dimecres, 26 de juliol de 2017

La Diputación de Sevilla espera aprobar la exhumación de las víctimas del franquismo en seis municipios

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El Pleno de la entidad supramunicipal autorizaría junto con la Junta a la localización de los restos mortales de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista
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La Diputación de Sevilla espera aprobar la exhumación de las víctimas del franquismo en seis municipios
ABC Sevilla - Actualizado: Guardado en: Provincia

En un contexto en el que la Junta de Andalucía prevé futuras actuaciones en fosas de diferentes provincias andaluzas donde descansarían los restos mortales de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista, la Diputación de Sevilla espera aprobar en su pleno ordinario de este jueves, un protocolo de colaboración con la Consejería de Cultura, «para la localización y exhumación de víctimas» de dicho periodo, según el acta del acuerdo, al que ha tenido Europa Press.
Las actuaciones planeadas por la Junta de Andalucía para investigar fosas de diferentes provincias andaluzas parten del Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones, compuesto por miembros de la Administración andaluza, colectivos memorialistas de dilatada trayectoria en la comunidad y representantes de ayuntamientos, diputaciones y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Las actuaciones propuestas contemplan desde la indagación y la investigación histórica, a la localización y señalización de espacios que pudieran albergar fosas comunes o la exhumación y estudio antropológico de los restos y análisis genético que pudiera posibilitar la identificación de los cadáveres.
En el caso de la provincia de Sevilla, los municipios en los que se llevarán a cabo estos trabajos son Alcalá del Río, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, El Coronil, Utrera y la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando de la ciudad hispalense.
Los futuros trabajos serán efectuados por equipos técnicos multidisciplinares de primer nivel, con dilatada experiencia en este tipo de trabajos, tal y como indica el protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía de 2009.

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Por  . 26 julio, 2017 en Siglos XIX y XX

Han pasado ochenta y un años desde que comenzara la Guerra Civil española. Pero todavía sigue existiendo el convencimiento, en una parte muy importante de la sociedad española, de que su origen estuvo en un golpe de Estado militar fascista, apoyado única y exclusivamente por la élite económica del país, cuyo objetivo era acabar con el proyecto progresista representado por la II República, que gozaba de las simpatías de la casi totalidad del pueblo español.
Nada más alejado de la realidad. La sublevación que comenzó el 17 de julio de 1936 fue consecuencia de la articulación de un frente contrarrevolucionario cívico-militar en el que, junto a los oficiales del Ejército, participaron la casi totalidad de las organizaciones políticas que no se habían integrado en la coalición izquierdista Frente Popular (FP) –vencedora de las elecciones del 16 de febrero de 1936–, cuyos simpatizantes superaban el 40% de los votos emitidos en esos comicios.

Todo empezó en 1931

Ese frente cívico-militar fue el resultado de una dinámica acumulativa cuyo origen puede fijarse el 11 de mayo de 1931, cuando se produjo una explosión anticlerical en Madrid y otras ciudades de España, ante la pasividad del Gobierno Provisional de la II República. Ese día, las masas católicas conservadoras comenzaron a percibir que la izquierda tanto burguesa como obrera no estaba dispuesta a respetar sus derechos religiosos porque las consideraban excluidas del nuevo régimen. Percepción que se convirtió en una realidad legal con la aprobación de la Constitución republicana gracias a la mayoría de izquierdas, a la que las masas conservadoras nunca consideraron aceptable. Ante esta disyuntiva, a las organizaciones políticas de la derecha y a sus simpatizantes se les plantearon cuatro posibles alternativas.

La primera, resignarse y aceptar pasivamente el nuevo régimen con su fuerte componente anticlerical y su programa rupturistas. Esta alternativa no se consideró.
La segunda, colaborar con las fuerzas republicanas de izquierda, para atemperar y cambiar la legislación contraria a los intereses conservadores y católicos. Esta posibilidad podría haber sido una realidad si la principal organización conservadora, la Confederación Española de Derechas autónomas (CEDA), dirigida por José María Gil-Robles, se hubiera declarado leal a la República, y no sólo la hubiera aceptado por imperativo legal. En este sentido, la ambigüedad de este líder y del partido que encabezaba, de la que luego se arrepentiría en el exilio, fue clave para que no existiese una alternativa conservadora republicana capaz de alternarse en el poder con la izquierda. Además, contribuyó, sin duda, a la radicalización de la izquierda proletaria, especialmente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que sería una de las causas principales de la Guerra Civil.
La tercera, modificar la constitución republicana desde la legalidad. Este fue el proyecto político de la CEDA hasta diciembre de 1935. El objetivo era transformar la república en un régimen autoritario corporativo católico, como lo era, por ejemplo, Austria bajo la jefatura del líder socialcristiano Engelbert Dollfuss. Se trataba de un plan legalista, pero, como lo era el proyecto republicano plasmado en la constitución de 1931, sectario porque sólo se correspondía con los deseos de un porcentaje de la sociedad española. La negativa del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a otorgar su confianza a Gil-Robles para que se convirtiera en presidente del Consejo de Ministros hizo imposible esa reforma constitucional.
La cuarta, la sublevación violenta contra el régimen republicano. Esta alternativa fue la preferida por los sectores monárquicos, tanto los alfonsinos –organizados en un minoritario partido denominado Renovación Española (RE)bajo el liderazgo de Antonio Goicoechea, aunque su figura más carismática era José Calvo Sotelo–, como los carlistas–agrupados en la Comunión Tradicionalista (CT), cuyo dirigente más destacado fue el abogado sevillano Manuel Fal Conde–. Ambas organizaciones políticas, especialmente la primera, representaban a la élite económica que no estaba dispuesta a aceptar el programa rupturista de la II República y tuvieron el apoyo de algunos militares como los generales Emilio Barrera LuyandoLuis Orgaz Yoldi o Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, el coronel Eugenio Sanz de Larín o el teniente coronel Valentín Galarza Morente. Posteriormente, se unirían otros como el coronel José Enrique Varela y sobre todo el general José Sanjurjo Sacanell. Sería este último –junto a Barrera– el que encabezaría el fallido y minoritario golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, que terminó en un completo fracaso.

