáculos, vinculado a las congregaciones marianas, también fue muy crítico con obras toleradas por la censura. Ambas publicaciones desde planteamientos más restrictivos atacaron muchos títulos que circulaban por las librerías y bibliotecas pero, que eran poco recomendables para los católicos. Además algunos títulos autorizados por los falangistas, siguiendo las directrices de las autoridades nazis, molestaron a los católicos españoles[74].

La producción editorial al servicio de la Cruzada

          A la vez que se destruían y prohibían publicaciones aparecieron títulos “adecuados” en la zona controlada por los militares rebeldes. La industria editorial se vio alterada por la guerra civil pero, no estuvo paralizada. Todo lo contrario, los fines propagandísticos e ideológicos hicieron imprescindible su participación en el esfuerzo bélico junto con la producción armamentística y alimenticia. La guerra de propaganda fue un elemento crucial de la contienda. Las minervas, rotativas y linotipias fueron armas básicas del conflicto que trabajaron tanto como la artillería, los aviones o los tanques como correspondía a esta guerra total. La producción editorial y publicística fue intensa, se publicaron arengas, discursos, informes, estatutos, instrucciones militares, crónicas, poesías, narraciones y relatos literarios. Todo tipo de publicaciones -libros, diarios, folletos, revistas- reflejaron los distintos discursos del conflicto. El libro se convirtió en un instrumento de propaganda y lucha en el que se denunciaban las atrocidades de un bando y las bondades del otro[75].

        En la España sublevada las ediciones fueron dispersas debido a que las principales casas editoriales quedaron en zona republicana y a que los centros de poder durante el primer año y medio de guerra también estuvieron disgregados. Aunque tras la conquista de San Sebastián y Bilbao en el verano de 1937, mejoraron las posibilidades de publicar gracias a las infraestructuras industriales y a las fábricas de papel de Guipúzcoa. Ante esta situación aparecieron nuevos sellos como Jerarquía, Requeté, Reconquista, Ediciones Antisectarias o Castilla. Además muchas imprentas de provincias incrementaron su actividad como la de Afrodisio Aguado y Talleres Tipográficos Cuesta en Valladolid, la Imprenta Aldecoa de Burgos o los Talleres Aldus de Santander. Y por otro lado continuaron su actividad las pocas firmas que quedaron bajo el control de los militares como la Librería Santarén de Valladolid, Editorial Católica, Librería General de Zaragoza, Establecimientos Cerón en Cádiz o la casa Hijos de Santiago Rodríguez, establecida en Burgos y especializada en textos escolares y juveniles. También aparecieron ediciones de autor y numerosos textos sin pie de imprenta debido a las deficiencias de la infraestructura editorial en esta zona. El editor José Ruiz Castillo, director de Biblioteca Nueva y hombre de la derecha, se trasladó a Valladolid y se puso a trabajar al servicio de los rebeldes con la creación de Ediciones Reconquista, colaborando con la casa Santarén y la editorial Luz de Zaragoza para la impresión de los textos. En 1938 publicó títulos como el deplorable libro, Comunistas, judíos y demás ralea de Pío Baroja con prólogo de Giménez Caballero, así comoHoras de oro. Devocionario poético de Manuel Machado, y Esclavitud y libertad: diario de una prisionera de Concha Espina[76].

        La casa Santarén de Valladolid nacida al calor de la librería del mismo nombre fue la empresa más sólida de la España rebelde ya que publicó un centenar de títulos a precios asequibles y correctamente presentados, aunque también publicó ediciones de lujo. Entre sus títulos destacaron los referidos a operaciones militares como las crónicas de Víctor Ruiz Albéniz bajo el seudónimo de El Tebib Arrumi, Campaña de Santander, Campañas de El Jarama y el Tajuña, o La conquista de Vizcaya, las gestas de Cómo conquistó Sevilla el Queipo de Llano de Luis Montán, La epopeya del Alcázar de Muro Cegrí, oLa guerra civil en Guipúzcoa: julio-agosto 1936 de Manuel Morales. También salieron de sus prensas otros textos muy variados como una Gramática de la Lengua castellana de Narciso Alonso, la amplia biografía de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, fundadora de España: su vida, su tiempo, su reinado de César Silió a 16 pesetas, las novelas Los rojillos y Los rojos de Alberto Martín con el seudónimo de Juan Deportista, Poesía (1923-1937) de José Mª Pemán,Meditaciones españolas y Manolo de Francisco Cossío a 6 pesetas, el relato personal de Joaquín Romero-Marchent, Soy un fugitivo: (historia de un evadido de Madrid) a 5 pesetas o el manual de instrucción militar Servicio de artillería: armamento y munición de Mariano Villoslada. El Romancero de la guerrade Sanz y Ruiz de la Peña contó con una edición corriente al precio de 6 pesetas y otra de lujo a 25 pesetas. Y dentro de la colección Documentos Gráficos de la guerra, Las 500 fotos de la guerra en la edición corriente costaban 10 pesetas y en papel cíceros alcanzaba las 15 pesetas. Además contaba con servicio contra reembolso para facilitar la distribución entre el público.

           Ediciones Antisectarias de Burgos, con apoyo financiero del cuartel general de Franco y cuyo nombre representaba una antítesis del tipo de publicaciones que impulsó, fue gestionada desde la firma Hijos de Rodríguez Santiago. De su catálogo a precios populares y en formato pequeño sobresalen obras contra la masonería como La francmasonería, crimen de lesa patria y Masonería y separatismo, ambas del director de la editorial, el padre Tusquets en 1936 y 1937 respectivamente a 1 peseta, La masonería y la pérdida de las colonias de Primitivo Ibáñez, o Historia de la Masonería Española de Juan Alberto Navarro en 1938, así como los libros de denuncias de los atropellos republicanos de Antonio Pérez de Olaguer, El terror rojo en Cataluña en 1937 y El terror rojo en Andalucía en 1938 con una tirada de 10.000 ejemplares. También destacaron La quiebra fraudulenta de la República de Carlos Domi en la colección “Publicaciones Nueva España”, Por quién fue asesinado Calvo Sotelo de Benjamín Bentura, España vendida a Rusia de Teodoro Toni en 1937 o Rasgos inéditos de Don Fernando de los Ríos de Francisco Vélez en 1938. De hecho la “Serie Antisectaria” estaba destinada a combatir las sectas, enemigas de Dios y de España, y especialmente la Francmasonería. En la contraportada de sus publicaciones aparecía la intención y el objetivo de esta editorial:

“La finalidad de estas Ediciones es puramente patriótica y en modo alguno partidista. En ellas colaboran personalidades de diversas ideologías, pero no figurará ni un autor dudosamente adherido al Régimen, ni una idea que no contribuya a defender las normas que para España va dictando S. E. el Generalísimo Franco. Propagar estas Ediciones es un deber de todo buen español. Sobre todo, hay que difundirlos entre los soldados y las milicias, para ir formando la conciencia de la Nación y hacer obra de sólida cultura popular” [77] .

        Asimismo merece atención especial Ediciones Jerarquía de Pamplona, impulsada por el sacerdote y director de la Delegación de Prensa y Propaganda de la FET y de la JONS, el ya citado, Fermín Izurdiaga. Se encargó de publicar en 1938 el Poema de la Bestia y el Ángel de José Mª Pemán, Eugenio o proclamación de la Primavera de Rafael García Serrano, Madrid, de Corte a Cheka de Agustín de Foxá y reeditó el texto de Giménez Caballero, Genio de España: exaltaciones a una resurrección nacional y del mundo. Este último título también apareció en Zaragoza en El Heraldo de Aragón y el famoso libro de Foxá apareció a la vez en la Librería Internacional de San Sebastián, pero impresa en Aldus, S. A. de Artes Gráficas de Santander. Este fenómeno fue muy común en la zona sublevada debido a la fragmentación de la industria editorial. El mismo título salía en prensas de distintos lugares para fomentar su difusión, y además, según iban conquistando nuevas localidades, iban ampliando su radio de acción para contrarrestar la enorme labor editora de la España controlada por el gobierno republicano. Igualmente la obra Esclavitud de Concha Espina fue publicada por Ediciones Reconquista y la firma Santarén a la vez. Y Retaguardia, otra obra de la misma autora, tuvo tres ediciones en 1937, una en Córdoba en el Instituto Social de Bellas Artes, otra en San Sebastián en la Librería Internacional, y otra sin lugar y sin nombre. Después de la guerra, en 1941, Jerarquía pasó a denominarse Editora Nacional, convirtiéndose en la firma oficial y financiada por el Estado[78].

         La literatura publicada por estas firmas abordó informes de denuncia de los horrores “rojos”, obras religiosas, textos de adoctrinamiento, relatos de cautivos y biografías ejemplares. Joaquín Arrarás publicó una hagiografía de 316 páginas sobre Franco en San Sebastián en la Librería Internacional en 1937 que tuvo seis ediciones. También Víctor Ruiz Albéniz dedicó otra biografía al general, Héroes de España: el Caudillo, S.E.D. Francisco Franco Bahamonde en 1937 en Ávila por el impresor católico Siginario Díaz. El jefe de la sublevación militar, Mola, también tuvo dos biografías, Con el general Mola de 1937 editada en Zaragoza por la Librería General, y Mola: Datos para una biografía y para la historia del Alzamiento Nacional en 1938 en las prensas de El Heraldo de Aragón, ambas fueron realizadas por su antiguo secretario, José María Iribarren. En la Tipografía Álvarez de Sevilla en 1937 vio la luz el libro de José Pemartín, Qué es “lo nuevo”: consideraciones sobre el momento español presente. Jacinto Miquelarena, un huido de la zona republicana, publicó El otro mundo. La vida en las embajadas de Madrid en Burgos, primer cuartel general del caudillo, en Ediciones Castilla en 1938 porla Imprenta Aldecoa. Enrique Suñer Ordóñez sacó el feroz libelo, ya mencionado, contra la Institución Libre de Enseñanza, Los intelectuales y la tragedia española, en Editorial Española, S. A. al importe de 5 pesetas pero impresa también en la Imprenta Aldecoa. En San Sebastián la Editorial Española también publicó los textos raciales del psiquiatra Vallejo Nágera, Psicopatología de la conducta antisocial de 1937 y Política racial del nuevo Estado de 1938, cuyas teorías llevó a la práctica el sistema penitenciario franquista. El término español fue recurrente y en las dos zonas tuvieron empresas editoriales con resonancias patrióticas. A principios de 1939, a los pocos días de la caída de Barcelona, Cecilio Benítez de Castro sacó la novela, Se ha ocupado el kilómetro seis: (Contestación a Remarque), en Barcelona en el sello Maucci con prólogo de Luis Santa Marina.

