dijous, 22 de desembre del 2022

La Diputación busca fosas con represaliados por el franquismo en el cementerio viejo de Castellar.

 https://www.europasur.es/castellar/Diputacion-fosas-personas-represaliadas-franquismo-cementerio_0_1749426338.html

  • Los trabajos con georradar, autorizados gracias a un acuerdo con el Obispado, tendrán sus primeros resultados en enero

Los trabajos con el georradar en Castellar.

Los trabajos con el georradar en Castellar.

Un equipo de la Unidad de Geodetección del Patrimonio Histórico de la Universidad de Cádiz ha iniciado la prospección geofísica en la superficie del cementerio viejo de Castellar de la Frontera para determinar la posible existencia de fosas con los restos de personas represaliadas durante el franquismo. 

El trabajo ha sido contratado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de Diputación, que coordina la diputada Lucía Trujillo, contando a su vez con las indagaciones históricas y los testimonios orales que apuntan a dos enclaves donde fueron sepultadas víctimas de la represión franquista: en el cementerio junto al castillo fortaleza y en el paraje del Palancar sito en la Dehesa del Olivar; ambos lugares se incluyen en el Mapa de Fosas de Andalucía.

El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar ha recabado una relación de 24 vecinos de Castellar que fueron fusilados por parte de los artífices del golpe de Estado de julio de 1936. La mayoría habían huido en agosto de 1936 cuando el cerco de los sublevados se cernía sobre esta población. Al caer Málaga, en febrero de 1937, regresaron a su localidad de origen y fue tras dicho retorno cuando se consuma la mayoría de las ejecuciones. Una representación del Foro ha visitado el cementerio junto al castillo para comprobar el inicio de la prospección, además de la teniente de alcalde Tamara Trujillo en representación del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera.

Diputación, en coordinación con el Ayuntamiento, ha alcanzado un acuerdo con el Obispado para que se lleve a cabo esta exploración en un cementerio anexo a la Iglesia del Divino Salvador y adscrito a la institución religiosa. Se estima que en enero se conocerán los resultados de la prospección.

Si se comprueban anomalías en el subsuelo, compatibles con la existencia de fosas clandestinas, se propondrá la realización de sondeos. Llegado el caso, son estas catas las que confirman la existencia de restos de personas represaliadas –a través de lesiones perimortem, orificios de proyectil, disposición de los cuerpos o balística asociada- o bien se trata de enterramientos normalizados.

El mapa extremeño del franquismo recoge más de 150 fosas con víctimas represaliadas.

 https://www.eldiario.es/extremadura/memoria-democratica/mapa-extremeno-franquismo-recoge-150-fosas-victimas-represaliadas_1_9809134.html


Captura de pantalla de la web del mapa de fosas de Extremadura con represaliados de la Guerra Civil y el franquismo


El mapa virtual del franquismo que la Junta de Extremadura puso en marcha a principios de año recoge 157 fosas comunes de represaliados por durante la Guerra Civil o por el régimen golpista. De ellas, 113 se encuentran en la provincia de Badajoz y 44 en la de Cáceres. Pero, además, aparecen dos ubicadas en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Burgohondo (Ávila), también con víctimas extremeñas.

La elaboración de este mapa es un paso más de la Consejería de Cultura en la restitución de la memoria de los miles de represaliados en la región durante la Guerra Civil y el franquismo. Además, con esta publicación se cumple la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, que tiene por objeto recuperar la memoria histórica en relación con los extremeños y extremeñas “que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la Guerra Civil y la Dictadura, restituyendo, reconociendo y rehabilitando la memoria de las que fueron represaliadas en nuestra región”.

El mapa permite conocer el estado actual de las fosas documentadas en la comunidad, y a nivel particular la denominación del espacio, lugar exacto, descripción, contexto histórico, fuentes de información, fotografías y un listado de las víctimas en ese punto concreto.

En este último caso, desde 2003 a 2020 Extremadura engloba en torno a 500 cuerpos exhumados con metodología científica que permite individualizar cada caso y su sexo o causa de muerte, a lo que habría que sumar entre otros los restos trasladados al Valle de los Caídos.

