dimecres, 16 de setembre del 2020

"Crimen de lesa patria": la represión franquista en la posguerra persiguió incluso a masones fallecidos en el siglo XIX

https://www.eldiario.es/blog/memoria-democratica/crimen-lesa-patria-represion-franquista-posguerra-persiguio-masones-fallecidos-siglo-xix_132_6215853.html


El historiador Vicent Sampedro (Sao Paulo, 1962) observa horrorizado el regreso de los mitos franquistas sobre la masonería en las manifestaciones negacionistas de la COVID-19. "Vuelve la conspiranoia de los poderes ocultos que manejan el mundo", lamenta Sampedro, autor de Inhabilitación absoluta y perpetua. La represión franquista contra los masones de Castelló (UJI, 2020). El investigador, la mayor autoridad sobre la persecución del régimen del general Franco a los masones valencianos, explica que "la masonería era todo el conglomerado que la sublevación odiaba". Su último libro, recién editado por la Universitat Jaume I, se centra en la represión de la masonería de Castelló, que, pese a su práctica desaparición, seguía muy presente para las nuevas autoridades franquistas.
La masonería obsesionó a todos los sectores del franquismo y a la Iglesia Católica. En la posguerra, proliferaron personajes como el presbítero Juan Tusquets, quien consideraba la pertenencia a las logias un "crimen de lesa patria", o el escritor y comisario de la Brigada Político Social Julián Carlavilla, nazi convencido y fabulador profesional que veía masones hasta en la sopa (hacia el final de su vida, según el historiador Jordi Canal, Tusquets reconoció que Carlavilla inventaba aún más que su amigo Eduardo Comín Colomer, otro policía y escritor al servicio de la propaganda franquista). La persecución de las logias llegó a las zonas más remotas de la España franquista y contó con la colaboración de la Gestapo alemana, tal como desveló este diario.
La huella de la masonería en Castelló durante el siglo XX se limitaba a dos núcleos en Nules y Vila-real, organizados desde València (y un triángulo en Torreblanca, con una incidencia aún menor, organizado desde Barcelona) aunque, en los tres procesos electorales de la etapa republicana, hubo presencia de masones o antiguos masones entre los diputados elegidos en el Congreso. "Ninguno de los antiguos masones de Castelló del siglo XIX hizo nada por volver a crear una estructura masónica en la provincia. (...) Sin embargo, la represión franquista los uniría a todos, a los del siglo XIX y a los del siglo XX, afectando incluso a octogenarios o a antiguos masones que llevaban décadas fallecidos porque, en este caso, de modo perverso, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, no hizo distinciones", escribe Sampedro.
La línea que separaba la realidad de la ficción era tan delgada que en la Causa General franquista aparece una relación de masones castellonenses que realmente lo eran y personas que nada tenían que ver con la orden. El franquismo, siguiendo los consejos de sus homólogos alemanes, creó un gran archivo de la represión, localizado en Salamanca y "con una estructura muy parecida a la inquisitorial", según Sampedro. El archivo, hoy bautizado como Centro Documental de la Memoria Histórica, almacena la documentación que las nuevas autoridades franquistas, pilotadas por el carlista Marcelino de Ulibarri, fueron requisando en cada ciudad que ocuparon durante la contienda.
Sampedro localizó una larga lista de solicitudes de antecedentes masónicos de maestros y profesores castellonenses dirigida a Salamanca, lo que da "una idea del clima que se vivía en los primeros años de la posguerra y de la cantidad de informes y antecedentes que se solicitaron a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos durante esos años, y en los que los gobernadores civiles franquistas jugaron un papel muy destacado en ese ámbito represivo", explica el investigador.
El historiador ha consultado numerosas peticiones de información a Marcelino de Ulibarri por parte de jerarcas locales del régimen sobre sus enemigos en las filas del propio franquismo. "Se utiliza siempre la masonería en las luchas internas del franquismo y las respuestas a las solicitudes, en la mayoría de los casos, eran negativas", cuenta Sampedro por teléfono a elDiario.es. "La mayor parte de la cúpula falangista tiene un expediente", recuerda.  
La mecánica represiva en Castelló, a pesar de la poca presencia de masones, se activó desde la entrada de las tropas franquistas. "Tras la condena por la jurisdicción militar, se comunicaban las actuaciones al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que abría expediente para que además de la pena de vida o cárcel, el condenado tuviera una condena económica que nutriera las arcas del nuevo Estado dejándoles en la miseria a él o a su familia, pues las sanciones económicas debían ser resarcidas por los herederos, en caso de que el condenado hubiera fallecido", escribe Vicente Sampedro, quien en el libro cita varios casos, como el del masón que se exilió y cuya mujer, de la cual estaba prácticamente separado, tuvo de sufragar la multa impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.
El libro de Sampedro traza las valiosas biografías de los masones castellonenses y recupera, en muchos casos, sus fotos. Además, la obra contiene un impresionante anexo con la documentación saqueada por los subordinados de Marcelino de Ulibarri y que incluye la ficha policial de la Dirección General de Seguridad del dirigente republicano Vicente Marco Miranda, periodista, masón de grado 33 y "peligrosísimo" a ojos del régimen. El historiador completa así la larga investigación —lleva décadas visitando archivos y consultando fuentes orales— sobre la represión de los masones valencianos, supuestos autores de "crímenes de lesa patria" (aun después de muertos).