1936, las dos dinámicas contrarias al régimen republicano

No obstante, cuatro años después, los monárquicos conseguirían su objetivo, atrayendo a su estrategia golpista a la casi totalidad de las organizaciones políticas conservadoras y a un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas. Esto fue posible porque en 1936 existían dos dinámicas que no se habían manifestado en el primer año de vida de la república.
La primera, el temor a una revolución proletaria, convertido en una realidad tras la sublevación armada de las Alianzas Obreras, encabezadas por el PSOE, en octubre de 1934, revolución que si bien había fracasado, podría convertirse en una realidad desde el Gobierno, pues los mismos líderes que la habían encabezado, especialmente el socialista Francisco Largo Caballero, se habían convertido en los triunfadores de las elecciones del 16 de febrero de 1936.
La segunda, la política de enfrentamiento con la derecha desencadenada por los Gobiernos del FP a partir del 17 de febrero de 1936, que se manifestó en:
– La pasividad ante la anarquía desencadenada por las masas de izquierda especialmente en las zonas rurales.
– El sectarismo que les llevó a convertir a las milicias armadas de izquierda en auxiliares de las Fuerzas de Orden Público.
– La persecución de las organizaciones y militantes de la derecha, llegando a ilegalizar al partido fascista Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS), con la excusa de que poseían armas; algo que también tenían en abundancia las milicias del PSOE y del Partido Comunista de España (PCE).
A esta situación de enfrentamiento que caracterizó los meses de marzo, abril y junio especialmente –“Primera Trágica”–, también contribuyeron los pistoleros de la derecha, especialmente falangistas, financiados por la élite económica, que desencadenaron una campaña terrorista contra los militantes de la izquierda; siendo respondidos por éstos.
Estas dos dinámicas permitirían articular lo que el historiador Julio Gil Pecharromán ha denominado la “Gran Coalición” política contra el FP, componente civil del frente contrarrevolucionario que organizó el general Emilio Mola Vidal, el Director, a partir del 20 de abril de 1936, bajo el liderazgo de Sanjurjo.



Mola sería la figura clave de toda la operación. De ideología liberal y republicana hasta 1931, de tal manera que incluso había protegido al dirigente socialista Indalecio Prieto tras la fracasada sublevación republicana de Jaca, de 1930; su postura política cambiaría radicalmente tras la proclamación de la II República como consecuencia de la persecución a la que le sometió el Gobierno de Azaña, que terminaría provocando su expulsión del Ejército. Reintegrado en el mismo durante el Bienio radical-cedista (1934-1935), alcanzaría en este periodo el destino más importante del Ejército español: la Jefatura Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos. Pero, de nuevo, la llegada de Azaña sería acompañada de su cese, siendo enviado a Pamplona como gobernador militar de Navarra. En su persona, por tanto, se unían dos elementos: el rencor hacia la izquierda y el temor a una revolución proletaria. Estos dos elementos, particularmente el segundo, eran comunes a un porcentaje elevado de los militares españoles. Pero Mola presentaba otras dos características particulares: inteligencia y capacidad. Así lo reconoció el político socialista, antiguo miembro de la Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) e hijo del general Cabanellas, Guillermo Cabanellas: “Entre lo opaco del generalato español, la figura de Mola destacaba por su inteligencia y capacidad”.
Fue precisamente esa inteligencia la que llevó a Mola a plantear una conspiración “amplia” donde cupiesen todos los enemigos del FP, desde la extrema derecha hasta los republicanos moderados, con el objetivo de legitimar y dotar de una base social lo más extensa posible a la operación. Para lograr este último objetivo, que suponía crear una “Gran Coalición” política contra el FP, buscó la centralidad ideológica en el programa de la sublevación, como punto de encuentro entre todas las organizaciones de la derecha. Este planteamiento quedó plasmado en una instrucción secreta titulada “El Directorio y su obra inicial” y fechada el 5 de junio de 1936, donde no solo se establecía el carácter militar del nuevo gobierno, sino también las primeras medidas que tomaría, entre las que destacaban:

– Separación de la Iglesia y del Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones.
– Absorción del paro y subsidio a los obreros en paro forzoso comprobado.
– Extinción del analfabetismo.
– Plan de obras públicas y riegos de carácter remunerador.
– Creación de comisiones regionales para la resolución de los problemas de la tierra, sobre la base del fomento, de la pequeña propiedad y de la explotación colectiva donde ella no fuere posible (…)
EL DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a no cambiar en su gestión el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas.

