Desde que el dictador Francisco Franco pereció de muerte natural, el régimen creado por él dejó en la sociedad española un remanente de poder que aún no ha sido -por decirlo de alguna manera- superado. Esto se demuestra en muchos aspectos a los casi treinta años de su muerte.
La continuidad de un nacional-catolicismo sociológico y político representado hoy en día por el partido que ha dirigido Aznar se ha demostrado con creces. La subvención a la Fundación Francisco Franco, la ayuda del Ministerio de Defensa a la Fundación División Azul, entre otros agravios a la democracia y a los que lucharon por ella, se ha hecho evidente de forma chulesca por un Ejecutivo procedente y heredero de la España cavernícola del Opus Dei y del joseantonianismo que ha provocado una regresión democrática sin precedentes desde la transición. Han pasado demasiados años como para que el genocidio político, el exilio masivo y una represión sin cuartel queden inmunes, por lo menos a los ojos de la historia. La represión que supuso el franquismo para este país, con unas leyes elaboradas para castrar a todo un pueblo, aún es hoy poco conocida a pesar del esfuerzo de organizaciones de carácter social, político, institucional e histórico que con un empeño a toda prueba intentan devolver a la sociedad española aquello que les quitaron y que es tan importante para una sociedad, su pasado.
El conocimiento histórico de una sociedad es un derecho humano que al parecer ni el dirigente socialdemócrata Felipe González tuvo en cuenta en su momento. Ver cómo transcurría una transición con el olvido adrede y pactado del sufrimiento de centenares de miles de personas, del sufrimiento de los que acababan de salir de la cárcel por una amnistía que afectó también a los torturadores duele y deja heridas abiertas. Felipe González afirmó que consideraba acertada la decisión de no rescatar la memoria histórica durante la transición española.
Durante el período “socialista”, se elaboraron leyes obstruccionistas que, basadas en la defensa del honor, la intimidad personal y el derecho a la propia imagen, han impedido en la etapa “democrática” el acceso de los investigadores a los archivos de la “justicia” franquista. Es insultante hoy en día que una muestra sobre las cárceles franquistas que se exhibe en Barcelona haya tenido dificultades en lo que se refiere al acceso de información por parte del Ministerio del Interior. Felipe González puede estar satisfecho: lo consiguió, consiguió que toda una generación de jóvenes nacidos al final del franquismo y durante la transición desconozca el pasado más reciente de su país. Y no sólo eso. El Gobierno de quien le desbancó continuó su tarea entorpeciendo la actividad de todas las organizaciones e instituciones que hoy en día pujan contra el olvido.
Se calcula que después de la llamada guerra civil más de 300.000 republicanos fueron hechos presos y distribuidos entre cárceles y 104 campos de concentración de los cuales sólo dos tienen algún tipo de recordatorio -Albatera y Miranda de Ebro-. De estos presos, se pasó por las armas a una cantidad hoy en día indeterminada, pero que la propia Falange define con la friolera de 90.000 rojos. Según datos del Ministerio franquista de “justicia”, entre los años 1939 y 1943 fueron ejecutados “legalmente” 193.684 republicanos/as, entre ellos niños y niñas. Algunos historiadores dan cifras mucho más lesivas que pasan de largo las 200.000 personas teniendo en cuenta que el exterminio de opositores al régimen duró lo que duró el mismo, y sin contar los que murieron en las cárceles víctimas de las terribles condiciones en las que se vivía.
Presos utilizados como esclavos
El horror franquista tuvo diversas maneras de actuar que afectaron directamente los derechos fundamentales de las personas más allá de considerar delito la libertad de opinión y expresión. Por ejemplo, la utilización de los presos y presas como esclavos, el sufrimiento de las mujeres por su condición de género y las condiciones infrahumanas en las que vivieron durante largos años muchos de los presos y presas en las cárceles del franquismo, sin hablar de los largos y terribles interrogatorios a los que fueron sometidos. La utilización de los presos y presas para la realización de trabajos forzados de forma esclavista duró hasta 1970. Para ello, el 28 de mayo de 1937, en plena guerra, Francisco Franco dictó el decreto 281, una norma provisional y de emergencia por la cual se consagraba el “derecho-obligación” al trabajo para los presos políticos.