        También destacaron reediciones como la obra de José Mª de Salaverría, Los conquistadores: el origen heroico de América, que había aparecido por primera vez en 1918 en el sello Caro Raggio y que reeditó en 1938 en la Librería Internacional de San Sebastián, así como Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu por Gráficas Aldus en Santander en 1938, publicado por primera vez en 1934 en la casa Gráfica Universal de Madrid. La casa Rayfe, que respondía a la editorial Razón y Fe de los jesuitas, continuó con su labor de proselitismo durante la guerra en Burgos con títulos como Esto pasó en Asturias: sangre y dolor de la revolución roja (estampas de martirio) de Manuel González Hoyos en 1938, Cómo escapé de los rojos: Odisea de un sacerdote evadido de Cataluña, disfrazado de pastor y perdido en los Pirineos de 1938, o El estado católico de Joaquín de Aspiazu, creador del Fuero del Trabajo, en 1939. La lírica también fue utilizada por los escritores y publicistas al servicio de la Cruzada con títulos como el de Federico Urrutia, Poemas de la falange eterna, publicado en Santander por Gráficas Aldus en 1938, Lira bélica (Antología de los poetas y la guerra) de José Sanz y Díaz por la Librería Santarén de Valladolid en 1939, Castilla y la guerra de Francisco Javier Martín Abril en la Tipografía Cuesta de Valladolid en 1937 y con prólogo de José Mª Pemán, o Cantos de guerra y de Imperio de Estebán Calle Iturrino en Bilbao en el sello Dochao pero, como edición de la Delegación Provincial de Prensa y Propaganda de FET de las JONS de Vizcaya, aparte de los ya citados de Pemán.

        Toda esta producción estaba íntimamente ligada a la destrucción de libros y a la purificación de bibliotecas, que iniciaron las autoridades militares desde julio de 1936 para erradicar las ideas contra las que luchaban en los frentes. De este modo todos los textos subversivos que atentaban a la moral, la patria, la familia o la religión fueron sustituidos por estas nuevas obras doctrinarias y pías, que salieron al mercado.

“España ha sido víctima también del libro malo, del periódico bastardo, de la revista pseudodoctrinal [sic.]. Gran parte del desquiciamiento social y económico, de la subversión de valores, que nos llevaban al caos de la revolución comunista –providencialmente abortada por nuestro Ejército salvador- eran debidos a la propaganda escrita. Sabía muy bien el enemigo el poder destructor de esta terrible arma”[79].

Las depuraciones de profesionales 

         Muchos bibliotecarios, escritores, editores y libreros sufrieron procesos de depuración profesionales, Consejos Sumarísimos de Guerra, juicios del Tribunal de Responsabilidades Políticas, y del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo con las consiguientes penas de cárcel, incautación de bienes, multas, sanciones o la expulsión de sus puestos de trabajo. Como otros muchos españoles tuvieron que rendir cuentas en diversos procesos paralelos en relación con su actuación durante la guerra y su pasado más inmediato.

          La depuración de los bibliotecarios es menos conocida que la purga de profesores, pero estos profesionales también sufrieron la persecución como todos los funcionarios de la Administración que no se pusieron al servicio de los militares rebeldes. La mayoría de los bibliotecarios eran profesionales muy cualificados y algunos incluso habían colaborado en el salvamento del patrimonio bibliográfico nacional durante la guerra civil, pero sufrieron duros castigos o bien se exiliaron del país para evitar las represalias[80]. Además no debemos olvidar que muchos maestros hacían las veces de bibliotecarios con las colecciones de Misiones Pedagógicas, y esta tarea también se convirtió en un cargo más en su contra e incluso pagaron con su vida por ello. Así Pilar Salvo, maestra de Zaragoza que tenía al frente una biblioteca infantil, fue asesinada en agosto de 1936. En otros casos muchos maestros-bibliotecarios fueron inhabilitados para ejercer su profesión como los docentes de Beniatjar, Paterna, Bárig, Riola, El Rafol de Salem, Benimanet, Requena, Torrent, Ademuz y Oliva. Otros maestros fueron inhabilitados para cargos directivos y trasladados forzosamente dentro y fuera de la provincia de Valencia por varios años como los de Tosalnáu, Meliana, Las Monjas, Paterna, Museros, La Punta, Fuente de San Luis, Faura y Cuart de Poblet. Después de la marcha de los profesores nunca más se supo de las bibliotecas ni de los libros en los pueblos[81].

          María Moliner, unas de las máximas responsables del servicio de bibliotecas durante la guerra en Valencia y autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, fue sancionada por colaborar con la política republicana. Aparte su plan nunca se puso en marcha, ignorado por la retrógrada política franquista. Frustrado su proyecto y actividad bibliotecaria, se consagró a la realización del famoso Diccionario del uso del español a partir de 1951[82]. Carmen Caamaño fue separada definitivamente del Cuerpo de Auxiliares de Archivos y Bibliotecas por orden de 29 de julio de 1939 por su militancia política, además de pasar por el campo de Albatera y por las cárceles de Alicante, Ventas y Cáceres. Estuvo siete años en prisión, aunque fue condenada a 12 años y un día. A la salida de la cárcel trabajó como correctora de pruebas en la editorial Aguilar[83]. Carmen Guerra era la directora de la biblioteca provincial de Córdoba cuando le sorprendió el golpe militar. A principios de 1937 la Comisión Depuradora la acusó de izquierdista y marxista, de celebrar reuniones con jóvenes izquierdistas en el local de la biblioteca, de tener gran amistad política con un catedrático socialista de la Universidad de Sevilla y de irreligiosa. Se la separó definitivamente del servicio, pero en 1942 se le rebajó la condena a traslado forzoso de Córdoba, a la prohibición de solicitar cargos vacantes durante cinco años y a la inhabilitación para cargos directivos. Dos años después comenzó a trabajar en la biblioteca de la Universidad de Oviedo. A Justo García Soriano en 1939 se le condenó a doce años de prisión por masón y a la inhabilitación absoluta perpetua para cualquier cargo oficial. En 1946, después de conmutarle la pena, se le readmitió en el Cuerpo Facultativo con destino a la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid.

         A Antonio Rodríguez-Moñino se le abrió un expediente de depuración en 1939 que no se resolvió hasta veintisiete años después. En 1966 se le obligaba a trasladarse fuera de la provincia de Madrid durante cinco años y se le ofrecía una plaza de catedrático en el Instituto de Valdepeñas, ya que había perdido su cátedra de literatura española en el Instituto Luis Vives de Valencia. Mientras tanto para ganarse la vida Rodríguez-Moñino fue contratado por José Lázaro Galdiano y en 1945 pasó a ser el director literario de la editorial Castalia hasta su muerte en 1970[84]. Su esposa, la también facultativo María Brey Mariño, fue depurada con dos expedientes diferentes, uno por colaborar en el Plan de Bibliotecas diseñado por María Moliner y, otro por trabajar en el Centro de Estudios Históricos. Jordi Rubió, máximo responsable en materia bibliotecaria de la Generalitat de Cataluña fue apartado de las bibliotecas y de la universidad y tuvo que trabajar en la editorial Salvat. Otros tantos se marcharon al exilio como Juan Vicéns de la Llave, Homero Serís, Ramón Iglesia, Agustín Millares Carlo, José Ignacio Mantecón, Tomás Navarro Tomás, el director de la Biblioteca Nacional durante la contienda, o José Moreno Villa[85]. Todos ellos fueron separados definitivamente del Cuerpo de Bibliotecarios junto con Andrés Herrera Rodríguez, Fernando Soldevilla, José Mª Giner Pantoja, Concepción Muedra, Luisa González, Mª Victoria González, Josefa Callao, Mª de la Concepción Zulueta, Ernestina González y Luis Martín[86]. Por otro lado fueron sancionados con la inhabilitación para puestos directivos, traslado forzoso, o prohibición para solicitar puestos vacantes Ricardo Martínez Llorente, Asunción Martínez Bara, Luisa Cuesta Gutiérrez, Julio Gómez García, Francisco Rocher Jordán, Consuelo Vaca, José Antonio Artiz, Hortensia Lo Cascio, Clemente Calvo, Teresa Mª Vaamonde, José Álvarez de Luna, María Muñoz, Ramón Gil, Félix Durán, José María de la Peña, Samuel Ventura, y Carmen Guerra.

        Asimismo el Tribunal de Responsabilidades Políticas sometió a numerosos profesionales del libro a distintos procesos como Rafael Giménez Siles, Juan Bergua, los hermanos Sáenz de Jubera o Antonio López LLausás[87]. Juan Bergua Olavarrieta fue condenado a 10 años de extrañamiento e inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa de 10.000 pesetas en 1944.

“Juan Bergua Olavarrieta hasta el año 1936, en una empresa Editorial de Getafe de la que era propietario su hermano José, difundió obras de propaganda comunista entre ellos algunos de Carlos Marx y diversos libros y folletos escritos por el propio expedientado como “Catecismo Comunista”, “Los creadores libertarios” y “La salvación roja” y durante la denominación marxista en Getafe interino en la requisa de un convento y casas particulares depositando los efectos de las mismas en su propio domicilio, donde también instaló un taller de confección de ropa para los milicianos”[88] .

           También fue expedientado su hermano José al ser propietario de la firma con el pago de 2.000 pesetas y 3 años de inhabilitación absoluta, pero presentó un recurso de alzada donde alegaba que no tenía ninguna vinculación con los folletos y que incluso había colaborado en favor del “Glorioso Movimiento Nacional” en las organizaciones de Burguete, Navarra y Aranda de Duero. Tras ello y al no tener constancia de que ninguno de los dos inculpados tenía bienes y atendiendo a la Ley de 19 de febrero de 1942, finalmente llegó una sentencia absolutoria en 1947 para José y el sobreseimiento de la causa para Juan[89]. Debemos recordar que la citada Ley de 1942 eximía de sanción a los responsables políticos cuyo patrimonio no rebasase las 25.000 pesetas. Por último en abril de 1959 los hermanos Bergua fueron indultados. Debemos recordar que Juan Bergua, entre 1934 y 1936 con José Bullejos como asesor y traductor, publicó numerosos textos comunistas como El comunismo al día. VII Congreso de la Internacional Comunista. Discursos íntegros, resoluciones adoptadas, El comunismo en España de Mauricio Carlavilla o el Contra-During de Engels. 

         Al editor Rafael Giménez Siles, le abrieron un expediente en virtud de la requisa de su domicilio en 1939, situado en la calle Alfonso XII, donde se hizo un inventario de sus muebles y se recopilaron datos y documentos de las editoriales que tenía controladas o intervenidas durante el “período rojo”[90]. Los muebles y enseres fueron valorados en 1944 en 1.000 pesetas. En dicho expediente aparecía como “editor rojo perteneciente al partido socialista” del que no se conocía su paradero. En 1943 se investigó si en alguna sucursal bancaria nacional o extranjera, establecida en España, tenía alguna cuenta o depósito bancario a su cargo, pero no se encontró ninguna cuenta, ni propiedad a su nombre. Finalmente en 1945 se decidió el sobreseimiento y archivo sin declaración de sanción de responsabilidades políticas por no haber aparecido hasta entonces cargos contra el inculpado[91]. Su editorial Cenit se convirtió durante el período republicano en un sello muy popular, debido a la traducción y divulgación de textos marxistas en ediciones críticas y populares, aparte de publicar la literatura contemporánea norteamericana y europea antibelicista, social y crítica. Además este farmacéutico metido a editor durante la guerra civil se encargó de la Distribuidora de Publicaciones, vinculada al Partido Comunista. Contó con delegaciones en Madrid, Valencia y Barcelona, y contaba con 10 librerías propias y unos 5.000 corresponsales repartidos por toda la España leal a la República. Como ya hemos contado anteriormente, esta Distribuidora contaba con dos editoriales satélites: la Editorial Nuestro Pueblo, S. A., creada en Valencia y con un capital de 100.000 pesetas, y Estrella, Editorial para la Juventud, que suministraron lecturas a las bibliotecas públicas incluidas las de los hogares del soldado, y a las de los hospitales y cuarteles. En su exilio mexicano fundó una importante empresa editorial, EDIAPSA, S. A. y una red de librerías en torno a la Librería Cristal.

