dissabte, 30 de juliol del 2022

Llíria localitza els cossos de sis persones afusellades durant la repressió franquista.

 https://www.elperiodic.com/val/lliria/lliria-localitza-cossos-persones-afusellades-durant-repressio-franquista_841045




  • El consistori edetà ha iniciat recentment la segona campanya d'obertura i exhumació de fosses comunes en el cementeri municipal

Llíria ha localitzat els cossos de sis persones afusellades durant la repressió franquista. Estes troballes formen part de la segona campanya d'obertura i exhumació en les fosses comunes del cementeri municipal, impulsada per l'Associació de Familiars i Víctimes del Franquisme en el Cementeri de Llíria i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llíria.

Les labors estan sent desenvolupades per l'empresa arqueològica ArqueoAntro, i compten amb una subvenció econòmica de 77.500 euros per part de la Diputació de València.

En base als estudis duts a terme per l'historiador, Vicente Gabarda, i el responsable del departament d'Estadística de l'Ajuntament de Llíria, Miquel Fernández, els treballs estimen la localització de les restes d'un total de 100 persones a l'interior de les 11 fosses que existeixen en el recinte.

Esta campanya, que va ser presentada dissabte passat en un emotiu acte al costat dels familiars de les víctimes, se suma a les excavacions realitzades en una primera fase de treballs a la fi de 2021. En elles, es van localitzar un cos i tres fragments de tres cranis, que presentaven orificis d'entrada i eixida de projectils.

Ara, en esta segona fase, prosseguiran les actuacions per a la recuperació de les restes dels afusellats durant la repressió franquista en la localitat, a més de persones mortes a la presó del Remei i a l'Hospital Militar.

L'acte va comptar amb la presència del diputat de Memòria Històrica de la Diputació de València, Ramiro Rivera; l'alcalde de Llíria, Joanma Miguel; la regidora de Memòria Democràtica del consistori edetà, Consuelo Morató, i el president de l'Associació de Familiars i Víctimes del Franquisme en el Cementeri de Llíria, Sergio García.

També van assistir diversos integrants del Comissionat de Memòria Històrica, representants polítics de localitats del Camp de Túria i membres de la corporació municipal, així com nombrosos familiars, que van rebre les explicacions de la tècnica arqueòloga, Inés Blay, sobre els passos que es duran a terme en aquesta segona fase d'actuacions.

La responsable de l'àrea de Memòria Democràtica, Consuelo Morató, explica que “estem molt felices de poder aportar, des del vessant institucional, un escenari democràtic de recuperació i dignificació”. “Tenim el sentiment que arribem molt tard, però continuarem treballant perquè estes persones i els seus familiars puguen descansar, d'una vegada, en pau”, indica Morató.

Guerrillas, la mayor oposición del franquismo

 https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/guerrillas-mayor-oposicion-franquismo/202207280333452243788.html


El maquis centró la ponencia de ayer del curso de verano de historia de la ULE

Desde el pasado día 25 y hasta el viernes 29 de julio se imparten en Cistierna una serie de coloquios y clases magistrales enmarcadas dentro de los cursos de Verano de la ULE de 2022 sobre la represión durante el franquismo.

Enmarcado dentro de estas jornadas, el historiador Secundino Serrano ofreció ayer un coloquio en el Museo de la Siderurgia y Minería de Sabero bajo el nombre ‘Represión y contrarrepresión en el franquismo: el maquis’. En él, Serrano hizo un repaso sobre los guerrilleros que ocuparon los montes, no solo durante La Guerra Civil sino también durante los más de diez años en los que se libró un conflicto armado que se prolongó hasta 1952, de forma oficial, aunque no sería hasta 1965 que murió el último guerrillero, José Castro Veiga, El piloto. Según explica Serrano esta parte de la lucha contra la dictadura supone «la oposición más importante que tuvo el franquismo», que, especialmente desde 1944 gracias al Partido Comunista, «se extendió por las zonas montañosas de todo el país». Además recalca el valor de estas guerrillas ya que mantuvieron su acción a pesar de tratarse de una lucha desigual entre un régimen organizado y respaldado y un «puñado de hombres» que formaban un ejército clandestino que se calcula entre los 3.000 y 5.000 miembros, «autofinanciado y sin ningún tipo de apoyo exterior», para intentar tener una presencia en el país y mantener viva la esperanza de la restauración de la democracia.