Se trataba por tanto de un programa político de corte reformista, que resultaba más fácil de aceptar para FE de las JONS y para los republicanos liberal y conservadores –PRR de Lerroux, el PRLD de Melquíades ÁlvarezPartido Republicano Conservador (PRC) de Miguel MauraPartido Republicano Progresista (PRP) de Niceto Alcalá Zamora, y el Partido Agrario Español (PAE), de Ángel Alcázar de Velasco que para la CEDA, RE o CT.
En esta “Gran Coalición” que Mola tejió, el sector más “izquierdista” estuvo constituido por los partidos republicanos liberales y conservadores citados. Se trataba de organizaciones minoritarias y carentes de masas. Sin embargo, algunos de sus líderes todavía conservaban un importante prestigio entre las clases medias republicanas moderadas, por lo que Mola trató de atraérselos con objeto de legitimar la sublevación, presentándola como una operación contra el Gobierno, y no contra el régimen.
Así, el Director informó a Melquíades Álvarez de lo que se preparaba a través de su hombre de confianza, Hipólito Jiménez Coronado, que, con su permiso, se convirtió en un enlace entre Mola y otros conspiradores. La misma actitud tuvo con Alejandro Lerroux, a quien puso en antecedentes de lo que preparaba, y al que el 17 de julio, un hombre del general, el comisario de Policía Santiago Martín Báguenas, le avisó de que la sublevación estallaría ese mismo día en Marruecos, y al día siguiente, en el resto de España. El veterano líder republicano decidió ponerse a salvo entonces.
Mola también tuvo especial interés en atraerse a un político republicano conservador, Miguel Maura, quien tenía la legitimidad republicana por ser uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián que dio origen a la II República, y la conservadora, por haber sido uno de los máximos defensores de una coalición antimarxista para las elecciones del 16 de febrero y de la dictadura republicana para acabar con el desorden existente en la “Primavera Trágica”. Los generales Mola, Miguel Cabanellas Ferrer y Gonzalo Queipo de Llano de Llano, que junto a Manuel Goded Llopis, constituían el núcleo militar republicano de la conspiración, pensaron que Maura, por su prestigio entre los sectores conservadores y por su carácter moderado, sería la persona adecuada para presidir el gobierno de partidos de derechas que sustituiría al directorio militar, una vez finalizado el conflicto civil, que se presumía corto.
Gil-Robles y Juan Ignacio Luca de Tena –dueño del diario monárquico ABC–, estaban también de acuerdo con esta propuesta. Sin embargo, Miguel Maura se negó a cooperar con los conspiradores. La misma actitud mantuvo Alcalá-Zamora, también firmante del Pacto de San Sebastián y primer presidente de la República. No obstante, aunque ni Maura ni Alcalá-Zamora apoyaron la sublevación, si lo hicieron la mayor parte de sus seguidores. Mención aparte merece el PAE, partido republicano conservador representante de los grandes y medianos propietarios de tierras fundamentalmente castellanos, el cual, a pesar de la persecución que sufrió tras los comicios de febrero de 1936, se mantuvo dentro de la legalidad hasta el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio. A partir de ese momento, la mayoría de sus dirigentes y seguidores se unieron a la conspiración.
Si los republicanos liberales y conservadores representaron la “izquierda” de la “Gran Coalición”, la CEDA, constituía el “centro”. Tras los comicios de febrero, y como consecuencia de la radicalización política y el desorden existente, Gil-Robles había dado por muerto su objetivo de reformar legalmente la República, a la vez que observaba cómo los elementos juveniles del partido –Juventudes de Acción Popular (JAP)– lo abandonaban para ingresar en FE de las JONS, y cómo él mismo era desplazado de facto del liderazgo de la oposición por Calvo Sotelo. En estas condiciones, el líder cedista, contactado por los conspiradores, decidió integrar a su partido en la “Gran Coalición”. Así, no sólo entregó 500.000 pesetas de los fondos electorales de la CEDA a Mola y realizó distintas gestiones, sino que elaboró un conjunto de instrucciones reservadas para sus militantes en relación con la futura sublevación:

1ª. Todos los afiliados se pondrían inmediata y públicamente al lado de los elementos militares.
2ª. Las organizaciones del partido ofrecerían y prestarían la más amplia colaboración, sin el menor carácter partidista.
3ª. Los elementos jóvenes se presentarían en el acto en los cuartales para vestir el uniforme del Ejército y colocarse bajo el mando de los jefes militares, huyendo todo lo posible de formar milicias o batallones propios en los que se veía un grave peligro de particularismo e indisciplina.
4ª. Los elementos de la C. E. D. A. se abstendrían de todo acto de represalia, actuando contra los izquierdistas responsables por conducto de los Tribunales militares ordinarios o extraordinarios, y siempre con garantías para los reos.
5ª. Los elementos del partido evitarían a toda costa luchas patriotas por la hegemonía, aun a trueque
6ª. El partido prestaría la máxima ayuda pecuniaria posible a las autoridades militares.