          Asimismo a Antonio y José Luis Sáenz de Jubera y Alba les abrieron un expediente en octubre de 1939 atendiendo al supuesto F del artículo 4 de la Ley de Responsabilidades Políticas, que en 1945 fue sobreseído y archivado sin declaración de sanción, mientras Antonio estaba establecido en Madrid y con la Librería Anclas a su cargo, y José Luis residía en Colombia. La casa Sáenz de Jubera, fundada en 1852 y situada en la calle Campomanes de la capital, tenía ejemplares en el almacén a su nombre por valor de 5.349,50 pesetas, según constaba en el inventario realizado en julio de 1939, mientras ambos hermanos estaban en Francia. Antonio había sido el secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Madrid durante la guerra, y fue el encargado de organizar la exposición y venta de libros españoles en la Exposición Internacional de París de 1937[92]. Además fue hombre de Izquierda Republicana y amigo personal de Manuel Azaña. Finalmente ambos expedientes fueron sobreseídos en octubre de 1957 ya que la denuncia de 1939 nunca apareció[93]. En relación con esta situación el tío de ambos, Luis Sáenz de Jubera y Fernández y el resto de socios residentes en Madrid, disolvieron en octubre de 1939 la Sociedad Mercantil Colectiva “Sáenz de Jubera Hermanos”, creada en 1911 y que continuaba la sociedad creada en 1889 por los hijos de Agustín Sáenz de Jubera, tras su muerte. La razón que aparece en la escritura de liquidación era que había expirado en exceso el plazo de duración de la Sociedad Sáenz de Jubera. Pero, aparte de esta causa, pesaron la situación económica de la editorial tras la guerra, la muerte de uno de los socios, así como la significación política que había tomado la firma en el Madrid republicano. De hecho en el acta se afirmaba “(…) Antonio y su hermano José Luis, tuvieron que abandonar España por indeseables, sin haber dado desde su salida de Madrid la más pequeña noticia al resto de sus socios, lo que hacía que los firmantes del acta que han sufrido y padecido prisión y pérdidas familiares, decidieran separar del seno de la sociedad a los indicados partícipes, que han arruinado el negocio (…)”, y además se indicaba la pérdida de tres cuartas partes del capital social de la editorial. Lógicamente los hijos del fallecido Antonio Sáenz de Jubera y Fernández, Antonio y José Luis, a los que se les abrió el expediente de Responsabilidades Políticas no estuvieron presentes en la liquidación porque se encontraban exiliados en Francia “por sus ideales y actuación marcadamente izquierdista en el período rojo, han huido de España, por temor a sus responsabilidades que tanto políticas como otra índole”[94]. El activo de la casa el 1 de abril de 1939 era de 40.842,30 pesetas “después del desvalijamiento hecho por los Rojos” y a ambos hermanos les tocó 5.349,72 pesetas en concepto del 29,58% del total de la sociedad que les correspondía en calidad de herederos, aunque el pago se efectuó a todos los socios con ejemplares de obras del depósito. Los miembros de la familia que promovieron la disolución de la sociedad querían desmarcarse de las actividades de la editorial durante la guerra y de sus familiares exiliados ya que a los pocos meses, en enero de 1940, constituyeron la firma Editorial Sáenz de Jubera, S.L.

         Al periodista y editor Javier Morata también se la abrió un expediente de responsabilidades políticas, que fue sobreseído en 1945 al no resultar acreditados los cargos. Se le acusaba de ser Gobernador de Madrid durante el régimen republicano desde 1934 hasta febrero de 1936, aunque fue durante el bienio radical-cedista[95]. Pero Ediciones Morata en la colección “Temas de nuestro tiempo” publicó textos políticos de izquierdas como Presente y futuro de la UGT en España de Francisco Largo Caballero, Una vida heroica: Pablo Iglesias de Julián Zugazagoitia o El sentido humanista del socialista de Fernando de los Ríos. Con el libro de Luis Jiménez de Asúa, Al servicio de la nueva generación, inició la famosa colección “Al servicio de…” con títulos como Al servicio del socialismo de Julián Besteiro, Al servicio de la Libertad de Marcelino Domingo, Al Servicio del Pueblo de Pablo Iglesias, Al Servicio de la Justicia de Luis Jiménez de Asúa o Al Servicio de la República de Alejandro Lerroux. La popularidad alcanzada por esta colección le valió el título de “editor de la República” y llegó a ser presidente de la Cámara Oficial del Libro de Madrid, cargo que compaginó con el de Gobernador Civil de Madrid.

La producción editorial de posguerra: héroes y santos

         Todas las actividades industriales y negocios se vieron afectados por las consecuencias de la dura posguerra y de la política autárquica franquista. Pero sin duda el mundo del libro fue el sector más perjudicado ya que, aparte de soportar la falta de suministros o la escasez de divisas tuvo que hacer frente al sistema censor[96]. La censura condicionó toda la producción editorial española durante la dictadura. Así el régimen obligó a todas las firmas que reanudaron su actividad después de la guerra a rehacer prácticamente sus catálogos. De hecho desaparecieron colecciones enteras dedicadas a temas políticos o sociales para dejar paso a series de santos o de héroes de la Cruzada[97]. Por ejemplo, Biblioteca Nueva tuvo que suprimir su colección "Las nuevas doctrinas sociales", que recogía títulos de Lenin, Kautsky y Kerenski. La Editorial Aguilar también eliminó de su fondo la "Biblioteca de Ideas y Estudios Contemporáneos", donde había publicado textos de Plejanov, Proudhon, o El Capital de Marx. A cambio Biblioteca Nueva sacó una serie “Vida de santos españoles” con títulos como San Juan de Dios de Mariano Tomás, Santo Toribio, obispo de Astorga (un momento de la formación de España) de Luis Alonso Luengo, o Santo Domingo de Guzmán de Luis Alonso Getino, todos en 1939. La casa Aguilar también publicó una colección religiosa “Razonemos nuestra fe”, donde aparecieron títulos como Cristo Rey o Jesucristo y nuestro siglo de Tihamér Tóth o Jesucristo de Vicente de Pereda en 1939, y Meditaciones del Doctor de la Iglesia San Agustín en 1940. Asimismo sacó títulos como Asalto a la cárcel modelo (22 de agosto de 1936) de Francisco Pino, Lira de flechas: versos de la Quinta columna de Enrique Castaño Gallesta en 1939, y El comunismo en España: treinta y dos meses de barbarie en la Zona Roja de Carolina Peralta en 1940. En esos años de posguerra proliferaron los títulos de carácter religioso así como los relacionados con la versión oficial guerra civil. En la casa Sopena publicaron España vence a la Internacional comunista de José Ramblas en 1939, y Episodios de la Historia Sagrada: Antiguo Testamento en 1940. En Espasa-Calpe salió Calvo Sotelo: una vida fecunda, un ideario político, una doctrina económica de Aureli Joaniquet y El cristianismo como doctrina de vida y como vida de Juan Zaragüeta, ambos de 1939.

        Igualmente el comercio de librería extranjera se vio muy perjudicado debido a las restricciones impuestas por la censura, aparte de las trabas burocráticas para conseguir las licencias de importación y las dificultades para obtener divisas, sobre todo, durante el período de la autarquía económica[98].

         Además la censura perjudicó la proyección exterior de la industria del libro española contribuyendo al desarrollo de los sellos americanos. Estas empresas se ocuparon de publicar todos los textos en español, traducciones y originales, prohibidos en la España de Franco. Estas casas contaron con la colaboración de numerosos profesionales o intelectuales exiliados. Este fue el caso de profesionales consagrados como Rafael Giménez Siles, José Venegas, Antonio López Llausás, o bien de nuevos editores y libreros como Juan Grijalbo o Benito Milla[99]. Además otros muchos participaron activamente en el mundo del libro como directores de colecciones, autores, traductores, críticos, o bien como ilustradores, correctores, impresores, distribuidores y libreros. Sólo en México surgieron más de treinta editoriales impulsadas por españoles, destacando Editorial B. Costa-Amic, Proa, Leyenda, Séneca, EDIAPSA, Grijalbo, UTEHA, Porto, Joaquín Mortiz, Era, Ediciones Rex, Atlántida, Ediciones España, Minerva, Jurídicas Hispanoamericanas, Lex, Magister, Cima, Lemuria, Moderna, Norte, Continental, Orión, Quetzal, Nueva España, Biblioteca Catalana, Xótchitl, Alejandro Finisterre o Esfinge. Asimismo muchos desterrados colaboraron en Fondo de Cultura Económica como Manuel Andújar, Enrique y Joaquín Díez-Canedo, Bernardo Giner de los Ríos, Agustín Millares Carlo, José Gaos, León Felipe, Eduardo Nicol, o Wenceslao Roces. Igualmente otras tantas librerías fueron fundadas por españoles como la Librería Juárez, Cide, Librería de Santiago Ballescá, El Gusano de Luz, Librería Técnica, Góngora, IDEEA, Quetzal, Madero, Librería General, Librerías Cristal, UDE, o México Lee[100]. En Argentina también fue intensa la labor de editoriales creadas por españoles como Losada, Sudamericana, Emecé, Nova, Botella al mar, Pleamar, Nuevo Romance, Poseidón, Vasca Ekin, Ediciones Jurídicas Europa-Américo, Oberón, Periplo y Bajel, sin contar la intervención en las casas ya establecidas Americalee, Atlántida, Aniceto López, Omeba, Schipire, El Ateneo, o Antonio Zamora, donde trabajaron y publicaron españoles expatriados[101]. Por último conviene señalar la labor de estas editoriales en la publicación de autores del interior que no podían sacar sus obras por problemas con la censura. Este fue el caso de La Colmena de Camilo José Cela que apareció en Emecé en 1951 y de Señas de identidad de Juan Goytisolo que salió en Joaquín Mortiz en 1967. Resulta paradójico que el propio Cela fuera censor en la España franquista.