En su ponencia, para ayudar a comprender cómo se libró esa batalla de años entre el régimen y los maquis, Serrano realizó también una disección por las estrategias del franquismo para debilitar a los guerrilleros tales como la polémica semántica que pasaban por achacar sus acciones a bandoleros para evitar que se hablase de guerrillas o los consejos de guerra, las brigadillas y un largo etcétera.

El curso de verano, denominado ‘historia y memoria. Rrepresiones y exilios bajo la dictadura franquista’, pretende analizar las duras consecuencias que la violencia ejercida durante esa época de la historia de España causó. Javier Rodríguez González, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de León es el director del curso en el que además participan otros muchos expertos en el área como Jesús Castrillo Yagüe, Susana Sueiro Seoane o Ángel Herrerín López.

Todos ellos hablarán de diferentes aspectos de la represión franquista, como los prisioneros en campos de concentración, la pervivencia de las instituciones tras la guerra, las ejecuciones o el exilio, para ofrecer un retrato completo y detallado de lo que supuso esa oscura época y las consecuencias que dejó.

Una negligencia oculta del franquismo: los niños de la polio.

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/negligencia-oculta-franquismo-ninos-polio 


Los afectados denuncian las secuelas de una epidemia de la que sobreviven más de 50.000 afectados en nuestro país



Hospital de San Juan de Dios de Sevilla en los años cincuenta. Fuente: Archivo del Hospital de San Juan de Dios.


Periodista

27 JUL 2022 06:00

Manoli Martín ya ha cumplido los sesenta, pero las secuelas de la polio, de la que se contagió con tan solo once meses de edad, las arrastra como una condena diaria: “Mi madre me contaba que parecíamos conejillos de indias en los hospitales del régimen. Los médicos nos pinchaban en San Juan de Dios en la planta del pie a ver si reaccionaba nuestra pierna inerte”.

La ocultación del franquismo de aquella epidemia es otra de las asignaturas pendientes en la memoria de sus víctimas, que nunca tuvieron conciencia de aquella negligencia. El investigador Antonio David Sánchez apunta a El Salto Andalucía que “en las epidemias de polio de los años 50 y el primer periodo de los 60 quedan por saber muchas cosas”.

Sánchez: “Se han tapado muchas de las opiniones de determinadas figuras del franquismo que fueron negacionistas de la epidemia”

Demasiadas. Por ejemplo, quién fue el responsable último de tomar la decisión de no vacunar a los niños españoles: “Se han tapado muchas de las opiniones de determinadas figuras del franquismo que fueron negacionistas de la epidemia, llegando incluso a afirmar que en nuestro país no había un problema serio con esta enfermedad”, afirma Sánchez. Fue tal la ocultación, que se intentó tranquilizar a la población cuando muchos de los médicos sabían que estábamos ante “un contagio de dimensiones colosales”. La dictadura ocultó el desastre, pero hoy sobreviven con las secuelas entre 40.000 y 50.000 afectados que no han sido reconocidas como víctimas del régimen.

La posguerra trajo hambre y malas condiciones de vida. La renta per-cápita en España no igualó a la de antes de la guerra civil hasta los años 50; un perfecto caldo de cultivo para la transmisión de enfermedades infecciosas: “Todo esto, unido a que teníamos una sanidad literalmente desmantelada por el dictador, hizo muy fácil la eclosión de focos de polio a lo largo y ancho del país”, añade el autor.

Los casos a partir de la década de los 50 se dispararon hasta llegar a los 2500 por año

Según las cifras recogidas en la investigación La poliomielitis. Una negligencia del franquismo (Editorial Aconcagua), “los casos a partir de la década de los 50 se dispararon hasta llegar a los 2500 por año, no descendiendo hasta los sesenta cuando se normalizó el uso de la vacuna”.

Manoli Martín, durante la entrevista.
Manoli Martín, durante la entrevista. MARÍA SERRANO

Manoli recuerda a El Salto Andalucía cómo las monjas eran personal habitual en el tratamiento de estos niños de la polio en los hospitales como el de San Juan de Dios, donde se derivaba a los afectados en Andalucía occidental. En su mayoría eran operados de tibia y peroné, a pesar de que no era una operación necesaria para muchos de ellos: “Recuerdo los tirones de oreja de las monjas cuando nos montaban en unas bicicletas para ejercitar la musculación. Era un trato horrible, nos gritaban para que hiciéramos bien el ejercicio cuando nuestra pierna tenía una afectación de por vida que no querían reconocer. Nos daban palmetazos para que no paráramos, cuando no sabían ni nosotros ni nuestras familias lo que estaba ocurriendo”.