Los lugares hallados aparecen ordenados en diversas categorías, entre ellas las fosas demandadas y prospectadas, donde se ha llevado a cabo una investigación previa o intervenciones arqueológicas, en unos casos con resultado positivo y en otras negativo hasta ahora, en la búsqueda de hallarlas. También se encuentran los espacios excavados y exhumados, y aquellos en investigación por ser solicitados por familiares o asociaciones.

Pero además figuran los traslados de restos al Valle de los Caídos -en las aperturas de fosas de 1959 a 1965 para ser llevadas a la basílica madrileña- y las fosas denominadas “al alba”, referidas a aquellas conocidas desde la transición hasta los años 90 gracias a iniciativas de ayuntamientos o de familiares, espacios en muchos casos ya con monolitos u otros elementos de recuerdo.

Las cifras aportadas a través de la documentación histórica estiman que en la provincia de Badajoz sufrieron la represión, tanto extrajudicialmente como con juicio, y fallecieron en torno a 11.000 personas, y en Cáceres unas 2.500. 

En la web mapadefosas.juntaex.es también hay enlaces a otros mapas similares en España y en las comunidades de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Navarra y País Vasco.

dimecres, 21 de desembre del 2022

El convenio para la identificación genética de víctimas del franquismo en Andalucía, caducado desde hace tres meses.

 https://www.eldiario.es/andalucia/convenio-identificacion-genetica-victimas-franquismo-andalucia-caducado-tres-meses_1_9789517.html

El Ayuntamiento de Sevilla envió el pasado mes de julio a la Universidad de Granada 737 muestras óseas de la fosa de Pico Reja para su identificación


Aún quedan por poner muchos nombres y apellidos a las más de 45.000 víctimas arrojadas en 708 fosas comunes en Andalucía, pero el acuerdo que sostiene al banco de ADN que desde hace cuatro años se encarga de las identificaciones de víctimas de la guerra civil y el franquismo, uno de los cuatro que existen en España, ahora mismo no le ampara convenio alguno. El acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada (UGR), suscrito en septiembre de 2018 con una financiación de algo más de un millón de euros, expiró hace más de tres meses.

Andalucía inicia la identificación genética de víctimas del franquismo en Pico Reja, la fosa común de Blas Infante

Andalucía inicia la identificación genética de víctimas del franquismo en Pico Reja, la fosa común de Blas Infante

En septiembre de 2021, cuando apenas quedaba un año para que caducara el convenio, la entonces consejera con competencias en la materia, Patricia del Pozo, dijo en declaraciones a elDiario.es Andalucía: “Mi principal preocupación ha sido sacar adelante las ayudas y volcarme con los colectivos en las exhumaciones y en las identificaciones genéticas para poder devolver los cuerpos a las familias”. El Gobierno de Moreno dejó acabar la pasada legislatura y ha dejado que aquel acuerdo expire definitivamente al inicio del prresente mandato, en el que el PP dispone de mayoría absoluta.

Las identificaciones se vienen haciendo en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de la UGR, explica a este periódico José Antonio Lorente, uno de los directores del Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), lugar donde quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones y las muestras genéticas de los descendientes. Pese a la ausencia de convenio, Lorente indica que “en este momento estamos trabajando al 100% y no hay ningún problema ni en este momento ni previsto a corto plazo por la renovación del convenio, ya que tenemos financiación activa para estos trabajos por parte de la Junta”.

En los tres últimos años, el instituto viene trabajando intensamente, entre otras cosas porque actualmente están abiertas grandes fosas como la de Pico Reja en Sevilla, la mayor fosa común del exterminio franquista, y también en Granada, Huelva y Jaén, lo que hace que se hayan multiplicado las muestras y los procesos. Actualmente, se trabaja con muestras de 62 fosas, algunas de ellas de grandes dimensiones, con no menos de 1.500 muestras óseas entregadas del total de la comunidad autónoma (más de mil de Pico Reja), según fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática.

Las mismas fuentes memorialistas indican que la actualización de la tecnología y los equipos humanos han permitido que el instituto pueda ser mucho más eficiente y culminar la identificación de una muestra en unos diez días, teniendo en cuenta que se pueden simultanear hasta 30 muestras al día. “Una optimización de los recursos de extracción de ADN y cotejo de muestras que hace que los tiempos de los procesos hayan mejorado ostensiblemente”, detallan. Para ello cuenta con “un equipo humano altamente capacitado para la enorme tarea que aún tienen por delante, que no es otra que resolver de manera definitiva las exhumaciones y las identificaciones de represaliados de la dictadura franquista”.

