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LUIS R. AIZPEOLEA San Sebastián 30 AGO 2015 - 21:54 CEST
Odón Elorza entrega la Medalla de Oro a la familia de Jesús García Ripalda. / AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
“Jesús Mari García Ripalda (1952/5/12-1975/8/31). El día 31 de agosto de 1975, en este lugar, el policía franquista Lestón le asesinó de un tiro a quemarropa en el vientre en una manifestación contra las penas de muerte impuestas a Garmendia y Otaegui”. Este texto, encabezado por un “te recordaremos siempre”, acompaña la placa que desde 2013 recuerda, en la calle Padre Larroca de San Sebastián (Gipuzkoa), al joven Jesús María García Ripalda, asesinado por un agente de la brigada político social del franquismo durante uno de los “saltos” —que sustituían a las manifestaciones prohibidas al final de la dictadura— organizados por el Movimiento Comunista de Euskadi (EMK).
García Ripalda, de cuyo asesinato hoy se cumplen 40 años, fue una de tantas víctimas mortales de los coletazos finales del franquismo. “La total arbitrariedad e impunidad con que fue tratado su caso por la justicia franquista ha provocado unas secuelas que exigen la reclamación de una memoria justa y la eliminación de obstáculos a la investigación del pasado reciente”, según exige Odón Elorza, exalcalde socialista de San Sebastián y diputado por Gipuzkoa. “Estamos ante un caso en el que no hubo juicio, en el que el asesinado no era terrorista ni el asesino era al que se le atribuye, Lestón”.
La tarde del 31 de agosto de 1975, García Ripalda portaba una pancarta contra la petición de pena de muerte contra Garmendia y Otaegui, presuntos miembros de ETA. Lo acompañaban unas 300 personas en uno de aquellos “saltos” breves, que se disolvían en cuanto aparecía la policía. Testigos de aquel “salto” aseguran que un policía de la brigada político social le disparó a los segundos de iniciarse, probablemente por ser el portador de la pancarta. Evidentemente, esos testigos nunca pudieron declarar.
Sin embargo, esa misma noche, según ha conocido recientemente la familia de la víctima, declararon en el Gobierno civil, en San Sebastián, sólo tres policías: Lestón, que era el jefe de la unidad, y dos policías que lo acompañaban, José Fernández Espejo y Miguel Ángel Muñoz Rodríguez.
El sumario se archivó porque era asunto de terrorismo y el “terrorista” —Jesús García Ripalda— había fallecido
La instrucción corrió a cargo de un juez militar del cuartel de Loyola porque García fue calificado como “terrorista”. Unos días antes, el Consejo de Ministros franquista había reactivado la Ley de Bandidaje y Terrorismo de la etapa de postguerra. El juez de instrucción abrió un sumario que, días más tarde, envió a la Capitanía General de Burgos con la petición de que lo archivara, dado que era un asunto de terrorismo y el “terrorista” —García Ripalda— había fallecido.
Pocas semanas después, el 20 de noviembre de 1975, el mismo día de la muerte del dictador Franco, la Capitanía General de Burgos archivó el sumario, con lo que no hubo ni vista ni juicio, ni la familia de la víctima pudo personarse en el caso. Los tres policías fueron destinados fuera de San Sebastián y premiados. La familia García Ripalda engrosó la lista de víctimas de las arbitrariedades de la dictadura franquista.
Sin embargo, casi 40 años después, el caso ha resurgido. Los hijos de Lestón enviaron, en 2014, una carta al exalcalde de San Sebastián Odón Elorza: aseguraban que su padre no asesinó a García Ripalda; admitían que dirigía la patrulla, pero que el autor material de los disparos fue otro policía. Le pidieron que mediara para reunirse con Cristina García Ripalda, hermana de la víctima, para explicarle los hechos y realizar un “gesto de reconciliación”.
Una “grave laguna” en la Ley de Transparencia
El exalcalde socialista de San Sebastián Odón Elorza cree que el caso revela el “disparate” de una situación en la que la “justicia franquista” convierte a la víctima “en culpable de terrorismo”. El diputado también aprecia una “grave laguna” en la Ley de Transparencia: al no amparar todavía el acceso público a estos documentos “permite el desconocimiento de tantas atrocidades”. Como consecuencia, “por dignidad democrática y recuperación de la memoria”, Elorza anuncia una iniciativa en el Congreso para “eliminar las barreras legales que impiden hacer públicos estos expedientes”.
En la carta se mencionaba la placa de la calle Padre Larroca, en la que se señala a Lestón como autor del asesinato, y un contenido de la web del Ayuntamiento, en el que también consta esa información desde que García Ripalda recibió la Medalla de Oro de la Ciudad en 2011. Fue una concesión que Elorza otorgó a todaslas víctimas donostiarras del terrorismo etarra, del GAL y del franquismo. Un año antes, el Gobierno central había reconocido a García como víctima policial.
Los hijos de Lestón pedían la retirada del nombre de su padre de la placa y de la web. Según dicen, le atribuyeron el asesinato a Lestón porque era el único policía de la patrulla conocido por algunos testigos al compaginar su trabajo con clases de gimnasia en un centro escolar donostiarra.
Tras recibir la carta, Elorza pidió pruebas a los hijos de Lestón, quienes le remitieron al archivo militar de El Ferrol (A Coruña), donde consta el expediente sobre el caso García Ripalda. Elorza reclamó el expediente al archivo militar en su condición de diputado y, pese a ello, le fue denegada con el argumento de que no han transcurrido los cincuenta años reglamentarios para su desclasificación. Lo consiguió, finalmente, por una vía “alegal”.
Según el expediente del archivo militar de El Ferrol, el asesino de García Ripalda no fue Lestón, sino otro de los policías de la patrulla, José Fernández Espejo. En el documento también se explica el sobreseimiento de la causa “por el fallecimiento de García Ripalda con ocasión de los hechos que le serían imputables por presunto delito de terrorismo”.
El expediente aporta la versión policial que nunca pudo ser contrastada. “Los tres policías siguieron al grupo de 300 manifestantes por la calle Miracruz que portaban pancartas con propaganda subversiva, palos, con el fin de fijarse en los cabecillas. Pero al parecer el policía José Fernández Espejo fue reconocido por uno de ellos, que resultó ser García Ripalda, quien agredió a dicho policía soltando la pancarta y asiendo un barrote con las dos manos asestó un golpe al policía y acto seguido esgrimió una navaja con la que intentó continuar la agresión, por lo que el policía sacó su pistola sin que eso amedrentara al agresor, quien soltando la navaja se enzarzó en una pelea cuerpo a cuerpo con ánimo de arrebatarle la pistola, siendo en esa lucha cuando se disparó la pistola, causando la muerte de García Ripalda”, señala el auditor militar.
Elorza califica de “increíble” la versión del auditor militar, que recoge un “un cúmulo de mentiras, en el clásico estilo literario de la dictadura franquista, con el objetivo de lograr el archivo de la causa”. Cristina García Ripalda ha sabido, casi 40 años después, que, según el archivo militar de El Ferrol, el asesino de su hermano no fue Lestón, sino otro policía. Al no haber existido personación de la familia en el caso, ignoraba todo lo ocurrido. Hoy se muestra escéptica: “No me creo nada de lo que aparece en ese expediente”.
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