Manoli pudo contener lo más terrible de la enfermedad hasta los doce años, cuando llegó su desarrollo: “Las vacunas las vendían clandestinamente y muchas familias no tuvieron acceso a ellas. Mi padre trabajaba en el comercio textil, mi madre era costurera, eran sectores de la población que no tenían derecho a nada”.

De un simple resfriado a la pérdida de la movilidad

El perfil más habitual de las víctimas de esta epidemia tenía un cuadro muy concreto. Comenzaba con un niño o niña de menos de cuatro años de edad. Un simple resfriado, y a los pocos días el niño iba perdiendo movilidad en las piernas o en los brazos, dependiendo de la altura de la afectación medular del virus. Sánchez aclara que “a partir de ahí, el niño iba desarrollando un cuadro de atrofia muscular progresiva que incluso lo llevaba a estar durante años ingresado en sanatorios especiales o incluso enganchados al llamado pulmón de acero, cuando era la musculatura respiratoria la afectada. Hay personas que han pasado toda su infancia lejos de su familia a causa de este virus”.

Cristina Vega también contrajo la polio con tan solo nueve meses: “Yo nací en un pueblo pequeño de la provincia de Madrid y allí no había llegado la vacuna, como a tantos rincones de España”. La enfermedad le ha afectado toda su vida: “Me produjo meningitis. Tuve que estar asistida por un pulmón artificial durante un tiempo. Tuve un periodo de recuperación de la pierna derecha, movilidad del brazo izquierdo, pero las operaciones nunca desistieron. La afectación es como un cuadro de ajedrez. Y hasta los dieciocho fui sometida a seis operaciones. A partir de la mayoría de edad, empecé a desistir de andar sin la silla, que ya me ha acompañado toda la vida”.

Cristina Vega
Cristina Vega, durante la entrevista. MARÍA SERRANO

Vega empezó a vivir la conciencia de la discapacidad, en un tiempo en el que no se hablaba en estos términos. Se empezaba a hablar de las minusvalías, no solo para los afectados de polio. En esa lucha por el reconocimiento de la discapacidad, “conseguimos mejoras en el trasporte público y en el acceso a lo laboral, con dificultades. Fuimos concienciando más a la gente y logré sacarme la carrera de psicología en medio de muchas barreras”.

Víctimas de polio, victimas del régimen

Vega apunta que las víctimas no buscan, a estas alturas, “ningún tipo de reconocimiento”, pero sí cree que es necesario que “haya estudios del síndrome pospolio que ha afectado a todos los enfermos de esta epidemia. Hay unas secuelas que se evidencian en falta de fuerza o fatiga muscular. Ha habido mucha dejadez médica y muy poco interés en reconocerlo”, concluye Cristina.

Antonio David Sánchez sentencia, como investigador del tema, que la ocultación de aquellos años es, sin lugar a dudas, una negligencia del régimen: “De haber existido a tiempo una vacuna en España, el número de casos hubiera disminuido mucho y no habría tantas personas afectadas”. Además, afirma que ante esto deberían responder los diferentes gobiernos que han pasado por nuestro país desde la Transición: “Mi teoría es que hay demasiados afectados de secuelas de polio y pospolio, y que eso suponía reconocer derechos y prestaciones a un colectivo que podía ser muy caro para las arcas del Estado”.

Por otra parte, el testimonio de Cecilio Gordillo, luchador por tantas causas de memoria histórica en Andalucía, resulta esclarecedor. Fue otro de aquellos niños afectados por la polio en la España de los cincuenta. En declaraciones a El Salto Andalucía reconoce que a los seis meses ya casi no podía usar las piernas. “En mi pueblo de Badajoz no había recursos para tratarme y mi familia no me pudo llevar a Sevilla hasta que cumplí los cinco años”.

Gordillo: “La dejadez de la administración no permitió que esta epidemia se reconociera hasta los años 80”

Nunca olvidará la primera vez que fue con su madre a Sevilla al hospital San Juan de Dios: “Me dijeron que ya era muy mayor para tratarme y que si quería hacer rehabilitación tenía que ser ingresado y pagando”. Un coste añadido que la familia de Gordillo, jornaleros en Medina de las Torres, no podía costearse.

Carné de Cecilio Gordillo de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles. Fuente: Cecilio Gordillo.
Carné de Cecilio Gordillo de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles. Fuente: Cecilio Gordillo.