El componente fascista de la “Gran Coalición” lo representaba FE de las JONS. Esta organización política decidió colaborar en la conspiración de Mola y las otras fuerzas de la derecha; máxime cuando la situación de su líder José Antonio Primo de Rivera –encarcelado por las autoridades desde el 15 de marzo de 1936–, se había tornado imposible dentro del régimen republicano.
Rafael Garcerán, su pasante, y Agustín Aznar fueron los encargados de la comunicación directa con el Director, entregándole dos cartas de José Antonio donde ofrecía el apoyo “pleno y sin condiciones” del partido al Ejército, pero también defendía que tras el triunfo de la sublevación “surgiría potente el credo de la Falange la que habría que ensanchar y dar participaciones en los destinos del Nuevo Estado”. Según el ayudante de Mola, el comandante Emiliano Fernández Cordón, estas cartas llenaron a Mola de “emoción patriótica que no podía ocultar, ya que derramó alguna lágrima al leerlas”. No obstante, a pesar de este ofrecimiento “pleno y sin condiciones”, Primo de Rivera no se sentía cómodo en el proyecto de Mola. Él siempre había apostado por una operación entre militares y falangistas que hubiera permitido a su partido alcanzar una posición de poder en el periodo de paz.
Sin embargo, la incorporación a la conspiración de organizaciones como la CEDA y RE, con sus potentes cuadros dirigentes y su experiencia de Gobierno, colocaban a los dirigentes falangistas en una posición de inferioridad. Este temor quedó reflejado en una misiva fechada el 28 de junio, que envió a su amigo Miguel Maura desde Alicante donde había sido trasladado el 5 de junio: “Pero ya verás: ya verás cómo la terrible incultura, o mejor aún, la pereza mental de nuestro pueblo (en todas sus capas) acaba por darnos o un ensayo de bolchevismo cruel y sucio o una representación flatulenta de patriotería alicorta a cargo de algún figurón de la derecha. Que Dios nos libre de lo uno y de lo otro”. A pesar de esta prevención por el resultado de la conspiración, Primo de Rivera mantuvo una colaboración total con los planes de Mola.
La “derecha” de la Gran Coalición la representaban los monárquicos, tanto alfonsinos como carlistas. Los primeros agrupaban a la élite tradicional, siendo por tanto minoritarios y con nulo peso popular, a pesar del carácter carismático de su líder de facto, Calvo Sotelo. Pero, más allá de estas limitaciones, habían sido el sector político más comprometido con la destrucción del régimen republicano, por lo que apoyaron desde el primer momento el plan de Mola aportando al mismo dos elementos. Por un lado, su trama militar, donde destacaba el teniente coronel Galarza, convertido en jefe del Estado Mayor de la conspiración, y los generales Orgaz y Ponte. Y por otro, sus contactos internacionales, que permitieron firmar una serie de contratos para la compra de armamento en Italia, dotando de un cierto apoyo internacional a la conspiración. No obstante, este hecho por si sólo no puede ser la base que permita afirmar que la sublevación de 1936 fue un golpe de Estado fascista o fascistizado, ya que la inmensa mayoría de sus participantes no profesaban esta ideología.
La posición de los carlistas fue muy distinta. Fal Conde era contrario a cooperar con el resto de partidos, salvo que se aceptaran sus demandas en materia política: restablecimiento de la bandera bicolor, desaparición de todas las organizaciones políticas una vez que triunfase la sublevación, oficialidad de la religión católica, etc. Si no se les daban garantías en este sentido, los tradicionalistas estaban dispuestos a sublevarse contra la II República en solitario. Pero, el propio delegado nacional también reconocía que “en teoría habría muchas fórmulas de esa garantía, pero en la práctica, todas o casi todas se sustentan en la fe que merezcan los hombres que intervienen. No me merecen esa fe los militares, los políticos derechistas ni algunas personalidades tradicionalistas”. Al final, serían esas “personalidades tradicionalistas”, como Joaquín Baleztenael conde de Rodezno y José Luis de Oriol, junto a la intervención del propio Sanjurjo, las que resolverían el enfrentamiento que se produjo entre Fal Conde y el general Mola, uniendo la CT a la “Gran Coalición”.
Mención aparte merecen los dos partidos nacionalistas conservadores con los que los conspiradores entraron en contacto para incorporarlos a sus planes: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Lliga Catalana.
Los nacionalistas vascos habían entrado en contacto con monárquicos y miembros de las organizaciones de la derecha en abril de 1936, mostrándose favorables a apoyar la sublevación. Sin embargo, cambiaron de postura gracias a la acción del socialista Indalecio Prieto, que les ofreció el estatuto de autonomía –por el que tanto habían laborado desde 1931– a cambio de su lealtad al régimen republicano. José María de Areilza, alfonsino vasco y con excelentes relaciones en el mundo del nacionalismo, intentó una gestión a última hora, pidiendo a los dirigentes militares de la sublevación que estudiaran la posibilidad de proporcionar a las provincias vascas un sistema autonómico con fueros y concierto económico. Esta propuesta también fue realizada a los dirigentes del PNV, probablemente a su primo, el diputado vizcaíno José Horn Areilza, un integrista católico y líder de la minoría parlamentaria nacionalista vasca en las cortes. Pero la negociación no siguió adelante “porque faltaba el interlocutor valido con autoridad suficiente por parte de los conspiradores”, con lo que fue imposible incorporar a los nacionalistas vascos a la “Gran Coalición” antes del 18 de julio.
La posición de la Lliga, un partido que representaba a la élite burguesa catalanista, y que carecía de masas que pudieran apoyar la sublevación era diferente. En Cataluña, la sublevación estaba en manos de una organización militar de extrema derecha, la Unión Militar Española (UME), que era profundamente anticatalanista, por lo que no existía una vía de negociación. Además, esta región tenía un estatuto de autonomía concedido por la II República.
Esta situación colocaba a la Lliga –conservadora y regionalista– en una posición contraria a cualquier sublevación contra el Gobierno, como quedó reflejado en una carta que su líder Francesc Cambó escribió a su hombre de confianza Juan Ventosa y Calvell, el mismo 18 de julio de 1936: “Creo que lo peor que podría pasar en España sería que una militarada y una reacción derechista prematura echase del poder a los hombres del Frente Popular antes de que éstos se hayan desacreditado ante los suyos y se hayan enfrentado con la masa neutra que les dio su voto el 16 de febrero”. No obstante, a pesar de este alejamiento de los objetivos de los sublevados, Joaquín María de Nadal, secretario de Cambó, estuvo al tanto de lo que se preparaba, y el 14 de julio, recibió la visita de “un ilustre militar” que le informó que la sublevación se produciría entre el 18 y el 20 de julio. Esta información, a la que no dio importancia, se la pasó a Cambó –que curiosamente se marchó de vacaciones en esas fechas–, pero no hizo lo mismo con las autoridades españolas ni de la Generalitat.

