http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/01/izquierda_victimas_reclaman_iegalizar_fundacion_franco_37171_1012.html
- El PSOE reclama al Gobierno que diga si ha concedido subvenciones a la organización y cree que la fundación tiene "difícil encaje con el Estado de derecho"
- Las asociaciones de jueces creen que una iniciativa para ilegalizar la entidad no prosperaría en el marco de la legislación vigente
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Francisco Franco y su mujer, Carmen Polo, en una imagen de archivo.
"Aberrante", "preocupante", "una anomalía histórica". Así define la oposición en el Congreso –desde el PSOE a UPyD, pasando por la Izquierda Plural y los grupos minoritarios de izquierdas– la existencia en la España de 2015 de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), la organización presidida desde 1976 por Carmen Franco Polo y destinada a garantizar la supervivencia de las ideas del propio Francisco Franco, así como a "proyectar" el legado del dictador sobre el futuro de la "vida española", tal como consta en sus estatutos, a los que ha tenido acceso infoLibre.
Varias formaciones reclaman la ilegalización de la entidad, una demanda a la que se suman asociaciones de víctimas. Todos ellos señalan además que, en otros países europeos que han sufrido dictaduras en su Historia reciente –Alemania e Italia son los ejemplos más mencionados–, no sería admisible la existencia de organizaciones que hicieran apología de los respectivos regímenes. Los representantes de los jueces, en cambio, opinan que con las leyes actuales sería complicado prohibir la actividad de la organización franquista.
El secretario de Política Federal del PSOE y portavoz de los socialistas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Antonio Pradas, exige al Gobierno que investigue "si la fundación ha cometido algún ilícito" y aclare "si ha recibido cualquier tipo de subvención". La Fundación Franco recibió más de 140.000 euros de dinero público entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar. Pradas también señala que la entidad tiene "difícil encaje con el Estado de derecho". "Su encaje con la ley parece contradictorio", subraya.
El representante del PSOE pide al Ejecutivo de Rajoy que aplique la ley y muestre el mismo "rigor" con la Fundación Franco que "con otras asociaciones y fuerzas políticas que han promovido la violencia". Su compañero de partido, el diputado y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, agrega que los objetivos de la FNFF son "claramente contrarios a la Ley de Memoria Histórica" y pide acabar con lo que considera "una asignatura pendiente" y "un síntoma de tardofranquismo". "Habra que plantear iniciativas para que el Gobierno y los partidos se definan al respecto" de la existencia de la fundación, añade Elorza.
Una anomalía en Europa
Joan Josep Nuet, diputado de la Izquierda Plural y también portavoz en la Comisión Constitucional, afirma que la actividad de la polémica entidad es consecuencia del poder de "los hijos del franquismo" en "papeles destacados de la economía y la política". "No quieren juzgar a sus padres", resume Nuet, para quien "las instituciones que promueven el odio, como esta fundación, deberían ser ilegales". El parlamentario ve en la FNFF una "anomalía histórica" que "ni en Italia ni en Alemania sería posible".
El portavoz adjunto de UPyD y diputado en el Parlamento Vasco Gorka Maneiro, asegura que "no tiene sentido que la fundación pueda seguir siendo legal" y que "parece evidente queclaramente incumple la Ley de Memoria Histórica". "Los derechos y libertades, la dignidad de las víctimas de la dictadura y el recuerdo a todas las personas perseguidas por el régimen deben estar por encima de todo eso", apunta. Maneiro también critica la "opacidad absoluta" de la entidad franquista, que no presente sus cuentas desde 2009.
Otro de los partidos que piden la ilegalización de la organización franquista es Amaiur. Jon Inarritu, diputado del partido en la Cámara baja, sostiene que la existencia de la entidad es "nauseabunda" y "humillante para las víctimas", además de unsíntoma de "la connivencia entre el Gobierno y el antiguo régimen". "La fundación va contra la Ley de Memoria Histórica y el Gobierno se muestra permisivo", añade el parlamentario, que apuesta por "buscar cauces para que desaparezca" cuanto antes.