“La dejadez de la administración no permitió que esta epidemia se reconociera hasta los años 80”, señala Gordillo. Nunca ha logrado, a pesar de los intentos, recibir su expediente médico y tener una respuesta de la Junta de Andalucía con los detalles de aquel informe que nadie parece tener en sus manos: “¿Estará en manos de aquel hospital, hoy empresa privada? No se puede hacer una verdadera investigación sin tener acceso a los archivos, que no han podido ni conocer las propias víctimas”.

Manoli, Cristina o Cecilio relatan la necesidad de que se reconozca el síndrome pospolio que dificulta, cada año más, la posibilidad de movilidad: “Esta enfermedad te va mermando. Yo he pasado de no necesitar muletas, a tener que tener dos para moverme y ya un carrito a mis casi 70 años”, apunta Gordillo. La enfermedad no da tregua y el Estado sigue sin reconocerlo.

Localizada una nueva fosa común de víctimas civiles de la represión fascista en el cementerio de Loscorrales, en Huesca

 https://www.eldiario.es/aragon/localizada-nueva-fosa-comun-victimas-civiles-represion-fascista-cementerio-loscorrales-huesca_1_9203227.html



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El pasado viernes, 22 de julio, comenzaron las labores arqueológicas de localización y exhumación de una fosa común clandestina de víctimas civiles de la represión franquista en el cementerio viejo de Loscorrales (Huesca).

Los trabajos se han centrado en la zona sur del cementerio, junto a la tapia, lugar señalado por los testimonios orales recabados de los familiares. Además, también servía como punto de referencia a esta ubicación la tumba de mosén José Pascual Duaso, párroco de Loscorrales asesinado por falangistas el 22 de diciembre de 1936, que se sitúa junto a la misma tapia sur, pero en la zona central del cementerio.

Tras eliminar la capa de tierra superior con una pequeña retroexcavadora, se procedió a excavar manualmente los enterramientos localizados. En su mayor parte se trataba de enterramientos individuales ordinarios, pero también fue hallada una fosa común que contenía dos cuerpos, situada a unos cuatro metros de distancia de la tumba de mosén José Pascual Duaso. Desgraciadamente, la fosa común localizada se hallaba parcialmente afectada por una sepultura posterior y no se han podido observar signos evidentes de muerte violenta por arma de fuego. Tras concluir la exhumación, próximamente comenzarán los estudios antropológicos por parte de la antropóloga Miriam Gracia y los análisis genéticos en un laboratorio especializado.

La exhumación ha sido promovida por la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO), merced a la solicitud formulada a comienzos de año por Fernando Torralba, sobrino-nieto de una de las víctimas, Sebastián Bretos Pérez. También se ha contado con la colaboración de miembros de otras asociaciones memorialistas como la ARMH Batallón Cinco Villas y el Colectivo de Historia y Arqueología Memorialista Aragonesa (CHAMA), así como otras personas voluntarias.

Sebastián Brétos Pérez, nació el 28 de marzo de 1900 en la localidad de Riglos (Huesca). Se casó con Francisca López Artieda, con quien tuvo un hijo: Sebastián Bretos López. Trabajaba en la antigua fábrica del carburo de la Estación de La Peña, donde ejerció de enlace sindical del sindicato CNT. El 3 de agosto de 1936 fue detenido por la Guardia Civil de Ayerbe y por falangistas mientras trabajaba en su huerto. No había querido acompañar previamente al maestro Mariano Constante Arán en su huida. Una vez encadenado, fue paseado de rodillas por las calles de Riglos. Pidió al paso por la puerta de casa “Tornero” despedirse de su hijo que estaba en los brazos de su madre, pero se le negó. Posteriormente fue trasladado al cuartelillo de Ayerbe, explican desde la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO) en nota de prensa.

“El 5 de agosto su hermana le llevó allí comida y una muda, pero le comunicaron que ya no la necesitaría. Ella sí pudo observar en la puerta del cuartel cómo era subido a un camión junto a otros detenidos. Al querer acercarse para darle un abrazo, fue apartada violentamente por los guardias civiles. El 15 de agosto fueron encontrados dos cadáveres abandonados en el carrascal de Loscorrales, que fueron trasladados y enterrados en el cementerio viejo de dicha localidad. Ambos fueron registrados en los libros de defunciones como ”hombres desconocidos“ y muertos ”como consecuencia de las heridas producidas al parecer por bala de fusil“”, exponen en la misma nota.

En este sentido, el equipo responsable de los trabajos y la Asociación ARICO solicitan que quienes puedan aportar algún dato sobre el hasta ahora anónimo compañero de Sebastián Bretos o tengan ascendientes asesinados y enterrados en el cementerio de Loscorrales, contacten con ellos a través del correo electrónico decasetas@gmail.com.