Financiación estatal

Desde la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática reclamaron tras su última reunión en Granada que la Junta renovara el convenio “cuanto antes” y “que actualice la inversión adecuándola a la realidad de las exhumaciones a día de hoy”, principalmente “teniendo en cuenta todas las exhumaciones que se están llevando a cabo gracias a la financiación estatal, algunas de ellas de fosas de grandes dimensiones”.

Las asociaciones memorialistas, que opinan que el instituto y sus profesionales “están preparados pero el proceso se puede ver ralentizado”, decían en todo caso que había tenido conocimiento de un compromiso verbal por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de prorrogar un año el acuerdo. El departamento que dirige Arturo Bernal confirma ese extremo a elDiario.es Andalucía: “Se está trabajando en esa prórroga y esperamos resolverla lo antes posible”, dicen fuentes de la Consejería, que no ofrecen mayor detalle. Según los memorialistas, se está preparando la documentación, las adendas y demás para hacer efectiva esa posible prórroga, en la que también confía Lorente, quien asegura que su departamento tiene “contacto directo permanente con todas las asociaciones y familiares que lo solicitan, algunos de los cuáles nos han visitado”.

La coordinadora memorialista, pese a todo, lamenta que el Gobierno de la Junta “no es proactivo a la hora de facilitar las identificaciones de los familiares”. “Se dilatan los plazos, las asociaciones y los familiares se pierden al no existir interlocución, no saben dónde solicitarlo, cómo hacerlo, y todo esto con el tiempo jugando en nuestra contra. Si existe voluntad del ayuntamiento en sí o de diputaciones, se facilita la labor, pero todo lo que dependa de la Junta se paraliza, pero se debe articular un canal de interlocución directa con Genyo o con la Universidad de Granada para las identificaciones, o de alguna manera para que se agilice la toma de muestras”, dicen fuentes de la misma. Cabe recordar desde primeros de septiembre el Comisionado de la Concordia está sin persona al frente, aunque desde la Consejería auguran novedades “en breve”. “Estamos buscando el mejor perfil posible para que acelere el desarrollo de la ley”, apuntan las mismas fuentes.

La coordinadora exige a la Junta de Andalucía “que firme un nuevo convenio, que actualice la inversión a las necesidades reales de las intervenciones que se están llevando a cabo y las que vendrán, que lo hagan en tiempo y forma y que cumplan la ley”. La Junta, a través del citado comisionado, creado en 2020, ha “colaborado” para la exhumación de 607 víctimas o cuerpos. Según detallan las asociaciones memorialistas, a falta de un balance oficial por parte de la Consejería, la administración autonómica “se arroja como mérito propio los convenios con otras administraciones, la financiación de otras administraciones y las intervenciones anteriores ya aprobadas y comprometidas”. Según detallan, la “única aportación” para ejecutar convenios en la pasada legislatura fue la de los 265.000 euros, como ya informó este medio, correspondientes al primer pago del convenio firmado con Ayuntamiento de Sevilla, Diputación y Gobierno de España para exhumar los cuerpos enterrados en Pico Reja y que data de 2017, aún con el PSOE al frente de la Junta.

'Manuel Azaña' investigará la fosa común del cementerio

 https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z1C7D025D-DC70-56A0-5ACE341B32E40A02/202212/Manuel-Azana-investigara-la-fosa-comun-del-cementerio

C. S. Jara

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Una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática financiará una primera fase de los trabajos para documentar los enterramientos. «Queda mucho por hacer», afirma Herreros.




'Manuel Azaña' investigará la fosa común del cementerio - Foto: Manu Reino

La Asociación Manuel Azaña va a emprender la primera investigación sobre la fosa común del Cementerio Municipal de Talavera, que alberga los restos de los represaliados por el franquismo durante la guerra civil y la posguerra. El inicio de lo que se presenta como una primera fase de los trabajos será posible gracias a una subvención de 8.000 euros concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, según ha explicado a La Tribuna el presidente de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo  Herreros.