"Las de la Fundación Franco son ideas que no deberían caber en una sociedad avanzada", coincide Joan Tardà, diputado de ERC, para quien la organización es una "anomalía" en Europa y busca "mantener viva a la bestia" para, en una situación "convulsa, como la actual", tratar de "resucitar" las ideas de la dictadura. Sobre la legalidad de la entidad, Tardà lamenta que existan "puntos de intersección entre lo legal y lo ilegal por los que haya podido colarse" la FNFF, y apuesta por reforzar la Ley de Memoria Histórica para actuar contra "la apología del fascismo, los crímenes de Estado y los de guerra".
En el BNG, su diputada Rosana Pérez subraya que la mera existencia de la organización es "escandalosa" y que su declación de objetivos incumple la citada Ley de Memoria Histórica. "Una fundación así no tiene cabida en un Estado democrático, pero con este Gobierno goza de total impunidad", dice Pérez, quien recalca que una entidad así "no puede seguir existiendo". "Es inaudito, realmente preocupante. En otro país no pasaría", apunta el diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví. Baldoví manifestó que "debería comprobarse si la fundación cumple estrictamente la ley" y que, si no es así, "deberían tomarse cartas en el asunto".
Finalmente, desde las filas de Geroa Bai su portavoz en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, califica la existencia de la FNFF de "inconcebible" y pide "combatir" las ideas que propugna, así como la "suspensión" de su actividad con carácter inmediato. A preguntas de infoLibre, tanto el PSOE como la Izquierda Plural, Amaiur, ERC y Compromís barajaron la posibilidad de plantear iniciativas en el Congreso de los Diputados para preguntar por la entidad franquista, mientras que UPyD admitió que su representación "no le permite llegar a todos los asuntos", pero agregó que llegado el caso apoyaría las propuestas de otros grupos.
Las víctimas se sienten despreciadas
Las asociaciones de víctimas de la dictadura y vinculadas a la recuperación de la memoria histórica también se muestran indignadas por la existencia de la fundación. El presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), Jaime Ruiz, señala que "defender la herencia de un dictador cruel y sanguinario" es "incompatible con el ideario democrático de la Constitución Española, que establece como valores a defender por cualqueir fundación la defensa de valores democráticos".
"No entendemos que se ignore y desprecie a las víctimas mientras que el Gobierno no hace nada contra las organizaciones que exaltar la figura de un dictador: con las víctimas del terrorismo no pasaría algo así". Tanto Ruiz como Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, creen que debería ilegalizarse la entidad. "La FNFF es la típica anomalía que deriva de la transición española. El Estado debería ilegalizar la fundación y borrarla del registro de fundaciones, pero falta voluntad política", dice Peinado.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coincide con esa demanda y denuncia que el Estado mantiene la desgravación en el IRPF para las donaciones que particulares entregan a la Fundación Franco lo que, a su juicio, implica "que se sigue dando dinero público" a la entidad franquista. "Como fundación no debería existir, un Estado no puede permitir el enaltecimiento de ideas que legitiman una dictadura y el uso de la violencia. Para ser demócrata hay que ser antifranquista", zanja.
Los jueces ven insuficiente la ley
Las asociaciones de jueces, por su parte, creen que una hipotética actuación para ilegalizar la Fundación Franco no tendría garantizado el éxito a la vista de los estatutos de la organización y las leyes españolas. Marcelino Sexmero, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explica que "la regulación de la Ley de Memoria Histórica es insuficiente" para actuar contra la entidad franquista porque en España "nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal".
Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide y expresa que la posible ilegalidad de la fundación vendría, en todo caso, derivada de algún acto concreto que desarrollara, y no del contenido de sus estatutos o de declaraciones de intenciones genéricas. "Habría que hacer un análisis de lo concreto, de los hecho, para ver si conculca la Ley de Fundaciones o la Ley de Memoria Histórica", apunta.