La intervención ha sido llevada a cabo por el Equipo Arqueológico Forense de Aragón (EAFA), bajo la dirección de los arqueólogos e historiadores Javier Ruiz y Cristina Sánchez, la arqueóloga Ana Rubio y la antropóloga Annika Fieguth, además de Miguel Ángel Capapé Garro, en representación de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (A.R.I.C.O.). Este equipo técnico ha trabajado durante la última década en más de una treintena de intervenciones arqueológicas de localización y exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil Española y la posguerra en Aragón, recuperando hasta la fecha 142 víctimas de la represión fascista, guerrilleros antifranquistas o soldados combatientes.

La financiación necesaria para poder realizar estos complejos trabajos y estudios proviene de las ayudas que anualmente concede la Diputación Provincial de Huesca para trabajos de Recuperación de la Memoria Histórica y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través, del recientemente aprobado II Plan de Fosas.

La Iglesia esquiva por segunda vez la legislación de memoria pese a su papel crucial en el franquismo.

 https://rebelion.org/la-iglesia-esquiva-por-segunda-vez-la-legislacion-de-memoria-pese-a-su-papel-crucial-en-el-franquismo/


Fuentes: Info Libre

Un ley es lo que dice, pero también lo que no. Y hay algo que no dice la Ley de Memoria Democrática que a su vez dice mucho sobre la ley. Una institución se queda fuera, aunque estuvo dentro del franquismo, régimen responsable de las víctimas que se pretende reparar. Hablamos de la Iglesia católica española.

La Iglesia no aparece ni en la ley de memoria de 2007 ni en la de 2022, pese a tratarse de una institución básica del régimen nacionalcatólico. No fue sin más aliada de la dictadura, o cómplice, sino parte de la misma. Lo dice la historia, que no sólo sitúa a la Iglesia del lado de los sublevados, sino que muestra su carácter consustancial al régimen. Ya antes del golpe del 18 de julio, la jerarquía católica fue un elemento determinante del bloque de fuerzas que socavó la República. Sus más destacadas voces se alzaron. «Enemigos de la Iglesia y del orden social», señalaba a los republicanos en 1931 el arzobispo de Toledo, Pedro Segura. «España será católica o no será», dijo el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, en otra frase imprescriptible.

La Iglesia se apresuró a apoyar el pronunciamiento y a sacralizarlo, convirtiéndolo en «la Cruzada». «Durante la guerra y a su término, la jerarquía denunció la persecución a que habían sido sometidos sus sacerdotes y religiosos […], mientras silenciaba la represión», sintetiza el historiador Francisco Moreno. La consumación del alineamiento se produjo en 1937 con la Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero: «No hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional». El apoyo alcanzó de pleno al Vaticano. Acabada la guerra, con Franco vencedor, Pío XII telegrafió un mensaje al general ferrolano: «Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España». El papa nombró «protocanónigo» al «Caudillo».

El romance con el régimen fue total. Hay sobrada acreditación historiográfica de la consanguineidad de los poderes civil y religioso, con ejemplos como Por la religión y la patria (Crítica, 2014), de Francisco Espinosa y José María García Márquez. El Vaticano aportó a Franco legitimidad desde sus inicios. El régimen respondió con una legislación educativa (1945) e hipotecaria (1946) a su medida. La norma hipotecaria, por cierto, es la base de las inmatriculaciones, cuyo fruto sigue disfrutando la Iglesia. El hermanamiento culminó con el Concordato (1953). Con este acuerdo, el jefe del Estado «compraba un privilegio para él muy valioso», el «título oficial de Estado católico respaldado por la Iglesia», escribe en Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1974) Alberto de la Hera. El artículo VI obligaba a los curas a elevar preces diarias por Franco.

La Iglesia fue parte del aparato represor, valiéndose del fabuloso archivo que constituía el confesionario. La justicia militar de posguerra se sirvió de curas junto a falangistas, guardias civiles y alcaldes. Julián Casanova, en La Iglesia de Franco (Crítica, 2001), narra cómo la Iglesia se apresuró a apoyar a los sublevados, ofreciendo su bendición a la política de exterminio. Como escribe Casanova, la jerarquía participó desde 1943 en la «farsa» de las Cortes franquistas y se hizo presente en las más altas instituciones del Estado. Franco, añade el historiador, «murió bendecido por la Iglesia, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia». A lo largo de su mandato, Franco apartó –¿traicionó?– a aliados como monárquicos y falangistas, pero jamás a la Iglesia, incrustando a la Asociación Católica de Propagandistas y al Opus Dei en sus consejos de ministros.