EL FRANQUISMO Y LA APROPIACIÓN DE IDENTIDADES, UNA TRAMA DE CRÍMENES SILENCIADOS DURANTE DÉCADAS

https://www.grupolaprovincia.com/politica/el-franquismo-y-la-apropiacion-de-identidades-una-trama-de-crimenes-silenciados-durante-decadas-567641


El robo de bebés y la apropiación de identidades fueron hechos que caracterizaron el terrorismo de Estado que ejerció última dictadura cívico militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, pero en España, tras la llegada al poder de Francisco Franco, estos delitos se cometieron durante décadas, y se calcula que más de 300 mil niños y niñas resultaron separados de sus familias en procesos irregulares de adopción que se extendieron hasta bien entrada la democracia.
La sustracción de un recién nacido y la supresión de su verdadera identidad son delitos tipificados como de lesa humanidad por la ONU, y bajo esta definición legal se esconden dolorosas historias que dejan heridas de por vida en la conciencia de las víctimas.
El juez Baltasar Garzón incluyó la trama de bebés robados en su causa contra el franquismo por crímenes contra la humanidad y 250 familias pusieron una denuncia colectiva en 2012.
El caso también ha sido denunciado ante la ONU siguiendo el ejemplo de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, donde esta entidad defensora de los derechos humanos logró recuperar 130 nietos, pero se estima que en España, el número de niños desaparecidos en España podría ser hasta diez veces mayor que en el caso argentino.
En el programa "La Pizarra", que se emite por la radio AM 750 se narró la historia de María Bueno, quien en 1981, padeció el robo de su hija recién nacida en una maternidad de Cádiz, donde le dijeron que la beba había muerto durante el parto.
"Era muy ingenua ¿Cómo iba a sospechar de mi ginecólogo? Me marché del hospital destrozada creyendo que mi hija había muerto y dejé de hablar durante seis meses. Aquello lo guardé en alguna parte donde se guardan las cosas que duelen", señaló Bueno.
Y en ese sentido, añadió a su historia que "siempre" le había quedado "la duda" sobre por qué no pude ver a su bebé cuándo salí del hospital", y contó que "era madre soltera y en esa época estaba absolutamente estigmatizada".
En 2001, necesitaba tener una constancia de su historial médico, y decidió solicitar un registro de que se hija se encontraba en el cementerio, pero no pudo dar con ninguna documentación.
"Puse una denuncia en una comisaría y con el correr de los meses me di cuenta que había en Andalucía 70 casos más parecidos al mío. La causa judicial estuvo tres años bajo secreto de sumario, y cuando lo levantaron, en el expediente no había nada", repasó Bueno.
Ante esta realidad, la mujer decidió fundan la Asociación por la Lucha de Madres por Bebés Robados de Andalucía (Alumbra) y también del foro internacional "Te Estamos Buscando" para luchar por la recuperación de la identidad de los menores apropiados.
"Es una vergüenza que después de 40 años de democracia las madres sigamos peleando por cosas tan básicas como encontrar a nuestros hijos. La impunidad es una tortura constante", indicó Bueno durante el programa.
Tras la victoria del denominado "bando nacional" en la Guerra Civil Española, los hijos de los republicanos que fueron encarcelados o ejecutados, fueron internados en orfanatos y entregados a otras familias.
El médico y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera llevó esta práctica hasta el paroxismo durante los primeros años de la dictadura de Franco, al llegar a recomendar la apropiación como un método con el cual extraer el 'gen rojo' que tenían los hijos de los republicanos, y por esa razón se ganó con los años el apodo del "Mengele español".
Pero esas metodologías de supresión de la identidad continuaron por años, e incluso en los años de la democracia, y el testimonio de Blanco, cuyo caso está archivado por prescripción, es una prueba de ello.
"Espero me devuelvan a mi hija, viva o muerta, pero conmigo, si murió que me devuelvan sus huesos y si está viva que la busquen, que la encuentren y que podamos conocernos. Después de 10 años de lucha no tengo esperanzas, solo tengo fuerzas y agallas para pelear porque me nace desde las entrañas, porque parí una hija, porque soy su madre y porque necesito saber de ella, saber su historia y recomponer la mía", puntualizó María.
En el envío fue consultada la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, quien afirmó que cada a pueblo tiene la posibilidad de construir su propia historia de reparación o de negación".
"Lo que sí tengo claro es que esa obligación de reparar la tienen los Estados que son los únicos que tienen la posibilidad de juzgar los crímenes aberrantes que tuvieron al propio Estado como sujeto central", subrayó la funcionaria.
El pasado 3 de septiembre, el ex ministro español Rodolfo Martín Villa declaró, a través de videoconferencia ante la jueza María Servini en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978.
La indagatoria de Rivas es el resultado de un querella que hace 10 años presentaron en desde Argentina Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández, familiares de víctimas del franquismo, que dio origen a una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977. (Télam)