         Asimismo las editoriales americanas, especialmente las mexicanas y argentinas, eran mejores que las españolas en calidad tipográfica y contenidos porque recogían la producción de los intelectuales desterrados y de todas las obras prohibidas en la Península. Estas casas despegaron después de la segunda guerra mundial con la participación de muchos profesionales del libro exiliados y continuaron siendo superiores que las españolas hasta los años 60. Por otra parte la producción española de posguerra con un nivel científico e intelectual bajo, controlada por la dictadura, y con impresiones y papeles deficientes, lógicamente no resultaba atractiva para el público americano. Para las antiguas editoriales la situación fue dramática, ya que después de sobrevivir a los daños y pérdidas de la guerra, tuvieron que adaptarse a unas circunstancias económicas muy difíciles y rehacer su fondo ante la imposibilidad de reeditar muchos títulos de las colecciones por causa de la censura, aunque hubieran tenido gran aceptación de público y buen nivel de ventas. En algunos casos estos títulos eran clásicos de los sellos, sus mayores éxitos, llegando así a desaparecer series completas. De hecho los editores se quejaban de que las ventas habían bajado un 60% en torno a 1949, diez años después de finalizar la contienda.

          Muchas firmas no continuaron sus actividades después de la contienda por diferentes problemas y cuestiones. Unas editoriales desaparecieron porque sus dueños y directores se marcharon al exilio. Este fue el caso de Cenit, Bergua, Saénz de Jubera o Catalonia, entre otras. Además numerosos profesionales fueron sometidos a expedientes de depuración por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, como hemos señalado anteriormente. Por el contrario otros editores fueron fieles a los militares como José Ruiz-Castillo, el librero León Sánchez Cuesta o Gustavo Gili. Ya hemos visto como el director de Biblioteca Nueva, José Ruiz Castillo, se trasladó a Valladolid y se puso a trabajar al servicio de los rebeldes con la creación de Ediciones Reconquista. León Sánchez Cuesta trabajó de traductor para Radio nacional desde Salamanca, antes de marcharse de lector de español a la Alemania nazi[102]. Y el editor catalán, Gustavo Gili, colaboró en la financiación de la organización franquista “Socorro Blanco”[103].

         La producción y el comercio del libro durante el franquismo, aparte de la censura, se vio condicionado por la creación del Instituto Nacional del Libro Español (INLE) el 23 de mayo de 1939 por el Ministerio de Gobernación. Aunque el reglamento del Instituto no se aprobó hasta dos años después, en abril de de 1941.

“La participación del Estado liberal en el problema del libro quedó limitado simplemente a la defensa de los intereses de productores y comerciantes. Sólo el empeño de difundir el libro español en la América determinó en algún momento que el Estado dictase disposiciones. Sin embargo, ni la competencia ni el procedimiento de ninguno de los organismos existentes bastan para cumplir la misión a que ahora se siente llamado el Estado español. Su carácter totalitario y la necesidad de que la producción y el comercio del libro dejen de ser considerados como tareas meramente privadas obligan a plantear con medios y fines distintos cuanto a la intervención del Estado en la vida editorial se refiere”.

        El INLE se convirtió en el organismo oficial encargado de la política del libro. Además su aparición conllevó la desaparición de las Cámaras Oficiales del Libro y de Barcelona y de Madrid, creadas respectivamente en 1918 y 1922. Estas corporaciones públicas de profesionales eran cuerpos consultivos de la Administración. Eran instituciones a medio camino entre la acción estatal y las iniciativas particulares, ya que eran asociaciones patronales de carácter oficial. Así, en unas ocasiones actuaban como grupos de presión que defendían sus intereses y en otras estaban condicionadas por los poderes públicos. Además, su papel arbitral entre los profesionales del libro ante cualquier conflicto las situaba en un plano superior al de las asociaciones empresariales libres. Las cámaras oficiales fueron suprimidas para evitar conflictos derivados de la existencia de dos organismos con funciones semejantes y dirigidos por sectores diferentes y enfrentados. También contribuyó a esta desaparición la política autoritaria e intervencionista del Nuevo Estado. El primer director del Instituto fue el falangista Julián Pemartín[104]. Sobre la política del libro destaca el discurso del ministro de Educación Nacional desde 1939 hasta 1951, José Ibáñez Martín, pronunciado en Barcelona con motivo de la clausura de la Feria del Libro en 1946, donde afirmó que la función del Estado era la “de vigilar y evitar la difusión de la inmoralidad, la corrupción y la indisciplina social. Las cuestiones teológicas y eclesiásticas las deja el Estado español por completo al cuidado de la Iglesia, a la que se somete voluntariamente la totalidad de los escritores que entre nosotros cultivan esas materias. Es decir, que lo que en España no puede hacerse, y esto lo pregonamos orgullosamente a los cuatro vientos, es difamar a la Patria, prostituir la familia, corromper a la juventud, subvenir el orden social, atizar bajas pasiones y hacer granjería y criminal comercio de la mentalidad de las clases populares [la cursiva es mía]”[105].

         La intervención estatal llegó a obligar a los editores a presentar los planes de trabajo semestrales por Orden de marzo de 1941 a la Dirección General de Propaganda para buscar su aprobación porque era “misión del Estado vigilar escrupulosamente la producción del libro en todos sus aspectos” y no sólo se ocupaba de “la censura literaria en cuanto a la limpieza moral y a la exactitud política” sino también se trataba de regular el mercado debido a la escasez de papel. Se perseguía evitar que obras interesantes y útiles no pudieran ser editadas por las carencias de la materia prima básica mientras que obras innecesarias llegasen a ver la luz. El objetivo era evidente, controlar la producción bibliográfica del país, aparte de la censura previa. En este sentido otro Decreto de septiembre de 1941 hacía necesario un visado previo del Ministerio del Ejército para publicar obras referentes a la “guerra de liberación”, aparte de la consabida autorización sobre censura. Asimismo otra Orden de 25 de noviembre ampliaba la de marzo sobre la obligación de presentar los planes editoriales. Como la Subsecretaría de Prensa y Propaganda pasó a depender de la Vicesecretaría de Educación Popular de FET de las JONS por Ley de 20 de mayo de 1941, cada casa al lanzar una obra al mercado debía enviar a la Secretaría de Ediciones de la Delegación Nacional de Propaganda de la Vicesecretaría de Educación Popular un ejemplar de la misma, acompañando una declaración jurada donde apareciera el día de aparición de dicha obra en las librerías. Se ampliaban las trabas y trámites burocráticos para estrechar el vigilancia sobre el mercado del libro y la oferta bibliográfica. En el segundo artículo se establecían sanciones entre 500 y 5.000 pesetas a aquellas firmas que no presentaran los planes editoriales, y en casos de reincidencia contemplaba la suspensión temporal de las actividades editoriales. En julio de 1944 una Orden firmada por el Secretario General del Movimiento y Ministro, José Luis Arrese, suprimía la presentación obligatoria al Instituto del Libro de los planes semestrales de edición debido a que se había declarado la venta libre del papel de edición.

          En abril de 1944 la Vicesecretaría de Educación Popular en un intento de flexibilizar la aplicación de las normas sobre censura suprimía el trámite previo para las publicaciones de carácter litúrgico y los textos usados por la Iglesia católica. La rubrica de la Iglesia era toda una garantía para el régimen de limpieza ideológica y moral, no en vano el apoyo de la jerarquía eclesiástica durante la guerra y en la dictadura fue de vital importancia y el franquismo lo agradeció económica y políticamente con prebendas de todo tipo. De hecho el nacionalcatolicismo fue una de las bases fundamentales del régimen. También quedaban liberadas las obras de literatura española anteriores a 1800. Recordemos que una de las obsesiones del propio Franco era el siglo XIX, quería eliminarlo de la historia de España ya que era el origen de todos los males de la patria. El liberalismo era el causante de las peligrosas doctrinas posteriores, de la relajación de costumbres, y de la pérdida de las tradiciones. Las obras exclusivamente musicales y las que teniendo letra fuesen anteriores a 1800 también fueron eximidas de solicitar la autorización. Y por último esta medida se aplicó a los textos científicos y técnicos. Pero tampoco se trataba de permitir su libre producción y circulación ya que debían remitir a la Delegación Nacional de Propaganda la instancia y los ejemplares de depósitos acompañados de informes. En el caso de las obras literarias anteriores a 1800 necesitaban un informe de la Secretaría de la Real Academia de la Lengua, las musicales de la Real Academia de Bellas Artes. Las científico y técnicas eran permitidas siempre que fuesen editadas por las Reales Academias, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o las Universidades del Estado, y las eclesiásticas, y las de las escuelas oficiales y demás centros superiores de enseñanza o de investigación con el oficio del Director o Rector del centro respectivo. Si eran publicadas por editoriales comerciales debían acompañar un informe del CSIC, universidad o centro superior de la circunscripción en la que radicase la casa editorial. Y en el caso de los libros eclesiásticos debían incluir un oficio del religioso correspondiente. De este modo se garantizaba la adecuación de las obras a las directrices oficiales. No podía permitirse que se publicasen libremente títulos peligrosos aprovechando esta agilización de trámites.

         La Feria del Libro de Madrid fue una iniciativa republicana que se suspendió durante la guerra y no se reanudó hasta 1944 en la rebautizada Avenida Calvo Sotelo por los problemas de la industria editorial. A partir de entonces fue organizada por el Instituto Nacional del Libro Español y pasó a denominarse Feria Nacional del Libro[106]. Coincidiendo con este acontecimiento se celebró la primera Asamblea del Libro Español después del conflicto civil[107].

Las bibliotecas y lecturas en las prisiones 

        Si el panorama editorial y bibliotecario caracterizado por las destrucciones, las depuraciones y la censura previa era el habitual para los ciudadanos libres, la situación era mucho peor para la población reclusa. Los presos políticos fueron numerosos durante la guerra civil y en la inmediata posguerra. Los estudios fijan en 300.000 personas la población reclusa en la España de 1940. Aparte de la privación de libertad tuvieron que vivir en condiciones materiales muy difíciles, que en demasiadas ocasiones les costó la vida. A esta situación se unió la imposición de la ideología nacional-católica por la propaganda del régimen y el sistema de redención de penas por el trabajo. Se trataba de erradicar las ideas de las mentes de los que se opusieron a la sublevación militar y a la dictadura. Esta fue otra forma de represión ejercida sobre los vencidos[108]. El control y las prohibiciones se impusieron en las lecturas de las cárceles. No se podía leer prensa habitual, aunque estaba controlada por la censura, tan sólo el semanario Redención, dedicado exclusivamente a los presos y cuya venta era por suscripción al precio de dos pesetas al trimestre. A través del semanario, se publicó una colección de libros baratos para difundir el pensamiento de los vencedores. La Editorial Redención realizó tiradas entre 25.000 y 30.000 ejemplares que eran vendidos en las cárceles al precio de una peseta. Entre los primeros títulos destacan Franco de Joaquín Arrarás, La fundación de un Imperio: (España en América) de Ciriaco Pérez-Bustamente, José Antonio: biografía e ideario con estudio y selección de González Ruiz y prólogo de Pilar Primo de Rivera, todos de 1940. Al año siguiente apareció Musa redimida. Poesías de los presos en la Nueva España y Catecismo, primer grado y Catecismo, segundo grado ambos del cardenal Gasparri, Primeras lecturas. Grado elemental de la Enciclopedia para la instrucción primaria en las prisiones, Enciclopedia. Grado medio para la instrucción primaria en prisiones. Con semejantes textos el franquismo quería reeducar a los presos y presas políticos. La lectura de esos libros era un castigo, y para aquellos que habían defendido la República y que por ello estaban privados de libertad, el contenido de las hagiografías de Franco y José Antonio resultaba humillante. En este sentido destaca la afirmación del director general de Prisiones, Francisco Aylagas a fines de los años 40, “ninguno de los otros medios de difusión de las ideas tiene tanto poder y ofrece tanto influjo como el libro en el alma de los presos”[109].