Por último, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, asegura que "analizar los fines específicos de la fundación para perseguirla" supondría vulnerar "la libertad de opinión y pensamiento", y califica de "hecho objetivo" que "Franco gobernó durante 40 años", por lo que "la Ley de Memoria Histórica no puede impedir puntos de vista sobre ese hecho u opiniones sobre el significado de nuestro pasado".
Varias formaciones reclaman la ilegalización de la entidad, una demanda a la que se suman asociaciones de víctimas. Todos ellos señalan además que, en otros países europeos que han sufrido dictaduras en su Historia reciente –Alemania e Italia son los ejemplos más mencionados–, no sería admisible la existencia de organizaciones que hicieran apología de los respectivos regímenes. Los representantes de los jueces, en cambio, opinan que con las leyes actuales sería complicado prohibir la actividad de la organización franquista.
El secretario de Política Federal del PSOE y portavoz de los socialistas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Antonio Pradas, exige al Gobierno que investigue "si la fundación ha cometido algún ilícito" y aclare "si ha recibido cualquier tipo de subvención". La Fundación Franco recibió más de 140.000 euros de dinero público entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar. Pradas también señala que la entidad tiene "difícil encaje con el Estado de derecho". "Su encaje con la ley parece contradictorio", subraya.
El representante del PSOE pide al Ejecutivo de Rajoy que aplique la ley y muestre el mismo "rigor" con la Fundación Franco que "con otras asociaciones y fuerzas políticas que han promovido la violencia". Su compañero de partido, el diputado y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, agrega que los objetivos de la FNFF son "claramente contrarios a la Ley de Memoria Histórica" y pide acabar con lo que considera "una asignatura pendiente" y "un síntoma de tardofranquismo". "Habra que plantear iniciativas para que el Gobierno y los partidos se definan al respecto" de la existencia de la fundación, añade Elorza.
Una anomalía en Europa
Joan Josep Nuet, diputado de la Izquierda Plural y también portavoz en la Comisión Constitucional, afirma que la actividad de la polémica entidad es consecuencia del poder de "los hijos del franquismo" en "papeles destacados de la economía y la política". "No quieren juzgar a sus padres", resume Nuet, para quien "las instituciones que promueven el odio, como esta fundación, deberían ser ilegales". El parlamentario ve en la FNFF una "anomalía histórica" que "ni en Italia ni en Alemania sería posible".
El portavoz adjunto de UPyD y diputado en el Parlamento Vasco Gorka Maneiro, asegura que "no tiene sentido que la fundación pueda seguir siendo legal" y que "parece evidente queclaramente incumple la Ley de Memoria Histórica". "Los derechos y libertades, la dignidad de las víctimas de la dictadura y el recuerdo a todas las personas perseguidas por el régimen deben estar por encima de todo eso", apunta. Maneiro también critica la "opacidad absoluta" de la entidad franquista, que no presente sus cuentas desde 2009.
Otro de los partidos que piden la ilegalización de la organización franquista es Amaiur. Jon Inarritu, diputado del partido en la Cámara baja, sostiene que la existencia de la entidad es "nauseabunda" y "humillante para las víctimas", además de unsíntoma de "la connivencia entre el Gobierno y el antiguo régimen". "La fundación va contra la Ley de Memoria Histórica y el Gobierno se muestra permisivo", añade el parlamentario, que apuesta por "buscar cauces para que desaparezca" cuanto antes.
"Las de la Fundación Franco son ideas que no deberían caber en una sociedad avanzada", coincide Joan Tardà, diputado de ERC, para quien la organización es una "anomalía" en Europa y busca "mantener viva a la bestia" para, en una situación "convulsa, como la actual", tratar de "resucitar" las ideas de la dictadura. Sobre la legalidad de la entidad, Tardà lamenta que existan "puntos de intersección entre lo legal y lo ilegal por los que haya podido colarse" la FNFF, y apuesta por reforzar la Ley de Memoria Histórica para actuar contra "la apología del fascismo, los crímenes de Estado y los de guerra".