La pregunta es: ¿cómo ignorar a la Iglesia en una «ley de memoria democrática»?

Las dos leyes

El historiador José Luis Gutiérrez Molina cree que la Iglesia es merecedora de una mención específica en la norma. «Tuvo un papel con muchas facetas: en el golpe, en el control social, en la represión… Un informe del párroco podía servir para que una persona terminara asesinada», señala. A su juicio, lo mínimo hubiera sido la inclusión de una referencia, aunque fuera «nominativa». Es más, Gutiérrez Molina recalca que, mientras sí hay una alusión a las «empresas» por su aprovechamiento del trabajo esclavo, no la hay de la Iglesia, cuando –afirma– se benefició de mano de obra forzada para la reconstrucción de templos, aspecto también apuntado por el historiador de la Economía Carlos Arenas en Lo andaluz. Historia de un hecho diferencial(El Paseo, 2022). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en su decálogo de reclamaciones sobre la futura norma, reclama «que se incluya la exigencia de responsabilidades a la Iglesia católica».

«La Iglesia fue un pilar de la dictadura y tuvo un papel eminentísimo en la justificación del golpe y en la legitimación del régimen. Incluso cuando el Concilio Vaticano II abre una brecha entre la Santa Sede y el régimen, la Iglesia católica española sigue siendo franquista», explica el historiador Ángel Viñas. A su juicio, no obstante, hay una dificultad para su inclusión en la norma. «En realidad la Iglesia no es una institución del Estado español, sino de un Estado extranjero, el Vaticano», señala Viñas, que sí cree que abriría una «brecha importante» forzar la salida de los monjes del Valle de los Caídos. «Eso, si la ley llega a ponerse en marcha, claro. El PP ya ha dicho que la derogaría«, expone.

Paqui Maqueda, colaboradora de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla, afirma que el movimiento memorialista ha encontrado de la Iglesia una actitud «nada compasiva», que no se ha corregido a raíz de la ley de 2007, ni tampoco de la norma andaluza de 2017. La situación, afirma, es agravada por las declaraciones escépticas o críticas sobre la «memoria histórica», que condicionan la posición de los fieles, añade. La visión de Maqueda entronca con la que desde el ámbito académico aportan Paloma Aguilar y Leigh A. Payne, que en el ensayo El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos(Taurus, 2018) señalan que mientras la jerarquía «ha logrado que se reconozca a sus víctimas», «se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas», con excepciones en Navarra.

Maqueda ve grave que la ley no incluya exigencias de responsabilidad y colaboración de la Iglesia: «Lo que no se nombra no existe. En este caso, la responsabilidad de la Iglesia no existe». A su juicio, la falta de referencias ha facilitado el «obstruccionismo» de la institución, tanto en la retirada de símbolos como en casos emblemáticos, como el del golpista Gonzalo Queipo de Llano, que sigue en la Basílica de la Macarena de Sevilla. La ley estatal de 2007 no obliga a sacar los restos del jefe de la represión en el sur de España, enterrado con honores en un lugar visible. Queda saber si la ley de 2022 lo hará: la norma establece que los elementos «contrarios a la memoria democrática» serán retirados no sólo de lugares públicos, sino también privados «con proyección o uso público». Algo similar dice la ley andaluza de 2017 y ahí siguen los restos.

Valle de los Caídos

Clamoroso ha sido el incumplimiento de un artículo, el 16, dedicado al Valle de los Caídos. Su punto 2 dice: «En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo». La ley ha sido burlada. Y no se trata de las misas en memoria de Franco –la última, este 18 de julio, bajo la presidencia del obispo auxiliar de Madrid–. Al margen de actos religiosos, ha habido homenajes a Franco y actos de exaltación de su régimen. En 2019, el prior de la abadía, Santiago Cantera, realizó incluso un «acto de desagravio» por la exhumación de Franco.

La ley recién aprobada regresa sobre el Valle de los Caídos, esta vez con el artículo 54. ¿Qué establece? Además del cambio de nombre a «Valle de Cuelgamuros» y su futura «resignificación» –que no prevé la retirada de la cruz–, vuelve a prohibir la exaltación franquista. El punto más novedoso es la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. ¿Qué pasará con los monjes benedictinos? Los detalles quedarán establecidos en un futuro real decreto. En una entrevista a El País, el director general de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha afirmado que «tiene poco sentido» que los monjes sigan allí. La ARMH denuncia que, además de «poco sentido», tiene nula cobertura legal y reclama al Gobierno la expulsión de los monjes. El Estado –gobierno tras gobierno– permite desde 1983 que los monjes sigan en el Valle a pesar de incumplir obligaciones legales.