Conclusión

A modo de conclusión, podemos decir que la sublevación que comenzó el 17 de julio de 1936 fue apoyada por la mayor parte de las fuerzas políticas conservadoras y las masas que simpatizaban con ellas. Con esa toma de posición, no sólo ampliaron la base social del golpe de Estado, sino que también manifestaban su oposición al proyecto revolucionario representado por la II República. Una oposición que se había originado en los primeros años del régimen, pero que se incrementó como consecuencia de la radicalización de la izquierda y de la inestabilidad e inseguridad que había caracterizado el periodo comprendido entre febrero y julio de 1936.
Este conjunto de organizaciones políticas serían unificadas en 1937 en un nuevo partido de corte fascista denominado Falange Española Tradicionalista y de las JONS, pero esto no significó su fin. Pues siguieron existiendo de facto, conformando las diferentes familias del franquismo que compartirían el poder durante los treinta y seis años, dotándole de un pluralismo político limitado. Esta sería la característica fundamental de este sistema político que, si bien fue conservador, nacionalista y autoritario, nunca fue fascista; ya que los seguidores de esta ideología no fueron dominantes ni antes ni después de la sublevación de julio de 1936; no pudiendo imponerse, por tanto, al resto de los integrantes de la “Gran Coalición”, aunque lo intentaron en diversas ocasiones.
No obstante, en este sistema de pluralismo limitado hubo dos sectores políticos que, aunque habían apoyado la sublevación, carecieron de una posición explícita en el nuevo régimen: los republicanos conservadores y los nacionalistas de derechas.
El franquismo, a pesar del apoyo que recibió de los mismos una vez comenzado el conflicto –incluyendo el de las organizaciones del PNV de Álava y Navarra y también de los dirigentes de la Lliga, especialmente del propio Cambó– no sólo no permitió que se conformaran como familias, sino que ejerció la represión sobre algunos de sus miembros; aunque otros colaboraron con el régimen a título individual. No obstante, a todos los integrantes de estos sectores políticos les garantizó un orden social, económico e incluso cultural en el que se sintieron relativamente cómodos, aunque la España de Franco no fuera una república ni reconociera jurídicamente las diferencias regionales, más allá precisamente del cupo de Álava y Navarra.

SEVILLA. LAS TRES LÁPIDAS DE QUEIPO DE LLANO Y LOS TRES NIETOS QUE DEFIENDEN SU TUMBA EN LA MACARENA

http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/sevilla-las-tres-lapidas-queipo-llano-los-tres-nietos-que-defienden-su-tumba-en-la