         En 1942 la Memoria de Patronato señalaba que las bibliotecas de prisiones contaban con fondo revisado y censurado de 35.266 volúmenes, siendo las provinciales las que tenían 21.742, las prisiones centrales poseían 9.658 y las de partido 3.866 ejemplares. Según las estadísticas en las cárceles provinciales se habían realizado 143.017 lecturas, en las centrales 125.076 y en las de partido 18.983, alcanzando un total de 287.076 de lecturas. Esos mismos datos oficiales recogían que los títulos más demandados por los reclusos, dentro de esa oferta limitada, eran El Quijote, El sombrero de tres picos de Antonio de Alarcón, el Nuevo Testamento, la Divina Comedia, Quo vadis?, o los discursos de José Antonio. Pero, la realidad distaba mucho de la propaganda oficial del régimen. En la madrileña cárcel de mujeres de Ventas, una reclusa recuerda el panorama desolador de la biblioteca: “No tuvimos estímulos de tipo intelectual en todo el tiempo que duró la reclusión. No había libros en Ventas. La biblioteca de la prisión había sufrido el ataque de las sucesoras de Torquemada. Entre los libros quemados estaban los Episodios Nacionales. No hacía falta más comentario. Por otra parte, no había sitio para tener libros en el hacinamiento de la cárcel”[110]. La misma presa, que prefirió mantener el anonimato, contó a Tomasa Cuevas que en las distintas cárceles por las que pasó, Ventas, Segovia, Amorebieta, “no tuvimos nunca radio, prensa, revistas (salvo algunas que clandestinamente nos pasaban algunas funcionarias con grave riesgo, a quienes agradecemos su valor)”. También contó que un catedrático de Universidad consiguió autorización para introducir libros de literatura a una antigua alumna que circularon entre el resto de reclusas.

          En la cárcel de Segovia consiguieron permiso para comprar libros y formaron grupos de lectura “-una leía para que las demás no abandonasen su labor-“, y recordaba que el Quijote y la vida de Marie-Curie fueron los que más impresionaron, incluyendo “a mujeres que no sabían leer, o al menos no lo suficiente para leer un libro por sí mismas”[111]. Asimismo cabe destacar el efecto multiplicador de las lecturas orales y colectivas, y las iniciativas para crear una biblioteca ambulante dentro de la cárcel que erradicase el analfabetismo entre las reclusas.

“De ese tanto por ciento que te digo que dejábamos, que era poquito pero al que contribuía la mayoría de la prisión, comprábamos libros: cada mes comprábamos una novela buena y alguna cosa de estudio; nos sentábamos haciendo punto en corro y una leía. Las que mejor lo hacían leían dos horas todos los días. Cada media hora se iban turnando y después de leídos hacíamos coloquio. Era una biblioteca ambulante y se nombró una bibliotecaria. Es decir, si querías leer un libro te apuntabas y la bibliotecaria sabía siempre dónde estaba el libro. Cuando un libro había sido leído por toda la reclusión se hacía una rifa en la que ya no entrabas si te había tocado una vez, así todas las reclusas tenían un libro suyo. […] Otra de las consignas que nos fijamos fue la de que no podía haber ninguna analfabeta entre nosotras, y así se organizaron clases en grupos, clases en las que inmediatamente que entraba una mujer y era analfabeta se le enseñaba, las que sabían algo daban clases”[112].

         Siguiendo el Reglamento de 1948 la biblioteca de la prisión debía ser seleccionada conforme a las normas de la Iglesia. De acuerdo a las mismas debían excluirse las siguientes lecturas: los textos de los enemigos de la Iglesia, o influenciadas por el paganismo o la superstición. Las obras que están en contra de la libertad, de la inmunidad y de la jurisdicción eclesiástica. Los libros irreverentes o indiferentes con la religión. Aquellos ejemplares que incluyeran ejemplos o ficciones que hiriesen o violasen los ritos eclesiásticos, las órdenes, estado, dignidad y persona de los religiosos, y principalmente, los que propagaban el llamado volteranismo, o el desprecio o irrisión, o al menos la indiferencia hacia lo que se refiere a la religión y a la pureza de las costumbres[113]. El mismo pontífice Pío XII en un mensaje radiofónico del 7 de agosto de 1940 señalaba que “el peligro de las malas lecturas es, en ciertos aspectos, más grave aún que el de las malas compañías, porque sabe familiarizarse más traidoramente”, aunque advertía de estos males para todos los públicos, no sólo para los presos.

         Pero, los reclusos leían otros libros de manera clandestina para mantener su identidad y convicciones políticas. De este modo escapaban a la versión oficial y a su falta de libertad. Existen numerosos testimonios al respecto como el del poeta Marcos Ana, seudónimo de Fernando Macarro Castillo, que pasó veintitrés años recluido, después de ser condenado a muerte en dos ocasiones.

“Pasar clandestinamente un libro en la prisión no era lo más difícil, pero mantenerlo protegido, sorteando los registros frecuentes a los que éramos sometidos, era casi imposible. Sin embargo hacía tiempo que habíamos encontrado la solución. En la prisión había una biblioteca oficial, compuesta en su mayoría de libros religiosos o banales. Todos ellos llevaban en su primera página el sello de “autorizado” y las firmas del Director y del Capellán de Prisiones. Pues bien, elegíamos entre ellos el más parecido en tamaño y tipo de letra al libro que queríamos “clandestinizar”, desencuadernábamos los dos y después reconstruíamos un solo libro, intercalando las páginas de ambos, pero dejando al comienzo las que portaban el sello oficial y las firmas de rigor (…). Así teníamos encuadernados cerca de un centenar de libros ilegales que nos servían para alimentar nuestra vida política y cultural en la prisión”[114].

         En las cárceles se establecieron redes de libros clandestinos que permitieron que en el penal de Burgos Marcos Ana pudiera leer obras del Federico García Lorca, Rafael Alberti, o de Miguel Hernández con el compartió prisión. Los libros entraban en los centros penitenciarios en latas de conserva y escondidos entre la ropa. “Los libros de María Teresa y de Alberti, que acabábamos de recibir en la prisión, después de camuflarlos, como hicimos con elCanto General de Neruda, circularon entre nosotros y se realizaron lecturas colectivas”[115].

         A parte de la lectura prohibida y autorizada, la escritura también ayudó a la supervivencia en las cárceles y fue otra forma de resistencia. Desde los diarios de prisión, las cartas, pasando por los dibujos, inscripciones y graffiti, hasta los periódicos clandestinos[116].

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[1] Entre los últimos estudios sobre la represión política del franquismo destacamos: MIR CURCÓ, C. (Ed.), La represión bajo el franquismo, en Ayer, Madrid, nº 43, 2001. CASANOVA, J. (Coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002. VINYES, R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid, Temas de Hoy, 2002. MOLINERO, C., SALA, M, y SOBREQUÉS, J. (Eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003. EGIDO, A. y EIROA, M. (Eds.), Los campos de concentración franquistas en el contexto europeo, en Ayer, Madrid, nº 57, 2005 (1). RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005. Redención de de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. GÓMEZ BRAVO, G., El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus, 2009. Barcelona, Crítica, 2005. GÓMEZ BRAVO, G., “Por el trabajo hacia Dios y hacia Dios” en La redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. Del mismo autor, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus, 2009. NUÑEZ DÍAZ-BALART, M. (Coord.), La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Barcelona, Flor de Viento, 2009. EGIDO LEÓN, A., El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009. GÓMEZ BRAVO, G. y MARCO, J., La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950, Barcelona, Península, 2011.

[2] Vid. RICHARDS, M., Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 1999. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio, “Opresión y pseudo-juricididad: de nuevo sobre la naturaleza del franquismo” en Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, Université de Provence, nº 24, 1996, pp. 31-46.

[3] Vid. “Auto de fe en la Universidad Central” en Ya, 2 de mayo de 1939, p. 2. Aparte de Antonio Luna García, delegado provincial de FET de la JONS en Madrid y secretario nacional de la Jefatura de Educación, en este acto estuvieron presentes Salvador Lisarrague Novoa, secretario provincial de dicha Jefatura de Educación y de la delegación provincial madrileña de Falange, así como David Jato, jefe provincial del Sindicato Español Universitario (SEU). Antonio Luna fue el primer juez instructor nombrado de la Comisión Superior Dictaminadora para depurar el profesorado de la Universidad de Madrid al acabar la guerra. Asimismo el profesor, Salvador Lisarrague, acabó siendo el primer responsable del Ateneo de Madrid intervenido.

[4] Vid. GÓMEZ DE CASTRO, A., De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros, edición de OROZ RETA, J., Madrid, FUE, 1984, p. 99.

[5] Vid. el testimonio y la experiencia del inspector de bibliotecas, Juan Vicéns de la Llave: “Recientemente he podido tener noticias de la suerte de algunas bibliotecas que actualmente se encuentran en zona rebelde. La historia es simple, la misma: el bibliotecario es fusilado, los libros quemados, todos los que participaron en su organización son fusilados o perseguidos”, España viva. El pueblo a la conquista de la cultura, Madrid, VOSA, 2002, p. 55.

[6] Vid. MORENO GÓMEZ, Francisco, La guerra civil en Córdoba (1936-1939), Madrid, Alpuerto, p. 307.

[7] Vid. GÁLLEGO RUBIO, Mª C., Juana Capdevielle San Martín. Bibliotecaria de la Universidad Central, Madrid, Universidad Complutense, 2010. BLANCO, C., “Vida e morte de Juana Capdevielle” en Vermellas, Unión Libre, Cuadernos de Vida e Culturas, nº 11, 2006, pp. 13-21

[8] Vid. FERNÁNDEZ BAEZ, Fernando, “El bibliocausto nazi” en Historia universal de la destrucción de libros. de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, Barcelona, Destino, 2004, 218-227. POLASTRON, Lucien X., Libros en llamas. Historia de la interminable destrucción de bibliotecas, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.

[9] Vid. ANDRES DE BLAS, José, “La guerra civil española y el mundo del libro: censura y represión cultural (1936-1937)” en Represura, http://www.represura.es/, nº 1, septiembre de 2006, pp. 1-78. Para estas cuestiones se recomiendan todos los números de Represura. Revista de Historia contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, desde su aparición en 2006.

[10] Por el contrario la bibliografía sobre la destrucción nazi es cuantiosa, vid. por ejemplo WALBERER, U. (Ed.), 10 Mai 1933 Buecherverbrennung in Deutschland und die Folien, Frankfuyrt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1983. GRAF, A. y KUEBLER H. D., Verbrante Buecher Verbrante Ideen, Hamburg, O. Heinevetter, 1983. STERN, Guy, Nazi book burning and the american response, 1990. ROSE, J. (Comp.), The Holoucaust and the Book, Ambherst, University of Massachussetts Press, 2001. STIEG, M. F., Public Librairies in nazi Germany, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1992. RICHARD, L., Le Nazisme et la culture, Bruselas, Complexe, 1988.