Archivos

Está por ver qué impacto tiene la ley de 2022, que todavía debe pasar por el Senado, en la apertura de archivos de la Iglesia para la investigación. Este debate ha recibido un impulso con la publicación de los archivos de Pío XII sobre los judíos y el nazismo. La ARMH ha pedido al papa que abra «los archivos sobre el franquismo». Aunque el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales con el Vaticano de 1979 recoge la «voluntad» de la Iglesia de poner al servicio de la sociedad su «patrimonio documental», han sido frecuentes las quejas de historiadores, entre ellos los que investigan los crímenes del siglo XX, como Francisco Espinosa: «A pesar de que funcionan con subvenciones, estos archivos son privados y el acceso está controlado y decidido por ellos». «Los archivos de la Iglesia tienen un enorme potencial para conocer la represión, para localizar víctimas e incluso bebés robados. Se habla mucho de verdad, justicia y reparación. Sin archivos no hay verdad y así falla todo lo demás», señala Paqui Maqueda, colaboradora de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla.

La ley de 2022 establece la incorporación al Centro Documental de la Memoria Histórica de «archivos y documentación» en poder de «entidades privadas» y garantiza el «acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados». infoLibre preguntó al Ministerio de Presidencia si afecta a la Iglesia católica, sin una respuesta afirmativa explícita. En cuanto a la Conferencia Episcopal, no respondió si estos preceptos tenían algún efecto sobre la Iglesia. Más en general, no respondió sobre su valoración de las leyes, sobre la ausencia de referencias a la Iglesia o sobre su grado de colaboración.

Privilegios heredados

Uno de los obstáculos principales de la Iglesia a la hora de hacer autocrítica sobre su papel es –como han apuntado teólogos críticos como Juan José Tamayo– que su actual estatus está anclado en privilegios con origen franquista. La posición en los terrenos fiscal, simbólico y educativo de la Iglesia sería impensable sin el Concordato, reformado –jamás derogado– entre 1976 y 1979, cuando adoptaron la forma de cinco acuerdos. El primero es el marco jurídico, de 1976, es decir, preconstitucional y todavía vigente. Los otros cuatro son temáticos: 1) jurídico, 2) Fuerzas Armadas, 3) educación y cultura y 4) economía. La casilla de la Iglesia –unos 300 millones anuales de dinero público para la Iglesia–, los profesores de Religión y capellanes pagados por el Estado, las exenciones fiscales… todo ello tiene origen en unos acuerdos cuya primera pieza es de 1976, mientras las tres siguientes están fechadas el 3 de enero de 1979, hace ahora 40 años, tan sólo 29 días después de la aprobación de la Constitución. Aunque cronológicamente caen dentro de la democracia, lo cierto es que los contactos para el cambio del Concordato venían de finales de los 60 y obedecían a una lógica propia de relaciones Estado a Estado, como se concluye de la lectura del artículo de Alberto de la Hera.

Pues bien, la recién aprobada en el Congreso ley de memoria hace una –polémica– referencia a la Ley de Amnistía, pero no a dichos acuerdos. ¿Era posible hacerlo? Gutiérrez Molina cree que los «privilegios de la Iglesia» siguen siendo «una asignatura pendiente» de una democracia instalada en aquel dicho: «Con la Iglesia hemos topao«.

Maqueda, del movimiento memorialista andaluz, cree que «lo más importante» que podría aportar la Iglesia es «difícil de reflejar en una ley». ¿A qué se refiere? «A pedir perdón. Eso falta y sigue faltando, aunque a estas alturas no sé si llegará. Deberían, por su papel represivo y colaboracionista. La Iglesia fue corresponsable de la oscura noche del franquismo, más dura aún para las mujeres precisamente por el papel en la sociedad que les daba la Iglesia», señala Maqueda. A su juicio, un Estado que tiene tantos espacios de colaboración con la institución católica debería presionar para obtenerlo, pero no muestra demasiada confianza en que ocurra. «El poder de la Iglesia y su relación con el Estado es algo con lo que nadie se atreve», afirma.