Texto pie de foto: 
Así ha ido cambiando la lápida en la basílica: el título de "excelentísimo Sr. Teniente General" fue sustituido por "hermano mayor" y la fecha del golpe de Estado, por el escudo de la hermandad.
EL MUNDO | ULISES CASTILLO | 25-7-2017
"¡A los muertos hay que dejarles que reposen en paz! ¿Ahora hay que desenterrar a todos los muertos?". Es 18 de julio y Genoveva García Queipo de Llano, nieta del general bajo cuyo mando fusilaron a más de 12.000 personas sólo en la provincia de Sevilla hace 81 años, atiende a Crónica desde Madrid indignada con los que piden -por "genocida"- sacar los restos de su abuelo de la tumba de honor que ocupa en la basílica de la Macarena.
Unas horas antes, la plataforma Andalucía Republicana, coincidiendo con el golpe del 18 de julio de 1936, ha celebrado una vigilia "antifascista" de protesta ante el Arzobispado y ha enviado una carta al papa Francisco y al arzobispo Juan José Asenjo reclamando que exhumen y retiren los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (1875-1951) del popular templo sevillano.
Queipo impulsó su construcción en 1941 en el solar de un centro anarquista destruido y era hermano mayor honorífico de su hermandad. Pero la plataforma considera ofensivo que familiares de fusilados que son devotos de la Virgen tengan que ver la tumba de su victimario al entrar en la basílica, en el suelo de la capilla del Cristo. En la ciudad los fusilados por la justicia de Queipo sumaban 3.028 en el primer semestre desde el golpe.
El Ayuntamiento, gobernado en minoría por el PSOE con apoyo de IU y Participa Sevilla (del ámbito de Podemos), ha pedido al arzobispo y a la hermandad que atiendan la moción municipal de hace un año -con voto en contra del PP y abstención de Cs- que reclama la exhumación, apelando a las leyes estatal y autonómica de eliminación de símbolos de exaltación de la dictadura.
A su nieta, en cambio, estas iniciativas le parecen una muestra de "radicalismo", que ella condena "sean de izquierda o derecha". Genoveva García Queipo de Llano (1945) es catedrática de Historia Moderna y Contemporánea de la UNED. Sin embargo, cuando se le pregunta por su valoración objetiva de los años de victoria y terror de su abuelo, simbolizadas en los fusilamientos junto a la colindante muralla de la Macarena, a pocos metros de la basílica, elude pronunciarse y pregunta: "¿Y las barbaridades del otro lado? Se hicieron cosas muy mal por ambos bandos".
En respuesta a los que piden desterrar a su abuelo de la Macarena, argumenta que la tumba ya no representa ofensa alguna puesto que desde 2009 "se le han quitado todos los símbolos del franquismo". "¿Ahora qué se gana con eso?", plantea, recordando que en esas fechas los responsables de la hermandad se dirigieron a los familiares para consultarles la conveniencia de aplicar la ley estatal y modificar la lápida quitando las referencias a la dictadura. "La familia lo aceptamos". De la lápida de mármol original quitaron la fecha "18 de julio 1936", el emblema de la Gran Cruz Laureada de San Fernando con que le premió Franco y otros escudos, y donde ponía "El excelentísimo Sr. teniente general", grabaron "Hermano mayor honorario", para dar a entender que está enterrado allí como benefactor y no como militar de la dictadura.
"El hermano mayor nos dijo que era para que la gente viera que se ha cedido" y que "mientras él siga, no se mueve". La nieta cuestiona los cambios de rotulación callejera por la memoria histórica y lamenta que a su marido, el ya fallecido historiador y político de UCD Javier Tusell, el Ayuntamiento de Madrid aprobó dedicarle una calle en 2005 y que aún está esperando. "Mejor que no se la pongan, así no se la quitan después", ironiza.
El general Queipo de Llano tuvo con Genoveva Martí Tovar cuatro hijos: Ernestina, Mercedes, María y Gonzalo. Sobreviven 11 nietos repartidos entre Madrid y Sevilla, donde reside Gonzalo García Queipo de Llano, presidente de la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, heredera de los bienes que obtuvo el prohombre por suscripción popular para su causa benéfico-social. Nacido en 1935, la sublevación de su abuelo lo sorprendió con su madre, Mercedes, en la Málaga roja, de donde escaparon. Aunque de eso no habla. Tampoco de los crímenes de guerra de su pariente. "Lleva allí enterrado 66 años. La decisión de la familia es no remover esto, dejar que los muertos reposen, que ya tendrán allí arriba el juicio que les corresponda, que es el más justo", dice con voz pausada.
"No tienen ni idea [los que protestan]. Algunos piensan ganar una guerra que les tocó perder. Está enterrado allí por ser hermano mayor honorario, porque gracias a él se construyó la basílica y la Macarena sigue existiendo y no se quemó. Que descanse en paz y que [la guerra] no vuelva a ocurrir". Explica que ni el arzobispo ni la hermandad pedirán a la familia llevarse los restos y destaca que los manifestantes de este 18 de julio eran sólo un puñado. Pero ¿se pone en el lugar de los familiares de los fusilados? "¿Y a los cientos que asesinaron por ser católicos?", replica, y aprovecha para afirmar que "está ya demostrado" que su abuelo no mandó matar a García Lorca con el famoso "dadle café, mucho café".
Otra nieta que también nos responde amablemente al teléfono en Madrid, Pilar Alcalá-Zamora Queipo de Llano, aclara al periodista que a su abuelo el militar Gonzalo -el otro abuelo era el político Niceto, presidente de la República- "no usó nunca el título de marqués [que Franco le otorgó en 1950] y devolvía las cartas cuando le felicitaron por el nombramiento; decía que su único título era el de general". Por cierto, subraya que Gonzalo "admiraba" a su consuegro Niceto.
Queipo de Llano era el jefe militar de la casa de Alcalá Zamora cuando éste, conservador católico, presidía la II República. Ernestina, la hija del general, se casó con Niceto, hijo homónimo del presidente. Su hija Pilar, que tenía 10 años cuando Queipo murió en 1951, defiende que su abuelo malo siga enterrado donde está. "Gracias a mi abuelo se salvó la [Virgen] Macarena y en agradecimiento a eso la hermandad le concedió la tumba, que nadie la pidió", dice en alusión al temor de que la quema de templos en el barrio en reacción al golpe del 36 alcanzara a la iglesia de San Gil y a la talla mariana, que varios cofrades escondieron en sus casas.
"La palabra la tiene la hermandad, que es la dueña de la basílica", apunta Pilar sobre el futuro de los restos de su abuelo -y de su abuela-. Aunque no cree que desde la hermandad les pidan que se lleven sus huesos, admite: "Si hay que sacarlo, buen sitio encontraremos".
¿Y los fusilamientos en la muralla de la Macarena siendo su abuelo el jefe supremo del Ejército del Sur? "De eso no sé nada. Las guerras son guerras", dice con pesar. Se resigna a que llamen asesino a su abuelo, "lo mismo que se lo llaman a los socialistas desde el otro bando". Ella coincide con su prima Genoveva en destacar que con la reforma del sepulcro de 2009 ya no quedan menciones franquistas en la lápida. No objeta que quitaran esos signos, sino también la cadena que rodeaba la tumba. "Me da mucha pena, antes tenían la cadena para que nadie la pisase, y ahora...". Ahora cualquiera se puede pasear sobre ella.
El último muerto que le quieren colgar: el cura mayordomo de la hermandad
Cuando el Ayuntamiento quiere sacar los restos de Queipo de Llano de la Macarena, a oídos de Crónica llega una historia poco conocida sobre un cura fusilado, también macareno, que sería el último muerto que le quieren atribuir al general. El episodio no está claro: no existen documentos que lo atestigüen, pero sí testimonios que dicen que el hombre fue fusilado un día después de ir a quejarse al militar...
Según afirma el historiador José María García Márquez, experto en la represión en Sevilla, aquel cura se llamaba Antonio Sáez (o Sáenz) Morón y era capellán del hospital de San Lázaro anexo al cementerio, además de un hombre importante en la Macarena, donde en 1932 era mayordomo de la Virgen, nada menos.
En su libro Por la religión y la patria, el propio García Márquez y su compañero el historiador Francisco Espinosa recopilaron varios testimonios que indican que el cura macareno fue asesinado por ir a quejarse a Queipo en persona de que estaban enterrando aún vivos en las fosas del cementerio a los recién fusilados. "Un día después, lo mataron", según contaron dos fugitivos al llegar a zona republicana, el ferroviario Juan Mata Toledo y Miguel Rodríguez Bandera.
"También fue muy conocida la noticia del asesinato del cura en La Algaba (de donde eran varios de los enterradores del cementerio) y así nos lo indicó en su día un vecino del pueblo y empleado del cementerio de Sevilla. Es decir, que diferentes fuentes nos apuntaban el suceso pero ninguna de ellas nos facilitaba el nombre. Fue finalmente una entrevista que le hicimos al nieto de Juan Clemente Trujillo, alcalde de Alcalá de Guadaira en 1936 que fue asesinado, la que nos indicó el nombre del sacerdote. Resulta que Sáez Morón había sido preceptor suyo en su pueblo natal de Herrera", escribieron los investigadores.
García Márquez matiza que, a falta de más información sobre ese cura macareno -en el Arzobispado no se la facilitan, según denuncia-, no se puede confirmar su destino y hay que considerarlo "un desaparecido más". "Él", opina, "sí que merecería un enterramiento de honor en la Macarena".