[11] Vid. PÉREZ, M., Cuatro meses de barbarie. Mallorca bajo el terror fascista, Valencia, CNT-FAI, 1937, p. 11.

[12] Vid. El Ideal Gallego, 18 de agosto de 1936, y FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos, Historia de las Librerías Coruñesas 1936-1996, Arenas Librería, 1996, pp. 82-83.

[13] Vid. BOZA PUERTA, Mario y SÁNCHEZ HERRADOR, Miguel Ángel, “El martirio de los libros: una aproximación a la destrucción bibliográfica durante la Guerra Civil” en Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 86-87, enero-junio 2007, pp. 79-95. Sobre la quema de libros en este período destaca la novela de Manuel Rivas, Los libros arden mal, Madrid, Alfaguara, 2007.

[14] Vid. GARCÍA MONTOTO, F., En el amanecer de España, Tetuán, Imprenta Hispania, 1938, p.89. El título del capítulo es una declaración de guerra contra el mal libro: “”Estupefacientes” del alma (El libro y la prensa mal inspirados, germen del odio y de la destrucción revolucionaria)”. Este texto corresponde a la charla radiada por la emisora de la guardia civil de Tetuán el 12 de noviembre de 1936.

[15] Vid. SEVILLANO CALERO, Francisco, Rojos. La representación del enemigo durante la guerra civil, Alianza Editorial, 2007. PÉREZ BOWIE, José A., “Retoricismo y estereotipación, rasgos definidores, el discurso de la derecha durante la guerra civil” en ARÓSTEGUI, J., (Coord.), Historia y Memoria de la Guerra Civil: Encuentro en Castilla y León (Salamanca, 24-27 de septiembre de 1986), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988, pp. 353-373.

[16] Vid. ANDRES DE BLAS, José, “La Delegación de Estado para Prensa y Propaganda y la censura de libros” en Represura, http://www.represura.es/, nº 2, enero 2007, pp. 1-80.

[17] Vid. MORENTE VALERO, F., La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943). La escuela y el Estado Nuevo, Valladolid, Ámbito, 1997. Sobre el profesorado universitario destaca CLARET MIRANDA, J., El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006. OTERO CARVAJAL, L. E. (Dir.), La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo, Madrid, UCM, 2006.

[18] Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 1937.

[19] Vid. Bandos y órdenes dictados por el Excmo. Sr. D. Gonzalo de Queipo de Llano y Sierra, General Jefe de la 2ª División Orgánica y del Ejército del Sur. Comprende desde la declaración del estado de guerra el 18 de julio de 1936 hasta el fin de febrero de 1937, Sevilla, Imprenta Municipal, 1937, pp. 24-25.

[20] Vid. RUBIO MAYORAL, Juan Luis, “La depuración de la cultura popular. La Universidad y el Ateneo de Sevilla en la censura de libros durante la guerra civil” en BELENGUER CALPE, Enrique y otros, VII Coloquio Nacional. Historia de la Educación, Tomo III: Educación Popular, Universidad de La Laguna, 1998, 251-266. La coincidencia entre el Bando de Queipo y la Orden de la Junta Técnica fue señalada por este autor, y posteriormente recogida por José Andrés de Blas en su estudio ya citado, “La guerra civil española y el mundo…” en Represura.

[21] Vid. BAHAMONDE, A., Un año con Queipo de Llano. Memorias de un nacionalista, Sevilla, Espuela de Plata, p. 129, (orig. de 1937).

[22] Vid. MORENO GÓMEZ, Francisco, La guerra civil…, p. 454.

[23] Vid. ABC, Sevilla, 26 de septiembre de 1936, p. 17.

[24] Vid. AGA, Sección de Educación, caja nº 4752.

[25] Sobre la incautación y requisas de libros vid. la “Relación de obras editadas por varias casas editoriales durante los años 1936-1939”, así como el “Índice de las obras doctrinales y literarias de tendencia revolucionaria y marxista que obran en la sección Político-Social de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos” en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca: Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia de Gobierno (DNSD), Caja 36.

[26] Vid. “Organización de los equipos de campaña y registros”. “Normas para la entrada en una ciudad recién ocupada”. “Oficinas de campaña”. “Normas para efectuar los registros”. “Líneas generales sobre Organización de la Sección de Justicia en la Delegación del Estado para recuperación de Documentos o en el Organismo que se adelante se instituya para continuar sus fines”. “Recuperación de Documentos. Notas informativas sobre la transformación del Organismo” en el CDMH de Salamanca: DSN, Secretaría General, Expte. 330.

[27] Vid. en el CDMH: DNSD, Secretaría General, Caja 238.

[28] Distribuidora de Publicaciones tenía en exclusiva las obras de Editorial Nuestro Pueblo, Estrella, editorial para la Juventud, Ediciones Europa-América, Ediciones del Partido Comunista de España, Ediciones del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas, Editorial Cruz y Raya, Ediciones Españolas, Ediciones Héroe, Editorial J.S.U, Ediciones del Socorro Rojo Internacional, Ediciones de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, así como las publicaciones periódicasU.R.S.S en construcción, revista mensual ilustrada, Nuestra Bandera, revista teórica del Comité Central del Partido Comunista de España, Espartaco, revista de orientación juvenil, Nueva Cultura, revista mensual de información crítica y orientación intelectual, Mundo Obrero, órgano central del Partido Comunista de España,Frente Rojo, órgano central del Partido Comunista de España, Nueva Galicia, portavoz de los antifascistas gallegos, La Hora, diario de la juventud, y No veas, semanario humorístico.

[29] Vid. las memorias del editor AGUILAR, Manuel, Una experiencia editorial, Madrid, Aguilar, 1973, vols. I y II, pp. 488-565, donde cuenta su actividad profesional al frente de esta casa desde 1914 hasta 1923, en que crea su propia editorial ante la negativa de SGEL a realizar tareas editoriales. Y "Vida vivida: 1914. El nacimiento de una empresa" y "Vida vivida: Tiempos de cambio" en Noticias de SGEL, Madrid, nº 8 y 9, noviembre y diciembre de 1997, pp. I-IV y V-VIII.

[30] Vid. el escrito e “Informe sobre publicaciones, editoriales y librerías de Barcelona” en el CDMH: DNSD, Secretaría, Caja 3.

[31] Vid. en el CDMH: DNSD, Secretaría, Caja 11, Expte. 11.

[32] La editorial España fue fundada por los políticos socialistas Luis Araquistáin, Álvarez del Vayo y Juan Negrín en 1929 y alcanzó gran popularidad porque editó en español la novela alemana antibelicista, Sin novedad en el frente, de Eric M. Remarque, editada ese mismo año. Fue un best-seller de la época llegando a vender 110.000 ejemplares y alcanzando nueve ediciones en un año.

[33] Vid “La depuración de libros” en Ya, Madrid, 17 de mayo de 1939, p. 3.

[34] Vid. “Depuración de libros” en Ya, Madrid, 13 de mayo de 1939, p. 4.

[35] Vid. SEGUÍ I FRANCÈS, R., “Don Antonio Rodríguez-Moñino en la Valencia de la guerra civil (1937-1939): el itinerario de un intelectual comprometido con la causa republicana” en En defensa de la cultura: Valencia, capital de la República (1936-37), Valencia, Universitat de Valencia, 2008, pp. 134-165.

[36] Vid. ORQUÍN, Felicidad (Ed.), Conversaciones con editores. En primera persona, Madrid, Ediciones Siruela, p. 29. Amparo Soler trabajó junto a su padre y a su hermano en la Tipográfica Moderna durante la guerra.

[37] Vid. GALLOFRÉ I VIRGILI, M., L’edició catalana i la censura franquista, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, Apèndix 3: p.489. Incluía una serie de autores prohibidos entre los que se encontraban Zola, Voltaire, Rousseau, Upton Sinclair, Gorki, Carmen de Burgos, Romand Rolland, Salgari, Balzac, Michelet, Sender, o Bosch Gimpera.

[38] Ibidem, pp. 490-4934

[39] Vid. la circular de la Jefatura Provincial de Propaganda de Barcelona a la Cámara del Libro del 20 de abril de 1939 en Biblioteca Bergnes de las Casas (Biblioteca de Cataluña), Caja nº 213.

[40] Vid. AGA, Sección de Educación, Caja nº 6064 y 6065.

[41] [41] Vid. ESCOLAR, Hipólito, La cultura durante la guerra civil, Madrid, Alhambra, 1987. ALTED VIGIL, Alicia, Política del nuevo estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984. RUIZ BAUTISTA, Eduardo, Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios en el primer franquismo, Gijón, Trea, 2005. SANTONJA, Gonzalo, De un ayer no tan lejano: (cultura y propaganda en la España de Franco durante la guerra y los primeros años del Nuevo Estado, Madrid, Noesis, 1996.

[42] Vid. ALTED, Alicia, Política del nuevo estado…, pp. 64-65.

[43] Sorprende el ensañamiento con esta Enciclopedia ya que siguió valores católicos, de hecho casi la cuarta parte de los colaboradores eran eclesiásticos como demostró Philippe CASTELLANO en su estudio, Enciclopedia Espasa. Historia de una aventura editorial, Madrid, Espasa, 2000.

[44] Vid. Navarra 1936. de la esperanza al Terror, Tafalla, Altafaylla, 2003, pp. 495, 784.

[45] Vid. HARO TEGLEN, E., “Libros para empezar una vida” en Biblioteca en guerra, Madrid, Ministerio de Cultura, 2005, p. 56.

[46] Vid. MATO, A., La lectura popular en Asturias (1869-1936), Oviedo, Pentalfa, 1991 y NAVARRO NAVARRO, J., “Ecos de la lectura obrera. Las bibliotecas sindicales y anarquistas” en Libros en el infierno, 1939. La biblioteca de la Universidad de Valencia, Valencia, Universitat de Valencia, 2008, pp. 227-254.

[47] Vid. El Ateneo intervenido 1939-1946, Madrid, Ateneo de Madrid, 2008, pp. 67 y 68.

[48] Vid, SALAVERRÍA, J. Mª, “Los secretos de librería” en ABC, Madrid, abril de 1939, p. 1.

[49] Vid. ALBIÑANA, S., “Requisados, raros y curiosos” en Libros en el infierno, 1939…, pp. 13-61.

[50] MARTÍNEZ RUS, Ana, La política del libro durante la Segunda República: socialización de la lectura, Gijón: Trea, 2003. "La biblioteca pública, un derecho democrático (1931-1939)" en CÁTEDRA GARCÍA, P. M., LÓPEZ VIDRIERO ABELLO, Mª L., PÁIZ HERNÁNDEZ, Mª I. (Coords.), La memoria de los libros: estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez/Fundación Duques de Soria, 2004, vol. 2, pp. 229-244. “La lectura pública en la Segunda República” en MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A., (Ed.), Historia de la lectura, nº 58 de Ayer, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 179-203. “La difusión de la lectura en la sociedad republicana: ciudadanos, política y editores” en CHAPUT, M-C. et SICOT, B. (Eds.), Regards: Résistances et Exils, París, 2005, vol. 8, Université de Paris X-Nanterre, pp. 87-100.