En el BNG, su diputada Rosana Pérez subraya que la mera existencia de la organización es "escandalosa" y que su declación de objetivos incumple la citada Ley de Memoria Histórica. "Una fundación así no tiene cabida en un Estado democrático, pero con este Gobierno goza de total impunidad", dice Pérez, quien recalca que una entidad así "no puede seguir existiendo". "Es inaudito, realmente preocupante. En otro país no pasaría", apunta el diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví. Baldoví manifestó que "debería comprobarse si la fundación cumple estrictamente la ley" y que, si no es así, "deberían tomarse cartas en el asunto".
Finalmente, desde las filas de Geroa Bai su portavoz en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, califica la existencia de la FNFF de "inconcebible" y pide "combatir" las ideas que propugna, así como la "suspensión" de su actividad con carácter inmediato. A preguntas de infoLibre, tanto el PSOE como la Izquierda Plural, Amaiur, ERC y Compromís barajaron la posibilidad de plantear iniciativas en el Congreso de los Diputados para preguntar por la entidad franquista, mientras que UPyD admitió que su representación "no le permite llegar a todos los asuntos", pero agregó que llegado el caso apoyaría las propuestas de otros grupos.
Las víctimas se sienten despreciadas
Las asociaciones de víctimas de la dictadura y vinculadas a la recuperación de la memoria histórica también se muestran indignadas por la existencia de la fundación. El presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), Jaime Ruiz, señala que "defender la herencia de un dictador cruel y sanguinario" es "incompatible con el ideario democrático de la Constitución Española, que establece como valores a defender por cualqueir fundación la defensa de valores democráticos".
"No entendemos que se ignore y desprecie a las víctimas mientras que el Gobierno no hace nada contra las organizaciones que exaltar la figura de un dictador: con las víctimas del terrorismo no pasaría algo así". Tanto Ruiz como Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, creen que debería ilegalizarse la entidad. "La FNFF es la típica anomalía que deriva de la transición española. El Estado debería ilegalizar la fundación y borrarla del registro de fundaciones, pero falta voluntad política", dice Peinado.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coincide con esa demanda y denuncia que el Estado mantiene la desgravación en el IRPF para las donaciones que particulares entregan a la Fundación Franco lo que, a su juicio, implica "que se sigue dando dinero público" a la entidad franquista. "Como fundación no debería existir, un Estado no puede permitir el enaltecimiento de ideas que legitiman una dictadura y el uso de la violencia. Para ser demócrata hay que ser antifranquista", zanja.
Los jueces ven insuficiente la ley
Las asociaciones de jueces, por su parte, creen que una hipotética actuación para ilegalizar la Fundación Franco no tendría garantizado el éxito a la vista de los estatutos de la organización y las leyes españolas. Marcelino Sexmero, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explica que "la regulación de la Ley de Memoria Histórica es insuficiente" para actuar contra la entidad franquista porque en España "nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal".
Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide y expresa que la posible ilegalidad de la fundación vendría, en todo caso, derivada de algún acto concreto que desarrollara, y no del contenido de sus estatutos o de declaraciones de intenciones genéricas. "Habría que hacer un análisis de lo concreto, de los hecho, para ver si conculca la Ley de Fundaciones o la Ley de Memoria Histórica", apunta.
Por último, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, asegura que "analizar los fines específicos de la fundación para perseguirla" supondría vulnerar "la libertad de opinión y pensamiento", y califica de "hecho objetivo" que "Franco gobernó durante 40 años", por lo que "la Ley de Memoria Histórica no puede impedir puntos de vista sobre ese hecho u opiniones sobre el significado de nuestro pasado".
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