Familiares de desaparecidos y víctimas del franquismo pidieron a la representanción de la ONU desplazada hasta Sevilla justicia, verdad y reparación. La representante de la ONU aseguró que la Ley de Amnistía es inconstitucional.
Juan García Chacón tiene 76 años y ayer estaba nervioso, mucho. Cargado de ilusión y esperanza, aguardaba a las puertas del hotel Plaza de Armas de Sevilla la llegada de los miembros del grupo de trabajo sobre Desapariciones forzosas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en estos días visita España. Juan no dejaba de moverse, de un lado para otro. En un bolso colgado del hombro llevaba un montón de documentos, perfectamente ordenados y guardados en fundas de plástico. Entre sus manos sostenía un abultado libro. Lo abría una y otra vez, pasaba las páginas y se afanaba en encontrar, en una interminable lista, un nombre que tenía marcado con un pequeño punto negro: Alfonso García Fernández, su padre. Desaparecido desde el 6 de diciembre de 1939. Ese día fue fusilado en los fosos de Puerta Tierra, en Cádiz. Al igual que Juan, decenas de familiares de desaparecidos, y asesinados, tras el golpe fascista del 18 de julio de 1936, se desplazaron ayer desde toda Andalucía para pedirle, suplicarle y rogarle a la ONU verdad, justicia y reparación. Fueron las palabras que más veces escuchó Jasminka Dzumhur, miembro de la comisión desplazada hasta Sevilla, quien con su intervención final desilusionó a Juan: el grupo sólo estudia los casos a partir de 1945, fecha la que comenzaron los juicios de Nuremberg.
Juan no pudo más y estalló: “¡Tú no sabes lo que estás hablando!”, se pudo escuchar en toda la sala. Dzumhur, abogada, jueza y Defensora del Pueblo de Bosnia y Herzegovina, tras escuchar durante más de dos horas los desgarradores y sentidos testimonios de familiares de víctimas del franquismo, también dio un poco de esperanza: “Sin embargo, no existe justificación jurídica que impida hacernos cargo de estos casos”, detalló. Y animó a los familiares y asociaciones a presentar quejas y peticiones para que la comisión trate todos los casos allí expuestos. Juan García se revolvía en su silla, miraba a todos lados buscando una mirada cómplice que le confirmara que, efectivamente, esa señora de la ONU le estaba diciendo que la muerte de su padre quedaba fuera de su incumbencia.
La jueza continuó, y contestó a un reproche realizado anteriormente por uno de los familiares, que se quejó del poco tiempo que la comisión iba a pasar en Andalucía. ”Es el tiempo que el Gobierno de España nos ha permitido”, dijo la representante de la ONU. El papel de este grupo de trabajo es el de mediar entre afectados por las desapariciones, las víctimas y los gobiernos. “El grupo de trabajo transmite los distintos casos a los gobiernos de que se trate, pidiéndoles que realicen indagaciones y que le informen sobre sus resultados”, según indica este organismo en su web, que tras su visita a España tendrá que informar de qué petición hace al Gobierno de Mariano Rajoy.
Por lo pronto Dzumhur ya ha desvelado el poco entusiasmo encontrado en el Gobierno de España. Primero advirtió de que la Ley de Amnistía, el gran bloque de hormigón contra el que chocó Baltasar Garzón en su intento por investigar los crímenes del franquismo, no tiene base constitucional: “La ley es de 1977 y la Constitución de 1978″, explicó. Una lógica aplastante con la que se podría recurrir esta ley ante Tribunal Constitucional. Pero los que tiene el poder para hacerlo, el poder judicial, la Defensora del Pueblo, el Gobierno o el Parlamento no parecen muy por la labor. “No hemos obtenido respuesta de ellos”, aclaró Dzumhur, que animó a los familiares a iniciar procesos judiciales civiles “porque si lo rechazan se puede recurrir al Tribunal Europeo”.
La mujer de la ONU, como la llamaban ayer algunos, también hizo referencia en su intervención final a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero. ”Si estamos aquí sentados, seis años después, no debía ser muy práctica”, concluyó.
CON LAS FOTOS DE SUS FAMILIARES
La esperanza, la ilusión, las sonrisas y los abrazos se repitieron una y otra vez. Desde antes de las cuatro de la tarde las fotografías de desaparecidos iban formando una gran alfombra en el suelo, tal y como ocurre cada último sábado de mes en la plaza de la Gavidia de Sevilla, la Plaza de Mayo de Andalucía. Así lo hicieron Remedios Moreno, Carmen Martínez y Práxedes Pérez, que se desplazaron desde Córdoba.
También desde Córdoba llegó Guillermina, acompañada de sus dos hijos, altos y robustos, que la acompañan y apoyan siempre. Ella no pudo conocer a su padre, pero su lucha por localizar sus restos y darle un entierro digno es incansable. “Hasta que me muera estaré luchando por él”, dijo. El relato de Guillermina a Andalucesdiario.es, a las puertas del hotel, se vio interrumpido de pronto por unos gritos. Desde un coche, el conductor comenzó a gritar “viva Franco” al mismo tiempo que realizaba el saludo fascista sacando el brazo por la ventanilla. Eso sí, se alejó a toda velocidad. Guillermina ni se inmutó. Hizo un gesto con la cabeza, sonrió y siguió hablando de su padre.
Desde Marchena (Sevilla) llegaron Bienvenida Guisado, Antonio Narváez y Antonia Parra, que a pesar de los achaques y los años siguen acudiendo a todas las convocatorias y actos que sirvan para que sus padres, asesinados por los fascistas, nunca sean olvidados.
Todas las familias trasladaron a la ONU su deseo de justicia ante el desamparo de la Justicia y el de las Administraciones en España: “Queremos de una vez por todas poder recuperar los restos de nuestros seres queridos, con total normalidad, porque en España se nos niegan todos los derechos internacionales”, suplicó una mujer en su intervención.
Y si la ONU finalmente tampoco puede hacer nada por ellos, ellos seguirán intentándolo. Como Juan, que continuará abriendo su libro y buscando la página en la que aparece, junto al de todas las víctimas de Cádiz, el nombre de su padre: Alfonso García Fernández.
REUNIÓN CON EL GOBIERNO ANDALUZ
Por la mañana la delegación del grupo de trabajo de la ONU mantuvo un encuentro de trabajo con el viceconsejero de Administración Local de la Junta de Andalucía, José Luís Pérez Tapias, y el director de Memoria Democrática, Luís Naranjo. Según este último se trató de una reunión “nada protocolaría” y “de mucho trabajo, realizaron muchísimas preguntas”.
Tapias destacó que durante la reunión se informó a la comisión sobre la futura Ley de Memoria Democrática y los obstáculos con los que la Junta se encuentra en lo referente a la recuperación de la Memoria Histórica: los judiciales, los derivados de la falta de dinero y los sociológicos y políticos, ya que “la memoria no es aún una política asumida como parte de la consolidación de la democracia”.En su última mañana en Andalucía la delegación mantendrá una reunión con destacados historiadores cuyos trabajos han sido clave en el estudio e investigación del golpe fascista contra la II República, la Guerra Civil y la represión franquista.