Comienzan las labores de exhumación de 70 víctimas del franquismo en Ibiza



https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/09/12/comienzan-labores-exhumacion-70-victimas/1168883.html


Esta intervención, que se alargará hasta el día 2 de octubre, está incluida en el segundo Plan de Fosas del Govern.
E.P. | Ibiza 12.09.2020 | 17:38

Cuerpo encontrado en la excavación de la fosa común del cementerio viejo de Ibiza.
Cuerpo encontrado en la excavación de la fosa común del cementerio viejo de Ibiza.
El miércoles 16 de septiembre se iniciarán las tareas de exhumación previstas en el cementerio viejo de Ibiza, en el barrio de ses Figueretes, en la segunda intervención que se desarrolla en este cementerio para intentar identificar hasta 70 víctimas de la represión franquista.

Según ha informado el Govern en un comunicado, esta intervención, que se alargará hasta el día 2 de octubre, está incluida en el segundo Plan de Fosas del Govern.

Así lo han anunciado el secretario autonómico de Memoria Democrática y Buen Gobierno, Jesús Jurado, durante un acto informativo para familiares celebrado en Ibiza.

El secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado, ha destacado que "la implicación de las familias de las víctimas en Ibiza en el proceso de investigación es básica. Sin estas familias, su lucha y empujón, las instituciones no estarían hoy abriendo las fosas de la represión fascista. El objetivo principal es encontrar las víctimas, identificarlas y devolver los restos a sus seres queridos, y el Govern Balear no escatima esfuerzos para avanzar, con prudencia pero con esperanza, hacia su cumplimiento".

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, ha manifestado que continuar y persistir con los trabajos de Memoria Democrática es un derecho de los familiares de las víctimas del franquismo.

"Solo continuando con la tarea de abrir fosas, identificar a las víctimas y poderlo comunicar a sus familias, conseguiremos verdad, justicia y reparación", ha apuntado.

AD

La jornada laboral máxima es de 40 horas semanales. Las horas extra se pagan en la nómina (con recargo del 75%) o mediante horas de descanso extras.¿Cómo se pagan las horas extras en el trabajo?
Ruiz ha agradecido la tarea que ha hecho durante años el Foro por la Memoria Histórica, documentándose, contactando con familias, recogiendo testimonios, así como a todas las familias que "no han dejado de luchar para restaurar la dignidad y la memoria de las víctimas de la represión franquista".

Fosa común izquierda

El Proyecto de intervención en el cementerio de ses Figueretes, presentado por ATICS en la Comisión técnica de desaparecidos y fosas de las Illes Balears, incluye tareas de exhumación en cuatro zonas de la fosa común izquierda, en un lateral del corredor central de la entrada principal del cementerio, después de haber quedado descartadas otras áreas ya sondeadas en 2018 en actuaciones enmarcadas en el I Plan de Fosas.