«Aquí queda mucho por hacer», advierte Herreros sobre un proyecto que tendría que ser mucho más amplio. Esta asociación ha llevado a cabo un proyecto similar en Toledo para cuantificar, identificar y ubicar en el Cementerio de la capital a los fusilados republicanos represaliados por el franquismo, además de una iniciativa sobre la fosa común deTembleque. En el caso de Toledo, el estudio estima como resultado provisional, que hay 1.787 víctimas del franquismo enterradas en su cementerio, de las que 783 están todavía sin identificar.

En el caso de Toledo, el trabajo se hizo con una subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias, solicitada también para Talavera que, sin embargo, ha sido denegada, para extrañeza de la asociación proponente, si bien la solicitud ha sido formulada directamente desde el Ayuntamiento: «No entendemos la negativa, que se niegue un dinero librado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que la FEMP distribuye, para la ciudad de Talavera, cuando aquí no se ha hecho nada».

Esa nada que apunta Herreros será el punto de partida de la investigación, ya que ni siquiera existen datos aproximados sobre el número de personas que puedan estar enterradas en la fosa común y tampoco parecen darse muchas facilidades. De hecho, explica Herreros, la asociación ha presentado un recurso al Ministerio de Justicia para que se autorice el acceso a los datos del Registro Civil, después de que se les haya negado la consulta, que en teoría debería estar abierta para investigadores.

Con la primera fase de los trabajos se podrá hacer una aproximación a la realidad de la fosa común, en la que no ha habido exhumaciones, con la excepción de los restos de Enrique Horcajuelo, cuya familia luchó durante varios años para conseguirlo. «Para llegar a esa fase de exhumaciones hay que hacer mucho trabajo», advierte el presidente de la Asociación Manuel Azaña, según el cual «la cárcel de la Seda de Talavera fue una prisión bastante importante, muy siniestra, que se mantuvo durante toda la posguerra y en la que se siguió juzgando y procesando». 

Herreros considera que Castilla-La Mancha es «el farolillo rojo» en materia de memoria histórica: «La provincia de Toledo es ya una cosa escandalosa», recalca. Recientemente, la Asociación Manuel Azaña ha  mantenido una reunión con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en la que, entre otras cuestiones, se ha abordado la posibilidad de elaboración de un estudio previo sobre la cuestión. 

En septiembre, la Asociación Manuel Azaña lanzó una campaña para pedir colaboraciones privadas con las que ampliar el mapa que existe hasta ahora de las fosas comunes en la provincia de Toledo, en las que hay 48 registradas, de las cuales solo 12 se han exhumado por completo.  «La vía de financiación pública no nos permite el desarrollo de todas estas tareas que consideramos de suma importancia al ser la provincia de Toledo una de las más castigadas durante la Guerra Civil y después de la misma, pero que ha sido, esta represión, muy poco investigada y necesita de una nueva visión más científica en su desarrollo», explicaba la asociación, que quiere asumir este proyecto en el año 2023.

La vacuna que el franquismo no quiso administrar y que provocó el fallecimiento de miles de niños y graves secuelas a los sobrevivientes

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En nuestro país sobreviven más de 50.000 afectados que sufren graves secuelas físicas para el resto de su vida

La nueva Ley de Memoria Democrática recoge como deber de memoria la disposición adicional undécima, como reconocimiento institucional y moral de la sociedad, a «la justa demanda de verdad que reivindican los afectados por la polio, efectos tardíos de la polio y post-polio», algo que posiblemente les extrañará a muchos.

Y es que ellos sufrieron la inacción de un régimen dictatorial que tenía el deber legal de actuación y las competencias necesarias para hacer frente a la Pandemia de la poliomelitis, lo que provocó el fallecimiento o maltrato de niños y niñas y personas sobrevivientes con graves secuelas físicas para el resto de su vida.

Mientras el resto del mundo administró la vacuna necesaria contra la grave pandemia de poliomielitis, que afectó aproximadamente a 20.000 niños entre 1950 y 1963, los gobiernos de Franco no la administraron, o lo hicieron muy tarde, sin motivo alguno, provocando así la muerte de miles de vidas inocentes y numerosísimas secuelas en gran parte de la población.