Fuente: https://www.infolibre.es/politica/iglesia-esquiva-segunda-vez-ley-memoria_1_1284925.html

"España, una inmensa prisión"

 https://www.lanuevacronica.com/espana-una-inmensa-prision



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El actual hostal de San Marcos fue durante la guerra y posguerra campo de concentración.Ampliar imagenEl actual hostal de San Marcos fue durante la guerra y posguerra campo de concentración.
Fulgencio Fernández | 26/07/2022AA
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UNIVERSIDAD Las cárceles y campos de concentración, sus prisioneros, es el tema que aborda el historiador Javier Revilla en su ponencia de este martes en el curso dedicado al exilio y la represión franquista
Después de la jornada inaugural y las primeras ponencias del curso de verano de Cistierna dedicado este año al exilio y la represión franquista llega un martes con cuatro ponencias de otros tantos expertos. La primera de ellas la imparte el profesor leonés Javier Revilla, quien hablará sobre ‘Prisioneros en las cárceles y en los campos de concentración del franquismo’, en la que parte del hecho de que «la dictadura franquista se caracterizó, desde sus propios orígenes con el golpe de Estado en julio de 1936 hasta su final, por ejercer una dura represión sobre los ciudadanos españoles. Además de las muertes, ejecutadas tanto extrajudicialmente como por medio de sentencias tras procedimientos jurídicos —aunque basados en una legalidad retorcida—, la reclusión de miles de personas fue una dura realidad».

Toma Revilla una expresión del poeta Marcos Ana, el preso que más tiempo pasó en las cárceles franquistas, cuando éste afirmaba que «España se convirtió durante el franquismo en “una inmensa prisión». Y añade el profesor de la ULE que «no yerra ni exagera el que fuera uno de los presos de la dictadura. Dada la represión ejercida, se habilitaron desde calabozos provisionales hasta inmensos campos de concentración de prisioneros políticos republicanos, donde estudios contrastados hablan de una población reclusa de entre 300.000 y 500.000 personas en los años de la posguerra».


Cree el ponente que, en este ambiente, se hace necesario conocer «el funcionamiento de los llamados Batallones de Trabajadores y de las Colonias Penitenciarias Militarizadas que, bajo un barniz de legalidad y remuneración básica, se obligó al trabajo forzoso de miles de los presos del franquismo; fue un abuso institucionalizado basado en el terror y el sometimiento a seres humanos considerados inferiores y culpables por no seguir los principios de la dictadura».

La profesora Beatriz García Prieto.
Recuerda Revilla que, al margen de los edificios y lugares habilitados para la represión de los presos, «se siguieron utilizando las cárceles preexistentes con diferente funcionamiento durante el franquismo. Prisiones, tanto provinciales como de los partidos judiciales, que se saturaron como nunca antes debido a los enormes flujos de cautivos. Centros penitenciarios que observaron una nueva consideración hacia sus presos, ya que estos volvieron a estar sometidos a abusos, vejaciones, torturas y penas de muerte ejemplarizantes mediante el garrote vil».

Otra de las ponencias de la jornada del martes será la de Beatriz García Prieto sobre las leonesas presas en las cárceles del franquismo, quien recuerda que «cientos de mujeres leonesas fueron juzgadas por la justicia franquista y condenadas a diferentes penas de prisión que cumplieron parcial o totalmente en los centros de reclusión de la provincia, pero también en otras cárceles y prisiones repartidas por el resto de España. Todas ellas conformaron una extensa red penitenciaria que actuó como eje central del sistema represivo del bando sublevado y la dictadura franquista. En ellos se las internaba y torturaba buscando reeducarlas y eliminarlas ideológicamente con el objetivo final de neutralizar sus posibles actos contrarios a la dictadura».

Un trato deshumanizado y unas duras condiciones de vida eran el modelo seguido para someter a estas mujeres. «Las presas se enfrentaron a ciertos castigos y limitaciones específicas debidas a su género. En este sentido, debemos destacar la disciplina cuartelera que las monjas y las falangistas impusieron en los presidios femeninos que destacó por la dureza de trato infringida sobre las reclusas; el encarcelamiento de menores junto a sus madres; la problemática convivencia entre presas comunes y políticas».

También expondrá el caso de un centro penitenciario específico para mujeres, la Prisión de Partido de Astorga. «Funcionó desde 1938 hasta su cierre en 1961 y de la que conocemos datos tan interesantes como la alimentación, los medios de higiene o los tratamientos médicos. Otra prisión muy significativa para las presas leonesas no estaba situada en León, que es la Prisión Central de Mujeres de Saturrarán, en Guipúzcoa».
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