Los presos y presas republicanos trabajaban todo el año durante jornadas de diez y doce horas, sin días de descanso. Franco los utilizó para reconstruir aquello que él destrozó, como el bombardeado pueblo de Guernika. También los utilizó para construir treinta embalses y líneas de trenes como la de Madrid-Galicia. Las empresas del régimen también se vieron beneficiadas; Pórtland Ibérica, Zafa, Babcok Wilcox, Maquinista y Fundición del Ebro o Sagarra fueron construidas por los presos, a los que posteriormente se obligó a trabajar en ellas. Uno de los ejemplos más simbólicos que hoy día representa este hecho es el Valle de los Caídos, donde perecieron muchos republicanos durante la construcción de un monumento que debería ser “vergüenza nacional” y donde aún se venera la persona de uno de los criminales más significativos de la historia moderna europea, el dictador Francisco Franco. También los presos y presas estuvieron al servicio de órdenes eclesiásticas femeninas (Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, etc.).
Los hijos de los republicanos
Otro horror que afectó a derechos fundamentales fue la separación y secuestro de miles de niños de sus madres. Algunas madres fueron fusiladas después del robo de sus hijos, las que tuvieron mejor suerte perdieron la pista de su descendencia para siempre, se dieron casos de mujeres que se encontraban embarazadas en el momento de ser ejecutadas. La mayoría de estos niños fue a parar a manos de militares e instituciones de la iglesia católica, donde fueron educados conforme al régimen nacional-católico. Se da el caso de madres que después de buscar a sus hijos -pese a enormes dificultades, ya que el régimen casi no dejó pistas- los han encontrado educados conforme al nacional-catolicismo y poseídos de un odio visceral a los republicanos. La presencia de niños en las cárceles y su elevado índice de mortalidad por las penosas condiciones de vida son significativas del horror franquista. Miles de niños y niñas secuestradas de padres republicanos fueron a parar a centros de educación del régimen. Las cifras dan una idea estremecedora de este hecho. En el año 1942 había en escuelas religiosas y centros estatales 9.050 hijos de reclusas y en el año 1943 la cifra aumentó a 10.675, de los que 6.685 eran niñas.
La vida en las cárceles
Las condiciones de vida en las cárceles españolas fueron duras y terribles, como lo demuestra el testimonio de las personas que hoy en día nos ofrecen sus relatos. Hay que tener en cuenta que la asistencia letrada era prácticamente inexistente durante los años de mayor represión del régimen. El militante del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) Miquel Núñez estuvo colgado más de veinticuatro horas de las tuberías de la calefacción en las dependencias de la Prefectura de Policía de Barcelona. En Madrid, el militante comunista Heriberto Quiñónez fue llevado en una silla al paredón por dos compañeros suyos para ser fusilado, ya que no se valía por sí mismo debido a las torturas que sufrió en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. Sus compañeros también corrieron la misma suerte más tarde. Ejemplos como éste los encontramos en número incontable; anarquistas, socialistas, trotskistas o simplemente republicanos que corrieron la misma suerte de horror.
El hacinamiento en celdas que duplicaban y triplicaban su capacidad, los malos tratos, una alimentación en malas condiciones y por debajo de lo que necesita un ser humano, más las enfermedades propias que provocan estas condiciones de vida, diezmaron a una población reclusa cuyo delito fue luchar contra el fascismo o simplemente ser un librepensador o un demócrata. La ignominia llegó a casos espeluznantes como los experimentos que efectuaron algunos “médicos” franquistas al estilo nazi como el psiquiatra Vallejo Nágera. En especial y según lo dicho anteriormente, las mujeres presas sufrieron un terror añadido por su condición de mujeres. El que escribe pudo comprobar in situ cómo las presas sufrían abusos sexuales durante su estancia en la Prefectura de Policía de la Vía Layetana de Barcelona durante el final del franquismo, en concreto en el mes de septiembre de 1975. Cabe recordar cómo en plena transición, con las Cortes constituidas y el Rey entronizado, se cometieron torturas atroces de las que fueron víctimas personas que lucharon por la democracia.
*Lluís Biosca es vicepresidente de la Associació Catalana d´Expresos Polítics Antifranquistas. Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de la Revista Pueblos Nº 12, Especial Derechos Humanos, verano de 2004..