[51] Vid. al respecto los informes del inspector de bibliotecas, Juan Vicéns de la Llave en AGA, Sección de Cultura, Caja nº 20052.

[52] Vid. la situación de las bibliotecas municipales, de Misiones Pedagógicas y populares al acabar la guerra civil, junto con los archivos y los monumentos de los pueblos del país, clasificados por provincias, en AGA, Sección de Educación, Cajas nº 3827 y 4319. Fueron destruidas totalmente las bibliotecas municipales de Aguaviva, Alcañiz, Aliaga, Cedrillos, Ejulve, Estercuel, Guadalaviar, Híjar, Mas de las Matas, Mosqueruela, Olba, Toril y Masegoso, Valbona, Valdelinares, Valdetormo (Teruel), Alcublas, Casinos, Cheste, Godella, Pedralba, (Valencia), Antequera, El Burgo (Málaga), Belmez, Villanueva del Duque (Córdoba), Castellar de Santiesteban, Porcuna (Jaén), Corrales (Zamora), Enciso (Logroño), Esteras de Lubia, Morón de Almazán (Soria), Fonz, El Grado, Naval (Huesca), Fuentealamo, Vianos (Albacete), Guadix, Juviles (Granada), Mandemayor (Guadalajara), Mas de Barberans (Tarragona), Mérida (Badajoz), Mongay (Lérida), Navalperal de Pinares (Ávila), Onda (Castellón), Quinto (Zaragoza), Reinosa (Santander), Ubidea (Vizcaya), Vera (Almería), Verdú (Lérida). Fueron destruidas parcialmente las bibliotecas de Alcira, Carlet (Valencia), Arens de Lledó, Blesa, Caude, Cretas, La Puebla de Híjar, Torrevelilla, Tramascamilla (Teruel), Canet lo Roig (Castellón), Carranque (Toledo), Fabara (Zaragoza), Fuente el Fresno ( Ciudad Real), Gaucín (Málaga), Peralta de la Sal (Huesca), La Romana (Alicante), San Cugat de Vallés (Barcelona), Sástago (Zaragoza), Ulldecona (Tarragona), Villanueva del Rosario (Córdoba).

[53] Vid. el Informe de visita a la Biblioteca municipal de Bienservida el 15 de septiembre de 1946 en AGA, Sección de Cultura, Caja nº 19770.

[54] Aparte de los escritores mencionados también fueron censurados entre otros: Clarín, Miguel de Unamuno, Felipe Trigo, Eduardo Zamacois, Pérez de Ayala, Ramón J. Sender, D’Alambert, Condorcet, Voltaire, Rousseau, Alejandro Dumas, Bosch Gimpera, Eugenio Sue, Baudelaire, Zola, Anatole France, Gorki, Darwin, Charles Dickens, Nietzsche, Upton Sinclair, Sinclair Lewis, Schopenhauer, Freud o Marx. Sobre la depuración de las bibliotecas de Misiones Pedagógicas vid. BLAS, José Andrés de, “algunos listados de libros depurados durante la guerra civil española en las bibliotecas escolares de Palencia (y Valladolid)” en Represura, Documentación.

[55] Vid. Memoria de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza correspondiente al año 1938 (20-1-1939) en AGA, Sección de Educación, Caja nº 5459. Sobre la depuración de bibliotecas vid. también en AGA, Sección de Educación, Cajas nº 4753, 4754 y 4755. Para el caso asturiano vid. el trabajo de BORQUE LOPEZ, Leonardo, Bibliotecas, archivos y guerra civil en Asturias, Gijón, Trea, 1997.

[56] [56] En AGA, Sección de Educación, Caja nº 5459.

[57] Sobre la labor bibliotecaria del bando franquista en guerra vid. la Memoria sobre las Bibliotecas Universitarias y sus secciones populares, así como las provinciales, s.a., 1939?, en AGA, Sección de Educación, Caja nº 4753.

[58] Vid. el informe sobre el Servicio Nacional de Lectura. Su naturaleza. Sus características. Su actividad, en AGA, Sección de Cultura, Caja nº 20156.

[59] JUNTA DE INTERCAMBIO Y ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS, Catálogo de la Biblioteca Central Circulante, Madrid,1946, Tomo I, pp. V y VI.

[60] Vid. el original manuscrito y la primera impresión del Plan de Bibliotecas en AGA, Sección de Cultura, Caja nº 20044. FAUS SEVILLA, P., La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María Moliner, Madrid, ANABAD, 1990.

[61] Vid. FABRE, G., L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Turín, Silvio Zamorani, 1998. ACAVEDO, C. de, Mutiladas e prohibidas: para a história da censura literaria em Portugal nos tempos do Estado Novo, Lisboa: Caminho, 1997. A censura de Salazar e Marcelo Caetano, Lisboa, Caminho, 1999.

[62] Sobre el fenómeno de la censura existen numerosos estudios, entre los que destacamos: ABELLAN, Manuel L., Censura y creación literaria en España (1939-1976), Barcelona, Península, 1980; “Censura y autocensura en la producción literaria española”, en Nuevo Hispanismo, nº 1, 1982, pp. 169-180; “Fenómeno censorio y represión literaria”, en Diálogos Hispánicos de Amsterdam, nº 5, 1987, pp.5-26; ANDRÉS DE BLAS, José, "El libro y la censura durante el franquismo: un estado de la cuestión y otras consideraciones" en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V: Historia Contemporánea, Madrid, UNED, nº 12, 1999, pp. 281-301; BENEYTO, Antonio, Censura y política en los escritores españoles, Barcelona, 1975; RUIZ BAUTISTA Eduardo, “En pos del “buen lector”: censura editorial y clases populares durante el franquismo (1939-1945) en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V: Historia Contemporánea, Madrid, UNED, nº 16, 2004, pp. 231-251.  RUIZ BAUTISTA, Eduardo (Coord.), Tiempo de censura. La represión editorial durante el franquismo, Gijón, Trea, 2008. Por último señalamos la recopilación que han realizado ANDRÉS DE BLAS, José, y GÓMEZ CASTRO, Cristina, “Avance bibliográfico: el libro y la censura, censura y traducción durante la época franquista” en Represura,http://www.represura.es/, nº 5, junio de 2008, pp. 1-15.

[63] Boletín Oficial del Estado, 17 de enero de 1937.

[64] Vid. SANTONJA, Gonzalo, Del lápiz rojo al lápiz libre. La censura de prensa y el mundo del libro, Barcelona, Anthropos, 1986.

[65] Vid. BENEYTO, J., “La censura en los primeros años del franquismo. Las normas y los hombres” en Diálogos de Amsterdam, nº 5, 1987, pp. 27-40.

[66] Vid. ALBIÑANA, Salvador, “Requisados, raros y curiosos” en Libros en el infierno, 1939…, pp. 30-31.

[67] Vid. BERMEJO, Benito, “La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un Ministerio de la Propaganda en manos de Falange” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V: Historia Contemporánea, nº 4, Madrid, 1991, pp. 73-96.

[68] Vid. a MORET, Xavier, Tiempo de editores. Historia de la edición en España, 1939-1975, Barcelona, Destino, 2002, p. 17.

[69] Vid. la depuración de las bibliotecas escolares y públicas en Navarra, así como el listado de libros censurados en las bibliotecas creadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas en BERRUEZO ALBÉNIZ, R., Política educativa en Navarra 1931-1939, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1991, pp. 156-163, y 263-268.

[70] Según testimonio del librero Enrique Moslit en FERNANDEZ SANTADER, C., Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939), A Coruña, Edicios do Castro, 2000, Tomo I, pp. 101-102.

[71] Vid. FERNANDEZ SANTADER, C., Alzamiento y…, p. 90.

[72] “(…) se hace penosa por sus condicionamientos doctrinales y la presión de una censura de inspiración predominantemente eclesiástica (fui jefe de propaganda, y la censura de libros, por trámite, entraba en mi jurisdicción formalmente, pero, salvo excepciones, nunca pudo decidir mi subordinado en la materia, porque las resoluciones venían normativizadas al detalle desde una misteriosa junta eclesiástica-civil que operaba de modo soberano y mantenía en vigilancia estrecha al ejecutor correspondiente). Las mismas limitaciones se daban para la literatura propiamente dicha, producida o importada. Nada que no estuviera en el índice romano, por ejemplo podía publicarse en España”, en RIDRUEJO, D., Entre literatura y política, Madrid, Seminarios y Ediciones, p. 18., vid. también Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1976, p. 435.

[73] Vid. ABELLÁN, M. y OSKAM, J., “Función social de la censura eclesiástica. La crítica de libros en la revista “Ecclesia” (1944-1951)” en Cuadernos Interdisciplinarios de Estudios Literarios, nº 1, 1989, pp. 63-118.

[74] [74] Vid. BAUTISTA, E., Los señores del libro…, pp. 271-384.

[75] Vid. MARTÍNEZ RUS, A., “Editoriales bajo las bombas” en Cultura Escrita & Sociedad, Gijón, nº 4: Alfabetización y cultura escrita durante la Guerra Civil española,  2007, pp. 55-80.

[76] Vid. el artículo de SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel E., “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)” en Castilla, nº 27, 2002, pp. 123-140.

[77] En PÉREZ DE OLAGUER, Antonio, El terror rojo en Andalucía, Burgos, Ediciones Antisectarias, 1938.

[78] Vid. RUIZ BAUTISTA, Eduardo “La Editora Nacional (1941-1945): primeros pasos y traspiés” en Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, Madrid, nº 13, 2005, pp. 99-120.

[79] Vid. GARCÍA MONTOTO, F., En el amanecer.., pp. 80-81.

[80] Sobre la labor de estos bibliotecarios en guerra vid. PÉREZ BOYERO, E., “El archivo de la Biblioteca Nacional: fuentes documentales para el estudio de los archivos, bibliotecas y museos españoles durante la guerra civil, en Biblioteca en guerra…, pp. 167-195.

[81] Vid. FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y AGULLÓ, Mª C., Maestros valencianos bajo el franquismo, Valencia, Diputació de Valencia/Institució Alfons el Magnànim, 1999.

[82] Vid. el expediente de depuración en AGA, Sección de Educación, Caja nº 6058. Asimismo MARTÍNEZ RUS, A., «María Moliner y las bibliotecas públicas: un compromiso con la democracia republicana y la difusión de la cultura» en Métodos de Información, vol. 1, nº 1, Segunda Época, 2010, pp. 5-24, enhttp://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei

[83] Vid. MONTERO CALDERA, M., “Vida de Carmen Caamaño Díaz: Una voz del exilio interior”, en Espacio. Tiempo y Forma, Serie V: Hª Contemporánea, T. 12, 1999, pp. 239-265.

[84] Vid. RODRÍGUEZ-MOÑINO, R., La vida y la obra del bibliófilo y bibliógrafo extremeño D. Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Beturia, 2002.

[85] Vid.  Biblioteca en guerra, Madrid, Ministerio de Cultura, 2005, p. 49, 66, 68, 136,164-166,245-257, 341-343,386, 435-437.