Así lo ha explicado la directora técnica, Almudena García-Rubio, a los familiares, quien ha señalado que el estudio de la represión franquista en Ibiza se cumple, puesto que se trata de muertes extrajudiciales y no hay casi ningún rastro documental de los hechos.

Prácticamente la totalidad de las 70 personas asesinadas entre el mes de septiembre de 1936 y junio de 1937 en la Isla fueron inscritas en los registros civiles sin referir la causa de la muerte (excepto un caso).

Estos asesinatos no fueron investigados, no fueron recogidos por la prensa de la época y tampoco aparecen en el libro de actas del cementerio, que no tiene ninguna entrada desde medios del año 1936 y hasta el año 1941.

Por lo tanto, los investigadores han reconstruido los hechos con testigos orales y la documentación del registro civil y de acuerdo con estas investigaciones se han diseñado las excavaciones.

El equipo técnico que llevará a cabo esta actuación arqueológica está formado por arqueólogos técnicos, antropólogos y forenses, así como por un equipo de topografía de la empresa ATICS, S.L., adjudicataria del Plan de Fosas 2019-2020 del Govern.

En la isla de Ibiza, la coordinación de las tareas está a cargo del presidente del Foro por la Memoria de Ibiza y Formentera, Luis Ruiz, mientras que la arqueóloga Almudena García-Rubio se encarga de la dirección técnica.

La exhumación del cementerio de ses Figueretes se pone en marcha después de que la Sociedad de Ciencias Aranzadi elaborara un estudio de viabilidad que permitió incluir este lugar en el segundo Plan de Fosas que impulsa el Govern de les Illes Balears, a través de la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática y Buen Gobierno.

En el mes de noviembre de 2018, Aranzadi desarrolló la primera intervención en Ses Figueretes. La actuación se llevó a cabo en las tres zonas del cementerio donde, según los testigos orales, se fusilaron y enterraron a las víctimas (en el corredor central; el cementerio no católico y en las fosas comunes laterales).

Solo en la fosa común lateral izquierda, donde ahora se desarrollará la segunda intervención, los sondeos fueron positivos. Se encontraron los restos parciales de dos personas que, por sus características, podrían ser víctimas de la represión franquista.

diumenge, 13 de setembre del 2020

La excavación de la fosa 120 del cementerio de Paterna busca a dos alcaldes republicanos de Meliana, fusilados por el franquismo en 1940



https://www.eldiario.es/blog/memoria-democratica/excavacion-fosa-120-cementerio-paterna-busca-alcaldes-republicanos-meliana-fusilados-franquismo-1940_132_6206110.html