GIJÓN (ASTURIAS). «A MI MADRE LA MATARON PORQUE ALGUIEN LA VIO CON UN PAÑUELO ROJO Y UNA PISTOLA»


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Texto pie de foto: 
Amparo, ayer, en el paseo del Muro. / J. PAÑEDA
Hoy se descubrirá una placa en el Nicanor Piñole Amparo Orejas López Hija de una fusilada durante la guerra civil
EL COMERCIO | MARCOS MORO | GIJÓN | 26-7-2017
Cumplirá 81 años el próximo 2 de agosto. Ella insiste en que nació en 1936, pero ni el aspecto físico ni la forma de expresarse concuerdan con lo que se espera de alguien de esa edad. Ella es María Amparo Orejas López, hija de Anita Orejas, fusilada a los 23 años en Gijón tras la entrada en la ciudad de los 'nacionales', en octubre de 1937. Vive la mayor parte del año con su marido en Francia, pero cada verano acude a la ciudad en la que se crió con unos feriantes y donde su madre tuvo un trágico y violento final en plena juventud. Hoy será una de las protagonistas durante el acto de homenaje a las mujeres represaliadas por el franquismo que se celebrará esta tarde en el Museo Nicanor Piñole, con el descubrimiento de una placa de recuerdo, y que parte de una iniciativa del grupo de Xixón Sí Puede.
-¿Quién fue su madre?
-Anita Orejas. Una mujer natural de Sama de Langreo que fue empleada del hogar en Gijón y entró a trabajar como enfermera en el Sanatorio Covadonga durante la guerra. También fue afiliada al Partido Socialista. A mí me tuvo de soltera. La condenaron a muerte acusada de un delito de rebelión militar. Fue en uno de esos Consejos de Guerra sumarísimos que se celebraron en el Antiguo Instituto. La cogieron los 'nacionales' el 1 ó 2 de noviembre de 1937, la metieron en la cárcel de El Coto y a los pocos días estaba fusilada.
-¿En qué se fundamentó esa condena?
-En una denuncia. La mataron porque alguien dijo que la había visto con un pañuelo rojo y con una pistola durante la etapa de dominio republicano de la ciudad. ¿Cómo se puede asesinar así a una persona de 23 años? ¿Qué cosa tan mala pudo hacer para calificarlo de rebelión militar? Que yo sepa nunca hizo daño a nadie, solo defendió como pudo sus ideas.
-¿Y qué pasó con usted?
-Me crié en Gijón. Fui entregada a otra familia, una pareja de feriantes con un puesto de tiro al blanco que me pusieron a trabajar con siete años. Nunca me reconocieron. Solo fui al colegio (con las monjas del San Vicente de Paúl) tres meses y aprendí a leer con el periódico sola. Mi infancia y adolescencia transcurrieron de feria en feria por toda España con mi familia de acogida, que eran del otro bando, del franquista. La madre del hombre que me recogió era Hortensia Álvarez, que fue presidenta de Acción Católica y murió en una prisión flotante. A menudo la gente trataba de hacerme daño señalándome como «la desgraciada hija de la roja, de la fusilada» pero yo nunca les di el gusto de que me vieran sufrir, porque era y soy muy orgullosa. A pesar de eso siempre me sentí protegida y en cierto modo controlada respecto a mi bienestar. Sospecho que pudo deberse a la buena posición de la familia de mi padre, quien a día de hoy desconozco quién es. A los 26 años me fui a Francia sin saber una sola palabra de francés a buscar empleo y cambié de vida. Allí me casé, tuve un hijo y trabajé para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
-¿Cómo supo de todos los detalles de la historia de su progenitora?
-Yo siempre quise conocer mis raíces familiares, pero hasta 2004 solo tenía poco más que el dato del nombre de mi madre y la referencia de su fusilamiento. La cosa cambió cuando acudí con mi marido, Jean Pierre, a una de las mesas redondas que se celebraban en la Semana Negra. Allí tuve mi primer contacto con Víctor Álvarez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que me facilitó toda la información que hoy en día tengo sobre mi madre. En la documentación que tiene esta asociación no consta que Anita tuviera descendencia, por lo que creen que ella quizás quiso esconderme u ocultarme, siendo yo aún un bebé, cuando iban a juzgarla o fusilarla.
-¿Conserva alguna foto de ella?
-Llevo con orgullo los dos apellidos de mi madre, pero tengo la pena de que no he conseguido ninguna imagen de ella en vida, pese a que lo he intentado por todos los medios. Se cometieron atrocidades por parte de los dos bandos, pero sigue habiendo miedo a hablar en contra del franquismo. Ese temor lo he comprobado con los descendientes de los ocho hermanos que tuvo mi madre, actualmente repartidos por toda España. Mi tío, el único hermano de mi madre que quedaba vivo, murió hace poco en Madrid y no quería hablar nada de lo ocurrido con Anita hace 80 años.
-¿Qué le parece el homenaje que se le tributará esta tarde a Anita junta a otras mujeres fusiladas?
-Estoy muy contenta. Me considero republicana. Mi madre no hizo grandes cosas. Tenía sus ideas y las defendió como pudo. Yo soy de las que pienso que no hay que estar todo el rato lamentándose del pasado, sino que hay que evitar que ese pasado vuelva a suceder. Y eso se consigue instruyendo y educando a las nuevas generaciones. Hubo gente buena y mala en los dos bandos, pero los que gobiernan actualmente en España no me parecen muy honestos por los casos de corrupción.
-¿Espera alguna otra restitución de la memoria de su madre?
-Yo ya no lo veré pero me gustaría que se le dieran sepultura a sus restos y que se juzgaran en algún momento los crímenes del franquismo. Es una vergüenza que exista un lugar como el Valle de los Caídos.