[86] Vid. TORREBLANCA LÓPEZ, A., El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Madrid, Ministerio de Cultura, 2009, pp. 146-177.

[87] Vid. el trabajo fundamental de ÁLVARO DUEÑAS, Manuel, “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo”. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2006.

[88] Vid. AGA, Sección de Justicia, Caja nº 1190 y 784. Las referencias corresponden a la clasificación del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, antes del traslado de la documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

[89] Vid. AGA, Sección de Justicia, Caja nº 784.

[90] Sobre Rafael Giménez Siles y la editorial Cenit vid. SANTONJA, Gonzalo, La República de los libros. el nuevo libro popular de la II República, Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 39-99, y Los signos de la noche…, pp. 18-34 y 45-58.

[91] Vid. AGA, Sección de Justicia, Caja nº 964 y 2780.

[92] Antonio Sáenz de Jubera y Alba viajó a la capital francesa para organizar la Exposición de libros promovida por la Cámara Oficial de Madrid con 10.000 francos para sufragar el traslado e instalación de los títulos, según consta en el CDMH de Salamanca, Sección Político Social de Madrid, Caja nº 2760.

[93] Vid. AGA, Sección de Justicia, Caja nº 2873.

[94] En Escritura de liquidación de la Sociedad Mercantil Regular Colectiva “Sáenz de Jubera, Hermanos” del 27 de octubre de 1939 en AGA, Sección de Cultura, Caja nº 83.096.

[95] [95] Vid. AGA, Sección de Justicia, Caja, nº 243 y 300.

[96] Sobre la censura, su lenta maquinaria burocrática y los ataques a Demetrio Ramos, delegado provincial de Información y Turismo de Barcelona vid. las cartas del editor barcelonés José Vergés, y del escritor vallisoletano Miguel Delibes, en DELIBES, M. y VERGÉS, J., Correspondencia, 1948-1986, Barcelona, 2002. A pesar de que ambos habían hecho la guerra en el bando rebelde, se vieron sometidos a las consecuencias de la arbitraria censura. De hecho el origen de la editorial Destino está en una revista homónima de catalanes adscritos a Falange durante la guerra civil.

[97] Vid. El libro religioso en España (1939-1959), Madrid, INLE, 1959.

[98] Vid. MARTÍNEZ RUS, Ana, “San León Librero”: las empresas culturales de Sánchez Cuesta, Gijón, Trea, 2007, pp. 131-145.

[99] Vid. AMO, J. y SHELBY, C. La obra impresa de los intelectuales españoles en América, 1936-1945, Stanford, 1950. Asimismo destaca el libro de PIEDRAFITA SALGADO, F. Bibliografía del exilio republicano español (1936-1975), Madrid, 2003, que recoge buena parte de la producción exiliada. Asimismo destaca LAGO CARBALLO, A. y GÓMEZ VILLEGAS, N. (Ed.), Un viaje de ida y vuelta. La edición española e iberoamericana (1936-1975), Madrid, 2006.

[100] Vid. los trabajos de G. SANTONJA, Al otro lado del mar. Bergamín y la editorial Séneca (México, 1939-1949), Barcelona, 1997; Los signos de la noche. De la guerra al exilio. Historia peregrina del libro republicano entre España y México, Madrid, Castalia, 2003; ORDÓÑEZ ALONSO, Mª M. y ARMÉNDARIZ SÁNCHEZ, S., «Librerías, editoriales y prensa: recuento y aportaciones de los refugiados españoles a la cultura de México» en Actas. III Coloquio Internacional. La Literatura y la Cultura del Exilio Republicano Español de 1939, La Habana, 2002, pp. 160-180; SUÁREZ, L., «Prensa y libros. periodistas y editores» en V. V. A. A., El exilio español en México, 1939-1982, México, 1982, pp. 601-621; y FÉRRIZ ROURE, T., La edición catalana en México, México, 1998.

[101] Vid. POCHAT, Mª T., «Editores y editoriales» en SÁNCHEZ ALBORNOZ N. (Comp.), El destierro español en América. Un trasvase cultural, Madrid, 1991, pp. 163-176. Y SAGÁSTIZABAL, L. de, «Editores españoles en el Río de la Plata» en CLEMENTI, H. (Coord.), Inmigración española en la Argentina, Buenos Aires, 1991, pp. 259-272.

[102] Vid. MARTÍNEZ RUS, Ana, “San León Librero”: las empresas…, pp. 115-129.

[103] Sobre esta circunstancia destaca el testimonio del ilustrador de origen polaco, Mauricio Rawicz: “En los días 17 y 18 de marzo de 1938, Barcelona sufre los más espantosos bombardeos aéreos de toda la guerra. (…) En un momento dado, en los capazos que pasan por mis manos, empiezan a aparecer, mezclados con los escombros, montones de libros con encuadernaciones muy antiguas. La mayor parte está destrozada sin remedio. Abro algunos al azar y veo, por los ex libris, que forman parte de la famosa colección de incunables y ediciones príncipe, propiedad del editor catalán Gustavo Gili. Pocos meses antes, Gili, estuvo detenido y multado por cotizar al “Socorro Blanco”, una clandestina organización franquista, dedicada a recolectar fondos para ayudar a los presos fascistas, y sus familias. “Le está bien empleado”, pienso con maligna satisfacción. Pero años más tarde comprobaré con grata sorpresa, que Gili no sólo sacó de lo sucedido una experiencia valiosa, sino que supo, de modo elegantísimo, exteriorizar su repudio al fascismo: en un manual sobre el arte tipográfico, editado después de la guerra española por Gili, figura –en el capítulo dedicado a los ex libris-, y a modo de ejemplo un nuevo ex libris del propio editor Gustavo Gili. Representaba una bomba de aviación cayendo sobre libros, lleva una cita en latín del Apocalipsis y… la fecha de 18 de marzo de 1938. Los censores, sin duda, no repararon en esta sutiliza”, según testimonio del ilustrador de origen polaco, en Confesionario de papel. Memorias de un inconformista, Granada/Valencia, Editorial Comares/IVAM, 1997, pp. 269-270.

[104] Vid. Reglamento del Instituto Nacional del Libro Español, Madrid, 1941. MANFREDI, D., Instituto Nacional del Libro Español, Madrid, Publicaciones Españolas, 1963.

[105] Vid. IBAÑEZ MARTÍN, J., La política del libro español, Madrid, Instituto Nacional del Libro Español, 1946, p. 21.

[106] SANTONJA, G., “La cara de anteayer” en El franquismo: el régimen y la oposición, Guadalajara, ANABAD Castilla-La Mancha, 2000, vol. 2, pp. 835-842.

[107] Vid. INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL, Libro de Actas de la Asamblea del Libro Español, Madrid, 1945.

[108] Vid. GÓMEZ BRAVO, G., “Por el trabajo hacia Dios y hacia Dios” en La redención de Penas…, pp. 147-188. RUIZ BAUTISTA, Eduardo, “Prisioneros del libro: leer y penar en las cárceles de Franco” en CASTILLO, Antonio y MONTERO, Feliciano (Coords.), Franquismo y memoria popular. Escrituras, voces y representaciones, Madrid, Siete Mares, 2003, pp. 99-121.

[109] Vid. AYLAGAS, F., El régimen penitenciario español, Madrid, Talleres Penitenciarios de Alcalá, 1951, pp. 132-135.

[110] Vid. CUEVAS, Tomasa, Testimonio de mujeres en las cárceles franquistas, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004, p. 276.

[111] Ibídem, p. 295.

[112] GINARD I FÉRON, D., Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas, Barcelona, Flor del Viento, 2005, p. 165.

[113] Vid. AYLAGAS, Francisco, El régimen penitenciario, Madrid, pp. 133-135.

[114] Entre los últimos estudios sobre la represión política del franquismo destacamos: MIR CURCÓ, C. (Ed.), La represión bajo el franquismo, en Ayer, Madrid, nº 43, 2001. CASANOVA, J. (Coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002. VINYES, R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid, Temas de Hoy, 2002. MOLINERO, C., SALA, M, y SOBREQUÉS, J. (Eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003. EGIDO, A. y EIROA, M. (Eds.), Los campos de concentración franquistas en el contexto europeo, en Ayer, Madrid, nº 57, 2005 (1). RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005. GÓMEZ BRAVO, G., “Por el trabajo hacia Dios y hacia Dios” en La redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. GÓMEZ BRAVO, G., El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus, 2009. Barcelona, Crítica, 2005. GÓMEZ BRAVO, G., “Por el trabajo hacia Dios y hacia Dios” en La redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. Del mismo autor, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus, 2009. NUÑEZ DÍAZ-BALART, M. (Coord.), La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Barcelona, Flor de Viento, 2009. EGIDO LEÓN, A., El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009. GÓMEZ BRAVO, G. y MARCO, J., La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950, Barcelona, Península, 2011.

[115] Entre los últimos estudios sobre la represión política del franquismo destacamos: MIR CURCÓ, C. (Ed.), La represión bajo el franquismo, en Ayer, Madrid, nº 43, 2001. CASANOVA, J. (Coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002. VINYES, R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid, Temas de Hoy, 2002. MOLINERO, C., SALA, M, y SOBREQUÉS, J. (Eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003. EGIDO, A. y EIROA, M. (Eds.), Los campos de concentración franquistas en el contexto europeo, en Ayer, Madrid, nº 57, 2005 (1). RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005. GÓMEZ BRAVO, G., “Por el trabajo hacia Dios y hacia Dios” en La redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. GÓMEZ BRAVO, G., El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus, 2009. Barcelona, Crítica, 2005. GÓMEZ BRAVO, G., “Por el trabajo hacia Dios y hacia Dios” en La redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. Del mismo autor, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus, 2009. NUÑEZ DÍAZ-BALART, M. (Coord.), La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Barcelona, Flor de Viento, 2009. EGIDO LEÓN, A., El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009. GÓMEZ BRAVO, G. y MARCO, J., La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950, Barcelona, Península, 2011.

[116] Entre los últimos estudios sobre la represión política del franquismo destacamos: MIR CURCÓ, C. (Ed.), La represión bajo el franquismo, en Ayer, Madrid, nº 43, 2001. CASANOVA, J. (Coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002. VINYES, R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid, Temas de Hoy, 2002. MOLINERO, C., SALA, M, y SOBREQUÉS, J. (Eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003. EGIDO, A. y EIROA, M. (Eds.), Los campos de concentración franquistas en el contexto europeo, en Ayer, Madrid, nº 57, 2005 (1). RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005. GÓMEZ BRAVO, G., “Por el trabajo hacia Dios y hacia Dios” en La redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. GÓMEZ BRAVO, G., El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus, 2009. Barcelona, Crítica, 2005. GÓMEZ BRAVO, G., “Por el trabajo hacia Dios y hacia Dios” en La redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista, 1936-1950, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007. Del mismo autor, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950, Madrid, Taurus, 2009. NUÑEZ DÍAZ-BALART, M. (Coord.), La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Barcelona, Flor de Viento, 2009. EGIDO LEÓN, A., El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009. GÓMEZ BRAVO, G. y MARCO, J., La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950, Barcelona, Península, 2011.