La vacuna fue descubierta en Estados Unidos y se comenzó su administración en el mundo en 1955, menos en España, que no se inició la vacunación hasta casi diez años después, en 1964. Para entonces, las consecuencias entre la población, especialmente la infantil, habían sido desastrosas.

El hambre y las precarias condiciones de vida de la posguerra unidas a una sanidad desmantelada por Franco provocó focos de polio por toda España llegando a los 2.500 por año, a partir de la década de los 50, y no descendiendo hasta los sesenta cuando se normalizó el uso de la vacuna, según las cifras recogidas en la investigación «La poliomielitis. Una negligencia del franquismo».y neveras de las antiguas botellas de Coca-Cola. Cuando llegaban las vacunas estaban caducadas. Además, la dosis indicada solo se siguió el primer año. A todo esto hay que sumar que la versión que se compró en España era diferente de la original, una versión más barata.

Reclamaciones 

Los afectados denuncian las secuelas de una epidemia de la que sobreviven más de 50.000 afectados en nuestro país. Lo que se pide por encima de todo es el reconocimiento de esta generación, cuyas demandas han sido incluidas en la ley de Memoria Histórica que está por aprobar.

También piden rehabilitación muscular, ya que la falta de ello agarrota sus músculos y hace que sufran fibromialgias muy a menudo.

La dictadura ocultó el desastre, pero hoy sobreviven con las secuelas entre 40.000 y 50.000 afectados que no han sido reconocidas como víctimas del régimen.

Exhumada la víctima número 160 de las fosas comunes del cementerio de Nerva

 https://www.huelvainformacion.es/provincia/Exhumada-victima-comunes-cementerio-Nerva_0_1747326606.html

Trabajos de exhumación en Nerva.

Trabajos de exhumación en Nerva. JUAN A. HIPÓLITO (Nerva)

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Tardará algún tiempo en identificarse o quizá no se pueda llevar a cabo nunca, por el mal estado en el que han aparecido sus restos óseos, pero la víctima número 75 de la fosa común norte del cementerio de Nerva, la 160 de los cuerpos recuperados hasta ahora, junto a los 85 de la fosa sur, ya está fuera del hoyo al que la arrojaron hace 86 años.

Al igual que en casos anteriores, los restos óseos de esta nueva víctima, a la que arrebataron su identidad tras la entrada en Nerva de las tropas sublevadas a la II República en 1936, han aparecido boca abajo, con los brazos extendidos y un desnivel considerable entre sus pies y la cabeza. Los huesos de los brazos se cruzan con los de las piernas de otro de las víctimas aparecidos en este nuevo grupo de ocho, el que hace el número 74 de la fosa norte.

Los proyectiles y casquillos de arma corta y fusil aparecidos junto a estos restos, que señalan inequívocamente a sus verdugos, contrastan con lo que queda de los lápices, minas, y plumas estilográficas aparecidos junto a los cadáveres, objetos que ponen de manifiesto el nivel educativo de las víctimas en una época marcada por el alto índice de analfabetismo en zonas rurales.

El puñado de perras gordas y chicas, como se denominaban a las monedas españolas de 10 céntimos y 5 céntimos de peseta de finales del siglo XIX, principios del XX, y algún que otro duro de plata, aparecidos entre los restos indican también la premura con la que arrebataron la vida a estas personas, a las que ni siquiera se molestaron en registrar antes de pasarlas por las armas.

El arqueólogo Cristóbal Alcántara apunta a un nuevo grupo de restos óseos debajo de los últimos cuerpos exhumados: “Ya pueden apreciarse la suela de algunos zapatos y huecos entre las extremidades de los últimos que apuntan a otro grupo de víctimas debajo de las últimas exhumadas”.

El director del equipo de arqueólogos que trabaja en las fosas comunes del cementerio de Nerva desde finales de 2017, Andrés Fernández, destaca el alto número de mujeres que continúan saliendo de entre los restos de las víctimas, muy por encima de la media de otras exhumaciones. También subraya el número de proyectiles recuperados de las fosas, por encima de la media. “Estamos recuperando prácticamente un proyectil por víctima, tanto de arma larga como corta, lo que indica que la mayoría de las víctimas eran rematadas con un disparo en el cráneo, después de fusilarlas”, aclara.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, no deja de sorprenderse por la cantidad de mujeres que aparecen entre las víctimas y la forma en las que fueron ejecutadas: “Hay muchas más mujeres de las documentadas en principio, y muchos más proyectiles. Se han encontrado casquillos dentro de las fosas”.