El próximo 23 de octubre se cumplen 80 años exactos desde que más de una docena de vecinos de Meliana, un municipio de la comarca de L'Horta Nord, fueron fusilados por el régimen del general Francisco Franco y enterrados en la fosa 120 del cementerio de Paterna (València). Los especialistas de Arqueoantro, la empresa encargada de los trabajos, han iniciado este lunes los trabajos de exhumación de una fosa en la que esperan encontrar entre 13 y 20 cuerpos, incluyendo el del alcalde republicano de Meliana en 1936, el albañil y militante del sindicato UGT Antonio Zaragoza Tamarit, fusilado a los 39 años y el del alcalde en 1937 Francisco Ballester Ferrer, barnizador socialista fusilado a los 37 años. El trabajo de exhumación, que este lunes se ha centrado en retirar las losetas con los nombres de los represaliados que cubren el espacio de la fosa para su conservación, tiene un coste de casi 60.000 euros que sufraga el área de Memoria Histórica de la Diputación de València.
El 23 de octubre de 1940 fueron fusiladas 56 personas, en otra jornada de terror de la posguerra española. La mayoría fueron enterradas en la fosa 128 del cementerio de Paterna pero los cuerpos de los 13 vecinos de Meliana quedaron sepultados en la fosa 120 (la lista completa figura al final de esta información). Prácticamente todos los fusilados de esta fosa integraban la comisión gestora y el consejo municipal de la localidad durante la Guerra Civil, en representación de los sindicatos UGT y CNT, del Partido Socialista y del Partido Comunista. Otra excavación, financiada por la Generalitat Valenciana, exhumó recientemente el cuerpo del alcalde de Llucena (Castelló), fusilado en 1939.
Amparo Belmonte, presidenta de la asociación de familiares de la fosa 120 y nieta del chófer comunista José Orts Alberto (fusilado a los 43 años), ha estado presente en el inicio de los trabajos de exhumación. La asociación agrupa a siete familias de los fusilados que han visitado archivos militares para documentar los últimos días de sus antepasados. A partir de ahí, fueron localizando familiares de los fusilados de Meliana, que formaban parte del mismo sumario. Gracias al trabajo de documentación de la asociación de familiares y a la financiación pública de la Diputación de València, los trabajos de exhumación han comenzado 80 años después después de los fusilamientos.
El arqueólogo Álex Calpe, de Arqueoantro, calcula que los trabajos se alargarán entre dos y tres semanas. Los especialistas de Arqueoantro sospechan que la fosa 120 podría contener algunos cuerpos más, además de los 13 provenientes de Meliana, ya que en otras fosas hay cuerpos que no han aparecido. "Hay un número de personas que no tenemos localizadas y no tenemos la seguridad de que las familias se los llevaran", explica el arqueólogo a este diario.
"Desde que era pequeña hemos ido a visitar la fosa y a llevarle flores con mi abuela y, cuando faltó mi abuela, con mi madre", explica por teléfono a elDiario.es la presidenta de la asociación de familiares de la fosa 120. "Mi abuela y el resto de viudas querían llevarlos a casa pero no tenían dinero y no se pudo", apostilla Amparo Belmonte. Ocho décadas después de aquellos fusilamientos, los huesos del abuelo comunista de Belmonte y los del resto de sus vecinos de fosa, descansarán allí donde sus descendientes estimen conveniente.
Lista de fusilados que podrían localizarse en la fosa 120 del cementerio de Paterna:
Matías Iborra Ferrer, 29 años, mecánico de Massamagrell, fusilado el 23 de octubre de 1940.
Manuel Amorós Alacid, 28 años, ceramista de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.
Francisco Ballester Ferrer, 37 años, barnizador de Meliana (y alcalde en 1937), fusilado el 23 de octubre de 1940.
Manuel Bauset Tamarit, 46 años, albañil de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.
Salvador Cortina Alcober, 46 años, fundidor de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.
José Orts Alberto, 43 años, chófer de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.
Francisco Roca Serra, 47 años, ajustador mecánico de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.
César Sancho de la Pasión, 42 años, pavimentador de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.
José Tarín Gómez, 37 años, calderero de Meliana, fusilado el 23 de octubre de 1940.
Antonio Zaragoza Tamarit, 39 años, albañil de Meliana (y alcalde en 1936), fusilado el 23 de octubre de 1940.
Vicente Villarejo Serrano, 28 años, ceramista de Puebla de Almoradiel, fusilado el 23 de octubre de 1940.
Ramón Bacete Armero, 40 años, ferroviario de València, fusilado el 23 de octubre de 1940.
Emilio García Preciado, 38 años, practicante de València, fusilado el 23 de octubre de 1940.

Sobre este blog

Espai que combina l’actualitat al voltant de les polítiques de les administracions valencianes en matèria de memòria democràtica i exhumació de fosses amb continguts més especialitzats sobre la història de la repressió franquista i els avanços en les investigacions acadèmiques. Reportatges, entrevistes, actualitat, opinions, informació sobre recerques universitàries o publicacions...

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Todos los detalles de la Ley de Memoria: el Estado hará una auditoría del expolio franquista y anulará su justicia represiva.



https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/09/todos_los_detalles_nueva_ley_memoria_estado_abrira_fosas_oficio_auditara_expolio_franquista_110760_1012.html




  • infoLibre accede a la última versión de la Ley de Memoria y ofrece 20 claves de una norma histórica
  • El texto, que aún puede sufrir cambios antes de llegar al Consejo de Ministros el martes, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica
  • El Estado incoará de oficio la apertura de fosas y acudirá a la Justicia con los “indicios” de delito: se creará una Fiscalía especial
  • Se prevé revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia
  • La norma considera “causa de extinción” de una fundación la apología del franquismo e introduce la memoria en los institutos
  • El articulado apunta contra los enterramientos de Primo de Rivera en el Valle de los Caídos y de Queipo de Llano en la Macarena