El nieto del "rojillo" busca a su abuelo fusilado en la Guerra Civil

http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/rojillo-abuelo-fusilado-Guerra-Civil_0_668783327.html


A Casimiro Malo Satué lo fue a buscar la Guardia Civil a casa cuando languidecía el verano de 1938 y el país llevaba dos años en llamas por la guerra. Era labrador, tenía 41 años y sus delitos fueron la “rebelión militar” y ser miembro del Comité Republicano de Alcalá del Obispo. Tras dos meses en la cárcel de Huesca, un consejo de guerra le sentenció a muerte. Le fusilaron junto a la tapia del cementerio de la carretera de Zaragoza el 25 de noviembre de 1938. Dejó tres huérfanos. Fue su primera muerte. Su nieto, Alberto Malo, quiere evitar la segunda y busca sus restos para darles “un entierro digno” en el pueblo y junto a la que fue su esposa. Por ahora, sin éxito.
Parecía muy cerca de encontrarlo después de que el 15 de julio comenzasen los trabajos de exhumación en el espacio donde se cree que arrojaron a Casimiro sus verdugos. Cuadro 1, sepultura 83. Pero el pasado sábado 22, tras cavar una fosa de unos dos metros de profundidad y superar todos los obstáculos burocráticos, Casimiro no estaba allí. “Esto podía ocurrir”, reconoce Alberto Malo. Se trataba de la primera exhumación relacionada con la Guerra Civil que, a petición de los familiares, se llevaba a cabo en la capital oscense y suponía el culmen de meses de labor previa de investigación y documentación.
El trabajo de campo se inició junto a familiares de Casimiro Malo, personal del Ayuntamiento de Huesca y voluntarios del Círculo Republicano “Manolín Abad”, que se turnaron en las tareas a las órdenes del arqueólogo jefe, Antonio Alagón, y con paladas de solidaridad, cigarrillos compartidos y rostros en los que se conjugaban la gravedad del momento y el lugar con las sonrisas optimistas. Como cabía esperar, a un metro y medio de profundidad aparecieron los restos de otra persona anónima enterrada en la década de los 70. Así, se necesitaba un permiso del Consistorio para trasladarlos a un osario. Un metro más abajo debería haber aparecido Casimiro. Las labores se retomaron una semana después hasta que fue una evidencia que allí ya no quedaba nada.

Podrían haberle trasladado a otra fosa

Alagón entiende que “es el interior de un cementerio que ha sido muy utilizado y podrían haberse producido invasiones de otras fosas o tumbas. Hubo además un expolio de fosas comunes para rellenar los bajos del gran mausoleo del Valle de los Caídos. La certeza absoluta no existía”. Otra teoría apunta a que décadas atrás, cuando todavía no existían las pruebas de ADN, se produjeron exhumaciones no documentadas. Familiares en busca de sus allegados podrían haberse hecho al mismo tiempo con los restos de otras personas para darles sepultura sin importar que allí hubiese huesos de dos, tres o incluso más ejecutados de la Guerra Civil.
El nieto de Casimiro está arropado por el Círculo Republicano “Manolín Abad” de Huesca, que ha asumido como propia la tarea de dignificar a los 548 republicanos, 535 hombres y 13 mujeres, asesinados en Huesca entre 1936 y 1945. Detallar el papel de la capital del Alto Aragón en la Guerra Civil necesita muy pocas líneas en cualquier manual. El bando sublevado no sufrió demasiado para conservar la ciudad. No fue ni Teruel, ni Guadalajara ni Brunete. Ni siquiera Belchite. George Orwell participó en el sitio republicano a la Huesca fascista, como relata enHomenaje a Cataluña. Así que la historia se escribió a partir de las facturas cobradas por el bando vencedor.
Toño Moliner, responsable de exhumaciones del Círculo, explica que los trabajos previos incluyeron “la recopilación de datos de estos ciudadanos y el levantamiento de un memorial en el Parque Mártires de la Libertad en el que se nombra a todos ellos. Es un tributo a las familias que sufrieron la represión franquista”. Con la información obtenida se editó el libro Nunca hemos oído pedir perdón, ya agotado, que incluye notas biográficas de las personas asesinadas y además su posición en los cementerios municipal y de Las Mártires.
Alberto Malo, nieto del asesinado, en el centro con camiseta azul.
Alberto Malo, nieto del asesinado, en el centro con camiseta azul. MIGUEL BARLUENGA / HUESCA

“El hijo del rojillo”

Casimiro Malo formó parte de una saca de presos junto a otros agricultores de Alcalá del Obispo. “Mi padre tiene 80 años”, recuerda Alberto, “y tres meses cuando se llevaron a Casimiro. Siempre le llenaba de tristeza que le preguntasen por él y recordarle el tema era provocar que terminase llorando. Plantearle la posibilidad de poder encontrar sus huesos y darle una sepultura digna, un sitio donde su hijo pueda llevarle unas flores y recordarle, ha levantado en casa un ánimo excepcional”.
Su familia fue “despreciada por el lado nacional que quedaba en el pueblo. Incluso recuerdo oír a mi padre decir que en el colegio hasta el maestro le llamaba ‘el hijo del rojillo’. En la familia siempre se ha intentado hablar un poquito bajo, de paso, por cierto temor, por no querer remover la historia y por miedo”. Nadie se da por vencido, y tanto los familiares como el Círculo Republicano seguirán pendientes de nuevos indicios, testimonios y documentos que ayuden a esclarecer el paradero de Casimiro.
El coste de estos trabajos de exhumación ha sido de 7.040 euros. El Círculo ha cubierto el 68 % gracias a una subvención otorgada por la Diputación Provincial de Huesca, pero para el resto de gastos se solicitó otra al Ayuntamiento y a la Comarca de La Hoya de Huesca que no llegaron, así que deberán hacerse cargo de esos más de 2.000 euros entre los familiares de Casimiro, el propio Círculo y aquellos que lo deseen en el número de cuenta de Ibercaja ES56 2087 2067 0603 3065 3663, con el concepto “Exhumación”.

Pendientes de la futura Ley de Memoria Democrática de Aragón

Según el mapa de fosas comunes de la Guerra Civil trazado por el Ministerio de Justicia, existen en la provincia de Huesca al menos 187 y solo 17 han sido exhumadas en su totalidad. La futura Ley de Memoria Democrática de Aragón establecerá un protocolo para dotar de más celeridad a las exhumaciones. El Círculo Republicano tiene en mente iniciar a finales de año los trabajos en el cementerio de Las Martires para hallar los restos de otro represaliado, Mariano Cuello Grasa. Quieren evitar su segunda muerte, como la de Casimiro Malo Satué, y cubrirles de dignidad y memoria.