Para Ayala, “esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el panorama político tan crispante que estamos viviendo, con una política de muy bajo nivel y palabrería de exmilitares, que no ayudan en nada a garantizar la no repetición de unos hechos terribles. La nueva Ley de Memoria Democrática se tiene que hacer valer y no permitir determinadas posturas en contra de la recuperación de esta memoria”.

El primer edil nervense, que agradece el trabajo realizado por el equipo de arqueólogos, así como la ayuda prestada por parte del Estado y la Diputación, está firmemente convencido de zanjar una de las páginas más luctuosas de la historia local en lo que le queda de mandato. “La intención es finalizar la exhumación en este mandato. Después, quedaría la dignificación de las víctimas en una especie de mausoleo visitable para reflexión de futuras generaciones”.

Cinco años de trabajo

La localización y delimitación de las fosas de Nerva se inició en noviembre de 2017, 81 años después de su creación. La Coordinadora Cuenca Minera del Río Tinto para la Recuperación de la Memoria Histórica es la principal impulsora de este proyecto puesto en marcha gracias a la colaboración de la Administración local, a la que más tarde se fueron uniendo la provincial, autonómica y estatal. Aunque la Junta de Andalucía se ha mantenido al margen de estos trabajos desde la entrada del PP en el gobierno regional, a pesar del compromiso adquirido por el anterior gobierno socialista con el convenio firmado en agosto de 2018.

Los primeros cuerpos comenzaron a exhumarse en agosto de 2019, hasta alcanzar los 160 en la actualidad. Todos se encuentran custodiados por el Ayuntamiento de Nerva a la espera del cotejo de las pruebas genéticas. En algún caso, como el de la caja 28 SUR, el ensañamiento fue de tal magnitud que las múltiples huellas dejadas por los proyectiles en el cráneo hablan por sí solas de la crueldad con la que se emplearon sus verdugos.

La identificación genética de las víctimas se lleva a cabo en la Universidad de Granada gracias al convenio firmado en septiembre de 2018 con la Junta que regula la entrega y recepción, tanto de las muestras de restos óseos humanos procedentes de las exhumaciones realizadas en Andalucía, como de las de los familiares de las víctimas, para su posterior depósito, cotejo y entrega de resultados.

En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas de su región. Se trata de la mayor fosa común documentada en una zona rural de España. Se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal, de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados, a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa.

"Muerte por debilidad", por "fatiga crónica", o por "hemorragia": así eran los certificados de defunción de fusilados por el franquismo en Andalucía

 https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/muerte-debilidad-fatiga-cronica-hemorragia-asi-eran-certificados-defuncion-fusilados-franquismo-andalucia_20221217639e1462fe32290001cb4143.html

El arqueólogo forense de Pico Reja, una de las mayores fosas del franquismo, cuenta a Equipo de Investigación cuáles eran las "argucias" que ponían como causas de la muerte en los expedientes de los fusilados. Se llegaba a hablar hasta de "muerte por debilidad o fatiga".



Con una longitud de 670 metros, en el cementerio sevillano de San Fernando se encuentra una de las mayores fosas del franquismo. En dos años, en esta fosa se han exhumado 1.700 víctimas de la represión franquista. En este sentido, Juan Manuel Guijo, arqueólogo forense de Pico Reja, señala que "las personas que fueron fusiladas por consejos de guerra tienen unos expedientes donde no se especificaba el sitio donde fueron enterradas".

En lo referente a la causa de la muerte que se ponía en los expedientes de defunción, el arqueólogo afirma que se decían "todo tipo de argucias", como "alusiones de 'muerte por hemorragias' y cosas así". "¿De pronto sangra una persona y se muere? También se hablaba de 'muerte por debilidad' o 'fatiga crónica'", subraya Guijo.

Hay más ejemplos al respecto, como un certificado de defunción por "muerte en su domicilio" de un hombre que en realidad fallece mientras está en una prisión, o un documento en el que se menciona la muerte violenta de 45 hombres al mismo tiempo.