Publicada el 09/09/2020 a las 06:00
Fotografías de desaparecidos y asesinados en la exhumación de la fosa común de Pico Reja, una de las mayores fosas del franquismo, ubicada en el cementerio de San Fernando (Sevilla).
Fotografías de desaparecidos y asesinados en la exhumación de la fosa común de Pico Reja, una de las mayores fosas del franquismo, ubicada en el cementerio de San Fernando (Sevilla). 
EP
El Gobierno prevé aprobar la próxima
 semana el proyecto de la nueva Ley de Memoria, que sustituye y deroga la anterior, aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa en 2007. infoLibre ha tenido acceso a la última versión hasta ahora, que puede experimentar modificaciones en el seno del Gobierno. Ahora todos los ministerios harán sus aportaciones. El resultado final lo llevará previsiblemente el martes al Consejo de Ministros el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera Carmen Calvo. Estas son las claves del texto, que quiere incrustar en el BOE el “repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura” y que establece el “derecho de las víctimas a la verdad”.
1. Auditoría del expolio. La ley entra en terreno pantanoso: la represión económica. El Estado “promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo”, según recoge el borrador de la norma, que aún puede sufrir modificaciones en su tramitación antes de llegar al Consejo de Ministros.
La auditoría incluirá “el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas”. Habrá, según prevé la norma, un inventario de bienes y derechos incautados. “Una vez finalizada la auditoría [...], se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados”, señala la norma.
2. Reparación de los trabajos forzosos. La ley prevé que el Estado perseguirá el “reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados". Las autoridades públicas intentarán que organizaciones o empresas que “utilizaron trabajos forzados en su beneficio” adopten medidas de reparación.
Las administraciones elaborarán un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.
3. Ilegitimidad de los tribunales y sus resoluciones. La ley declara la “ilegitimidad” de los tribunales y jurados formados durante la Guerra Civil para imponer “por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”. También son nulas e ilegítimas sus resoluciones. La ley declara expresamente ilegítimos el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra “constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa”.
También se declaran “ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo”, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la dictadura “contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.
Las declaraciones de nulidad darán lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal, “sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado” ni a indemnización, según el borrador de la norma.
4. Fosas de oficio. La ley establece que corresponde a la Administración General del Estado la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones. El Estado gana fuerza como motor de la búsqueda de fosas y cuerpos. El procedimiento de búsqueda –y en su caso de exhumación e identificación– se incoará de oficio por el Gobierno o la comunidad autónoma, o bien a instancias de los ayuntamientos o los familiares, según recoge la norma, que prevé una reglamentación posterior de las tareas de búsqueda y la elaboración de un “mapa” de fosas. Además, las administraciones llevarán a la Fiscalía los “indicios” de delito que encuentren en las fosas. El Estado se responsabiliza de las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos exhumados. La restitución de los restos a sus familiares se realizará en todo caso en presencia de un representante de los poderes públicos. Si las fosas están en terrenos privados y los familiares de las víctimas no obtienen permiso, las administraciones podrán autorizar la ocupación temporal del área.
5. Nueva fiscalía. La ley prevé una “Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. A esta Fiscalía se le atribuirán asimismo funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas. Se garantizará la tutela judicial en los procedimientos. La Fiscalía, con la ley en la mano, promoverá las inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las víctimas.
6. Banco de ADN. La norma prevé la creación del Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. “Se asume como política de Estado la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes”, señala el texto.
7. Censo de víctimas. Habrá también un “censo” de las mismas, que recogerá el listado de las personas que sufrieron cualquier forma de violencia, coacción o represión, así como quienes murieron en combate.
    8. Supresión de títulos nobiliarios. El Gobierno elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que exalten la Guerra Civil y la dictadura y los suprimirá, según la norma, que elimina la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
    9. Retirada de honores. Las administraciones públicas revisarán de oficio todos los reconocimientos y honores “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales” o que comporten exaltación de la sublevación del 36, la guerra o la dictadura. También se revisan los honores concedidos “por haber formado parte del aparato de represión de la dictadura”. Las condecoraciones y recompensas concedidas antes de la ley podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario hubiera incurrido en actos contra la democracia. La revocación, que también podrá llevarse a cabo a título póstumo, determina la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, “incluso los económicos". No tiene efecto retroactivo.
    10. Revocación de medallas policiales. El Consejo de Ministros o el Ministerio del Interior podrán revisar o revocar las recompensas y medallas concedidas para premiar los hechos o servicios meritorios al amparo de la legislación preconstitucional. La nulidad apareja la pérdida de los derechos adquiridos con el reconocimiento, también los económicos. Una medida que toma nota de lo ocurrido con Billy El Niño.
    11. Extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo. La Ley de Fundaciones considera que concurrirá “causa de extinción” de una fundación el que no persiga fines de interés general. La Ley de Memoria señala ahora como “contraria al interés general” la apología del franquismo o la incitación al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil o el franquismo. Traducción: la apología del franquismo será “causa de extinción” de una fundación”, una medida que puede tener impacto sobre la Fundación Francisco Franco. Añade la norma: “Las administraciones públicas competentes procederán a revocar la declaración de utilidad pública de aquellas asociaciones en que concurriera esta circunstancia [...]”. La norma prevé la modificación de la Ley del Derecho de Asociación, de 2002, para incluir como causa de disolución de las asociaciones estas causas.
    12. Veto en las ayudas públicas. Quedan fuera de cualquier posible subvención, bonificación o ayuda las organizaciones y personas sancionadas en firme por “atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática”. En ningún caso se podrán otorgar ayudas a este tipo de fines. Para ello se establecerá una “base de datos” que “permita cruces informáticos para el seguimiento y comprobación”. 
    13. Cambios en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es considerado “un lugar de memoria democrática” cuya “resignificación” irá destinada a dar a conocer “las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado”, expone la norma, que prohíbe allí los actos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.
    En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer, según la norma, los restos de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. La ley prevé “la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”, lo que podría afectar a Primo de Rivera.
    La norma extingue la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. El “Panteón de Hombres Ilustres” pasa a llamarse “Panteón de España”.
    El Gobierno atenderá las reclamaciones de exhumaciones de los familiares. “Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral”, prevé la norma.
    14. Memoria en el instituto. El Gobierno llevará a cabo la “actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato”, para incluir la memoria democrática.
    15. Persecución de símbolos contrarios a la democracia. La ley recrudece la persecución de los símbolos del franquismo, que ya formaba parte de la norma de 2017. Se recoge expresamente la eliminación de nombres de centros públicos y pueblos. Si los elementos contra la memoria están en ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, los propietarios deberán retirarlos o eliminarlos. Esto afecta a la tumba de Queipo de Llano en la basílica de la Macarena.
    Si hay razones artísticas para defender el símbolo, “podrá incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática”.
    Las administraciones pasan a tener el deber de prevenir actos contra las víctimas del franquismo o que homenajeen al franquismo. En particular, los ayuntamientos “impedirán” la celebración de actos de este tipo junto a las fosas comunes.
    16. Reconocimiento a las mujeres. Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para “reparar las formas especiales de represión o violencia de cualquier tipo sufrida por las mujeres” en la Guerra Civil y el franquismo, sea por su actividad pública o “como madres, compañeras o hijas de represaliados o asesinados”. La ley prevé actuaciones de reparación de las mujeres que sufrieron privación de libertad u otras penas como consecuencia de los delitos de adulterio y aborto.
    17. Más acceso a los archivos. La norma fija la creación de un Centro Documental de la Memoria Histórica y establece que los documentos en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura son “Patrimonio Documental y Bibliográfico”. Se garantiza el derecho de acceso a los fondos depositados en los archivos públicos –o privados sostenidos con fondos públicos– y la obtención de las copias que se pidan.
    18. Hasta 150.000 euros de multa. La norma establece infracciones muy graves (10.001-150.000 euros), graves (2.001-10.000) y leves (200 y 2.000 euros). Entre las muy graves están trasladar restos de víctimas sin autorización y destruir fosas o Lugares de Memoria Democrática (una nueva figura prevista en la norma). También la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir la realización en el espacio público de actos de exaltación franquista. Entra en la categoría de infracción muy grave la convocatoria de actos de este tipo, cuando entrañe menosprecio a las víctimas.
    19. Definición de víctimas. La norma considera “víctima” a “toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico y daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante el periodo que abarca la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución”.
    20. 31 de octubre y 8 de mayo. La ley declara el 31 de octubre como el Día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas, fecha en la que se aprobó en 1978 la Constitución por las Cortes, y en la que se produjo 29 años después la aprobación de la Ley de Memoria de 2007. La norma declara el 8 de mayo Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio, fecha que celebra la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo.
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